Por Dario Machado Rodríguez.
UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA
El Estado cubano está integrado por órganos
representativos de la ciudadanía, los cuales son renovados periódicamente con
amplia participación popular 2 en
procesos electorales en los que no es obligatorio ir a votar, cuya esencia
democrática es muchas veces desconocida por quienes sustentan una posición
dogmática respecto del significado de democracia.
La democracia socialista participativa cubana es, como
todas, imperfecta. Sus órganos representativos basados en la renovación
sistemática mediante procesos electorales, surgieron en la segunda mitad de la
década de 1970 como una necesidad orgánica del proceso revolucionario, una vez
consolidado el poder del pueblo trabajador y cuando las bases socioeconómicas
del país se habían transformado radicalmente y había tenido lugar un importante
proceso de empoderamiento ciudadano y desarrollo cultural que llevó a espacios
decisivos de ejercicio del poder y de alta responsabilidad política y
administrativa a personas humildes salidas del seno del pueblo.
Decenas de miles de ciudadanos cubanos “de a pie”
pasaron a ocupar importantes posiciones en la actividad económica, comercial,
política, jurídica, cultural, administrativa, en fin en todos los ámbitos de la
sociedad. El proceso de empoderamiento popular fue rápido, creciente y
abarcador.
Los continuados, sistemáticos y universales procesos
de educación e instrucción, habían dejado atrás el lastre del analfabetismo, y
el país se convirtió en una gran escuela de instrucción y formación ciudadana.
Los medios fundamentales de producción de bienes y servicios, la tierra, las
riquezas del subsuelo, la infraestructura, escuelas, hospitales, los medios de
comunicación social, todos los recursos del país estaban al servicio del
bienestar de la ciudadanía.
La transformación revolucionaria que cortó de raíz la
explotación capitalista y equiparó en derechos y deberes a toda la ciudadanía,
a la vez que elevó (y continúa elevando) sistemáticamente su nivel educacional,
no podía generar una actividad política igual a la que existía en el pasado,
sino que generó un modo nuevo de organizar el Estado, de reproducir sus órganos
de poder, de hacer política y de realizar los procesos electorales, consecuente
con su historia y con su realidad.
La sociedad cubana ha tenido que desarrollar su
sistema democrático en medio de constantes agresiones, hostigamiento, guerra
psicológica y bloqueo económico p or parte de los Estados Unidos, secundado por
países imperialistas europeos.
El ejercicio de la democracia directa, particularmente
en los primeros años del triunfo revolucionario, los procesos de empoderamiento
ciudadano, la elevación del nivel cultural, las leyes revolucionarias, las
políticas sociales, las formas de distribución del producto social, la defensa
de los recursos del país frente a la voracidad de las transnacionales, la
práctica de la solidaridad internacionalista, produjeron en Cuba el desarrollo
de una nueva ciudadanía y consecuentemente generaron simultáneamente una nueva
calidad de la actividad política, componente fundamental de la cual fue la
dignificación del voto ciudadano, dentro de un concepto general democrático
participativo.
Cuando tiene lugar en Cuba el proceso de
institucionalización se produce un paso fundamental y es el de generar una
nueva Constitución.
El clima sociopolítico del país, su estabilidad y la
disposición de la ciudadanía que participó activamente, permitieron previamente
llevar a cabo de modo experimental en una provincia del país (Matanzas) una
experiencia práctica para establecer mediante el voto de la ciudadanía, los
órganos locales de poder y estudiar su funcionamiento, antes de generalizarse
ya con el respaldo de la nueva Constitución y La ley Electoral. El carácter
integral del experimento estaba dado porque no solo abarcaría el proceso
electoral y el funcionamiento interno de estos órganos, sino también las
relaciones de los nuevos órganos de poder con las instituciones del territorio,
las empresas, el aspecto demográfico y territorial, etc.
Aquel experimento aportó una importante información
para las decisiones finalmente aprobadas en materia de la nueva División
Político Administrativa que adoptó el país 3 . Estos
elementos: el sistema electoral, los órganos locales y la nueva división
política administrativa, integraron el proceso que culminó con la aprobación de
la nueva Constitución de la República.
El anteproyecto de la nueva Constitución fue elaborado
con la participación de las instituciones sociales y políticas del país y
elevado a la consideración de la ciudadanía que en número de alrededor de 6
millones de personas, debatieron sus contenidos e hicieron más de 25 000
observaciones al texto como resultado de las cuales fueron modificados 60
artículos de los 141 que contenía. Convertida en Proyecto fue sometida a
referendo acudiendo a las urnas el 98% del total de ciudadanos con derecho al
voto otorgando su aprobación a la nueva Constitución de la República el 97,7%
de los votantes. 4
La ley electoral vigente en Cuba es la Ley Electoral
Nro. 72, aprobada el 29 de Octubre de 1992 por la Asamblea Nacional del Poder
Popular, ella refrendó la elección directa por el voto ciudadano de los
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los delegados a las
Asambleas Provinciales, los cuales según la ley hasta entonces vigente eran
elegidos por los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Luego de este breve panorama inicial, el texto que
sigue se propone explicar las bases de uno de los aspectos de la política en
Cuba: los procesos electorales. Para ello se describen los principales vicios
que la actividad política cubana ha superado en lo fundamental, luego se pasa a
explicar las bases del sistema electoral cubano y finalmente se exponen algunos
de los principales desafíos que consideramos tiene por delante, como parte de
las transformaciones que tienen lugar hoy en la sociedad cubana.
VICIOS ELECTORALES EN LAS DEMOCRACIAS REPRESENTATIVAS
Y ALGUNAS DE SUS CAUSAS
No hay democracia perfecta. Cuando se reclama por
alguien una democracia pura, perfecta, a una organización política, a un
gobierno, a un Estado, las intenciones solo pueden ser aviesas.
El Diccionario de Sociología publicado bajo la edición
de Henry Pratt Fairchild por el Fondo de Cultura Económica de México reconoce
que: “La democracia pura no se ha dado nunca o tan solo en períodos muy breves
de desintegración social. Desde el punto de vista de la administración y de la
vida real, toda democracia debe ser, por consiguiente, limitada. En la práctica
las cuestiones que se plantean consisten en averiguar en qué sectores de la
experiencia social puede establecerse y regir el principio democrático y qué
limitaciones o atenuaciones hay que imponer en ellos”. 5
Sin embargo, un enfoque integral y por tanto justo de
la democracia debe contemplar no solo la democracia política, sino también la
democracia social y ambos planos de la democracia, en tanto sistema
sociopolítico, sin indivisibles y deben ser debidamente aclarados. Sin
pretender una definición exhaustiva ni acabada, considero que es imprescindible
en ambos planos tener en cuenta los elementos siguientes.
En la democracia política, el derecho de participación
política, para que sea realmente universal, vale decir, genuinamente
democrático, no puede estar sujeto a discriminación por concepto de raza, sexo,
orientación sexual, religión, criterio y posición política, jerarquía o
disponibilidad de recursos económicos. Una democracia política secuestrada por
los poderes fácticos, se desvaloriza hasta impedir definirla como tal.
Cuando se define la democracia social, hay que tener
en cuenta la satisfacción de las necesidades sociales básicas de toda la
ciudadanía. No puede haber un ejercicio pleno de la democracia política si no
hay también democracia social, que asegure los derechos humanos fundamentales
de la ciudadanía, trabajo, educación, atención médica, vivienda, transparencia
informativa, etc.
El hecho electoral, es solamente un extremo de este
sistema, uno de los elementos componentes de la democracia política, su valor
real es directamente proporcional al valor mismo del sistema para el ciudadano,
independientemente del nivel de conciencia que tenga cada uno de lo que ello
significa.
América Latina y el Caribe han experimentado algunos
avances en el ejercicio de los procesos electorales. Son notables los
resultados que se obtienen en países que han desafiado a los poderes fácticos y
enrumban por caminos de real democratización de la vida de sus pueblos, sustrayendo
a la fuerza centrípeta del mercado ámbitos decisivos de la vida social: la
educación, la salud pública, la seguridad social y dignificando así el
ejercicio electoral. De hecho, hay experiencias que demuestran la validez de
los escenarios electorales para la lucha de los oprimidos por conquistar sus
derechos, siempre que haya una perspectiva estratégica y no sea el único método
de acción. En países como Venezuela y Bolivia 6 , por
ejemplo, se ha incrementado notablemente la participación de la ciudadanía en
las elecciones y se ha dignificado el significado político del voto para
millones de ciudadanos.
Sin embargo, las noticias recientes sobre los procesos
electorales en la región están cargadas de las más disímiles acusaciones de
irregularidades, ilegalidades e incluso actividad criminal alrededor de su
realización. Acusaciones sobre el manejo de recursos del Estado para favorecer
a los candidatos oficialistas, la compra de votos, el origen ilegal de los
recursos empleados en las campañas, los vínculos con el narcotráfico, el
fraude. Ha habido procesos electorales ensombrecidos por la eliminación física
de candidatos.
Numerosos estudios sobre cultura política, elecciones,
democracia, evidencian el reconocimiento de la corrupción que persiste en el
ejercicio electoral en la región, su mercantilización, la perversión de la
política. Mientras en unos lugares renace la democracia con nuevos contenidos y
se dignifica el voto ciudadano, en otros crecen la decepción y la desconfianza.
Expongo a continuación algunos de estos vicios con un
breve comentario, pero me detendré más en el clientelismo por sus raíces, por
los significados que tiene en el entramado social y por su amplia presencia en
nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas.
El ejercicio de la participación democrática del
ciudadano se reduce al momento electoral.
Hay definiciones académicas que reflejan nítidamente
el contenido de este subtítulo: “El proceso electoral –dicen José Woldenberg y
Ricardo Becerra- es la condición y la expresión práctica de la democracia.” 7
Los artículos aquí no tienen un significado menor: “la
” condición y “la” expresión práctica de la democracia . Cabe preguntarse si
una democracia real no tiene otras condiciones, como por ejemplo, el bienestar
y la cultura de los ciudadanos, o si no hay otras expresiones prácticas de la
democracia, como por ejemplo una legislación laboral justa y equitativa.
Se afirma que no puede haber democracia verdadera si
no hay varios partidos políticos que se presenten como opción en los procesos
electorales. Sin embargo, la realidad es que hay una distancia abismal casi
siempre insalvable entre las promesas electorales de los candidatos y las
realizaciones que una vez en el gobierno o en el Estado se hacen realidad.
La esencia última de los programas diferentes es la
propiedad privada que divide los intereses de la sociedad, cultiva la
competencia como modo de vida, y la extiende al ejercicio de la política
transformando esta en un mercado más.
Los partidos políticos se han convertido en general en
instrumentos de gobierno, en mediadores entre el Estado y la sociedad civil con
alta influencia en los procesos de decisiones, han perdido diferenciación
ideológica y se han convertido en meros instrumentos de los poderes fácticos
para manipular al gobierno y favorecer intereses corporativos de igual
naturaleza para unos y otros.
Los partidos políticos, particularmente los mayores y
más poderosos, son, salvo excepciones, agrupaciones funcionales a determinados
grupos de poder. Su finalidad es hacer propaganda y agitación para finalmente
asegurar a una elite el respaldo electoral que necesitan para actuar desde el
Estado y el Gobierno en función de sus intereses egoístas.
Los poderes fácticos, esos que nadie elige y tienen
una capacidad de gestión económica, cultural y política muy superior a la que
pueden generar los partidos políticos, están detrás de estos que solo son
instrumentos públicos para canalizar sus intereses.
No obstante, la visión ideal de la democracia
representativa suele presentar el proceso electoral como el gran momento de la
democracia, el verdadero poder que lo ejerce el ciudadano común mediante el
voto.
Luego de las elecciones, el agua retoma su nivel;
vienen las explicaciones del por qué no es posible cumplir con tal cosa, con
tal otra, y no pocas veces se hace algo totalmente contrario a lo que se dijo
en las campañas electorales. Mientras, los ciudadanos quedan a merced de los
políticos elegidos, no tienen otras vías para influir en las decisiones. La
tríada: “mercado-poderes fácticos-poderes elegidos” define el rumbo, toma las
decisiones, y eventualmente criminaliza las protestas y desata la represión.
La democracia representativa, como norma, reduce la
participación ciudadana al día de las elecciones. No por gusto se suele
establecer como principio la igualación de la democracia al pluripartidismo.
El metabolismo socioeconómico en las economías
capitalistas, se basa en la propiedad privada que genera intereses
corporativos. El Estado, las leyes, el Gobierno constituyen el entorno
jurídico-político en el que se desenvuelve la competencia entre propietarios
por alcanzar mayores ganancias.
El proceso electoral está viciado.
Pero el propio proceso electoral no suele ser limpio, sino
que suele estar cargado de golpes bajos, de mecanismos de manipulación. Entre
estos cabe destacar primero la manipulación mediática durante las campañas. Los
programas políticos cargados de demagogia apenas son el referente verbal de la
manipulación mediática para favorecer a unos u otros candidatos.
En los medios de comunicación hay programas y
periodistas al servicio de los partidos políticos, estos se encargan de
escandalizar sobre la conducta de los candidatos opuestos, manipular la
información, decir medias verdades o directamente faltar a la verdad, la
proliferación de encuestas electorales fraudulentas y sus comentarios
tendenciosos, el empleo de recursos emocionales y la ausencia del análisis
real, racional, de los problemas y sus posibles soluciones, el aturdimiento de
la población con una profusión de asuntos menores sobredimensionados para
soslayar la necesaria atención a los problemas reales, figuran entre muchos
otros recursos para maniobrar con la opinión pública.
A ello se añade el empleo de recursos del Estado en
las campañas o de recursos financieros ilegalmente adquiridos, la amenaza de
despido a los empleados públicos que se nieguen a votar por los candidatos que
representan los intereses que han ocupado las jefaturas de las diferentes
instituciones del gobierno.
Tales formas de manipulación del voto ciudadano, lo
desvalorizan, anulan el derecho a elegir, convierten el voto en algo ajeno al
ciudadano.
La usurpación del voto, el fraude, es otro de los
trastornos que se han hecho crónicos en la democracia representativa. Se
emplean los más diversos mecanismos, desde el chantaje y el soborno de los
representantes de los partidos opositores, pasando por el manejo fraudulento de
las cifras resultantes en los colegios y llegando a la destrucción física de
los votos emitidos.
Si bien la democracia representativa y los procesos
electorales que reproducen los órganos del Estado y del Gobierno, siguen siendo
para las mayorías un sistema aceptado, en la práctica en muchos lugares de
nuestra región la desconfianza en los partidos políticos, la falta de
institucionalidad, los manejos espurios de los procesos electorales, el
nepotismo, el clientelismo 8 , van
haciendo de la idea de la democracia algo simbólico, pero infuncional,
malogrado, frustrado.
EN CUBA AYER
Antes del triunfo revolucionario de Enero de 1959, las
elecciones en Cuba estaban lastradas por una serie de males que formaban parte
del sistema político vigente. Apenas surgió la república neocolonial, con una
constitución lastrada por la Enmienda Platt, aparecieron en Cuba estos vicios.
La historiadora Juana Rosa Callaba Torres refiriéndose
a las maniobras electorales de los comicios presidenciales de 1924 señala en su
ensayo La alternativa oligárquico-imperialista: Machado , lo siguiente: “Entre
estos rejuegos electorales se incluían las promesas de otorgar cargos
burocráticos ventajosos, el soborno y la compra de compromisarios...” 9 Y más
adelante afirma refiriéndose al candidato Gerardo Machado quien ganaría esas
elecciones y más tarde se convertiría en dictador: “Favorecido por cierto
margen de voto popular, aunque sin dejar de recurrir al fraude y la tradicional
compra de votos, el candidato liberal obtuvo la victoria en cinco de las seis
provincias del país, y aventajó a los conservadores en algo más de 60 000
votos.” 10
Los vicios de la democracia representativa de aquella
república capitalista dependiente se repitieron en otros procesos posteriores.
Los políticos que llegaron al Ejecutivo y a los órganos representativos en
procesos electorales posteriores los practicaban con raras excepciones, a la
par que se entronizaba una generalizada corrupción en el Estado y el Gobierno.
Las causas más profundas estaban en el sistema, que
empobrecía a las grandes mayorías en la misma medida en que también empobrecía
la democracia.
En Cuba se habían enquistado la demagogia, el fraude,
la compra de votos, las presiones y el chantaje, la corrupción. Las campañas
electorales se desarrollaban de manera creciente acorde con los patrones del
marketing político, en una población con altos índices de analfabetismo,
desocupación y pobreza. Cuando dentro de los propios márgenes de la legalidad
existente en el teatro electoral del capitalismo dependiente surgieron
movimientos que apuntaban a erosionar y subvertir el modo económico y político
de vida del país, se empleaba el recurso de la fuerza. El ejemplo emblemático
lo fue el golpe de Estado de 1952 ante la creciente popularidad del partido
ortodoxo que se prefiguraba como ganador de las elecciones en ese año y cuyo
programa político tenía como eje precisamente la eliminación de la corrupción
gubernamental y administrativa del país. Su lema principal era “Vergüenza
contra dinero”.
EN CUBA HOY.
El análisis de las relaciones jurídicas políticas de
cualquier sociedad humana solo es válido si se realiza teniendo en cuenta sus
características específicas, su historia, la coyuntura y el contexto en el que
estas tienen lugar.
En el caso cubano, el estudio del paradigma de la
construcción de su democracia, es en sí mismo un proceso que tiene en cuenta
los anteriores elementos e incluye el enfoque clasista del Estado y el eje
central de la participación ciudadana.
En la actualidad la sociedad cubana se encuentra en
medio de un importante proceso de transformaciones basadas en un conjunto de
líneas programáticas discutidas con la población y contenidas en el documento
titulado “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución”. El proyecto de estos Lineamientos fue discutido ampliamente por la
población cubana antes de ser sometido al VI Congreso del Partido Comunista de
Cuba que finalmente lo aprobó con modificaciones resultantes del debate
popular.
Las estadísticas de esa consulta, permiten apreciar un
ángulo cuantitativo de su significación: 163 mil reuniones, 8 millones 913 mil
838 participaciones (hubo personas que participaron en 2 ó en 3 convocatorias,
en su organización, en el centro de trabajo y en el barrio), en total más de 3
tres millones de intervenciones. La oportunidad de expresar libremente su
opinión la tuvieron todos los ciudadanos.
Si importante es la masividad pues da cuenta de la
amplitud democrática de la convocatoria, igualmente lo fue su dimensión
cualitativa: el 62% de los lineamientos contenidos en el anteproyecto fueron
modificados y el 5% se integró en otros, y hubo 36 nuevos lineamientos
propuestos en los debates por la población. 11 .
Fue un notable ejercicio democrático que tuvo también
deficiencias, entre ellas cabe destacar el hecho de que el debate realizado no
tuvo la presencia en los medios de comunicación del país que su trascendental
importancia merecía.
La Constitución de la República de Cuba, documento
como toda constitución más estricto en la exigencia de la observancia de sus
preceptos, necesitará naturalmente de reformas, que canalicen las
correspondientes adaptaciones, modificaciones, actualizaciones en dependencia
de los requerimientos del desarrollo social resultante de la aplicación de los
Lineamientos, pero estas no pueden significar un retroceso hacia las bases
liberales de la construcción social superadas de hecho y de jure por el
desarrollo de la orientación socialista del Estado y de la sociedad cubana.
En consecuencia el paradigma a seguir para las
transformaciones que requerirá en lo adelante la Constitución de la República
de Cuba (negar esto sería negar la dialéctica del proceso social) y
eventualmente de su ley electoral deberán basarse en los principios socialistas
que han animado y orientado el proceso social cubano en el último medio siglo y
que han pautado la transformación cultural que ha experimentado la sociedad
cubana.
Las mejoras necesarias dirigidas a enriquecer la
participación popular, distribuir más equitativamente el poder, ampliar los
derechos ciudadanos, serán progresistas solo si mantienen la orientación
socialista de la construcción de la democracia. Es el mandato del pueblo
expresado en el proceso que dio lugar a la modificación de la Constitución en
el 2002. 12
Al cambiar los fundamentos socioeconómicos del Estado
cubano, era elemental que se produciría igualmente el cambio en los mecanismos
de reproducción de los órganos de poder. Desaparecían por efecto
revolucionario, las causas que conformaban el sistema electoral
prerrevolucionario y el origen de sus vicios y deformaciones.
En lo adelante, el voto sería realmente libre y digno
al no depender de ningún favor político, ni responder a intereses corporativos.
La revolución socialista significó un cambio integral
cultural y político de la sociedad cubana. La Constitución socialista, la ley
electoral, la reproducción de los órganos de poder a través de las elecciones
cristalizaron como consecuencia y necesidad del propio proceso revolucionario.
Desde el triunfo revolucionario de 1959 y hasta 1976, transcurrieron 17 años en
los que la organización política de la sociedad cubana estaba en proceso de
formación, en medio de un movimiento revolucionario con alta participación
popular y el ejercicio de la democracia directa. Recién en 1976 se inician las
elecciones para los órganos del poder popular en Cuba, ahora sobre nuevas
bases, una política dignificada y un voto de alto valor cívico y político. La
Constitución que se aprobó significó en gran medida la consagración de derechos
conquistados, más que un proyecto constitucional para señalarlos.
Existieron naturalmente instancias de gobierno en el
país a partir de 1959, pero estas no eran autoridades elegidas sino designadas,
que se subordinaban al gobierno nacional. Eran los llamados comisionados. Aun
sin producirse procesos electorales, había una importante participación popular
en los asuntos territoriales y en las políticas nacionales y se estaba
produciendo un proceso de ampliación democrática en el ejercicio de la
política. En 1961 los gobiernos municipales fueron sustituidos por las Juntas
de Coordinación, Ejecución e Inspección (las JUCEI). Fue un paso en la
ampliación de la participación, ya que en ella estaban presentes los representantes
de las organizaciones de masa y políticas del territorio y los representantes
en las delegaciones territoriales de los Organismos de la Administración
Central del Estado.
Más tarde, en 1966, con el nombre de Poder Local las
JUCEI fueron sustituidas por las Administraciones Locales.
De este modo se iba produciendo un proceso de
ampliación de la participación a través de las organizaciones e instituciones
surgidas al calor del proceso revolucionario. Cuando en 1976 se instituye el
voto popular para elegir a los representantes del poder del pueblo, el proceso
no estuvo precedido de un reclamo popular desatendido, sino que constituyó una
necesidad natural para la consolidación de la institucionalidad revolucionaria
cubana.
El sistema electoral cubano se basa en un conjunto de
principios que se vienen observando desde que se institucionalizó en el país el
sistema de reproducción de los órganos del Estado.
Estos principios jurídicos políticos emanan de los
fundamentos socioeconómicos prevalecientes en el país desde que se inició el
camino socialista.
Entre esos fundamentos destaca la esencia social de la
propiedad sobre los medios fundamentales de producción y servicios del país y
demás propiedades socializadas, base sobre la cual descansa el conjunto de
derechos civiles que asegura la sociedad cubana a todos los ciudadanos sin
distinción alguna por edad, sexo, raza, religión, criterio político,
orientación sexual, posición social, etc.
Pueden señalarse en calidad de principios del sistema
electoral cubano los siguientes:
- Un programa único consensuado por el pueblo.
- El pueblo nomina sus candidatos.
- El pueblo elige sus representantes.
- El escrutinio es público.
- Se elige por mayoría absoluta de votos.
- En Cuba no hay propaganda electoral.
- Los delegados y diputados no tienen una remuneración especial.
- Los elegidos rinden cuenta a los electores.
- La revocación es expedita y puede producirse en cualquier momento del mandato.
1- En Cuba el programa socioeconómico y político es
uno y se basa en el consenso.
Los procesos electorales en Cuba no tienen como
finalidad seleccionar entre varios programas propuestos por partidos políticos
representantes de intereses socioeconómicos y políticos diferentes, sino reproducir
los órganos del poder popular encargados de ejecutar, y fiscalizar las líneas
programáticas consensuadas por la ciudadanía.
Este principio se ha desarrollado y consolidado en la
sociedad cubana sobre la base del carácter social socialista de la propiedad
sobre los medios fundamentales de producción y servicios del país y su gestión
en función del bienestar del pueblo.
El carácter social de la propiedad está en la esencia
última del programa único, es su fundamento, ya que determina la unidad de intereses
de la ciudadanía y la inviabilidad de programas diferentes.
Lo que ocurre habitualmente en los procesos
electorales de la democracia representativa capitalista es que los partidos
portadores de programas políticos estructurados sobre bases demagógicas,
acceden a las posiciones de gobierno y luego administran el Estado considerado
botín de sus intereses individualistas y corporativos.
La distancia entre la democracia representativa
concebida teóricamente, cuyas bases son reproducidas constantemente por los
aparatos ideológicos del Estado del mismo modo que burladas por ese mismo
aparato, es claramente visible no solo en el abstencionismo que se observa en
muchos países, sino en los resultados de numerosas investigaciones.
En Cuba, el principio del programa único para
articular los esfuerzos del país frente a los desafíos para orientar su
desarrollo, tiene en los congresos del Partido Comunista de Cuba los momentos
de balance y proyección, habitualmente precedidos de amplia consultas
populares, la más reciente la que antecedió al VI Congreso celebrado el pasado
año ya explicada arriba.
El principio del programa único de toda la nación
actúa junto con los otros ejes de la democracia participativa socialista como
sólido escudo protector contra la demagogia, el clientelismo, la corrupción
electoral y otros males que lamentablemente abundan en el mundo. Cuando los
ciudadanos cubanos acuden a las urnas no lo hacen teniendo en mente si gana uno
u otro partido político, uno u otro grupo representante de intereses
corporativos, no se vota en Cuba “para ganar” las elecciones, sino para
reproducir los órganos de poder con ciudadanos que en la nueva legislatura
elegida se encargarán a nombre del pueblo de trabajar por cumplir los objetivos
consensuados de la sociedad cubana.
Naturalmente que el tejido jurídico normativo que
ordena la actividad ciudadana se enriquece con nuevas leyes y modificaciones a
las que están en curso, pero el contenido popular de la democracia
participativa socialista cubana no deposita solamente en los diputados de la
Asamblea Nacional la iniciativa en la propuesta de nuevas leyes o
modificaciones de las que están en curso. Esta iniciativa la tienen también los
ciudadanos y sus organizaciones sociales.
2- En Cuba postulan los ciudadanos.
Lo habitual en los procesos electorales que tienen
lugar en el mundo es que los candidatos a las diferentes posiciones del Estado
y el Gobierno sean postulados por los partidos políticos. Los procesos internos
de postulación de esos candidatos son disímiles y están habitualmente
condicionados por los intereses creados dentro de las maquinarias políticas de
esos partidos.
Los cargos que en Cuba dependen del voto directo del
ciudadano son:
- Los delegados de circunscripción que integran las Asambleas Municipales del Poder Popular.
- Los delegados que integran las Asambleas Provinciales del Poder Popular.
- Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Los primeros son renovados cada dos años y medio y los
otros cada cinco años.
Entre l as funciones fundamentales de las asambleas
municipales del poder popular está la de nominar a los candidatos a delegados a
las asambleas provinciales y los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional.
13
Las Asambleas Municipales del Poder Popular se integran
por los delegados de circunscripción, quienes a su vez son ciudadanos, vecinos
de la circunscripción, propuestos por otros vecinos en asambleas de nominación
de candidatos. Aquí el ejercicio de nominación se produce por parte de la
ciudadanía de modo directo. La Ley no establece la conformación de comisiones
de candidatura.
Cualquier ciudadano cubano mayor de 16 años y en pleno
goce de sus derechos civiles, puede proponer a otro ciudadano o ser propuesto
en esas asambleas, sin distinción de sexo, raza, credo religioso, preferencia
sexual, opinión política o posición social. Cada circunscripción debe nominar
no menos de 2 y hasta 8 candidatos a delegado.
De manera que las Asambleas Municipales del Poder
Popular se constituyen por vecinos elegidos por vecinos quienes una vez
constituidos tienen también el poder de nominar a los candidatos a las
asambleas provinciales y la Asamblea Nacional del poder popular a propuesta de
las comisiones de candidatura.
El modo en que la ciudadanía participa en la conformación
de las candidaturas es indirecto y doble. Por una parte las comisiones de
candidatura y por otra la postulación como ejercicio delegado por la Ley en las
Asambleas Municipales del Poder Popular.
Las comisiones de candidatura nacional, provinciales,
municipales y distritales se conforman cada cinco años por un representante de
la Central de Trabajadores de Cuba que la preside a cada nivel y está integrada
por representantes de los Comités de Defensa de la Revolución, La Federación de
Mujeres Cubanas, La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación
Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.
Según la ley, hasta la mitad de los delegados a las
Asambleas Provinciales y los diputados a la Asamblea Nacional del poder popular
deben ser delegados de circunscripción, es decir, vecinos elegidos por vecinos,
que constituyen la primer cantera para nominar candidatos.
Las Comisiones de Candidaturas Provinciales y
Nacional, preparan las proposiciones de precandidatos a Delegados y a Diputados
a las Asambleas Provinciales y Nacional, respectivamente, que serán presentadas
a las asambleas municipales para su nominación. Para ello tendrán en cuenta las
propuestas de las Comisiones de Candidaturas Municipales y las que ellas mismas
elaboran. La ley electoral indica que estas comisiones deben consultar a
cuantas instituciones, organizaciones y centros de trabajo estimen pertinentes,
así como los criterios de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder
Popular. 14 Los
procesos de nominación involucran habitualmente a cientos de miles de
ciudadanos, que proponen y que son consultados sobre las diferentes propuestas
y las comisiones velan porque se alcance la mayor representatividad posible de
los diferentes sectores del país, siempre sobre la base de las condiciones,
valores y capacidades de los propuestos, con la finalidad de lograr una mayor
riqueza de puntos de vista en los debates y decisiones a los diferentes niveles
del poder popular.
En Cuba, la Constitución establece que el Partido
Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado 15 y tiene
el encargo constitucional de organizar y orientar los esfuerzos comunes en la
construcción del socialismo. Pero la ley establece que no postula el Partido
Comunista ni el gobierno en curso, sino que lo hace el pueblo directamente o a
través de sus organizaciones y delegados de circunscripción electos. Al Partido
le corresponde ser garante político para que los procesos electorales
transcurran conforme a la ley.
El hecho de depositar esta responsabilidad en las
organizaciones cubanas y en los delegados de las asambleas municipales, que son
vecinos elegidos por vecinos, es una forma de participación capaz de asegurar
que se exprese la voluntad ciudadana de forma organizada y suficientemente
exhaustiva. No hay ninguna disposición que impida en el transcurso de este
proceso que cualquier ciudadano dirija sus propuestas a las comisiones de
candidatura o a las organizaciones de masa. 16
El fundamento último de este modo de organizar el
proceso de postulación de los candidatos radica en la igualdad de todos los
ciudadanos, que son copropietarios colectivos de los medios fundamentales de
producción de bienes y servicios y demás propiedades socializadas y en la
Constitución de la República que asegura que la política no sea empleada para
aprovecharse con fines egoístas y corporativos de las riquezas del país.
3- El pueblo elige.
La república cubana es uno de los estados del
hemisferio en los que no es obligatorio ir a votar. El voto en Cuba es libre,
universal y secreto. La suscripción es gratuita. El ciudadano cubano una vez
cumplido los 16 años se convierte de hecho en un nuevo votante y de oficio se
le inscribe en el listado de electores.
Esa particularidad que distingue también al proceso
electoral cubano, la facilidad para inscribirse en la lista de electores, sea
para las elecciones parciales o generales, llega hasta poder inscribirse en el
listado de electores el propio día de la votación, con el único requisito de
presentar su documento de identidad. En efecto, sea por la causa que fuere, el
ciudadano cubano que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que no
aparezca en los listados de su circunscripción puede inscribirse el propio día
de la votación y ejercer su derecho al voto. Los registros de electores se
publican una semana antes como mínimo en los lugares públicos con mayor acceso
de la ciudadanía, para que cada elector pueda comprobar su presencia en el
registro.
4- El escrutinio es público.
El acto electoral en Cuba es completamente
transparente. En los lugares habilitados como colegios electorales la revisión
y sellado de las urnas se hace públicamente. Durante el proceso de votación
estas urnas son custodiadas por alumnos de las escuelas de la zona.
La Ley electoral establece el carácter público del
escrutinio por lo que el control popular sobre las elecciones se establece
desde que se cuentan los votos en el colegio electoral.
Por esta razón, durante el escrutinio pueden estar
presentes no solo los miembros de las comisiones electorales del territorio,
los representantes de las organizaciones políticas y sociales, los candidatos y
todos los ciudadanos que quieran presenciarlo, sino también cualquier visitante
extranjero que desee participar.
Una vez abierta la urna frente a los presentes, el
presidente de la mesa electoral va mostrando voto a voto el resultado y se va
haciendo el conteo que queda registrado en el documento oficial correspondiente
que es leído a todos los presentes. El resultado final del escrutinio en cada
colegio queda expuesto para conocimiento de toda la ciudadanía.
5- Se elige por mayoría absoluta de votos.
En el caso de los delegados a las Asambleas
Municipales del Poder Popular, se escoge entre varios candidatos para elegir uno.
La ley electoral cubana establece una nueva vuelta electoral si ninguno de los
nominados obtiene más de la mitad de los votantes. Por ejemplo, en las
elecciones de 2010 hubo 2121 circunscripciones que fueron a segunda vuelta. Si
es necesaria una tercera vuelta se efectúa esta o cuantas sean necesarias hasta
lograr la elección del delegado de la circunscripción.
Cuando se eligen delegados a las Asambleas
Provinciales o a la Asamblea Nacional del Poder Popular cada elector tiene
derecho a votar por uno, varios , por todos o por ninguno de los propuestos y
son elegidos todos los de la lista que obtengan más de la mitad de los votos
depositados.
Si alguno de los nominados no resulta elegido, la Ley
otorga al Consejo de Estado de la República de Cuba las opciones siguientes:
a) Dejar vacante la plaza hasta las próximas
elecciones generales;
b) Asignar a la Asamblea Municipal del Poder Popular,
constituida en colegio electoral, la función de elegir al Delegado a la
Asamblea Provincial o al Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) Convocar nuevas elecciones.
La condición de una mayoría absoluta de los votos
asegura el predominio de la voluntad mayoritaria del electorado.
6- En Cuba no hay propaganda electoral.
Uno de los principios cardinales del sistema electoral
cubano es el respeto irrestricto a los derechos de cada ciudadano nominado a
ser considerado por los electores en igualdad de condiciones.
El voto ciudadano no está sujeto a campañas
propagandísticas que puedan influir el favor del electorado en una u otra
dirección. Las elecciones en Cuba no están precedidas de pasquines electorales,
caravanas, spots televisivos, cuñas radiales o promoción en la prensa escrita
de ninguno de los candidatos. Cada uno de los nominados tiene derecho a que se
divulgue una foto suya de igual tamaño para todos, acompañada de un texto de
iguales proporciones en los que se describen las condiciones ciudadanas y
principales méritos del propuesto. Estos se colocan en los lugares públicos
para que los electores se familiaricen con ellos o a través de los medios de
comunicación, siempre en iguales condiciones.
La ley permite que los candidatos participen en actos
públicos, visitas, conferencias, intercambios para que los electores conozcan
mejor a los propuestos, sin las características de propaganda electoral.
Aun así, no es posible una equiparación absoluta de
los propuestos, dado que hay casos en que los candidatos son personas muy
conocidas por su activismo social y político, aparecen frecuentemente en los
medios de comunicación y tienen por ello naturalmente ciertas ventajas en
relación con los menos conocidos.
El ejercicio del derecho al voto por el ciudadano
cubano no está en dependencia del dinero que tenga uno u otro candidato, ni de
ardides publicitarios, ni de golpes bajos, sino estrictamente de la valoración
que este hace de los propuestos, con la mira puesta en su capacidad para
cumplir con las funciones que le esperan de ser elegido y en interés de la
sociedad en su conjunto. Es un voto totalmente ajeno al clientelismo y a
intereses espurios.
7- Los delegados y diputados no tienen remuneración
especial.
Ser delegado o diputado en Cuba es una función
estrictamente voluntaria y no significa en ningún caso una remuneración
especial. Este es un principio básico del sistema electoral, ya que excluye
todo tipo de interés material por concepto de un salario superior, que pueda
condicionar comportamientos alejados de la ética ciudadana.
Casi todos los delegados y diputados no ejercen
funciones profesionales durante el tiempo que dure el mandato otorgado por el
voto de la ciudadanía. Su actuación como delegados y diputados no excluye que
cumplan con el trabajo que habitualmente realizan y cobren la misma
remuneración que antes de ser elegidos.
Para aquellos delegados y diputados que son elegidos
para dirigir las asambleas a los diferentes niveles, o los consejos populares,
o las comisiones permanentes, encargados de trabajar a tiempo completo en estas
funciones, la ley establece que pasan a disfrutar en ese tiempo de una licencia
sin sueldo y se les asigna una dieta equivalente al salario que cobraban en su
actividad normal, o sea, siguen manteniendo igual remuneración que en sus
funciones habituales, el que es maestro su salario de maestro, el albañil su
salario de albañil, etc. Reciben además una compensación por gastos adicionales
que tengan en el desempeño de estas funciones.
8- Los elegidos tienen que rendir cuenta a los
electores.
Este es otro de los principios fundamentales que si
bien no tiene una relación directa con el proceso electoral como tal, forma
parte del concepto del sistema político cubano. Cuando se elige a las
autoridades que asumirán sus funciones por el período que prescribe la Ley,
ello significa que el elegido no se desprende del mismo electorado que lo
eligió hasta que haya nuevos comicios, sino que está en la obligación de
mantener una relación sistemática con este a través de diferentes momentos.
La rendición de cuenta la practican todos los elegidos
de diferentes maneras en dependencia de las funciones, territorio y
características en cada caso, por ejemplo los diputados rinden cuenta ante las
Asambleas Municipales del Poder Popular en el territorio por el que han sido
elegidos, siendo la práctica más directa e importante la que hacen los
delegados de circunscripción con sus electores.
En efecto, si se trata de los delegados de
circunscripción, el reglamento de su funcionamiento como tal establece que
atienda un día a la semana los requerimientos de sus electores. Se hace en el
mismo lugar, el mismo día y a la misma hora. Los delegados escuchan los
planteos de los ciudadanos y quedan en la obligación de tramitarlos según
corresponda, darle cumplida respuesta de su gestión e informar debidamente.
Además de ello, dado que el delegado por ley es
alguien que vive en el territorio de la propia circunscripción mantiene un
contacto permanente con los electores. Además de lo anterior, el delegado tiene
la obligación de rendir cuenta a sus electores dos veces al año en las
reuniones de rendición de cuenta.
En estos encuentros que se hacen con grupos más
pequeños de ciudadanos para asegurar un contacto más directo del delegado con
sus electores, este explica lo hecho hasta ese momento, informa sobre la
gestión del poder popular municipal, expone cómo ha tramitado sus sugerencias e
informa los resultados de su gestión, escucha los criterios de los
participantes, las nuevas propuestas, sugerencias, solicitudes y críticas.
Las reuniones de rendición de cuenta sirven también
para escuchar las reflexiones de los electores acerca no solo de los asuntos
locales, sino también referidos a la provincia y al país. En ellas se revela el
pluralismo político de la sociedad cubana. En efecto, el sistema político
cubano no es pluripartidista, pero en Cuba, naturalmente, hay pluralismo
político.
De este modo, la asamblea de rendición de cuenta
cumple la triple función de cumplir con la obligación de explicar a los
electores su gestión, ser una oportunidad especial para la comunicación
política y conocimiento de la opinión del electorado y la de constituir también
un modo de control popular de la gestión del delegado por parte de los
ciudadanos de la circunscripción.
9- La revocación de mandato.
Cualquier delegado o diputado puede ser revocado en
cualquier momento del mandato por las causas que establece la Ley y según el
procedimiento definido por esta. La práctica de la revocación expresa el
derecho ciudadano al control popular sobre la gestión de los elegidos y
garantiza que se mantenga la calidad necesaria en sus representantes. Las
estadísticas dan cuenta de esta práctica. 17
LAS ELECCIONES NO SON TODO
Como demuestran sucesivos procesos electorales con
amplia participación ciudadana y, en lo tocante a la participación popular como
forma efectiva de democracia, los resultados de la reciente consulta ciudadana
para debatir y enriquecer los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, estos principios son generalmente aceptados y
observados por la ciudadanía, pero las rendiciones de cuenta, la participación
y el propio proceso electoral no están exentos de deficiencias.
Por ejemplo, las rendiciones de cuenta del delegado de
circunscripción a sus electores que tienen lugar en todo el país el país cada 6
meses.
Desde la creación de los órganos locales del poder
popular, el ejercicio consistía básicamente en un informe del delegado y luego
escuchar los criterios de los electores, modalidad que sigue siendo hoy la
misma, con la diferencia que durante los años fundacionales de estos órganos,
el país contaba con suficientes recursos para solucionar los reclamos de los
electores y el presupuesto estatal asumía una parte importante de los
planteamientos de los ciudadanos.
La sociedad cubana -con diferentes ámbitos de
participación de la ciudadanía en el terreno laboral, en el político, en el
cultural-, se acostumbró a reconocer en el Poder Popular un ámbito para dar
solución por el Estado a las necesidades de la población y mucho menos como un
espacio de participación activa ciudadana en esas soluciones y de análisis de
los asuntos de interés para el país, contenidos que estaban y están en sus
preceptos fundacionales.
La crisis recesiva exógena que provocó la desaparición
del campo socialista obligó a resignificar estas reuniones de rendición de
cuenta, abriendo un proceso de transformación que continúa hoy y en el que
deberán tener un papel mayor la participación en las soluciones locales y la
práctica de análisis de asuntos de interés sociopolítico de la ciudadanía.
Las reuniones de rendición de cuenta suelen contar con
la participación de la mayoría del electorado del país, pero esta dimensión
cuantitativa está todavía lejos de generar niveles de participación del
electorado en correspondencia con las actuales condiciones sociales y
económicas del país y necesitan como contrapartida medidas organizativas que
coadyuven a este propósito, como por ejemplo, poner a decisión del electorado
local el empleo de los recursos disponibles por la zona o el municipio, siempre
que no vayan en detrimento de otros procesos de interés local o nacional.
LOS DESAFÍOS
La sociedad cubana está experimentando una serie de
transformaciones de carácter socioeconómico y político cuyos efectos a mediano
y largo plazo en la subjetividad de la población no se pueden describir aún con
el necesario rigor.
El VI congreso del Partido Comunista de Cuba que
debatió y aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social, criticó el
modelo excesivamente centralizado que conspira contra la creatividad y la
iniciativa de la sociedad y reconoció la necesidad de transitar con la
participación de los trabajadores a un sistema socialista descentralizado, con
la planificación como instrumento irrenunciable de dirección, pero reconociendo
las tendencias presentes en el mercado. También criticó la tendencia del
Partido de asumir funciones que no le corresponden y que limitan y comprometen
su papel en la sociedad.
Los cambios en curso apuntan a erradicar la simulación
y el oportunismo en la promoción de los cuadros. En este sentido se criticó el
requisito tácito de que para ocupar una determinada función de responsabilidad
de dirección en el Gobierno o el Estado había que ser militante del partido o
de la juventud comunista. Se reconoció la realidad de que no se dispone de una
reserva suficiente de ciudadanos preparados con la necesaria experiencia y
madurez para ser promovidos. Con la finalidad de contribuir a estos objetivos,
se aprobó recomendar que se limite a un máximo de dos períodos consecutivos de
5 años el desempeño de las funciones políticas y estatales fundamentales a
todos los niveles sin excepción.
En estas proyecciones está también la de promover la
mayor democracia en la sociedad cubana, fomentando un clima de confianza para
el intercambio de opiniones y favoreciendo que las discrepancias sean asumidas
con naturalidad y respeto, con el propósito, entre otros, de superar la
simulación y el oportunismo que se esconden en la falsa unanimidad y el
formalismo.
Como parte de estas transformaciones se están dando
pasos para modificar directamente el funcionamiento de los órganos del Poder
Popular. Junto con la creación de las provincias de Artemisa y Mayabeque en
2010, se inició un experimento dirigido a hacer más eficiente la labor del
Poder Popular en ambos territorios a nivel provincial y municipal mediante la
separación de las funciones de los Consejos de Administración y las asambleas
provinciales y municipales de ambas provincias.
Este experimento, aún en curso, consiste en introducir
cambios en la estructura, composición y funcionamiento de los órganos de
gobierno en esos territorios. Se aprobaron normas jurídicas transitorias para
el funcionamiento de los consejos de la administración en ambas provincias y
también en el Municipio Especial Isla de la Juventud, con la finalidad de que
el experimento en curso tenga amparo legal.
En este proceso experimental se han dado pasos
importantes en el logro de una mejor correspondencia entre las estructuras
municipales y la provincial, alcanzándose una mayor racionalidad y eficiencia.
En el mes de julio del pasado año, la Asamblea Nacional del Poder Popular
acordó extender hasta diciembre de 2014 la experiencia de separación de
funciones en estas provincias.
El resultado que de ello se espera es el de viabilizar
todos los procesos de tramitación, organizar mejor el trabajo, aprovechar más
eficientemente los recursos para la labor de los órganos del poder popular.
Todo ello deberá redundar en un mejor funcionamiento. De dar un resultado
positivo esta experiencia, se extendería a los restantes territorios del país
con las adaptaciones correspondientes a cada localidad.
Estas transformaciones si bien tienen una sólida carga
programática dada básicamente por el sustento en la amplia y democrática
consulta ciudadana, carecen todavía de una visión integral teórica que permita
describir una imagen aproximada de sus efectos futuros en la subjetividad de la
población.
Si bien se ha corroborado que la finalidad es la
preservación del socialismo en Cuba y se trabaja con ese propósito, los cambios
en curso, significan un desafío de implicaciones estratégicas al ampliarse
junto con la ampliación del mercado la base económica alrededor de la cual se
puede rearticular la ideología liberal superada por el proceso revolucionario.
Los cambios en curso tendrán también que verse
reflejados consecuentemente en la Constitución de la República y en los
procesos de renovación de los órganos del Poder Popular a los diferentes
niveles a través de las elecciones.
Por ello es importante dejar sentado que el análisis
de los desafíos del sistema electoral en la sociedad cubana no puede enfocarse
con los criterios de democracia representativa reconocidos para sociedades
donde predomina la propiedad privada sobre los medios fundamentales de
producción y servicios, donde las elecciones están secuestradas por los poderes
fácticos, donde se practica el marketing político y el voto se reduce muchas
veces a la calidad de mercancía. Tampoco puede enfocarse desconociendo la
importancia que para la propia democracia participativa tiene el hecho de
preservar la unidad nacional frente a las apetencias de las empresas
transnacionales.
Los procesos democratizadores en América Latina, donde
quiera que hayan levantado cabeza han tenido que enfrentar al imperialismo
norteamericano. Los ejemplos son numerosos, Chile, Nicaragua, Bolivia, Ecuador,
Venezuela, muchos evidentes, otros menos, pero entre todos, el bloqueo
económico de los Estados Unidos por más de medio siglo, las invasiones y
sabotajes, el terrorismo contra Cuba, constituyen el principal y más
significativo. Exigir a Cuba una democracia pura o plantearle como paradigma de
mejoramiento y construcción democrática prácticas que corresponden a sociedades
donde predomina la propiedad privada y más con patrones ajenos por definición a
la realidad cultural cubana, no puede ser sino calificado de ingenuo o de mal
intencionado para con la ciudadanía del país. Lo anterior no significa que
otras experiencias de construcción democrática no deban ser tenidas en cuenta a
la hora de analizar la propia.
Los cambios en el metabolismo socioeconómico, en el
funcionamiento político y la necesidad de promover la mayor democracia en la
sociedad cubana que implican los Lineamientos en proceso de aplicación
demandarán lógicamente transformaciones en lo tocante a los procesos
electorales en Cuba.
Todos podemos a prender. Del mismo modo que las
elecciones no son todo, ni mucho menos, en cualquier país, tampoco lo son en
Cuba. En el funcionamiento del Poder Popular en Cuba hay aún una serie de
incoherencias e insuficiencias que deben ser superadas en el camino de lograr
toda la democracia posible. Algunas por mal funcionamiento, otras porque se
necesitan cambios estructurales, y otras por ambas causas. El perfeccionamiento
del proceso electoral debe promover un contacto aún mayor de las comisiones de
candidatura con los ciudadanos y las organizaciones de masa, profesionales y
sociales, es preciso mejorar las rendiciones de cuenta a través de asegurar un
contacto mayor de los representantes con los elegidos y otras posibles
iniciativas. Estos y otros temas pueden ser objeto de análisis por el
electorado en las rendiciones de cuenta, con la finalidad de profundizar en la
democracia socialista y hacer más eficiente el funcionamiento del Poder
Popular. A continuación apunto algunas de las propuestas que pueden ser
discutidas.
Ampliar la candidatura.
Entre los cambios que pueden profundizar los procesos
electorales está el de ampliar la candidatura para delegados de las asambleas
provinciales y diputados de manera que el electorado tenga capacidad no solo de
corroborar con su voto a quien considere una buena opción, sino también de
elegir entre varias opciones. Esta variante reforzaría además la importancia de
las actuales comisiones de candidatura y de las asambleas municipales
encargadas de postular a los candidatos.
Fomentar la participación directa de la ciudadanía en
la realización de propuestas para las candidaturas.
Las comisiones de candidatura que se conforman cuando
hay elecciones generales en el país, contactan habitualmente con decenas de
miles de ciudadanos, siendo la práctica la de consultarlos acerca de las
cualidades de los propuestos por las organizaciones de masa, pero no en igual
medida sobre personas que consideren tienen las cualidades para ser analizados
como posibles candidatos a las asambleas provinciales y al parlamento del país.
La ley no prohíbe que la ciudadanía se dirija a las
comisiones de candidatura para hacer sus propuestas, pero tampoco establece una
metodología para este ejercicio, que quizá puede consistir en un proceso de
aprobación desde las bases dentro de las organizaciones sociales y
profesionales.
Promover el debate con los candidatos.
En la actualidad los candidatos a ocupar cargos
representativos en los diferentes niveles del Poder Popular, se dan a conocer
principalmente por la vía de las biografías, pero es posible promover un mayor
conocimiento de ellos por parte de la ciudadanía previo al ejercicio del voto a
través de encuentros que hoy se realizan y que pueden ampliarse y organizarse
más eficientemente. Estos encuentros deben ser ajenos al formalismo y mantener
la calidad que tienen hoy de no dar espacio a promesas de ningún tipo y servir
no solo para que el electorado conozca mejor a los candidatos, sino también
para que los candidatos conozcan mejor las preocupaciones, inquietudes y
propuestas de la ciudadanía. Deben además continuar desarrollándose después de
los procesos electorales.
Mejorar las rendiciones de cuenta.
Los procesos de rendición de cuenta no funcionan de
igual manera en todos los escenarios donde tienen lugar. Ello obedece a
diferentes situaciones, diferentes relaciones entre los electores y sus representantes.
Por lo regular, las cifras que se recogen en todo el país, informan
regularmente de una participación mayoritaria del electorado en los procesos de
rendición de cuenta de los delegados a los electores de su circunscripción.
La metódica general que se sigue luego de comprobar
que hay quórum para el ejercicio y de entonar las notas del himno nacional, es
la de escuchar el informe del delegado sobre su actuación en el semestre y
luego comienza el diálogo con los electores, quienes hacen preguntas, exponen
sus criterios sobre los problemas en la circunscripción o realizan propuestas
de temas a tramitar por el delegado.
Sin embargo, estas reuniones en muchos lugares se han
formalizado, no se tratan temas generales del país, sino solo asuntos locales,
la participación de jóvenes en ellas suele ser escasa, tanto en cuanto a la
asistencia como en el proceso de diálogo. Ello está asociado entre otros
factores al hecho de que el elector no tiene participación en las decisiones
respecto del presupuesto de la municipalidad, zona o circunscripción.
Mejorar las condiciones para la labor sociopolítica
del delegado.
Uno de los principios más importantes del sistema
político cubano es el que postula que los representantes elegidos por el pueblo
no reciben una remuneración especial por el ejercicio de sus funciones. Sin
embargo, el delegado de base, cuando no tiene una función profesional en el
Poder Popular mientras dure su mandato, sigue trabajando en el mismo puesto de
trabajo que tenía al ser elegido, por lo que tiene muy poco tiempo para
realizar su labor.
Si el delegado dispusiera de todo el tiempo o al menos
a medio tiempo, estaría en mejores condiciones de conocer con detalle la
problemática de su circunscripción, atender más de cerca los problemas, dialogar
más con los electores.
El presupuesto participativo y la consulta popular.
Entre las iniciativas para ampliar la participación
popular como complemento del voto y camino de doble vía para el ejercicio de la
democracia, están las variantes del presupuesto participativo y la consulta
popular, ambos compartiendo la misma esencia de participación democrática de la
ciudadanía. Estos métodos pueden ser practicados a nivel local, sobre asuntos
que conciernen a la cotidianidad del electorado de un territorio.
La consulta popular aportará insumos de gran valor
para las decisiones de los órganos representativos del Poder Popular y pueden
tener localmente fuerza plebiscitaria si cumplen los requisitos de
participación, masividad y definición clara de la decisión a adoptar.
El presupuesto participativo requerirá primero de
tener esclarecida la distribución del presupuesto y los niveles de autonomía
del Poder Popular local para decidir sobre su destino.
La información a través de los medios de comunicación
social.
Hay un espacio público en la sociedad cubana que no
está suficientemente cubierto por los medios de comunicación social. Me refiero
específicamente a todo el entramado de funcionamiento del poder popular. La
labor del delegado, los conflictos, las experiencias, en el ejercicio de
representación y en la participación popular, no tienen un adecuado reflejo
activo en la producción mediática.
El enriquecimiento de la información, el diálogo con
la ciudadanía, la canalización de la opinión pública en la producción mediática
podrían resultar altamente beneficiosos para la educación ciudadana, la
participación social, el funcionamiento de los órganos de gobierno.
A MODO DE CIERRE
Hemos analizado las características de las elecciones
en Cuba, su origen y su actual funcionamiento y hemos indicado también algunos
planos en los que consideramos es posible desarrollar los procesos electorales,
las funciones de los representantes elegidos y la participación popular, sin
debilitar las bases socialistas del sistema político-electoral cubano.
El debate sobre la actualidad y futuro de la sociedad
cubana fertilizado por el amplio proceso democrático que confluyó en la
aprobación de los Lineamientos, ha promovido también las más diversas ideas
dentro y fuera del país sobre los procesos electorales en Cuba, algunas
cercanas a nuestra realidad, otras muy alejadas y otras contraproducentes.
El sistema electoral cubano y la ley que lo ampara han
demostrado ser un cauce adecuado para canalizar la voluntad del electorado en un
ambiente sano de cohesión y participación positiva de la ciudadanía, y está
necesitado de mejoramiento como toda obra humana, ahora acelerado por el
proceso de transformación socioeconómica que vive la sociedad cubana.
El actual sistema electoral cubano es expresión del
proceso de democratización de la sociedad iniciado para la revolución de 1959.
Sus principios emanan de los principios humanistas y solidarios de la ideología
revolucionaria cubana, que superó el liberalismo burgués dependiente que predominaba
antes en Cuba. Su desarrollo y profundización debe significar el
fortalecimiento y ampliación de la participación democrática de la ciudadanía,
con espacio para todos sin discriminación y seguir siendo un valladar contra el
oportunismo, la politiquería, la demagogia y el divisionismo.
La Habana, 27 de enero de 2013
1 Licenciado en Ciencias políticas,
Diplomado en teoría del proceso ideológico, Doctor en Ciencias Filosóficas,
Profesor e Investigador Titular del Instituto Internacional de Periodismo José
Martí, Vicepresidente de la Cátedra de Comunicación y Sociedad. C. el. dmachado@enet.cu
, dariomachadocuba@yahoo.es
2 Actualmente Cuba está en proceso de
elecciones generales para renovar los representantes de todos los municipios,
provincias y el parlamento. Hasta el viernes 28 de septiembre, en las 14 537
circunscripciones electorales del país, se habían hecho 50 900 asambleas de
nominación de candidatos a las que asistieron alrededor de 3 millones de
electores. En estas asambleas habían sido nominados hasta esa fecha 32 300
candidatos a delegados de circunscripción. 147 mil 500 electores fungirán como
autoridades electorales en las mesas de los más de 29 mil 500 colegios
electorales que funcionarán en las elecciones del venidero domingo 21 de
Octubre. La participación del electorado en las elecciones de 2010 sirve
también para ilustrar la masividad de los procesos electorales en Cuba. En esas
elecciones acudió a votar el 96% del electorado con derecho a hacerlo. Hubo un
91% de boletas válidas (4,6% fueron depositadas en blanco y 4,3% fueron
anuladas.
3 En Cuba había 6 provincias: Pinar
del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas Camagüey y Oriente, el territorio de
la Ciénaga de Zapata pertenecía a Las Villas y la Isla de Pinos (luego Isla de
la Juventud) pertenecía a La Habana. A partir de la nueva División Política
Administrativa se crearon 168 municipios agrupados en 14 provincias: Pinar del
Río, Ciudad de La Habana, La Habana, Matanzas (ahora con el territorio de la
Ciénaga de Zapata), Villaclara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Ciego de Ávila
Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, mientras
la Isla de la Juventud se convirtió en municipio especial, con algunas
atribuciones de provincia. Más tarde en 2010 el territorio de la provincia de
La Habana, se dividió en las provincias de Artemisa y Mayabeque, pasando a
haber 15 provincias, mientras la capital recuperó su antiguo nombre de La
Habana.
4 La Constitución de la República ha
sufrido varias modificaciones desde su aprobación en referendo por la
abrumadora mayoría de la ciudadanía. Con la finalidad de cambiar el nombre de
la entonces “Isla de Pinos”, por el de “Isla de la Juventud”, fue reformado el
artículo correspondiente por acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular
en uso de las atribuciones que la propia Constitución le confiere el 28 de
junio de 1978.
Otro masivo debate popular, el del Llamamiento al IV
Congreso del Partido, desarrollado en medio de la aguda crisis recesiva
provocada por el derrumbe del socialismo en Europa del Este y la URSS, generó
una serie de recomendaciones para mejorar la actividad de los organismos
estatales, hacerlos más representativos y eficientes, que dieron lugar a la
aprobación por el Parlamento cubano de una Ley de Reforma Constitucional,
aprobada el 12 de julio de 1992, como resultado de la cual se modificó la
elección de los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas
Provinciales del Poder Popular que pasó a ser por voto directo y secreto de la
ciudadanía. La Constitución también fue modificada con el fin de garantizar y
ampliar el ejercicio de numerosos derechos y libertades fundamentales y los
derechos civiles y políticos de los ciudadanos y extranjeros.
Nuevamente, en 2002 otro movimiento político, esta vez
un proceso plebiscitario popular, apoyado por la ciudadanía en marchas,
manifestaciones, actos, asambleas de las organizaciones sociales y de masas en el
mes de junio en respuesta a las declaraciones injerencistas del presidente de
los Estados Unidos, en los que se calcula participaron alrededor de 9 millones
de personas, confluyó en la firma pública y voluntaria que hicieron 8 millones
198 mil 237 electores, ratificando el contenido socialista de la Constitución
de la República de Cuba, urgiendo a la Asamblea Nacional del Poder Popular que
reformara nuevamente la Constitución, esta vez para dejar explícito en su texto
el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y social vigente
en Cuba y rechazando cualquier amenaza, coerción, injerencia o agresión de una
potencia extranjera. El 26 de junio de 2002, el Parlamento cubano aprobó
unánimemente la correspondiente Ley de Reforma Constitucional que cumplía con
ese mandato popular.
6 Los procesos de cambio social en
Venezuela y Bolivia están generando importantes experiencias en cuanto a las
vías de empoderamiento popular en las organizaciones, las comunidades, los
territorios, las empresas, etc., que constituyen valiosos aportes a la
construcción social de los pueblos en sus procesos de emancipación.
8 Para ampliar sobre la relación del
clientelismo político y el voto puede consultarse el ensayo de mi autoría
titulado “El clientelismo político: vieja rémora y nuevos desafíos”.
9 Ver “La neocolonia. Organización y
crisis. Desde 1899 hasta 1940”, Editora Política, La Habana, 1998, pág. 241.
11 Entre los nuevos lineamientos
aprobados cabe destacar los referidos a permitir que los ciudadanos cubanos
puedan disponer de sus viviendas y vehículos para la venta y la revisión de
aspectos de la política migratoria.
12 En el mes de junio de 2002 tuvo
lugar en Cuba un proceso plebiscitario poco común. Marchas multitudinarias,
procesos asamblearios de las organizaciones de masa del país, numerosos actos
en toda la geografía nacional actividades que se calcula sumaron a más de 9
millones de personas, apoyaron la voluntad de hacer irreversible el proceso de
construcción del socialismo en Cuba. Un proceso plebiscitario popular sin
precedentes condujo a la firma pública y voluntaria de ocho millones 198 mil
237 electores durante los días 15, 16 y 17 de ese mismo junio, ratificando la
Constitución de la República de Cuba y propusieron que quedara expresamente
consignado el carácter irrevocable del socialismo y del sistema político y
social revolucionario por ella diseñado, así como que las relaciones
económicas, diplomáticas y políticas con otro Estado no pueden ser negociadas
bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera. La Asamblea
Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria convocada al efecto,
adoptó por unanimidad el Acuerdo No. V-74, por el que se aprobó la Ley de Reforma Constitucional el 12
de julio de 2002, como resultado del debate público, protagonizado
por el pueblo.
13 ARTICULO 92. Los candidatos a
Delegados a las Asambleas Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular son nominados por las Asambleas Municipales del Poder Popular.
(Ley Nro. 72, Ley electoral)
15 Ese carácter de fuerza rectora
principal se lo otorga al Partido Comunista de Cuba la constitución, el mandato
que tiene el PCC es entonces no solo un mandato histórico y político, sino
también jurídico y significa en primer término su papel de actuar de
consonancia con la propia constitución de la que emana esa condición de fuerza
rectora principal.
16 Ver Ley 72, Ley Electoral: “De las
Proposiciones de Precandidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y a
Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
ARTICULO 85. Las proposiciones de precandidatos para
Delegados a las Asambleas Provinciales y para Diputados a la Asamblea Nacional
son elaboradas y presentadas para su consideración, a las Asambleas Municipales
del Poder Popular por las Comisiones de Candidaturas a que hace referencia el
TITULO IV de esta Ley.
Los candidatos a Delegados a las Asambleas
Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular pueden ser
o no candidatos a miembros o miembros de otras Asambleas. Si lo son y resultan
electos, pueden desempeñar simultáneamente esas responsabilidades.
ARTICULO 86. Las proposiciones de precandidatos a
Delegados a las Asambleas Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, se forman a partir de:
a) los Delegados que resultaron electos para integrar
las Asambleas Municipales del Poder Popular, que sean propuestos por la
Comisiones de Candidaturas Municipales;
b) los ciudadanos, en el pleno goce de sus derechos
electorales, que no sean delegados de las Asambleas Municipales del Poder
Popular y que sean propuestos por la Comisiones de Candidaturas Municipales y
Provinciales;
c) en el caso de los precandidatos a Diputados,
además, los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que sean
propuestos por la Comisión de Candidaturas Nacional.
ARTICULO 87. Las Comisiones de Candidaturas
Provinciales y Nacional, preparan las proposiciones de precandidatos a
Delegados y a Diputados a las Asambleas Provinciales y Nacional,
respectivamente, teniendo en cuenta las propuestas de las Comisiones de
Candidaturas Municipales y las que ellas mismas elaboran. Deberán además para
ello, tanto como sea posible, consultar el parecer de cuantas instituciones,
organizaciones y centros de trabajo estimen pertinentes, así como los criterios
de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.
El número de Delegados a las Asambleas Municipales del
Poder Popular que sean seleccionados como precandidatos a Delegados a las
Asambleas Provinciales y a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
no debe exceder de un cincuenta (50) por ciento del total de los precandidatos
propuestos para dichos cargos en cada municipio.”
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