Tomado de ElDiarioInternacional.
Por Gabriel Adrián.
El 26 de enero de 1983 ocho
periodistas y un guía andino fueron brutalmente masacrados por
campesinos al servicio de las fuerzas armadas. Este brutal crimen fue
perpetrado en la comunidad de Uchuraccay (Ayacucho) por campesinos
adiestrados y dirigidos por la Marina de guerra del Perú. Con este
crimen, el gobierno y las fuerzas armadas ponen en evidencia la
utilización de rondas campesinas en la lucha contrainsurgente contra la
guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Con este crimen el gobierno
inaugura “las aldeas estratégicas” (rondas) contra la subversión. Ello
ocurrió durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) un
personaje del derechista partido Acción Popular (AP) que en la década
del 90 colaboraría estrechamente con el régimen de Alberto Fujimori.
Los periodistas habían llegado hasta esa localidad para
investigar la muerte de presuntos miembros del Partido Comunista del
Perú, entre ellos algunos menores de edad, por pobladores de la vecina
comunidad de Huaychao. Las Fuerzas Armadas habían empezado con su
táctica de organizar comunidades campesinas contra las guerrillas como
lo hicieron norteamericanos en Vietnam y que después se haría de uso
corriente en Guatemala, El Salvador y Colombia.
Los periodistas fueron asesinados a golpes con palos,
piedras y hachas. Tras la masacre se creó una comisión investigadora
presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, hoy premio Nóbel de
Literatura. La comisión investigadora determinó que los comuneros de
Uchuraccay habían creído que los periodistas eran miembros de Sendero
Luminoso confundiendo sus cámaras fotográficas con fusiles. Esta
comisión investigadora presidida por Vargas Llosa concluyó que la
masacre era producto de la existencia de “diferencias culturales entre
los campesinos quechuahablantes y los periodistas provenientes de un
mundo urbano” y que las “Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna
responsabilidad en el hecho”. “Todos somos culpables”, dijo Vargas Llosa
en su conclusión final.
Estas conclusiones contradecían todas las evidencias. En
esta época las Fuerzas Armadas ejercían el control militar del campo.
Uchuraccay estaba controlada por la Marina. Los militares intentaban
organizar comunidades campesinas contra Sendero Luminoso y estaban en
contacto directo con los campesinos, controlándolos y organizándolos
para lucha antiguerrillera. La versión oficial decía que los campesinos
de Uchuraccay habían confundido las cámaras fotográficas de los
periodistas con armas. Pero se sabía que muchos campesinos de la zona
habían hecho el servicio militar obligatorio y no podian confundir un
fúsil con un aparato de fotografia.
De esta manera, la comisión Vargas Llosa exculpó la
política de violación sistemática de derechos humanos como pilar de la
estrategia contrainsurgente del Estado peruano y eximió a militares
asesinos, encubrió una masacre y, de esta manera, muchas otras y
legitimó la militarización del campo peruano.
Al exculpar a los militares, Vargas Llosa se convirtió en complice de la matanza de Uchuraccay.
El escritor peruano, para encubrir este crimen,
pretendió dar un tono literario a la masacre. En una entrevista
concedida posteriormente Vargas Llosa afirmó que la masacre había sido
producto de la existencia de “dos Perús”, uno compuesto por hombres que
viven en el siglo veinte y otros, como los pobladores de Uchuraccay, que
vivían en el siglo XIX o incluso en el siglo XVIII.
Los hechos posteriores fueron confirmando las sospechas
en torno a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. 135 de los
comuneros de Uchuraccay fueron muertos en los años posteriores, la
mayoría de ellos desaparecidos por militares quienes pretendían de tal
manera desaparecer cualquier vestigio de responsabilidad en la masacre
de los periodistas. Los familiares de las víctimas han denunciado en
repetidas oportunidades que han sido amenazados y presionados para que
no hagan denuncias para el esclarecimiento de la masacre.
A pesar de esto, la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, creada para investigar los crímenes cometidos en el
marco de la guerra interna entre 1980 y 2000, avaló la tesis de la
comisión Vargas Llosa y exculpó a las Fuerzas Armadas. Es este uno de
los casos más claros en los cuales se evidencia que esta Comisión de la
Verdad ha servido a escribir una Historia Oficial de la guerra interna
exculpando a militares, policías o paramilitares o para minimizar su
responsabilidad en los asesinatos, masacres, desapariciones y torturas
cometidas contra ciudadanos y ciudadanas peruanos.
Posteriores investigaciones no sólo han traído más luces
y demuestran la coautoría de las Fuerzas Armadas en la masacre.
Fernando Fuchs Valdez ha investigado el caso y ha revelado detalles de
la coautoría de los militares. Según las investigaciones Fuchs Valdez,
los militares no sólo alentaron la masacre sino que tendieron la celada a
los periodistas y su guía. La región estaba llena de agentes de
inteligencia que avisaron a los comuneros de Uchuraccay de la llegada de
los periodistas y les dieron las órdenes de asesinarlos. Los
responsables de la masacre fueron el Presidente Fernando Belaúnde en
tanto Jefe de las Fuerzas Armadas, el General Clemente Noel como Jefe
del Comando Militar de Huamanga, capital de Ayacucho, el oficial de la
Marina Duffo, mando militar de la provincia de Huanta y su lugarteniente
el marino Artaza Adrianzén. (Ver entrevista a Fuchs Valdez en:
http://www.puntodevistaypropuesta.com/2013/01/por-fin-la-verdad-estos-son-los-que.html).
La comisión Vargas Llosa y la Comisión de la Verdad y Reconciliación
son responsables de encubrir la masacre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede
en San José de Costa Rica ha declarado en el 2010 admisible la demanda
interpuesta por los familiares de la masacre para que lleve acciones
para que el Estado peruano corrija las irregularidades en las
investigaciones de la masacre de Uchuraccay por parte del Poder Judicial
peruano. Esta demanda fue interpuesta por los familiares de las
víctimas.
Se han cumplido 30 años de mentiras, amedrentamiento
sistemático a los familiares de las víctimas para intentar ocultar a los
verdaderos responsables y asesinato selectivo de los testigos. Esta
historia de infamia empezó con el informe de la Comisión Vargas Llosa
que se esmero en tergiversar y ocultar informaciones, acallar a los
familiares, exculpar a los militares y al gobierno de Belaúnde de toda
culpa. El 26 de enero, aniversario de la masacre de Uchuraccay, quedará
marcada con sangre en la copiosa biografía de Mario Vargas Llosa cuya
pluma sivió y renombre ha servido para encubrir a militares asesinos.
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