Tira Cuba

Tira Cuba

jueves, 29 de diciembre de 2016

La Conceptualización del Modelo: Análisis de sus características y perspectivas (II)

1ro-mayo-2013
Tomado de Socialismo.cu
Fuente original: Granma
Por Jesús Pastor García Brigos.


III
En los nuevos documentos aprobados en el VII Congreso del PCC se precisaron tres aspectos fundamentales para la estrategia a desarrollar. Por un lado la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” resume los principios y las bases teóricas que informan el proceso de construcción del socialismo en las actuales condiciones de Cuba. Los “Lineamientos de la Política Económíca y Social del Partido y la Revolución 2016-2021” marcan la ruta de las acciones a emprender a corto plazo, en tanto que el “Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos” –cuya cuantificación se completara en 2017- fija los objetivos y las proporciones fundamentales para iniciar el proceso de desarrollo sostenible del país a largo plazo.[1]

Originalmente no se previó la discusión masiva de la Conceptualización y el Plan 2030 entre la militancia del PCC y otros niveles de dirección social, pero en el propio Congreso del PCC se informo que los mismos se aprobarían solo como proyectos en ese conclave y que posteriormente se recogerían los resultados de su discusión para su aprobación definitiva.[2]

Una breve valoración del contenido de estos documentos permite –no obstante- destacar algunos elementos de importancia para comprender la dirección de las transformaciones actuales del modelo económico y social cubano.

El documento de Conceptualización recoge en 330 párrafos y cuatro capítulos diferentes, importantes definiciones en torno a los principios que sustentan el modelo, las relaciones de propiedad sobre los medios de producción, la planificación y las relaciones sociales.[3]

Luego de exponer las fortalezas y debilidades con que se deben enfrentar las transformaciones a emprender, los elementos más destacables en el documento se refieren a las relaciones de propiedad. En ese sentido –y a diferencia de documentos anteriores- destaca el mayor detalle en cuanto al reconocimiento del mercado en los párrafos (94, 103 y 212)[4] en un marco de preponderancia de la propiedad estatal y la planificación (211 y 214), así como en lo referido a su regulación (246 a 250), aspectos que abordan un tema no resuelto satisfactoriamente en la experiencia del llamado socialismo real y que supone una transformación profunda en relación a la visión anterior sobre la decisión de no contar con el mercado en la construcción del modelo socialista cubano.

De igual modo, a partir de la definición del papel esencial de la propiedad estatal en modelo (122 y 123), se abre el análisis a la posibilidad de separar la propiedad de la gestión (136), sin que se opere una privatización o enajenación de los derechos del propietario (130), cuestión que constituye actualmente un punto de debate sobre cómo lograr su concreción. También se incluye a la cooperativa como una forma de propiedad social (159).

Igualmente se reconoce a la propiedad privada de personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras (174), así como su papel complementario en el modelo (91) y se delimita claramente la diferencia entre la pequeña propiedad personal o familiar –el llamado trabajo por cuenta propia- de las pequeñas empresas o PYMES (181 y 182). A esto se añade la posibilidad de asociación entre la propiedad privada y cooperativa nacional con empresas estatales (169), como una nueva variante de propiedad mixta.

Por último, en lo referido a la propiedad no estatal, se establece que no se permitirá su concentración (104), asunto que deberá ser resuelto mediante la regulación del excedente o plusvalor que se genera en su gestión (134, 176 y 185).

A diferencia de los Lineamientos aprobados en el 2011, se destaca en este documento el peso y la importancia que se otorga a la participación de los trabajadores en la gestión económica (64, 65, 151, 153, 254 y 263), para lo que se subraya la importancia de la información y la comunicación (110 y 111).
El documento concluye reiterando la complejidad de los cambios a realizar, sin aplicar terapias de choque, por lo que los resultados solo se obtendrán gradualmente (315). Esta condición supone un análisis muy fino en torno a la velocidad de los cambios y su repercusión en la población, cuyas expectativas se centran en el logro de mejorías visibles a corto plazo.

Un análisis de los Lineamientos 2016-2021[5] permite acotar en el corto plazo algunos aspectos a concretar de la definición conceptual realizada. En este documento resalta la continuidad con los vigentes en el quinquenio que ahora concluye, ya que se mantienen o se modifican en alguna medida el 87,5% de estos últimos, lo cual se corresponde con la indispensable conclusión del 77% que quedo en proceso de implementación en 2016. A ello se añaden 50 nuevos lineamientos, para totalizar 274, cifra inferior en 39 a la versión precedente.

Algunos aspectos novedosos en la nueva versión del documento se refieren a: la necesidad de la emisión de una ley de empresas (10); la creación de una instancia nacional para la atención a las cooperativas (16); acotar y crear un mercado de deuda pública (44 y 45); ampliar el sector no estatal como una solución de empleo (141) y desarrollar una política de comunicación social (264).

En relación al proyecto de Plan 2030 se define la visión de nación que se desea alcanzar como soberana, independiente, socialista, democrática, prospera y sostenible. Como fuerzas motrices del plan se proponen seis ejes estratégicos que incluyen: Gobierno eficaz y socialista e integración social; Transformación productiva e inserción internacional; Infraestructura; Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; Recursos naturales y medio ambiente; y Desarrollo humano, justicia y equidad. En torno a estos seis ejes se establecen 22 objetivos generales y 106 objetivos específicos.

Finalmente, el documento recoge como sectores estratégicos para la economía cubana los siguientes, enfatizando en el próximo quinquenio: Construcciones; Electroenergético; Telecomunicaciones; Logística integrada de transporte, almacenamiento y comercio; Logística integrada de redes e instalaciones hidráulicas; Turismo; Servicios profesionales; Agroindustria no azucarera e industria alimentaria; Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas; Agroindustria azucarera y de sus derivados; e Industria ligera.

A estos sectores debiera añadirse la minería, especialmente la industria del níquel dado el peso que tiene como primer producto exportable del país.

En los sectores señalados se destaca el peso otorgado a los cinco sectores que aseguran la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y que aparecen en primer orden. Por otra parte, -además del caso de la minería ya apuntado- se aprecia la ausencia de algunos sectores como el metalúrgico y el metal-mecánico que resultan de importancia para el aseguramiento de los sectores de apoyo a la infraestructura productiva y de servicios. De igual modo, la industria cultural o creativa merecería un destaque por su identidad propia y su potencial económico dentro de lo que pudiera ser la industria ligera considerada en un sentido más amplio.

Desde luego, el análisis del Plan 2030 deberá retomarse una vez que estén listos los cálculos que permitan una visión más precisa de los potenciales previstos, lo que se prevé concluya en el próximo año.

Para concluir el análisis, conviene examinar algunos elementos que incidirán en desarrollo de los próximos 15 años de la economía cubana.

Entre los factores externos cabría destacar:

–El impacto de la permanencia del bloqueo económico de EEUU contra Cuba. Desde que el 17 de diciembre de 2014 se planteó por la administración de Barack Obama la decisión de levantar esta medida punitiva contra Cuba, prácticamente poco o casi nada se ha hecho y las perspectivas para avanzar en este sentido son inciertas en estos momentos. En este sentido, tomando en cuenta que el bloqueo deberá ser levantado por acuerdo del Congreso de EEUU, la mayoría de los analistas no esperan que la supresión del mismo se produzca antes de 2018 o 2020, lo cual supone la continuidad de elevados costos para la economía cubana.

–La incierta evolución de la economía mundial en los próximos años, donde no se aprecian tendencias favorables para los principales rubros de exportación cubanos, entre otros aspectos.[6]

–La dinámica de las relaciones económicas internacionales del país, en las que se observa la permanencia de restricciones financieras –incluyendo la IED- y limitaciones comerciales con los principales mercados. Según análisis econométricos realizados[7] los limites para un financiamiento sostenible suponen –en relación al PIB- un saldo de cuenta corriente menor a -1%; una deuda externa no mayor del 40%; un déficit comercial menor a -2% y un crecimiento del PIB mayor del 4%.

Entre los factores internos pueden señalarse:

–La velocidad y secuencia de los cambios estructurales indispensables a realizar.[8]
–La reducción de la dependencia externa en referencia a que:

+ El crecimiento del 1% del PIB supone un incremento de 1,5 a 3% en las importaciones.

+ La capacidad de sustituir importaciones, así como la expansión de las exportaciones demanda mayores importaciones a corto plazo.[9]

–La aplicación de la ciencia y la técnica para el incremento de la productividad del trabajo.

–El papel que puedan jugar el sector privado y el cooperativo como fuentes de empleo y en la producción de bienes y servicios de baja intensidad de capital.

–La reducción de las tensiones socioeconómicas internas, especialmente en lo referido al ingreso de los trabajadores como elemento clave para el incremento de la productividad del trabajo.

–El papel de los factores de movilización política, en especial los niveles de participación y consenso de la población en la toma de decisiones.

Las proyecciones de crecimiento en los próximos cinco años elaboradas por analistas extranjeros [10] prevén tasas ascendentes de 4 a 5%, pero condicionadas por el levantamiento del bloqueo de EEUU. Sin ese condicionamiento, los estimados se sitúan en torno al 3 a 4%.

En general, la creación de condiciones mínimas para que la economía cubana se encamine hacia una senda de desarrollo supone crecimientos entre 5 y 7% y la elevación de la tasa de inversiones a entre 20 y 25% sobre el PIB. Esto último demanda un crecimiento acelerado de la IED[11]. Por otro lado se requiere elevar la retribución y la motivación laboral en función del trabajo aportado, cerrar las brechas de equidad y elevar la inclusión social.

En general puede afirmarse que una de las mayores complejidades del proceso de actualización del modelo económico cubano es que supone costos inevitables, que no se corresponden con las expectativas a corto plazo de la población. Por ello se requiere alcanzar una información, una cultura económica y una participación en la toma de decisiones a un nivel elevado, con el objetivo de neutralizar los efectos que esta contradicción entre costos y expectativas supone.

A pesar de las dificultades, ello solo será posible bajo el socialismo, que sigue siendo condición para el desarrollo del país.

NOTAS

[1] En lo adelante estos documentos se referirán en el texto como Conceptualización, Lineamientos 2016-2021 y Plan 2030. Ver PCC (2016, 2016a y 2016b).
[2] Es de destacar que hasta el cierre del mes de julio habían participado en la discusión –que debe concluir en septiembre- 704 643 personas, las que habían realizado 95 482 propuestas. Aunque la discusión se realiza con grupos seleccionados, los documentos se encuentran a disposición del público que puede emitir sus criterios a través de diferentes vías.
[3] Ver PCC (2016).
[4] En lo adelante se refiere entre paréntesis el número del párrafo que recoge el planteamiento.
[5] Ver PCC (2016b).
[6] Ver Rodríguez (2016a).
[7] Ver especialmente Quiñones (2015).
[8] La compatibilización adecuada de medidas de corto plazo con elementos estratégicos de largo alcance es uno de los temas más complejos a resolver. Ver Hidalgo (2016).
[9] Ver Quiñones (2015) y también Hidalgo y Cribeiro (2015).
[10] Ver EIU (2016).
[11] Se ha planteado que la misma debe alcanzar entre 2 000 y 2 500 millones de dólares anuales.

BIBLIOGRAFÍA

-Castro, Fidel (2004) “Discurso pronunciado en la clausura del VIII congreso de la UJC el 5 de diciembre de 2004” en http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/f051204e.html
-Castro, Raúl (2015) “Discursos e intervenciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba General de Ejército Raúl Castro Ruz” en www.cuba.cu/gobierno/raul/discursos/index2.html
-Castro, Raúl (2016) “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 16 de abril de 2016” en periódico Juventud Rebelde, Especial, p. 5.
-Espina, Mayra (2012) “Retos y cambios en la política social” en Pável Vidal y Omar Everleny Pérez (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización”, Editorial Caminos, La Habana, 2012.
-Espina, Mayra (2015) “Reforma económica y política social de equidad en Cuba” en Mayra Espina y Dayma Echevarría (Coordinadoras) Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico, Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
-Fernández, Oscar (2012) “Rasgos esenciales del modelo de funcionamiento económico en Cuba. Limitaciones y retos de las transformaciones en marcha” Economía y Desarrollo Nº 1, Enero-Junio del 2012.
-García, Jesús, Rafael Alhama, Roberto Lima y Daniel Rafuls (2012) “Cuba: propiedad social y construcción socialista” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2012.
-Hidalgo, Vilma y Yordanka Cribeiro (2015) “Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba” revista Economía y Desarrollo, Nº 153, Edición Especial 2015.
-Hidalgo, Vilma (2016) “El modelo económico cubano: reflexiones desde una perspectiva macroeconómica” revista Economía y Desarrollo Nº 156, 2016 y http://www.cubayeconomia.blogspot.com Septiembre 4 2016.
-PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
-PCC (1986) “Programa del Partido Comunista de Cuba” Editora Política, La Habana, 1986.
-PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992.
-PCC (1997) “Resolución Económica V Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana, 8-10 de octubre de 1997” Editora Política, La Habana, 1997.
– PCC (2011) “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” Abril 18 de 2011 en www.juventudrebelde.cu/file/pdf/suplementos/lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
-PCC (2016) “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016 en http://www.cubadebate.cu
-PCC (2016a) “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016.
-PCC (2016b) “Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016” en http://www.uschamber.com
-Piñeiro, Camila (2012) “Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba” TEMAS Nº 70, Abril-Junio del 2012.
-Quiñones, Nancy (2015) “El déficit externo de Cuba: una visión desde la sostenibilidad” Editorial UH, La Habana, 2015.
-Rodríguez, José Luis (2016) “Lineamientos para la política económica y social: Una mirada a su evolución 2011-2016” en La Jiribilla N° 770, Abril 9 al 15 de 2016 en http://www.jiribilla.cu
-Rodríguez, José Luis (2016a) “Complejidades y perspectivas de la economía cubana en 2016 y 2017 (I y II)” Cubadebate, agosto 2016 en http://www.cubadebate.cu
–The Economist Intelligence Unit (EIU) (2016) “Country Report Cuba” June 1st2016 en http://www.eiu.com

-Zabala, María del Carmen (2013) “Retos de la equidad social en el actual proceso de cambios económicos” en Omar Everleny Pérez y Ricardo Torres (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social” Editorial Caminos, La Habana, 2013.

El Sistema del Poder Popular y la participación socialista

Tomado de Socialismo.cu
Fuente original: Granma
Por Jesús Pastor García Brigos.

Acabamos de pasar por el proceso de consulta popular de dos documentos de nuestro Partido Comunista llamados a ocupar un importante lugar en nuestra vida cotidiana luego de su aprobación definitiva por el Comité Central. Pero no significa que los intercambios sobre los temas abordados en los documentos se detengan: todo lo contrario.
La conceptualización de nuestro proceso de construcción socialista tiene que ser una tarea permanente. Como Fidel acertadamente señala en su entrevista con Ignacio Ramonet, «…la teoría y la práctica del socialismo están por desarrollar y por escribir»[1].Y en ese mismo lugar más adelante, refiriéndose a la economía, nos alerta del peligro de utilizar las categorías del capitalismo «como instrumento en la construcción del socialismo»[2], algo que es válido para todo lo concerniente a nuestra actividad social, si lo entendemos con la profundidad re­querida.
Uno de los temas que reiteradamente se menciona en los documentos partidistas es el de la participación.

Hablamos de «participación activa del pueblo», «participación y control populares», «participación ciudadana», que «los colectivos laborales participan», etc. Pero ¿nos estamos refiriendo siempre a lo mis­mo?, ¿qué nos dicen cada una de esas expresiones, qué contenidos podemos en­tender que ellas nos quieren transmitir y qué contenidos necesitamos que ellas nos transmitan?
Podría parecer que se habla mucho sobre la participación en nuestra sociedad. Pero en realidad, ¿se habla lo suficiente, y, sobre todo, se debate y profundiza sobre lo que es necesario para avanzar en este decisivo aspecto de nuestro proceso de construcción socialista?
Por encontrarnos ante un nuevo proceso de reuniones de rendición de cuenta de los delegados de circunscripción, nos detendremos solamente en este aspecto de la participación en la labor de nuestro sistema del Poder Popular.
El sistema del Poder Popular, como for­ma de organización de nuestro Estado desde 1976, es la única institución política de nuestra sociedad en cuya labor podemos y debemos intervenir todos, y el único cu­yas decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos por igual. Esto refuerza su importancia en el momento actual de importantes cambios en nuestra actividad económica, que tenemos que garantizar tributen eficiente y eficazmente a la consolidación y sostenibilidad de nuestro socialismo indiscutiblemente próspero.
Subrayar su lugar decisivo en nuestra sociedad, no significa ignorar su necesaria articulación con otras importantes instituciones políticas de nuestra so­ciedad, todo lo contrario. En primer lugar con nuestro Par­tido Comunista. Y —precisamente co­mo expresión concreta para nuestras condiciones de lo que debe ser la participación en la construcción socialista—, su articulación con la amplia red de organizaciones existentes, muchas de ellas creadas por la revolución. Muy im­portante en este sentido su articulación con la CTC y los sindicatos, la Unión de Jóvenes Co­mu­nistas, los CDR, la FMC, la ANAP, y las organizaciones estudiantiles, continuadoras de la herencia de luchas de la Federación Es­tudiantil Univer­si­taria.
El General de Ejército Raúl Castro, Pri­mer Secretario de nuestro Partido, en la clausura al seminario impartido a los De­legados electos para la experiencia de Matanzas en 1974 señalaba que en la medida que ellos «van a ejercer gobierno, a intervenir en to­das las decisiones estatales que afectan a la comunidad, que van a tener facultades para apoyar y contribuir al desarrollo de todas las actividades económicas y sociales de trascendencia nacional que tienen lugar en esta provincia, en la medida en que, a través de esos representantes, las masas van a participar sistemática y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y en la discusión y solución de todos los problemas estatales, es significativa y trascendente esta experiencia».
Es muy importante volver una y otra vez a estudiar su intervención en esa actividad, igual que otras intervenciones que ha hecho sobre el tema, y sobre todo lo que Fidel ha insistido en múltiples ocasiones, analizando el contenido de la actividad estatal, en particular de sus órganos representativos. No en busca de recetas, sino contextualizando y desarrollando con­secuentemente sus ideas de acuerdo con nuestra propia experiencia, y atendiendo a los estudios que sistemáticamente se realizan por los investigadores. Hoy podemos y debemos profundizar en lo que debe ser la labor de gobierno en la sociedad, lo que es necesario y posible luego de más de 50 años de obra revolucionaria, y en la necesaria atención a los cambios ocurridos en la misma, para en­frentar tendencias que no contribuyen al desarrollo socialista, y demandan especial atención del Estado.
En tal sentido, es muy necesario reflexionar acerca del importante momento en el ejercicio del gobierno socialista que constituyen las reuniones de rendición de cuenta de los delegados de circunscripción, empezando por preguntarnos: ¿son las reuniones de rendición de cuenta efectivamente espacio para gobernar?
La rendición de cuenta no se limita al delegado de circunscripción. Es un ejercicio esencial en el funcionamiento del modo de gobernar la sociedad. En ella se realiza el derecho de quienes eligen, de co­nocer, valorar, y pronunciarse en consecuencia acerca del desempeño de los elegidos como parte del sistema —sean órganos o personas—, y la obligación de estos, de expresar su responsabilidad ante quienes los eligieron. Es un principio esencial en el funcionamiento de la sociedad.
La reunión de rendición de cuenta del delegado de circunscripción tiene que comprenderse y consecuentemente de-sarrollarse de manera efectiva como un acto de gobierno estatal, vital para el cabal ejercicio de lo que Raúl indicaba en Matanzas, para que «las masas» puedan «participar sistemática y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y en la discusión y solución de todos los problemas estatales…».
¿Hemos reflexionado lo suficiente acerca de lo que puede y debe ser hoy «participar sistemática y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y en la discusión y solución de todos los problemas estatales?; ¿acerca de lo que puede y debe ser gobernar la sociedad en un proceso de transformación socialista?
Desde su accionar en las reuniones de rendición de cuenta, los ciudadanos tienen la posibilidad, el deber y el derecho de intervenir en el gobierno del país, labor que en términos prácticos se traduce en cuestiones tales como la elaboración y control de la ejecución de los planes locales y la planificación general de la sociedad cubana; tienen el espacio, la posibilidad para ejercer el derecho y cumplir con el deber de intervenir y controlar como Estado todo el funcionamiento de la sociedad cubana.
Fuera de ese acto, el ciudadano interviene a través de su delegado y los delegados provinciales y diputados electos por ellos, lo cual subraya la importancia de estos representantes.
Estas reuniones son el único espacio del que dispone un ciudadano para intervenir directamente, de forma individual en un importante ejercicio colectivo, en la labor de gobierno estatal (además, por supuesto, del acto de nominación de de­legados de cir­cunscripción y, como individuo, en los procesos de votación). La reunión de rendición de cuenta tiene que materializar la esencia socialista del go­bierno estatal de la nación cubana, que no puede delegar poder en los representantes: como se ha reiterado, el po­der lo tienen los electores.
Ello no le resta autoridad a los representantes, todo lo contrario. Tienen la autoridad que emana de realizar una labor tal que haga efectivo el involucramiento de quienes lo eligieron, y la responsabilidad de garantizar el poder del pueblo en nuestra democracia socialista. Es una tarea nada sencilla, que no podemos reducir a la simple transmisión de demandas y explicaciones, «respuestas a planteamientos», ni a la imprescindible atención a los problemas más inmediatos de la vida cotidiana de una comunidad; tenemos que materializar cada vez con mayor fuerza, sobre la base de las propias potencialidades que ha desarrollado la Revolución, que los ciudadanos participen «sistemática y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y en la discusión y solución de to­dos los problemas estatales» y que se ga­rantice el ejercicio efectivo del poder de los interesados en la consolidación de nuestro de-sarrollo socialista: el poder del «pueblo». Porque al hablar de pueblo hoy, de poder del pueblo, participación popular, y todas esas expresiones que a diario empleamos, no po­demos dejarnos arrastrar por el lenguaje neutral y desmovilizador, por formulaciones abstractas que pueden incluso abrir las puertas a enfoques liberales que hoy se nos ofrecen como «novedosos» planteamientos de­mo­cra­tiza­dores; el poder del pueblo hoy más que nunca no se puede asumir como alegoría, se tiene que comprender e implementar pensando en el actor concreto del proceso, el pueblo en política: «pueblo, si de lucha se trata», como lo convocara Fidel en La Historia me absolverá, que hoy tiene que expresarse con su presencia plena en el desarrollo de la actividad política para conducir las necesarias transformaciones económicas, garantizando la consolidación del contenido socialista de nuestro desarrollo. Con­firma la importancia de esta afirmación el modo en que transcurre el proceso de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Es­tados Uni­dos, con las nada ocultas intenciones de este último de materializar en la sociedad lo que sus tanques pensantes han diseñado para destruir el desarrollo socialista.
No podemos descuidar la importancia de unirnos en el barrio para arreglar una calle, limpiar un terreno, o enfrentar las actividades delictivas y antisociales en nuestro entorno más inmediato. Pero hoy podemos y es inaplazable, consolidar sistemáticamente estas reuniones como espacio de participación ciudadana en la labor de gobierno estatal de la nación, indispensable en el ejer­cicio del Poder del pueblo para la lucha en las condiciones actuales, participando sistemática, regular y efectivamente en los asuntos del gobierno de la sociedad, en la discusión, solución, ejecución y control de todos los problemas estatales, como parte de nuestro sistema en constante perfeccionamiento.
El necesario debate está planteado.
*Investigador Titular del Instituto de Fil­o­sofía, Citma
[1] Ver Cien horas con Fidel. Conver­sa­ciones con Ignacio Ramonet, Tercera Edición, Oficina de Publicaciones del Consejo de Es­tado, La Habana, 2006, p. 440.
[2] Idem., p 441.

La Conceptualización del Modelo: Análisis de sus características y perspectivas (I)

unidos-por-el-socialismo
Tomado de Socialismo.cu
Fuente original: CubaDebate
Por José Luis Rodríguez.

I
A lo largo del desarrollo de la Revolución cubana, han sido varios los documentos en los que se han plasmado conceptualmente las características del proceso de transición al socialismo en nuestro país, por lo que resulta de utilidad que las transformaciones actuales se analicen en el contexto de su perspectiva histórica.

En efecto, ya en el I Congreso del PCC, celebrado en 1975, se aprobó la “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba”[1]. En este documento se recogía la fundamentación, el carácter y la obra de la Revolución en su primera parte y en una segunda sección se desarrollaban los principios y objetivos programáticos de la misma.

Entre los aspectos a destacar de ese documento, que enmarcaba la sociedad cubana de entonces transitando por un período de construcción socialista, se afirmaba: “La construcción del socialismo significa: superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan formas sociales colectivas de propiedad sobre los medios de producción… (…) Representa alcanzar la victoria total y definitiva sobre las antiguas clases explotadoras.” Esto suponía que junto a la creación de la base técnico material del socialismo se produjera “…el desarrollo y ampliación de las relaciones de producción socialista hasta hacerlas únicas, lo que conduce, a través de la estricta observancia del principio de voluntariedad, a la gradual sustitución de la pequeña propiedad campesina por la propiedad cooperativa o a su incorporación paulatina a la propiedad de todo el pueblo.”[2]

Se concebía así una sociedad donde no había espacio para la propiedad privada –tampoco un lugar destacable para la propiedad cooperativa- y donde se aspiraba a la preponderancia absoluta de la propiedad de todo el pueblo, entendida como propiedad estatal. Todo ello se suponía transcurriera en un período de tiempo relativamente breve y sin mayores contradicciones.

Posteriormente, en el III Congreso del PCC, celebrado en 1986, se aprobó el “Programa del Partido Comunista de Cuba”.[3] Este documento también tenía una primera parte dedicada al recuento histórico, el carácter y la obra de la Revolución, mientras que una segunda parte destacaba los objetivos y tareas del PCC para culminar la construcción del socialismo.

En la fase correspondiente a la construcción del socialismo se planteaba: “…superar todo tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo existan dos formas de propiedad social sobre los medios fundamentales de producción: la estatal y la cooperativa;…”[4] Por otro lado, en la cuestión central del desarrollo económico en los próximos años se subrayaba que: “…no consiste en cuanto crecer, sino en que crecer y cómo crecer…”, enfatizándose en la industrialización y en la profundización de la integración socialista.[5]

Se podían observar muchas similitudes entre este documento y la Plataforma aprobada en 1975, aunque se abría un espacio a la propiedad cooperativa y se enfatizaba que la propiedad social sería preponderante –específicamente- sobre los medios fundamentales de producción.

La vigencia de este último documento se vio limitada por la crisis del Período especial y por las valoraciones que produjo del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias negativas que se inició en 1986, proceso donde se evaluaron críticamente los errores cometidos en la introducción –entre 1975 y 1985- de una política basada en el cálculo económico, la que tomaba muchos elementos del modelo soviético de gestión vigente entonces.

De tal modo, en el IV Congreso del PCC, celebrado en 1991 se acordó que: “…el Programa no se corresponde cabalmente con los conceptos desarrollados en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, a partir del 19 de abril de 1986, ya en parte señalados meses antes en el Informe Central al III Congreso.” Y más adelante se concluía “…el IV Congreso del Partido (…) Declara que el programa aprobado por el III Congreso no se ajusta a la realidad actual.”[6]

Durante los años del Período especial –que se inicia el 29 de agosto de 1990- el país debió concentrarse en una estrategia dirigida a resistir el impacto de la crisis al menor costo social posible, al tiempo que la economía cubana se reinsertaba en la economía mundial bajo las nuevas condiciones que suponían la desaparición del socialismo en Europa. En esa situación no sería posible la elaboración de nuevos documentos con el objetivo de examinar conceptualmente la experiencia de la Revolución cubana, aunque sí se elaboró lo que pudiera calificarse como una política de resistencia y sobrevivencia, expresada en los documentos del IV Congreso del PCC de 1991 y en el V Congreso de 1997[7], así como en numerosos discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Superados los momentos más críticos del Período especial y tomando en cuenta la necesidad de enfrentar sus secuelas, nuevos conceptos sobre la construcción socialista se elaborarían en los años 2000, bajo las premisas del proceso de lucha ideológica y rediseño de las políticas económicas y sociales que se impulsaron bajo la llamada Batalla de Ideas entre 1999 y 2006. Esa experiencia se expuso en el discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro del 5 de diciembre de 2004, donde –en esencia- se abogaba por una gestión estatal liberada de métodos burocráticos y se buscaban soluciones a agudos problemas políticos y sociales por métodos expeditos.[8]

Sin embargo, serios problemas estructurales permanecían sin solución, imposibilitando un crecimiento sostenible que asegurara el desarrollo. Esto se puso dramáticamente de manifiesto cuando la situación económica del país se agravó notablemente bajo el impacto de la crisis en 2008, lo cual llevó a que se analizara por el gobierno cubano la necesidad de emprender cambios sistémicos más profundos en la economía para estabilizar el crecimiento y asegurar el desarrollo del país.

De este modo, la decisión de realizar una transformación esencial de la política económica y social del país se hizo pública por el presidente Raúl Castro en su discurso del 1º de agosto del 2009 ante la Asamblea Nacional al señalar que “…se trata de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país, única garantía para su verdadera independencia.”[9]

Se iniciaría entonces una nueva etapa en la estrategia de desarrollo y la política económica de la Revolución cubana.

II
Luego de una amplia discusión popular,[10] los Lineamientos[11] aprobados en abril de 2011 por el VI Congreso del PCC implicaron un grupo de transformaciones fundamentales en la política económica y social del país dirigidas a superar las limitaciones impuestas por el Periodo especial y también aquellas asociadas al modelo económico cubano vigente durante los primeros 30 años de la Revolución.

Aún cuando la elaboración de los Lineamientos no estuvo precedida de una conceptualización formalizada en un documento, de hecho en los mismos se expresó implícitamente un cambio conceptual importante a nivel de la estrategia económica para esta nueva etapa. Se pasó así de una estrategia de resistencia frente a la crisis y reinserción en las nuevas realidades económicas, que primó desde 1990, a otra de mayor complejidad, que se caracterizaría por la creación de condiciones para un desarrollo sostenible a mediano plazo.

De este modo, en la formulación de los Lineamientos se subrayó la necesidad de actualizar el modelo socialista, y los mismos llevaron implícitamente a la introducción de un grupo de tesis que incluían una interpretación novedosa o diferente de algunos principios que se venían aplicando en la construcción del socialismo en Cuba, tomando en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de 50 años de Revolución.

En los Lineamientos se reconoció en primer lugar, un mayor espacio a las relaciones monetario-mercantiles y a la propiedad no estatal en el sistema de dirección de la economía, en el que –no obstante- predominaría la planificación.
Esta decisión dio cuenta de una realidad objetiva y superaba consideraciones anteriores sobre la preponderancia de una sola forma de propiedad social, tomando en consideración el insuficiente nivel de desarrollo que había alcanzado el país y la imposibilidad de que una gestión de la economía socialmente más eficiente transcurriera con un elevado nivel de centralización y únicamente bajo la propiedad estatal.[12] Por otro lado, se precisaba concentrar los esfuerzos del sector público en la promoción de los sectores donde se encuentra el mayor potencial de desarrollo económico y donde se concentran los medios fundamentales de producción.

No obstante se correrían riesgos, ya que aunque eran explícitos los propósitos de no desarrollar un modelo capitalista, debían adoptarse medidas efectivas que permitieran reconocer y neutralizar las negativas consecuencias del mercado en una economía socialista.

En segundo lugar, se reitero el papel fundamental de la propiedad estatal como el elemento motriz fundamental del desarrollo, al tiempo que se definió un nuevo espacio para la gestión de la propiedad privada, la cooperativa y la propiedad mixta, aunque los límites de la propiedad no estatal se precisarían posteriormente de forma gradual.

En tercer lugar, se promovió la separación entre las funciones estatales y empresariales, unido a la descentralización de la gestión económica de las entidades públicas a favor de las empresas y territorios, asegurando la participación de los trabajadores en la misma.[13]

Por último, en las transformaciones previstas se otorgo un mayor peso al consumo personal en los mecanismos de estimulación, en tanto que se racionalizaba el consumo social, especialmente en lo referido a los subsidios generalizados y las gratuidades indebidas, asegurando –al mismo tiempo- la equidad y la solidaridad social, proceso que ha probado ser de elevada complejidad.[14]

A partir del análisis de la situación económica del país y de las premisas conceptuales implícitas en los cambios a proponer, los Lineamientos definieron las soluciones a alcanzar a corto plazo como aquellas encaminadas a resolver el déficit de la balanza de pagos, la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, así como la creación de condiciones estructurales y productivas para el desarrollo.

A más largo plazo las soluciones deberían comprender una alta autosuficiencia alimentaria y energética, un uso eficiente del potencial humano, una elevada competitividad en las producciones tradicionales y el desarrollo de nuevas producciones de alto valor agregado.[15]

En síntesis, la lógica esencial para el avance económico y social del país a corto/mediano plazo suponía reducir hasta eliminar el déficit financiero externo –en primer lugar mediante la renegociación y pago de la deuda externa-, como elemento clave para incrementar la inversión extranjera directa, a un nivel tal que permitiera aumentar aceleradamente la productividad del trabajo y con ello crear las condiciones indispensables para incrementar la retribución al trabajo y los ingresos de la población, con vistas a elevar su nivel de vida, todo ello conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos en los ciudadanos.

Transformaciones de esta naturaleza demandaban necesariamente un periodo de tiempo largo, aunque en no pocos casos, esta premisa no se tuvo en cuenta adecuadamente en las proyecciones de los Lineamientos para el periodo 2011-2016. Probablemente ello se debió en parte a la presión para encontrar soluciones más rápidas a problemas presentes durante muchos años por diversas circunstancias y también por errores de apreciación en los procesos de planificación.

El nivel de ejecución de los Lineamientos aprobados en 2011 arrojo hasta abril de este año un cumplimiento del 21% de los 313 previstos, con un 77% en proceso de ejecución y un 2% que no se han ejecutado.[16]

Los mayores avances se alcanzaron en la reducción del desbalance financiero externo y en la creación de condiciones jurídicas y organizativas favorables para la aplicación de la política fiscal y la referida al tratamiento de la inversión extranjera, así como en el reconocimiento al papel que puede jugar la propiedad privada y cooperativa en el desarrollo de la sociedad. También se inicio el proceso de reestructuración del sector empresarial estatal en su primera etapa y se redujo el subempleo en las empresas públicas. No obstante, dificultades de diversa naturaleza provocaron que el crecimiento logrado entre 2009 y 2015 solo alcanzara un 2,8% promedio anual.

En el ámbito de las relaciones sociales, se produjo un cambio sustancial en la política migratoria del país mediante una nueva legislación más flexible aprobada en 2013, mientras que se mantuvieron los indicadores alcanzados en los servicios de salud y educación, aunque también se enfrentaron dificultades. Tampoco se pudo neutralizar el impacto negativo de diversas medidas, lo que conllevo a un aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, una reducción de la cobertura de la asistencia social y a una disminución en el ritmo de solución del déficit habitacional y del transporte de pasajeros.

En el Informe Central al VII Congreso del PCC, celebrado en abril de este año el presidente Raúl Castro destaco como problemas en la implementación de los Lineamientos la no valoración de los niveles de riesgo, así como de los costos y beneficios de determinadas medidas y alerto sobre la necesidad de rectificar cuando los efectos no son los deseados, entre los aspectos de mayor importancia.[17]

NOTAS

[1] PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
[2] Ibid. pp. 58 y 59.
[3] PCC (1986) “Programa del Partido Comunista de Cuba” Editora Política, La Habana, 1986.
[4] Ibid. p. 75.
[5] Ibid. p. 79.
[6] PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992 (pp. 127 y 137).
[7] Ver PCC (1997).
[8] Ver Castro (2004)
[9] Ver de Raúl Castro (2015)
[10] Producto de esta discusión se modifico el 68% de los lineamientos contenidos en el proyecto original.
[11] Ver PCC (2011).
[12] La existencia de las relaciones monetario-mercantiles en el socialismo se basa en el aislamiento económico relativo entre los productores que –producto del bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas- no pueden expresar directamente el carácter social de su trabajo y requieren de un mercado para hacerlo.
[13] En los Lineamientos no resultaron explícitos los mecanismos de participación y diversos autores señalaron la necesidad de que se transitara a una forma de gestión participativa. Ver Fernández (2012); Espina (2012); García et. al. (2012) y Piñeiro (2012).
[14] Ver el análisis de Zabala (2013) y Espina (2012 y 2015).
[15] Ver PCC (2011, p. 10).
[16] Ver Rodriguez (2016)
[17] Ver Castro (2016).
BIBLIOGRAFÍA
-Castro, Fidel (2004) “Discurso pronunciado en la clausura del VIII congreso de la UJC el 5 de diciembre de 2004” en http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/f051204e.html
-Castro, Raúl (2015) “Discursos e intervenciones del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba General de Ejército Raúl Castro Ruz” en www.cuba.cu/gobierno/raul/discursos/index2.html
-Castro, Raúl (2016) “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, 16 de abril de 2016” en periódico Juventud Rebelde, Especial, p. 5.
-Espina, Mayra (2012) “Retos y cambios en la política social” en Pável Vidal y Omar Everleny Pérez (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. El proceso de actualización”, Editorial Caminos, La Habana, 2012.
-Espina, Mayra (2015) “Reforma económica y política social de equidad en Cuba” en Mayra Espina y Dayma Echevarría (Coordinadoras) Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico, Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2015.
-Fernández, Oscar (2012) “Rasgos esenciales del modelo de funcionamiento económico en Cuba. Limitaciones y retos de las transformaciones en marcha” Economía y Desarrollo Nº 1, Enero-Junio del 2012.
-García, Jesús, Rafael Alhama, Roberto Lima y Daniel Rafuls (2012) “Cuba: propiedad social y construcción socialista” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2012.
-Hidalgo, Vilma y Yordanka Cribeiro (2015) “Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba” revista Economía y Desarrollo, Nº 153, Edición Especial 2015.
-Hidalgo, Vilma (2016) “El modelo económico cubano: reflexiones desde una perspectiva macroeconómica” revista Economía y Desarrollo Nº 156, 2016 y www.cubayeconomia.blogspot.com Septiembre 4 2016.
-PCC (1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
-PCC (1986) “Programa del Partido Comunista de Cuba” Editora Política, La Habana, 1986.
-PCC (1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos” Editora Política, La Habana, 1992.
-PCC (1997) “Resolución Económica V Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana, 8-10 de octubre de 1997” Editora Política, La Habana, 1997.
– PCC (2011) “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” Abril 18 de 2011 en www.juventudrebelde.cu/file/pdf/suplementos/lineamientos-politica-partido-cuba.pdf
-PCC (2016) “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016 en www.cubadebate.cu
-PCC (2016a) “Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos” VII Congreso del PCC, La Habana, abril de 2016.
-PCC (2016b) “Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016” en www.uschamber.com
-Piñeiro, Camila (2012) “Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba” TEMAS Nº 70, Abril-Junio del 2012.
-Quiñones, Nancy (2015) “El déficit externo de Cuba: una visión desde la sostenibilidad” Editorial UH, La Habana, 2015.
-Rodríguez, José Luis (2016) “Lineamientos para la política económica y social: Una mirada a su evolución 2011-2016” en La Jiribilla N° 770, Abril 9 al 15 de 2016 en www.jiribilla.cu
-Rodríguez, José Luis (2016a) “Complejidades y perspectivas de la economía cubana en 2016 y 2017 (I y II)” Cubadebate, agosto 2016 en www.cubadebate.cu
–The Economist Intelligence Unit (EIU) (2016) “Country Report Cuba” June 1st2016 en www.eiu.com
-Zabala, María del Carmen (2013) “Retos de la equidad social en el actual proceso de cambios económicos” en Omar Everleny Pérez y Ricardo Torres (Compiladores) “Miradas a la economía cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social” Editorial Caminos, La Habana, 2013.

(Continuará)

Colombia y los demonios que lleva dentro

El anhelo de América Latina y el Caribe de distinguir la región como una zona de paz está en peligro. Algunos de los fantasmas que acechan ese proyecto tuvieron su “día de brujas” el pasado sábado cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció, feliz, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) había aceptado iniciar las conversaciones con su país para poner en marcha un “programa de cooperación en materia de intercambio de información y lucha contra el crimen organizado.
Tomado de Trabajadores.cu
Por 

El ente castrense, nacido el 4 de abril de 1949 en respuesta al peligro que los estados parte vieron en el potencial militar mostrado por la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en la II Guerra Mundial, busca ahora ampliar su área de operaciones y Colombia parece ser la ‘selva’ ideal.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la OTAN fue espuela y asiento de la escalada armamentista potenciada por el mundo bipolar de entonces. Pero a partir de 1991, una vez ‘implosionada’ la URSS, muchos comenzaron a preguntarse si esta no había perdido su razón de ser.  No obstante, el organismo renació como punta de lanza de las élites del capitalismo mundial y puso sus ojos, y ejército, en otras zonas del planeta.
Desde hace varios años Colombia se ha convertido en lo que algunos especialistas denominan un ‘proxy’ de los Estados Unidos. Es decir, ejecutan o facilitan los planes ideados por otros, los cuales pueden ser, por ejemplo, la capacitación de cientos de miles de policías y soldados en la lucha contrainsurgente como viene haciendo desde hace varios años.
Y la OTAN quiere su porción del pastel. No por gusto iniciaron conversaciones con Colombia desde hace al menos una década cuando Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del gabinete del presidente Álvaro Uribe. El detalle fue recordado por el propio Santos, quien no se detuvo frente a los obstáculos impuestos por el legislativo de su país al tratado firmado con la OTAN en el 2013.
El 6 de junio de ese año el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, rubricó en Bélgica un acuerdo de intercambio de información y seguridad con la OTAN, el cual trascendió, en ese momento, como el primero de su tipo con un país latinoamericano.
Ese pacto estaba dirigido a establecer “formas de cooperación para intereses comunes” en misiones de paz, humanitarias, de derechos humanos, de justicia militar, de procesos transformadores y de mejoramiento del sector de defensa y la seguridad, además de ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
El Congreso de la República lo respaldó el 12 de agosto del 2014, pero la Procuraduría General solicitó que se declarase improcedente pues consideraban que “no define con precisión su finalidad”.  Casi un año después, en junio del 2015, la Corte Constitucional suprimió el acuerdo del 2013 con el argumento de que existieron vicios durante el proceso de aprobación por parte del Congreso, instancia a la cual debía regresar el documento.
Finalmente el 26 de octubre del 2016, en medio del llamado a reconstruir la paz en la sociedad colombiana y la firma de acuerdos que pondrían fin a la guerra civil que ha desangrado a la nación por más de cinco décadas, el Senado aprobó, en segundo debate, el acuerdo de cooperación y seguridad entre Colombia y la OTAN, instancia que el 24 de diciembre del 2016, según dio a conocer el presidente Santos aceptó iniciar conversaciones con su país para poner en marcha un programa de intercambio de información y lucha contra el crimen organizado.
Al conocerse el tratado del 2013, los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia expresaron su rechazo y denunciaron que la presencia de la OTAN en Colombia representaría una amenaza a la estabilidad regional.
Recientemente, luego de las “felices” declaraciones de Santos en víspera de Navidad, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial donde “se opone firmemente ante el intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en nuestra Región, cuyas actuaciones pasadas y recientes reivindican la política de la guerra, violentan acuerdos bilaterales y regionales de los que Colombia forma parte (UNASUR, CELAC), a través de los cuales se declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz”.
El documento de la Cancillería bolivariana recuerda que el anuncio del acuerdo entre Colombia y la OTAN “quebranta la palabra empeñada por el presidente Santos en el año 2010, frente al Presidente Hugo Chávez, de no concretar alianza militar con la OTAN” y “desvirtúa los principios de Bandung que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que prohíbe expresamente a sus Estados Miembros formar parte de alianzas militares”, del cual Colombia es firmante.
Este nuevo acuerdo, sin dudas, cobijará el incremento de la presencia de Estados Unidos y la OTAN en la zona y se suma a otro similar pactado con Mauricio Macri, presidente de Argentina que le permitirá la instalación de nuevas bases militares en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay.
Como bien dijera el politólogo argentino Atilio Borón: “Si tenés 76 bases militares (estadounidenses) rodeando toda América Latina y el Caribe, hay que ser muy ingenuos para pensar que están ahí para mirar los pajaritos de la Amazonía o los peces que hay en el Atlántico Sur”.

¿El huevo o la gallina?

Diversos medios de comunicación se hicieron eco este 27 de diciembre de la creación de un Comité interinstitucional para investigar 52 casos de asesinatos selectivos a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en Colombia, según informó el ministerio de Defensa.
El viceministro Aníbal Fernández de Soto hizo el anuncio durante la instalación, en Medellín, del primer Puesto de Mando Unificado (PMU) regional, con lo cual se da cumplimiento al Acuerdo de Paz para garantizar la desmovilización de las guerrillas de las FARC-EP.
El Comité recién creado deberá articular el actuar de la Fiscalía, la Policía, el ministerio de Defensa y del Interior, para analizar y establecer las circunstancias en las que ocurrieron cada uno de los 52 casos reconocidos como “priorizados”, señaló el funcionario y destacó que la acción unificada del Estado y el trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Fiscalía, con entidades territoriales, es lo que “le ha permitido avanzar a las autoridades en el esclarecimiento de casos como el asesinato del líder William Castillo Chima, que ya ha sido aclarado y hay una persona condenada por estos hechos”.
Castillo Chima fue ultimado en un establecimiento público conocido como “Los Galvanes”, en la cabecera municipal de El Bagre, Antioquia, al norte de Colombia, el 7 de marzo del 2016. Ese día el defensor y promotor de los derechos humanos, tesorero y miembro fundador de Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, había sostenido una reunión en la Alcaldía municipal para denunciar, nuevamente, el desplazamiento de campesinos de la región por parte de fuerzas paramilitares que allí operaban con el beneplácito de las autoridades.
A pesar de las pruebas, el viceministro de Defensa Fernández de Soto, sostuvo que “no hay indicios que permitan señalar que los homicidios a los líderes sociales en Colombia sean sistemáticos y cometidos por un actor armado especifico”.
“Hay circunstancias que nos permiten identificar que el agresor es una expresión del crimen organizado, que puede ser desde el ‘clan del Golfo’ o grupos de delincuencia organizada que pretenden ganar espacios abandonados por las FARC”, subrayó.
Mientras tanto, a nuestra redacción ha llegado la denuncia de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales (SINTRAEMSDES) de ese país, por el levantamiento de los esquemas de seguridad a los dirigentes sindicales de esa organización, quienes habían sido reiteradamente amenazados de muerte, especialmente el presidente nacional Néstor Darío Monsalve Castaño.
La decisión adoptada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), perteneciente al ministerio del Interior, fue considerada por los sindicalistas como un “vil atentado a la seguridad de nuestros dirigentes sindicales (…) y se suma a la larga lista de atentados que se comete en contra de quienes han respaldado el proceso de PAZ adelantado en la Habana, a quienes defendemos el estado social de derecho, al movimiento obrero y popular colombiano, cuyo único delito ha sido la defensa indeclinable de los intereses de la clase obrera, cívico y popular”.
Este actuar incoherente con la paz trasluce algunos de los verdaderos demonios que lleva dentro Colombia, particularmente sus fuerzas militares y oligarquía. Con ellos será imposible pactar para que el pueblo pueda renacer, algún día, del dolor y la muerte.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...