Las
polémicas que acompañan a los indultos más sonados (Sáenz, los cuatro
mossos condenados por torturas, el reciente al conductor kamikaze)
suelen venir de la mano de recuentos, balances y números más o menos
metódicos y más o menos rigurosos. La base con la que trabajar no es la
mejor del mundo: la única información que tenemos sobre los indultos es
el Real Decreto firmado para cada uno de ellos y publicado en el BOE. Su
recuento, análisis y clasificación no es tarea fácil. Hasta ahora. La
Fundación Ciudadana Civio ha puesto en marcha El Indultómetro, una
página web en la que todas y cada una de estas medidas de gracia
concedidas desde 1996 están clasificadas, pormenorizadas y a mano para
que cualquier ciudadano interesado pueda conocer y bucear entre los
datos de una manera rigurosa.
La web permite realizar
búsquedas por delitos y por comunidades autónomas para descubrir, por
ejemplo, que entre los 10.158 indultos que se cuentan desde 1996, 65 son
a condenados por delitos de prevaricación, 214 por malversación de
caudales públicos (15 de los penados lo fueron en Cataluña y 13 en la
Comunidad Valenciana, por ejemplo), 42 por tortura, 168 por homicidio y
31 por asesinato (ya sea consumado o en grado de tentativa). La búsqueda
por comunidades autónomas, además de ubicar las sentencias de los
agraciados y así poder estrujar un poco más los datos, desvela -en la
categoría otros- que 37 de los indultados durante estos 16 años habían
sido sentenciados en el extranjero.
Entre los delitos que
más han recibido la prerrogativa de gracia se encuentran los robos
(2.527) y los delitos contra la salud pública (2.853), los mismos que
lideran los ránkings de sentencias condenatorias. Pero también han
reservado un lugar para los delitos menos comunes, para agrupar aquellos
casos que más titulares provocaron. Ordenados y contextualizados de
forma cronológica, van del indulto a Vera y Barrionuevo hasta el que se
concedió al conductor que, circulando en dirección contraria, acabó con
la vida de un hombre.
El gráfico, que abarca los gobiernos
de Aznar, Zapatero y Rajoy, permite detectar los dos picos más
abultados: en 1998 se concedieron 1.582 indultos y en el año 2000,
gracias al indulto masivo a 1.328 presos -entre los que se encontraba el
juez Javier Gómez de Liaño- se otorgaron 1.744 medidas de gracia, el
récord absoluto. Ambas cifras corresponden a la época de gobierno de
José María Aznar.
La ley no exige a los gobernantes que
justifiquen o argumenten la concesión de este derecho. El único
requisito en aras de la información pública pasa por publicar un Real
Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que incluye el nombre del
indultado; la condena y cuándo y donde fue dictada; si el indulto es
parcial, total o una conmutación por otra pena menor; y las condiciones
que, en la mayoría de casos, implican que el agraciado no cometa ningún
delito doloso en un plazo concreto de tiempo. Los responsables del
proyecto, Juan Elosua y David Cabo, escurren esa información escasa,
aislada y poco reutilizable para crear la primera base de datos
utilizable sobre el tema. La base de datos, el buscador y los gráficos
permiten visualizar los indultos totales por año, los concedidos para un
tipo de delito concreto, así como acceder a la fuente original, la
publicación del Real Decreto en el que se firmó la concesión de la
gracia.
No es la primera vez que Civio. una organización
sin ánimo de lucro que trabaja por fomentar la transparencia y la
apertura de datos, pone en marcha un proyecto para acercar informaciones
complejas a la ciudadanía de una manera clara. Esta fundación está
detrás de proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas y,
junto a Access Info Europe, ha puesto en marcha la plataforma Tu derecho
a saber, que permite a cualquier persona lanzar una pregunta a las
administraciones públicas.
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