Estimada Sra. María Isabel Rivero, Directora de Prensa y
Comunicación de la CIDH.
A
todas y todos los miembros de la CIDH.
Nací en Cuba, el 26 de julio de 1967. Emigré a España en mayo
de 2008 por fines que no responden a pautas económicas ni políticas. He vivido
41 años dentro del proceso socialista y sufriendo junto al resto de millones de
cubanas y cubanos los embates y consecuencias provocadas por el bloqueo económico,
financiero y comercial; así como de las agresiones de organizaciones terroristas
amparadas en suelo de Estados Unidos o provenientes a través de otros países, las
cuales son productos de la política de hostilidades contra mi Patria.
He leído con desasosiego la Nota de Prensa
146/15 publicada por la CIDH, el pasado 8 de diciembre, donde expresan
la profunda preocupación que les produce la situación
de los cerca de 4500 emigrantes cubanos varados en frontera entre Costa Rica y
Nicaragua. Máxime, porque las autoridades nicaragüenses, en legítimo derecho a
defender su soberanía y leyes nacionales, impidieron el paso de estos emigrantes
a través de su territorio, para seguir camino hacia Estados Unidos.
Sin
embargo, en su nota de prensa encuentro dos contradicciones fundamentales para el
caso.
Primero:
Ustedes,
entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
llaman al respeto de los derechos humanos, “insta al Estado de Cuba a no
poner obstáculos para las personas que deseen salir del país”, cuando estos emigrantes salieron legalmente, y con
todos sus papeles en regla, de Cuba. Las autoridades cubanas no pusieron
obstáculo alguno ni tampoco los países receptores, Ecuador
entre ellos, que anteriormente no imponía el visado a cubanas y cubanos para
ingresar al país.
El único objetivo de dichos emigrantes
cubanos es llegar a Estados Unidos; pero a esto saltan preguntas que en su
comunicado de prensa no se responden:
¿Por qué no emigrar legal y
directamente a través de la actual Embajada de Estados Unidos recientemente
abierta en La Habana, a la cual la población cubana tiene libre acceso, en vez
de favorecerse la Ley de Ajuste Cubano (en inglés, Cuban
Adjustment Act, CAA; Ley 89-732 aprobada por el 89º Congreso de los Estados
Unidos y firmada por el presidente Lyndon Johnson), la Política de Pies Secos y Mojados comprendida dentro de la
Legislación migratoria americana actual o del Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos
(aprobado por George W. Bush en el 2006), que estimulan la emigración ilegal,
insegura y desordenada?
¿Por qué sostener, aún, por
parte de Estados Unidos esta política con fines políticos, que ampara e incita
la emigración ilegal y bajo condiciones que favorecen únicamente al tráfico
ilegal de seres humanos (con el correspondiente maltrato a sus derechos), pone
en peligro la vida humana de dichos emigrantes y, además, benefician las impúdicas
campañas mediáticas de difamación, mentiras y tergiversaciones de la realidad
cubana?
Por cierto, interrogantes que
el gobierno cubano ha trasladado con preocupación a instancias internacionales,
como la Organización de Naciones Unidas, otras de carácter regional y al propio
gobierno de Estados Unidos en recientes
conversaciones.
Segundo:
La CIDH solamente urge “al Estado nicaragüense a investigar los
alegados malos tratos de los que habrían sido víctimas los migrantes cubanos
por parte de autoridades nicaragüenses. Asimismo, con el propósito de evitar la
repetición de esta clase de hechos, la Comisión insta a las autoridades
nicaragüenses a que dentro de los programas de capacitación de sus autoridades
se implementen programas permanentes de derechos humanos de los migrantes, así
como directrices en materia de uso de la fuerza y sobre el principio de no discriminación.”
Lo anterior nos lleva a las
siguientes interrogantes:
¿Por qué la CIDH, entidad autónoma
de una Organización creada en 1959), bajo los intereses del gobierno de Estados Unidos,
tan preocupada por los Derechos Humanos, sólo urge al gobierno de Nicaragua y,
sin embargo, no “compromete” a los restantes gobiernos a investigar, impedir y
castigar a esa mafia de oportunistas y mohatreros dedicada a este negocio del tráfico
ilegal de personas para evitar las violaciones de los Derechos Humanos de los
emigrantes (cubanos y no cubanos)?
¿Por qué la CIDH exige a Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México la adopción de medidas
que faciliten el paso de los emigrantes cubanos hacia Estados Unidos, sabiendo
que esto los responsabiliza a instituir en la región una injusta y discriminatoria
política migratoria norteamericana contra ellos y demás pueblos, y que sólo
otorga excepción a los emigrantes cubanos?
¿Por qué, con tan natural y
humana preocupación por los emigrantes cubanos varados en la frontera de Costa
Rica con Nicaragua, cuando dicha situación ha sido propiciada por la incitación
ilegal de leyes del gobierno de Estados Unidos, la CIDH no se pronuncie (y nunca
lo ha hecho antes) contra dichas inhumana leyes, cuando los cancilleres de
países miembros de la SICA (Sistema de Integración Centroamericana) ya lo han
hecho?
¿No será más fácil exigir al gobierno de
los Estados Unidos que reajuste su política de constantes agresiones contra Cuba
y trabaje por el cumplimiento de acuerdos que faciliten el verdadero respeto de
los Derechos Humanos?
Esta “Nota de Prensa” de la CIDH no
responde verdaderamente a los intereses generales demandados por los países miembros
de la OEA; con tales declaraciones, la CIDH actúa más como un instrumento que institucionaliza las acciones agresivas contra el gobierno y pueblo
cubanos y también como palanca de violación de la soberanía de los pueblos, en
vez de ser la institución que vela y exige por implementar políticas
de cooperación, bajo condiciones de respeto a los derechos humanos de los
pueblos (sean o no miembros de la OEA).
En Declaración
Oficial emitida el 1 de diciembre de 2015, “el Gobierno de Cuba reitera que llevará a cabo los trámites pertinentes
para garantizar una emigración legal, ordenada y segura, tanto para
la salida como para el regreso al país, según los requerimientos de la legislación
migratoria vigente”.
Entonces, ¿Dónde está el obstáculo,
realmente? Creo que un ápice de respeto al trabajo que la CIDH lleva a cabo por
los Derechos Humanos, la Nota de Prensa 147/15 debería más bien estar dirigida
a instar a Estados Unidos a adoptar, finalmente, posiciones de respeto hacia los
pueblos y los Derechos Humanos que les deben.
Saludos
cordiales
Gustavo
de la Torre Morales
Cubano
de nacimiento residente en Barcelona, Cataluña, España.
14 de diciembre de 2015
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