Tomado de Tercera Información.
Esta semana, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP)
 denunció haber sido víctima de espionaje del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, luego de descubrir que autoridades federales 
almacenaron durante abril y mayo de 2012 registros telefónicos de más de
 20 líneas utilizadas por sus periodistas.
Aunque el medio de comunicación calificó este hecho como “una 
intrusión masiva y sin precedentes” en sus actividades, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) expresó solo “su preocupación por la solicitud 
por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los 
registros telefónicos de periodistas”, refirió en un comunicado.
No obstante, la institución judicial estadounidense nunca solicitó 
formalmente estos registros y llevó a cabo estas interceptaciones 
telefónicas de manera secreta; hasta el momento, no ha explicado las 
razones de su actuación.
La CIDH indicó que la confidencialidad de las fuentes del periodista 
es esencial para su labor; al mismo tiempo, subraya que si es necesario 
emprender estas acciones de investigación “es necesario notificar a los 
involucrados para prevenir a las y los reporteros sobre las acciones 
llevadas adelante”.
En distintos momentos, la Comisión ha arremetido contra gobiernos 
progresistas de América Latina, como lo ha hecho contra Venezuela, 
acusando al Gobierno Nacional de imponer una presunta restricción a la 
libertad de expresión sin pruebas concretas.
Al tratarse del gobierno de Estados Unidos, país que no ha ratificado
 la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), esta instancia 
interamericana evita criticar estas acciones que están por encima de la 
ley y en contra del libre ejercicio de los periodistas.
“La CIDH elabora informes de derechos humanos sobre Haití, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y otros países, pero tiene amnesia sobre Estados 
Unidos”, expresó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en una reciente 
conferencia de los Estados Parte de la CIDH en su país.
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