El acto de expresarse libremente está recogido en
cientos de documentos, tanto de carácter constitucional en diversos países como
institucionales en diversas organizaciones, incluyendo las de carácter actoral
internacionales.
El derecho a la libertad de expresión es parte
fundamental de la Revolución francesa y de la independencia de los Estados
Unidos (en la Primera enmienda se pronuncia al respecto). También se refleja en
el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), como
en el artículo 13 de la bien polémica Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica_ 1969).
Europa renovó sus postulados sobre el tema en su
Convención de Derechos Humanos (aprobada por el Consejo de Europa en 1950,
aunque entró en vigor tres años después), marcando pautas sobre el tema en su
artículo 10.
"Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión." Así se expone en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Si lo tomamos como punto de referencia, vemos que
la constitución española es, prácticamente, un
corta-y-pega, en la cual, en el artículo 20 reconoce y protege los derechos a “expresar
y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción”… “A comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión”; aunque también especifica
que las regulaciones al respecto no pueden restringir el ejercicio de este
derecho por culpa de censura previa alguna.
Pero el proverbio reza que el papel aguanta
de todo; porque una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica.
Ejemplo de la clara violación de este derecho,
o pudiera decirse incumplimiento de la Constitución, es la sanción de hasta un
año de cárcel que le impone la Fiscalía al ex coronel Amadeo Martínez Inglés
por su artículo de crítica al Rey, titulado “¿Por qué te callas ahora?”.
En dicho artículo, Martínez Inglés sanciona
la posición del Rey en referencia al proceso de investigación por malversación
de fondos públicos al que está sometido el Duque de Palma, Iñaki Undangarín,
esposo de la infanta Cristina.
“¿Por qué callas ahora?
¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero ¡faltaría más! de
las andanzas presuntamente delictivas de tu deportivo yerno, ese caradura
integral que se ha valido de su matrimonio y de la impunidad casi absoluta de
que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española para apropiarse de
millones de euros del erario público”, afirmaba el coronel en el artículo.
Sin embargo, no es
el único que “goza” de censura por denunciar las irregularidades existentes en
la casa Real y la posición adoptada por la “justicia” frente a los beneficios con
los que se ceban los monarcas, y que son pagados por los contribuyentes.
La escritora española Lucía Etchevarría también criticó en un artículo las bondades disfrutadas
por la familia real, incluyendo los honorarios recibidos por la infanta
Cristina de la Caixa, por el empleo de Directora del Área Social de la entidad
bancaria, el cual realmente no ejecuta ni por asomo.
Amén de cualquier posible diferencia sostenida
con estos críticos de la Casa Real, no se pueden negar las verdades que
denuncian. Prebendas de las que disfrutan los monarcas, mientras es chocante
como los derechos básicos del pueblo de España se van trasquilando con
crecientes medidas impopulares.
La escritora, dentro del repertorio de gastos de la
monarquía, en el ejercicio 2010-2011, señala los siguientes: unos
8,5 millones de kilovatios de electricidad y unos 27 millones de euros de gas,
así como 0,2 millones de litros de agua. Se recibieron unas 700.000 llamadas
telefónicas y se ingresaron hasta 1,8 millones de euros por la venta de un helicóptero
que estaba en leasing. Se gastaron unos 120.000 euros en limpiar candelabros,
otros 16.800 en instalar un sistema para proteger las botellas de vino de las
bodegas de palacio y otros 550.000 en una sala privada de cine.
En un simple
análisis donde se ponga en una balanza la tenencia de la realeza, y los gastos
que conlleva, frente a las necesidades crecientes de la sociedad en estos
tiempos de crisis, es muy natural el sinsabor que levanta la rabia de las masas
populares. Mientras a las masas se les “contiene” con la fuerza policial en sus
justas manifestaciones de denuncias contra los desahucios, los recortes a las
prestaciones públicas (educación, sanidad, jubilación), el despojo de derechos
laborales y un largo etc., políticos, banqueros y monarcas continúan a sus
anchas.
Pero la libertad de
expresión no sólo se le ha censurado al ex coronel y a la escritora, sino a ese
99% de la sociedad española a la que se le privan sus derechos.
Pero este “paraíso”
de sistema capitalista es el que provee de estas lagunas entre la teoría y la
práctica… mientras tanto, ¡Viva la libertad de expresión!... ¡Bueno, claro
está! En este capitalismo, la de los que están en el poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario