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EuropaPress
Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura.
No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea
porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar,
porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen
recursos pendientes.
Según los datos recabados por Europa Press,
entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en
partidos políticos o en la Administración Pública -a todos los niveles- y
también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos
ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y
contratación irregular tanto de personal como de empresas.
En la
lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B
de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del
Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán
(Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el
expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).
Entre
los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los
exvicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y
salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los
exministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía) y Ángel Acebes
(caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
(caso Nóos), la exsenadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el
delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el
exalcalde de Santiago Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP Luis
Bárcenas.
LOS QUE ACUMULAN CASOS
En
algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria
Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento
balear y de Unió Mallorquina (UM), está condenada por los casos
Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; y el exministro y
expresidente balear Jaume Matas está condenado por el caso Palma Arena e
imputado en al menos cinco causas (como Nóos y Son Espases).
En
una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo,
sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde
de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero
están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante,
Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal.
Dada la
complejidad que entrañan muchos casos de corrupción por la cantidad de
personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran
mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los
condenados siguen siendo una minoría.
Además, a algunas de las
personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de
inhabilitación o de menos de dos años de cárcel y por eso no han entrado
en prisión. En otros casos lo que ocurre es que recurren la sentencia o
piden el indulto, como ha hecho el expresidente de la Diputación de
Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude
fiscal, por lo que tampoco se produce el ingreso.
ENTRE REJAS
Sin embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan presos como Jaume Matas, aunque ahora le han concedido el tercer grado;
Maria Antònia Munar; Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y
está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de
Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión
del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido,
condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.
También hay otros que están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas
o algunos de los implicados en la Operación Púnica, desarrollada
recientemente y en la que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
ha enviado a la cárcel al exsecretario general del PP de Madrid
Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y
el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.
Algunas
de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han
sustanciado en imputaciones. Es el caso del expresidente catalán Jordi
Pujol, que este verano reconoció haber tenido dinero en el extranjero
durante años y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de
momento sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados
tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol
(caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal).
Tampoco
está imputado el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT José
Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones de euros en la
amnistía fiscal. Por las supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo
están imputadas tres personas (Blesa y Rato y el exdirector general
Ildefonso Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye a ellos el diseño de las
tarjetas, pero no a sus más de 80 usuarios.
MACROCAUSAS
Estas
cifras proceden de un recuento de más de 135 casos de corrupción en
España -algunos de ellos son macrocausas y otros afectan a sólo a un
alcalde de una localidad- que o bien siguen abiertos o bien se han
cerrado con condenas en esta legislatura.
Entre los más
voluminosos por número de imputados está el de los supuestos ERE
irregulares andaluces, con más de 200, aparte de la petición de
imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio
Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el
Tribunal Supremo.
También la trama Gürtel (con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su derivada, los 'papeles de Bárcenas')
y otros casos como Astapa (en el ayuntamiento de Estepona, Málaga), el
gallego Pokémon' y el Unión, de Lanzarote, con un centenar cada uno. La
trama de adjudicaciones de basuras en Alicante, Brugal, está en el
entorno de los 50, al igual que en la operación Púnica.
En el caso
Gürtel, que cumplirá seis años el próximo febrero, sólo han sido
condenados dos altos cargos del expresidente valenciano Francisco Camps,
el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo
Rafael Betoret, que confesaron haber recibido sobornos. Fue el llamado
'caso de los Trajes', en el que Camps y el que fuera secretario general
del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho
impropio.
En la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene
cerrada la instrucción de una primera parte para juzgar a los primeros
45. En Valencia, está cerrada la instrucción de dos de las seis piezas,
con un total de 40 imputados.
En las últimas semanas también se ha
cerrado la instrucción del 'caso Campeón', --en el que la juez de Lugo
quiso imputar al exministro José Blanco pero el Supremo archivó su
caso-- y ha comenzado el juicio del caso Unión.
Sí hay sentencias
condenatorias en los casos Pallerols, Hacienda, Palau y Caixa Penedès en
Cataluña, el caso Cooperación en la Comunidad Valenciana y los casos
que han afectado a los ayuntamientos de Marbella, Plasencia y Cudillero.
Asimismo, se han impuesto penas en al menos siete casos que afectan a
Baleares, una de las comunidades donde se tramitan asuntos de corrupción
de mayor peso, junto a Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad
Valenciana, Canarias y Galicia.
Los casos de corrupción afectan
sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como
CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado
dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa,
pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo
--que revelaron el auge de Podemos-- los partidos se están viendo
obligados a exigir dimisiones más rápido.
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