¡Viva la libertad de expresión!

El acto de expresarse libremente está recogido en cientos de documentos, tanto de carácter constitucional en diversos países como institucionales en diversas organizaciones, incluyendo las de carácter actoral internacionales.

El derecho a la libertad de expresión es parte fundamental de la Revolución francesa y de la independencia de los Estados Unidos (en la Primera enmienda se pronuncia al respecto). También se refleja en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), como en el artículo 13 de la bien polémica Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica_ 1969).

Europa renovó sus postulados sobre el tema en su Convención de Derechos Humanos (aprobada por el Consejo de Europa en 1950, aunque entró en vigor tres años después), marcando pautas sobre el tema en su artículo 10.

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." Así se expone en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si lo tomamos como punto de referencia, vemos que la constitución española es, prácticamente, un corta-y-pega, en la cual, en el artículo 20 reconoce y protege los derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”… “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”; aunque también especifica que las regulaciones al respecto no pueden restringir el ejercicio de este derecho por culpa de censura previa alguna.

Pero el proverbio reza que el papel aguanta de todo; porque una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica.

Ejemplo de la clara violación de este derecho, o pudiera decirse incumplimiento de la Constitución, es la sanción de hasta un año de cárcel que le impone la Fiscalía al ex coronel Amadeo Martínez Inglés por su artículo de crítica al Rey, titulado “¿Por qué te callas ahora?”.

En dicho artículo, Martínez Inglés sanciona la posición del Rey en referencia al proceso de investigación por malversación de fondos públicos al que está sometido el Duque de Palma, Iñaki Undangarín, esposo de la infanta Cristina.

“¿Por qué callas ahora? ¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero ¡faltaría más! de las andanzas presuntamente delictivas de tu deportivo yerno, ese caradura integral que se ha valido de su matrimonio y de la impunidad casi absoluta de que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española para apropiarse de millones de euros del erario público”, afirmaba el coronel en el artículo.

Sin embargo, no es el único que “goza” de censura por denunciar las irregularidades existentes en la casa Real y la posición adoptada por la “justicia” frente a los beneficios con los que se ceban los monarcas, y que son pagados por los contribuyentes.

La escritora española Lucía Etchevarría también criticó en un artículo las bondades disfrutadas por la familia real, incluyendo los honorarios recibidos por la infanta Cristina de la Caixa, por el empleo de Directora del Área Social de la entidad bancaria, el cual realmente no ejecuta ni por asomo.

Amén de cualquier posible diferencia sostenida con estos críticos de la Casa Real, no se pueden negar las verdades que denuncian. Prebendas de las que disfrutan los monarcas, mientras es chocante como los derechos básicos del pueblo de España se van trasquilando con crecientes medidas impopulares.

La escritora, dentro del repertorio de gastos de la monarquía, en el ejercicio 2010-2011, señala los siguientes: unos 8,5 millones de kilovatios de electricidad y unos 27 millones de euros de gas, así como 0,2 millones de litros de agua. Se recibieron unas 700.000 llamadas telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un helicóptero que estaba en leasing. Se gastaron unos 120.000 euros en limpiar candelabros, otros 16.800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las bodegas de palacio y otros 550.000 en una sala privada de cine.

En un simple análisis donde se ponga en una balanza la tenencia de la realeza, y los gastos que conlleva, frente a las necesidades crecientes de la sociedad en estos tiempos de crisis, es muy natural el sinsabor que levanta la rabia de las masas populares. Mientras a las masas se les “contiene” con la fuerza policial en sus justas manifestaciones de denuncias contra los desahucios, los recortes a las prestaciones públicas (educación, sanidad, jubilación), el despojo de derechos laborales y un largo etc., políticos, banqueros y monarcas continúan a sus anchas.

Pero la libertad de expresión no sólo se le ha censurado al ex coronel y a la escritora, sino a ese 99% de la sociedad española a la que se le privan sus derechos.

Pero este “paraíso” de sistema capitalista es el que provee de estas lagunas entre la teoría y la práctica… mientras tanto, ¡Viva la libertad de expresión!... ¡Bueno, claro está! En este capitalismo, la de los que están en el poder.