El
derecho de los pueblos a decidir su futuro, hoy en día, está directamente
ligado a la Carta de las
Naciones Unidas (Firmada en San
Francisco el 26 de junio 1945. Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945), la cual en su
Acápite 2 de su Artículo 1 establece “fomentar entre las naciones relaciones de
amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de
la libre determinación de los pueblos”; así como también en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
París), el cual establece en su Tercer
Considerando del Preámbulo como cuestión “esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Pero
este sentimiento a la autodeterminación se basa en el derecho de un pueblo o
nación a elegir un camino propio, construido sobre la base de intereses étnicos
y culturales, siendo un carácter soberano la elección de una forma de gobierno
y una estructura de desarrollo económico, social y cultural propia.
Sin embargo, la autodeterminación tiene un vínculo directamente político al reclamo de respeto a la soberanía de un pueblo; reclamo que no proviene únicamente del proceso de descolonización que conllevó a la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales (aprobada en la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre de 1960); sino que su trayecto proviene de contextos históricos que se remontan a siglos atrás, con las luchas de los pueblos contra la colonización o la subordinación a feudos foráneos; a la resistencia inherente de otras naciones a la resignación de convertirse en una posesión de sus “conquistadores”. Un grito de lucha que trae su eco desde una era donde la conquista se entendía como sinónimo de poder y grandeza por parte de las llamadas potencias europeas.
Las
instituciones centralistas del gobierno monárquico del Estado español, se
columpian en el vicio del bipartidismo (PSOE = PP) y junto a otros que sirven de satélites, para tener el
beneplácito de la Casa Real, mantienen a Cataluña en el punto de mira; mucho
más desde que Artus Mas, con su triunfo limitado en el 2012 (bañado de oportunismo), y a una creciente Esquerra
Republicana de Cataluña (aunque entreguista en concesiones), pactaran la convocatoria
a un
referéndum por la autodeterminación de Cataluña.
La ceguera del
gobierno y el mutismo del Rey Felipe VI, como si él no existiese, han obligado
a que el referéndum se convierta en una simple consulta sin carácter legal, amparados
en la complicidad del Tribunal Constitucional y partidos políticos serviles a
la Corona.
Por
tanto, el sentimiento soberanista que se vive hoy en día en Cataluña es como
signo de fuerza en cierto desafío al empecinamiento del gobierno español y las
fuerzas políticas de la derecha monárquica, no es un fenómeno político de
reciente auge. Es necesario adentrarse en cada cuadro pictórico de la historia
de esta nación, arrastrada por la de España, para conocer los detalles de un
acto de reclamo democrático, que algunos desean siga sin reconocimiento.
La
decadencia de la corona española llegó con el fin de la Guerra de Sucesión
Española, la cual se extendió desde 1701 hasta lograrse la firma del Tratado de
Utrecht
en 1713. Este conflicto le trajo a la Corona el despojo de sus posesiones en
Europa, junto a sus territorios metropolitanos de Gibraltar y Menorca (ambos
pasaron a Gran Bretaña). España, una potencia acostumbrada a la gobernación,
sufría impotente el desvalijamiento. Pero la conflagración se convirtió en una
guerra civil entre los borbónicos, que se extendió hasta la lamentable capitulación
de Barcelona (1714) y Mallorca (1715) frente a las fuerzas de Felipe V.
El despecho de Felipe V hacia Cataluña se debió a que los catalanes
prefirieron apoyar al Archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España
(bando austracista durante la Guerra de sucesión), sabiendo que desde España no
recibirían un justo trato y respeto hacia su identidad y logros_ algo en lo que
no se equivocaron.
Al
desaparecer la Corona de Aragón se rompió con el modelo “federal” de España, así
como se esfumó el otrora Principado de Cataluña, que por ser el que más se
resistió, recibió sin mesura ni cordura el mayor castigo de todos. A los
catalanes se les despojó de sus instituciones (las Cortes Catalanas, los Tres Comunes de Cataluña, la
Diputación General y el Consell de Cent) para ser instaurada la Real Junta
Superior de Justicia y Gobierno. Las órdenes de Felipe V al Duque de Berwick
fue dirigir la represión con mano férrea y en sus dictados establecía que los
catalanes merecían “ser sometidos al máximo rigor según las leyes de la
guerra, para que sirva de ejemplo para todos mis otros súbditos que, a
semejanza suya, persisten en la rebelión”. El modelo político,
jurídico y administrativo de Cataluña se castellanizó por los Decretos de Nueva
Planta. La Corona española conocía de todo el esfuerzo de los catalanes para
lograr un buen desenvolvimiento en referencia a desarrollo económico; por lo
tanto, dentro de las medidas represivas dictadas por Felipe V se estipuló que ellos
“pagarán los
gastos de la guerra desde el momento de la evacuación”, donde “todos los
inmuebles sitos en el recinto de la ciudad de Barcelona serán cargados a
perpetuidad con un censo anual del dos por ciento sobre su valor”.
Un siglo
después, el estricto control sobre los activos humanos de Cataluña se mantuvo
de igual manera, donde la represión a cualquier desacuerdo con la Corona se
pagaba con el dolor en la piel o con la vida.
Valeriano
Weyler y Nicolau (renombrado
militar nacido en Palma de Mallorca), un militar y político español, a quien
se le pudiera muy bien llamar como el “ángel del genocidio y la represión hispana en
ultramar”, fue destinado a Barcelona poco después de haber regresado a España
en noviembre de 1891, una vez concluida su misión de tres años en Filipinas.
Madrid necesitaba su “buen juicio” para resolver la situación dada en la
“problemática” Cataluña. El “ilustre” militar dejó con su estancia una marca
imborrable en esta región. Como era de esperar, su “eficacia” aplacó con
represión y prisión las revolturas de la clase trabajadora y revolucionaria que
“amenazaban” con sus actividades la tranquilidad del Estado y la monarquía.
John Lawrence Tone, Profesor
de Historia en el Georgia Institute of Technology, quien al referirse a los hechos en Cataluña, en su
libro “Guerra y genocidio en Cuba. 1895-1898”, escribió sobre Valeriano Weyler:
“La Corona le
hizo senador vitalicio como recompensa por su papel de «salvaguarda de la
civilización» ante los «bárbaros» trabajadores. La represión de las
asociaciones laborales, a principio de la década de 1890, hizo de Weyler un
símbolo de la violencia reaccionaria en todo el mundo.”
Se puede
decir que además de las riquezas culturales compartidas entre Cataluña y otras
colonias de ultramar, en el caso de Cuba también hemos compartido el
sufrimiento que causa el crimen de la colonización y los personeros que la
perpetúan.
Weyler es
enviado a Cuba (1896-1897) como Capitán General, nombrado en febrero de 1896
por Cánovas del Castillo. Sería con éste un segundo viaje a este destino, ya
que había estado anteriormente en la llamada Guerra de los Diez años
(1868-1878) con sólo 24 años. Las órdenes en esta ocasión como máxima autoridad
militar era apagar, con su experiencia adquirida, la llama independentista que
no sólo se resistía en todo el archipiélago caribeño, sino que estaba llevando
a España al podio del ridículo y la derrota_ donde finalmente terminó; muy a
pesar del único “éxito” de Weyler: la eliminación física de Antonio Maceo
Grajales, Lugar Teniente General del Ejército Mambí. Una lamentable pérdida
física para el pueblo cubano, un hombre que era un símbolo de unidad, valentía
y resistencia.
Puede que
algunos “ilustres” de la corona española recuerden a Valeriano Weyler,
considerándolo un
magnífico estratega, de capacidad y habilidad extraordinarias (aunque de hecho fracasó
en Cuba); pero perdurará en la historia de Cuba y sus hijos como un hombre
cruel, despiadado y brutal que llevó a la muerte por hambruna y enfermedades a varios
cientos de miles de inocentes: el reflejo de la verdadera síntesis de la
Metrópolis española.
El retiro de
Weyler de Cuba, por orden de Práxedes Mariano
Mateo-Sagasta y Escolar, lo lleva nuevamente a Cataluña como Capitán General; ya que ésta seguía siendo un “foco
de conflicto” y Madrid necesitaba, una vez más, la presencia del insigne
militar, el cual jugó un papel fundamental en la llamada
Semana Trágica de Barcelona, reprimiendo sin vacilación las justas protestas de
la población a la negativa de enrolarse en otra guerra colonialista en las
tierras del norte de África, en Marruecos. Otra guerra con el beneplácito de la
iglesia.
La indignación del gobierno se produjo cuando
conocieron que soldados del Batallón de Cazadores de Reus, integrado en la
Brigada Mixta de Cataluña, arrojaron al mar justo antes de abordar el barco
hacia Marruecos las insignias y medallas entregadas por aristócratas, al mismo
tiempo que desde la población presente se escucharon gritos de: ¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o
ninguno!
La absurda y cruel represión no se hizo esperar, siendo detenidos millares de
personas, de las que 2000 fueron procesadas: 175 penas de destierro, 59 cadenas
perpetuas y 5 condenas a muerte. Lo absurdo de la represión llegó al saberse
que de los cinco condenados a muerte, uno de ellos era el joven Clemente
García, un discapacitado mental.
Otras
de las respuestas dadas por el gobierno de Madrid, con el apoyo de la burguesía
catalana a su servicio, fue decretar la prohibición o clausura de los
sindicatos y el cierre de las escuelas laicas en Cataluña.
Estos
hechos tuvieron su connotación internacional, nuevamente la imagen de la España
retrograda y de mentalidad feudal al estilo inquisición dio su luz.
Posteriormente,
las instituciones catalanas sufrieron sus altas y bajas. Aunque la proclamación
de la República en 1931 y con ella la promulgación de la República Catalana
dentro de la Federación de Pueblos Ibéricos por Francesc Macià trajo nuevos
altercados de parte de los no nacionalistas, se logró la normalización con la
restauración de la Generalitat y la aprobación del Estatut en 1932. Las elecciones
al Parlament de Catalunya, en noviembre de ese año, propició la creación de
instituciones propias.
Amen
que la Constitución de 1931 reconocía el uso de otras lenguas, como un paso
progresista en el tema lingüístico, no faltaron los pronunciamientos, incluso
de algunos que usurpan a la izquierda, como es el caso del socialista Andrés
Ovejero que dijo: “Quisiéramos un Gobierno (...), que no permitiera la
literatura regionalista y que acabara con todos los dialectos y todas las
lenguas diferentes de la nacional.”
La
lengua catalana había logrado abrirse paso a través del Mediterráneo durante el
siglo XV; pero con la unión de la Corona de Aragón con la de Castilla comenzó a
ver como sus fronteras se encogían. Con la segunda mitad del siglo XIX tuvo un
pequeño auge a través del Movimiento de la Renaixença, pero desde el gobierno
de España se dictaron medidas que obstaculizaron su desarrollo, estableciéndose
el estudio y oficialización de la lengua castellana. El Plan Quintana (1821),
el Plan Calomarde (1825), la Instrucción Moscoso de Altamira (1834), el
Reglamento de Bravo Murillo (1849), la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857)
y el Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción Primaria del
Reino (1843), fueron directrices gubernativas para la enseñanza de la lengua
castellana. Disposiciones que no sólo quedaron en el marco educacional, sino
que abarcó otros sectores de la cultura, la política o lo social. La Ley del
Notariado de 1862, en su artículo 25, establecía que “los instrumentos públicos se redactarán en
lengua castellana, y se escribirán con letra clara, sin abreviaturas y sin
blancos”.
Es
imposible omitir que la Ley del Registro Civil de 1870 imponía la
castellanización de apellidos catalanes, que el Enjuiciamiento Civil de 1881
solo admitía el castellano en las causas civiles, que la Dirección General de
Correos y Telégrafos (1896) prohibía las conversaciones telefónicas en otro idioma
que no fuese el español en la conexión pública entre Madrid y Barcelona o que
el Reglamento de la Ley del Notariado de 1917 excluía el uso del catalán en los
actos notariales.
Pero sabemos
que no todo es color de oro; ya que con la llegada de la dictadura del
General Primo de Rivera, aparece el Real Decreto de 18 de noviembre de 1923,
que prohibía el uso de otros idiomas que no fuese explícitamente el castellano.
La caída del
gobierno de la Segunda República, al terminar la Guerra Civil (1936-1939), y el
establecimiento de la dictadura de corte fascista por el General Francisco
Franco (extendida hasta su muerte en 1975) se oscureció nuevamente esa España
con la anulación de las libertades y la represión. La época franquista fue un
largo período que dio cacería a la lengua catalana, se eliminaron todas las
instituciones políticas, sociales y culturales de Cataluña, entre otras medidas
coercitivas. El “Caudillo” para hacer una referencia despectiva, dio sentencia
con su famosa frase: “No hables como un perro, habla el idioma del imperio”.
De esta manera se menospreciaba de forma ofensiva el resto de las lenguas
habladas en las restantes regiones, incluyendo el catalán, al ser catalogadas
como simples dialectos
o jergas.
Incluso
la prensa catalana fue subordinada idiomáticamente al castellano, siendo un
ejemplo de ello la Revista Aplec cuando el gobernador de Barcelona, Felipe Acedo,
en 1952, les dijo a los editores: “¿Ustedes
creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser de uso
público?”
Gente
de pueblo, comercios como el Correo Catalán, personalidades de la Universidad
de Barcelona y hasta autoridades como el propio
Capitán General de Cataluña M. Casanovas Guillen fueron multados por
desobedecer de alguna manera las directrices de Madrid al hacer uso del
catalán. Hasta algunos sectores eclesiásticos de Cataluña se vieron
condicionados. La castellanización de los rótulos de calles, comercios e
instituciones; la quema pública de los fascículos del octavo volumen de la “Història Nacional de Catalunya” de
Antoni Rovira i Virgili, las planchas del “Diccionari General de la Llengua Catalana” de Fabra y la Arquitectura Romànica a Catalunya de
Josep Puig i Cadafalch o el extremismo de prohibir a Joan Manuel Serrat cantar
en catalán en el Festival de Eurovisión de 1968, fueron vivencias amargas que
marcaban el carácter del gobierno de Madrid de erigirse como Metrópolis
conquistadora.
¿Alguna
diferencia de la historia pasada con la actualidad?
Entre otros
temas que se mantienen como atizo a la diferencias entre Castilla y Cataluña es
el tema lingüístico el que aún es una herida doliente y abierta, el cual se agudizó
con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la llamada
“mejora” de la calidad educativa… también denominada Ley Wert (por José Ignacio
Wert, Ministro de Educación) o en su abreviatura LOMCE; en la cual se establece
como lengua vehicular el castellano, relegando las lenguas autóctonas del resto
de las regiones a un segundo plano y en ocasiones a terceros frente a otras
lenguas foráneas.
No hay mucha
diferencia con la visión semi-feudal aun latente en el gobierno de España,
dirigido por mayoría por el Partido Popular y con los ecos que llegan del PSOE
y el resto de la colla monárquica, que guarda sordera y usa gafas de sol para
no escuchar ni ver las demandas de los diferentes sectores y movimientos de la
sociedad (ya no sólo catalana, sino de toda España).
Es vergonzoso
que este gobierno adopte medidas de recortes sobre quienes paga la deuda con impuestos
y subidas de precios y adquieran menos rentas, amordace hasta dejar sin
derechos al pueblo y se excuse en falsedades frente a los disparates bancarios
o los descalabros económicos aprobados; cuando ese grupúsculo político de
corruptos abunda en las filas de estos mismos partidos de corte fascistoide que
encabezan la cruzada contra el derecho de Cataluña a cambiar esa realidad.
Han querido apagar el reclamo de clara voluntad democrática que la Cataluña
actual manda como mensaje a todo el mundo, con la votación efectuada este 9 de
noviembre pasado, donde se llevaba a Consulta popular el deseo del pueblo
catalán: constituir un Estado Independiente o Federal.
El
pulso catalán movilizó a más 40 mil voluntarios en apoyo a la consulta. De una
población de más de 7.5 millones de personas, de ellas 5.4 millones son los que
se encuentran en edad para ejercer el voto, yendo a votar el mismo domingo 9 de
noviembre 2 millones 43 mil 226 personas. El resultado de los votos escrutados
dio el 80.72% a favor del Sí-Sí, con un 10.11% por el Sí-No, un 4.55% por el
No-No y sólo un 0.98% con el Sí-voto en blanco.
La
voluntad de la sociedad catalana no deja pautas en el deseo de demostrarle al
mundo su interés de gobernarse a sí misma e intentar trazarse un futuro propio.
El 9 de noviembre dio una imagen festiva en todos los colegios electorales. La
alegría llevo a muchos a tomarse instantáneas para inmortalizar un hecho que se
convertía en histórico. Se escucharon comentarios sobre nunca haberse
vivenciado el hacer colas para votar, como en esta ocasión. Desde las primeras
horas de la mañana, multitud de personas formando largas colas. Mujeres y
hombres, ancianas y ancianos, jóvenes y hasta personas discapacitadas físicamente
pero facultadas totalmente para ejercer el voto, fueron a postrar con cruces en
la boleta un pleno derecho, reconocido por organizaciones internacionales como
las Naciones Unidas en diferentes resoluciones. Resoluciones que el propio
Estado Español las ha firmado, pero que su postura no es de cumplirlas.
Tanto
se ha querido maldecir el soberanismo catalán, que hasta la prensa nacional ha
sido cómplice de exacerbar odios y crear una enemistad innecesaria para quienes
tienen posiciones diferentes; en vez de ofrecer vías y alternativas que
condujeran a un desenlace más armonioso que no fuese el probar fuerzas.
Es
gracioso, pero qué se puede esperar de dirigentes políticos del gobierno,
miembros de partidos que se ahogan en continuos escándalo de corrupción o
fraudes fiscales, que abogan por salvar bancos que engañan a sus clientes, que
aprueban como democrático el desahucio de familias desamparadas económicamente,
que sabotean servicios públicos con recortes para favorecer la privatización, que
aboguen por un Eurovegas (un antro de vicios y males sociales) como fuente de
empleos, que presten parte del territorio para anclar una base militar
extranjera (Rota), que sean cómplices del financiamiento de grupúsculos de
oposición en otros países o que aplaudan como morsas en un circo los golpes de
Estado de la derecha entreguista latinoamericana, y además quieran aparecer
como los idóneos para dar lecciones de democracia al criminalizar como
antidemocrático una consulta con el pueblo.
Es una gran paradoja que el Muro de Berlín se diabolizó como símbolo del
“terrible” comunismo, al cual acusan como “único culpable” que obligó al pueblo
Alemán a dividirse en dos territorios opuestos; cuando lo irónico es que las
tropas que defendían el sueño de ese mismo comunismo fueron las que libraron la
principal batalla para derrotar las hordas Nazis y bien poco se le agradece. Muchos
fueron los cantos de triunfos escuchados y cornetas por la “libertad” cuando
este muro cayó al desmembrarse la otrora URSS, máximo baluarte del indeseado
sistema que defendía la entrega del poder al proletariado (aunque ahora ponen
como diablo a Cuba). Sin embargo, como
hace mención Eduardo Galeano en su libro “Espejos” no hablan del “muro que los Estados Unidos están alzando en la
frontera mexicana”,
del “Muro de Cisjordania, que perpetúa la
ocupación israelí de tierras palestinas y será quince veces más largo que el
Muro de Berlín, y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, que
perpetúa el robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide sesenta
veces más que el Muro de Berlín”; pero también sancionó que bien “poco se habla de las alambradas de Ceuta y
Melilla” y que pertenecen al gobierno monárquico de España.
El Muro de la “democracia” feudal de esa España de los siglos de
colonizaciones se mantiene remanente en la mentalidad y manera de conducir los
asuntos de gobernación en la España actual.
Lo más triste es que muchos, por ceguera
propia, se dejan arrastrar hacia el lado donde se levanta el Muro contra el
derecho de Cataluña a decidir.
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