Tomado del sitio de Pascual Serrano.
El pasado 6 de diciembre fue el XXXIV aniversario de la Constitución Española, el establishment
político lo celebró con el habitual boato. La ley española más
importante establece como valor superior del ordenamiento jurídico la
justicia y la igualdad (artículo 1) y afirma que todas “ las personas
tienen derecho a obtener la
tutela efectiva de los jueces (…) sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión ” (artículo 24). Mientras tanto el gobierno ya ha
aprobado las tasas, es decir, lo que hemos de pagar por hacer uso de
ese derecho.
La
Constitución garantiza el derecho de todos a la educación (artículo
27), pero las familias no solo deben pagar libros, transporte,
matrículas y material escolar; sino que a algunos de estos conceptos
incluso el estado le suma un impuesto del 21% de IVA.
También
se señala que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
(…)” (artículo 31). Pero sabemos que las grandes fortunas colocan su
dinero en fondos de inversión que pagan un impuesto mínimo, que muchas
empresas y bancos logran operar a través de paraísos fiscales y evitar a
Hacienda, que el impuesto que grava el trabajo es mayor que el que
grava los beneficios empresariales, y que no ha dejado de aumentar el
IVA, el impuesto que no tiene nada de progresivo puesto que es igual
para el rico y para el pobre.
La
Carta Magna establece que “todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia...”
(artículo 35). Pero ya son casi cinco millones los que no tienen ese
derecho, y miles los que deben recurrir a comedores sociales y bancos
de alimentos para poder sobrevivir con sus familias. También se dice que
“los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social
para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo” (artículo 41), pero ya nadie tiene cubierto la
totalidad del coste de sus medicinas, la sanidad ya no es universal para
todas las personas y no existe cobertura del desempleo para millones de
familias. La conmemorada ley también establece que “todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna” (artículo 47),
mientras, según los jueces, desde que se comenzó la crisis, se han
iniciado 400.000 procesos de desahucios.
Como
afirmó el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, no se
entiende que los gobernantes brinden por una Constitución que se
incumple. Incluso el debate sobre su reforma es absurdo y cínico. ¿Qué
más da que exista o quiten el artículo que garantiza la vivienda o el
que garantiza el trabajo? Un estado de Derecho es aquel que se
desarrolla bajo el imperio de la ley, si la ley más importante del país
establece esos derechos y luego no se garantiza su cumplimiento no cabe
otra conclusión que declarar que no vivimos en un estado de Derecho. ¿Quién
debe garantizar el cumplimiento de la ley? Alguien dirá que los jueces,
pero nuestros jueces están infestados del franquismo hasta el tuétano,
es el poder que menos se ha regenerado desde la dictadura como hemos
podido comprobar en la sentencia contra Baltasar Garzón por querer
investigar los crímenes del franquismo. El error es pensar que la
democracia consiste en votar cada cuatro años y luego dejar que otros
gestionen nuestros derechos y libertades. El resultado salta a la vista:
atropellos de libertades, desprotección laboral, incumplimiento de
derechos, saqueo del Estado... En pocas palabras, todo lo que estemos
dispuestos a permitir por acción o por omisión.
La escena más simbólica del día 6 de
diciembre fue la del líder y secretario general del PSOE durante la
celebración en el Senado. Mientras un grupo de trabajadores protestaba
en los alrededores, Rubalcaba comenta ante el micrófono: “hay un ruido
horrible”. Sí, un ruido horrible, es del pueblo al que se le niegan los
artículos de la Constitución, pero para ellos son solo eso, un ruido
horrible.
Son muchos los que centran su indignación
en los gobernantes. No les falta razón, pero corresponsables de esos
gobernantes son todos los que les han votado. Ese vecino, ese familiar y
ese compañero de trabajo que votó primero al PSOE, luego el PP y ahora
en las elecciones autonómicas repite o vota a un partido autonómico que
apoya a los dos grandes, es el que está legitimando desde los recortes
sociales a la represión policial o los desahucios de los bancos. Por eso
debemos ser valientes para decírselo en el ascensor, en la oficina y en
la comida familiar navideña. En países donde los gobiernos están
cambiando el dominio del mercado sobre los ciudadanos, como en
Venezuela, los partidarios de la derecha que quieren que se mantenga el
poder de los poderosos no dudan en entrar en conflicto social con los
votantes de la izquierda. Por eso nos cuentan con pretensión de tragedia
y responsabilizando a los gobiernos progresistas, que la ciudadanía
está dividida, que hay un conflicto social preocupante. Claro que lo
hay. Y lo debe haber. En España nos limitamos a responsabilizar e
insultar a los gobernantes que salen en la televisión, sin dar el paso
necesario de señalar con el dedo a todos esos que les sostienen con sus
votos. Los infames gobernantes con cinismo e inteligencia responden, con
razón, que a ellos les han votado los ciudadanos. Por tanto, busquemos a
esos ciudadanos y digámosles que las tropelías de nuestros gobernantes
las pueden hacer porque ellos, con su voto, los han legitimado.
Evidentemente no es agradable, es más
cómodo dirigirse al busto parlante del político que aparece en
televisión o compartir con esos votantes el comentario de indignación en
el autobús en lugar de preguntarle a quién votó, por si, por su culpa,
tenemos ese gobierno. Pero para conquistar derechos hay que enemistarse
con quienes colaboran para que te los roben.
Pascual Serrano es periodista. Su último libro es "Periodismo canalla. Los medios contra la información". Icaria Editorial.
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