Tomado de TeleSur
La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de España (PAH) ha denunciado
este viernes las intenciones del gobierno conservador de Mariano Rajoy
de criminalizar las protestas contra los desahucios de viviendas en ese
país.
La líder de la PAH, Ada Colau, expresó su desacuerdo con la órdenes
dadas por el ministerio del Interior español a la policía nacional, de
identificar y detener a quienes participen en actos de "hostigamiento y
acoso" a miembros de organizaciones políticas o sedes de partidos
oficiales.
Aseguró que la idea es perseguir quienes participen en los llamados escraches (término argentino que define las protestas ante los domicilios de políticos), manifestaciones que buscan presionar para que se promulgue un proyecto de ley sobre la dación en pago, que provenga de las raíces populares (de la discusión y diálogos con la comunidad de afectados).
Colau destacó que frente a las persecuciones a manifestantes, se encuentra omisión que las autoridades hacen a los casos de corrupción “gravísimos” de entidades financieras, y al acoso y hostigamiento de las mismas hacia personas más vulnerables. “Aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones” al respecto, indicó.
El grupo Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados españoles afirmó esta semana que no facilitará la estrategia del gobernante Partido Popular (PP) de desviar la atención sobre las denuncias de la PAH sobre una campaña de acoso oficial a esa agrupación.
“Se trata de una estrategia miserable”, la que el gobierno aplica a las protestas pacíficas de los miembros de esa plataforma ante las casas de dirigentes del derechista PP, expresó el diputado Joan Coscubiela.
Recordó el sufrimiento de las familias con niños que desde hace cinco años sufren desalojos, luego de que comenzó la crisis económica con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía español (SUP), José María Benito, calificó de “una barbaridad” la mencionada orden emitida por la cartera de Interior.
"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí; pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", dijo el vocero del SUP, gremio mayoritario en ese cuerpo armado.
De acuerdo a datos publicados por medios y organizaciones sociales, en España ejecutan a diario unos 500 desalojos de viviendas por hipotecas no pagadas.
Las leyes actuales españolas en materia inmobiliaria no contemplan de forma general que la entrega del inmueble (lo que se conoce como dación en pago) sea suficiente para para que el desalojado se libre de sus compromisos con el banco. Luego de quedar sin casa, los afectados están obligados a continuar pagando lo que resta de su crédito.
Aseguró que la idea es perseguir quienes participen en los llamados escraches (término argentino que define las protestas ante los domicilios de políticos), manifestaciones que buscan presionar para que se promulgue un proyecto de ley sobre la dación en pago, que provenga de las raíces populares (de la discusión y diálogos con la comunidad de afectados).
Colau destacó que frente a las persecuciones a manifestantes, se encuentra omisión que las autoridades hacen a los casos de corrupción “gravísimos” de entidades financieras, y al acoso y hostigamiento de las mismas hacia personas más vulnerables. “Aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones” al respecto, indicó.
El grupo Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados españoles afirmó esta semana que no facilitará la estrategia del gobernante Partido Popular (PP) de desviar la atención sobre las denuncias de la PAH sobre una campaña de acoso oficial a esa agrupación.
“Se trata de una estrategia miserable”, la que el gobierno aplica a las protestas pacíficas de los miembros de esa plataforma ante las casas de dirigentes del derechista PP, expresó el diputado Joan Coscubiela.
Recordó el sufrimiento de las familias con niños que desde hace cinco años sufren desalojos, luego de que comenzó la crisis económica con el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía español (SUP), José María Benito, calificó de “una barbaridad” la mencionada orden emitida por la cartera de Interior.
"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí; pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", dijo el vocero del SUP, gremio mayoritario en ese cuerpo armado.
De acuerdo a datos publicados por medios y organizaciones sociales, en España ejecutan a diario unos 500 desalojos de viviendas por hipotecas no pagadas.
Las leyes actuales españolas en materia inmobiliaria no contemplan de forma general que la entrega del inmueble (lo que se conoce como dación en pago) sea suficiente para para que el desalojado se libre de sus compromisos con el banco. Luego de quedar sin casa, los afectados están obligados a continuar pagando lo que resta de su crédito.
El drama de los deshaucios en España
España vive ola de suicidios de personas que no pueden pagar las
hipotecas de su casa porque han perdido el trabajo y son desalojados por
funcionarios judiciales asistidos por la policía. Uno de los casos más
trágicos se produjo en Málaga cuando una desocupada de 53 años se
arrojó desde el tercer piso de su vivienda. Antes había comentado a los
vecinos que no sabía que hacer porque carecía de cualquier recurso y su
madre de 96 años estaba postrada en cama.
Un obrero de la construcción se arrojó al vacío desde un cuarto
piso en Córdoba (sur) por no poder pagar la hipoteca; en Bazauri,
Vizcaya (norte), un hombre de 56 años, desocupado con dos hijos, fue
encontrado muerto por la Guardia Municipal en la calle Gernika; un matrimonio de jubilados se suicidó en Mallorca (islas Belares).
El gobierno de Mariano Rajoy suspendió por dos años los desalojos
para una parte de los 400 mil afectados por la ola de desahucios
originados en la explosión de la burbuja inmobiliaria, pero no contempla
a todos los afectados, razón por la cual las órdenes de desahucio
continúan llegando a los cada vez más desesperados ciudadanos.
La medida abarca sólo a quienes no superen en tres veces el nivel de
renta de 715 dólares al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por
ciento de los ingresos netos. También están contemplados las familias
numerosas o con menores de tres años, madres o padres con dos hijos
menores a su cargo, personas con incapacidades para trabajar, y
desempleadas que hayan sido víctimas de violencia de género, pero no los
jubilados.
El parlamento rechazó el pasado 12 de febrero, debatir la
iniciativa popular que pedía que el entregar el departamento se diera
por cumplida la hipoteca de forma retroactiva (dación en pago), la
moratoria de todos los desahucios y la promoción del alquiler social.
telesur-PrensaLatina-diarioinedito/am - FC
No hay comentarios:
Publicar un comentario