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| Estados Unidos acaba de colocar otra vez a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que suscitó la ira de La Habana que rechaza una acusación “arbitraria”. |
Por Salim Lamrani (Opera Mundi)
Desde
1982, Cuba forma parte de la lista de las naciones que patrocinan el
terrorismo internacional, que establece el Departamento de Estado, con
la aplicación de diversas sanciones como consecuencia. La administración
republicana de Ronald Reagan decidió incluir la isla por el apoyo que
brindaba a los movimientos revolucionarios de América Latina,
particularmente en El Salvador.En aquella época, el gobierno
conservador había decidido abandonar la política de acercamiento con La
Habana que estableció su predecesor James Carter, el cual estaba a punto
de normalizar las relaciones con Cuba.
En su último informe publicado el 30 de
mayo de 2013, Washington justifica el mantenimiento de La Habana en el
grupo que incluye a Irán, Siria y Sudán, subrayando que “en el pasado,
algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) estuvieron autorizadas a refugiarse en Cuba”. El informe enfatiza
también que “el gobierno cubano sigue protegiendo a fugitivos buscados
en Estados Unidos. El gobierno cubano también proporciona apoyos como
viviendas, bonos alimentarios y atención médica a esos individuos”.
Finalmente, el documento alude a la presencia de separatistas vascos en
Cuba.[1]
No obstante, Washington omite resaltar
varios elementos fundamentales que destrozan las distintas acusaciones.
En cuanto a las FARC, La Habana acogió efectivamente a algunos elementos
en el pasado. Pero fue Colombia quien solicitó al gobierno cubano para
ello en el marco de negociaciones destinadas a desembocar en un acuerdo
de paz. Así, desde noviembre de 2012, Cuba es la sede de negociaciones
entre representantes de las FARC y del gobierno colombiano. El informe
del Departamento de Estado admite que Cuba “acoge un diálogo de paz”
entre la guerrilla y el Estado colombiano, y señala que no hay “ningún
indicio de que el gobierno cubano proporcione armas o entrenamiento
paramilitar a grupos terroristas”.[2]
Wayne S. Smith, antiguo embajador
estadounidense en Cuba, hizo partícipe de su incomprensión tras la
publicación del informe: “El gobierno colombiano, lejos de acusar a Cuba
de albergar a guerrilleros, saludó varias veces la contribución de La
Habana al proceso de paz”.[3]
En cuanto a los miembros de ETA,
Washington omite señalar también que La Habana sólo respondió a una
petición del gobierno español de Felipe González de acoger a unos
dirigentes, en el marco de negociaciones de paz con la organización
separatista vasca.
Jim McGovern, representante republicano
del Estado de Massachussetts, también expresó su desacuerdo con la
decisión del Departamento de Estado. “No hay ninguna prueba de que Cuba
brinde apoyo a grupos terroristas”, apuntó, recordando que Colombia
había saludado a menudo “el papel constructivo” de la isla en la
búsqueda de un acuerdo de paz.[4] Anthony
Quainton, embajador al origen de la inclusión de Cuba en la lista de
países terroristas en 1982, también expresó su desaprobación: “Ha
llegado el tiempo de retirar a Cuba de la lista, por nuestros intereses
mutuos”.
Del mismo modo, Patrick Ryan, antiguo
embajador estadounidense, autor de los informes sobre el terrorismo
entre 2007 y 2009, lanzó un llamado a Washington de poner fin a la
estigmatización de La Habana:
“Como antiguo
diplomático americano, autor de los informes sobre el terrorismo entre
2007 y 2009 […], visité Cuba varias veces en el marco de mi trabajo.
Estoy convencido de que mantener a Cuba en la lista de países que
patrocinan el terrorismo es absurdo y altamente político,
particularmente vistas las evidentes omisiones.
¿Dónde
está Corea del Norte, que lanzó ataques contra el sur durante los
últimos años –y que amenazó recientemente con lanzar un ataque nuclear
contra Estados Unidos? […] Ninguna fuente creíble de información afirma
que Cuba representa actualmente una amenaza a nuestra seguridad.
Desde
hace demasiado tiempo, una pequeña minoría de políticos
cubanoamericanos dicta la política exterior de Estados Unidos hacia uno
de nuestros vecinos geográficamente más cercanos, y ha utilizado esta
lista de países terroristas altamente cuestionable para justificar el
mantenimiento de un embargo que data de la Guerra Fría.
Curiosamente, esos
miembros del Congreso apoyan la libertad de los cubanos de viajar a
Estados Unidos, pero no la libertad de los americanos a viajar a Cuba, y
utilizan la justificación del terrorismo para ello.
El hecho de que algunos
miembros del grupo separatista vasco ETA se encuentren en la isla con
la bendición del gobierno español, que los miembros de las FARC se
hallen en Cuba durante las negociaciones de paz apoyadas por el gobierno
colombiano y que varios fugitivos de la justicia americana –de hecho
ninguno de ellos ha sido acusado de terrorismo– hayan vivido allí
exilados desde los años 1979, no son argumentos creíbles para mantener
la acusación […].”
Es tiempo de adoptar un
nuevo enfoque pues nuestra política actual anacrónica ha fracasado
estrepitosamente desde hace más de medio siglo”.[5]
Por su
parte, el gobierno de La Habana condenó la instrumentalización de la
guerra contra el terrorismo para fines políticos. En una larga
declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a
Washington:
“Nuevamente,
esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a
la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de
numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad
internacional para que se ponga fin a esa injusticia.
El único propósito de
este ejercicio desprestigiado contra Cuba es intentar justificar el
mantenimiento del bloqueo, una política fracasada que el mundo entero
condena.
El Gobierno de los
Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y
unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de
los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los
últimos años como excusas para ello […].”
El territorio de Cuba nunca ha sido
utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen,
ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra
ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Gobierno cubano
rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier
lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las
motivaciones que se aleguen.
Por el contrario, el Gobierno de los
Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países
que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha
usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales
de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual
han muerto cientos de civiles inocentes.[6]
El
gobierno también acusa a Washington de albergar a terroristas de origen
cubano responsables de varias centenas de asesinatos, algo que Estados
Unidos no niega. Desde 1959, el terrorismo procedente de Estados Unidos
costó la vida a 3.478 cubanos y 2.099 incapacitados. El caso más
emblemático es el de Luis Posada Carriles. Antiguo policía bajo el
régimen dictatorial de Fulgencio Batista, Posada fue reclutado por la
CIA en 1961 y se volvió un experto en explosivos. Es responsable de más
de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado del 6 de octubre
de 1976 que provocó la explosión en pleno vuelo de un avión civil en
Barbados, ocasionando la muerte de 73 personas, entre ellas todo el
equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los juegos panamericanos.
También es autor de la ola de atentados terroristas que golpeó la
industria turística cubana entre abril y septiembre de 1997 que costó la
vida al ciudadano italiano Fabio di Celmo y que hizo decenas de
víctimas.[7]
No hay ninguna duda de la culpabilidad de
Luis Posada Carriles. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son
explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado contra
el avión”.[8] Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero, reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Además, el 12 de julio de 1998, Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en
la cual se vanagloriaba de ser la persona que más atentados realizó
contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de
1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar
equivocado en el momento equivocado”.[9]
Frente al recrudecimiento de los
atentados en los años 1990, Cuba infiltró a varios de agentes en Florida
para impedir la realización de los proyectos terroristas de grupúsculos
de extrema derecha de origen cubano. Tras reunir un voluminoso informe
sobre 64 personas implicadas en actos violentos contra la isla, La
Habana transmitió la información al FBI. En vez de proceder al arresto
de los individuos que pertenecían a organizaciones criminales,
Washington arrestó a los cinco agentes infiltrados en el exilio cubano y
los condenó a penas de prisión que van de 15 años a cadena perpetua,
durante un juicio que denunciaron Amnistía Internacional, las Naciones
Unidas y no menos de diez Premios Nobel.[10]
La instrumentalización para fines
políticos de un tema tan grave como el terrorismo perjudica la
credibilidad del Departamento de Estado, acusado de cálculo e
hipocresía. Por un lado, Washington afirma que lleva una guerra contra
el terrorismo, y del otro ofrece la protección a criminales como Luis
Posada Carriles y sanciona a cinco agentes cubanos cuyo papel era
impedir la realización de atentados contra Cuba. En nombre de la guerra
económica e ideológica que Washington lleva contra La Habana desde hace
más de medio siglo, Estados Unidos no vacila en ubicar en la lista de
países terroristas a una nación cuya principal característica es ser una
víctima del terrorismo desde hace cincuenta años.
*Doctor
en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris
Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad
de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel
[1] Unites States Department of State, «Country Reports on Terrorism 2013», mayo de 2013. http://www.state. gov/documents/ organization/ 210204.pdf (sitio consultado el 2 de junio de 2013).
[2] Ibid.
[3] Latin American Herald Tribune, «U.S. Urged to Drop Cuba from Terror List», 8 de marzo de 2013.
[4] Ibid.
[5] Patrick Ryan, «Former U.S. Diplomat Patrick Ryan: Time to Drop Cuba from Terror List», The Hill, 30 de abril de 2013. http://thehill.com/blogs/global-affairs/guest-commentary/296867-former-us-diplomat-patrick-ryan-#ixzz2SnlLc3RR (sitio consultado el 2 de junio de 2013).
[6] Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, «Cuba no reconoce al
Gobierno de EEUU la más mínima autoridad moral para juzgalo»,Cubadebate, 30 de mayo de 2013.
[7] Salim Lamrani, Cuba, ce que les médias ne vous diront jamais, Paris, Estrella, 2009, p. 135-154.
[8] Federal Bureau of Investigation,
«Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies,
October 6, 1976», 7 de octubre de 1976, Luis Posada Carriles, the
Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University.http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19761008.pdf (sitio consultado el 3 de junio de 2013).
[9] Ann Louise Bardach & Larry Rohter, «Key Cuba Foe Claims Exiles’ Backing», New York Times,12 de ulio de 1998.
[10] Salim Lamrani, op. cit.
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