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| Título en el The Guardia: Primer Ministro español niega hablar de los fondos ilegales; pero admite un pésimo manejo acerca del escándalo. Después de meses de evasión, Mariano Rajoy dice a los parlamentarios que su error fue en apoyar a su ex-tesorero puesto en prisión. |
“Camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”, “problemática”, “autoritaria”,
estos son los términos que han aparecido en la prensa internacional, en
relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
(conocida como ‘ley mordaza’) que el Consejo de Ministros aprobó hace
unas semanas. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de
columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos y que recoge Brais Benítez en lamarea.com.
En el Reino Unido, The Guardian con el
titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan
verdadera democracia”, una información firmada por Richard Seymour
asegura que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia
popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad”
en las autoridades. “La reorganización de los estados en una dirección
autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la
democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es
lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que
calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.
“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas,
sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo
de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian
repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una
tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en
derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para
evitar que los ciudadanos protesten.
El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial
entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían
ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos
que no están bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas
más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a
preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una
mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por
el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan
coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados
extremistas , terroristas o incluso –suspiro teatral– anarquistas, y
por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y
la coerción física, con la invocación de la ley ‘antiterrorista’ u otras
leyes represivas”.
“Te deja sin palabras”
El diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicó un artículo con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el corresponsal del TAZ
en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la
protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de
estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas
“deja sin palabras”.
“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también
erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede
esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000
euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el
artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas
de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.
“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el
Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos
civiles”, concluía.
“Una ley contra los indignados”
También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez:
“Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes,
a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los
indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.
En Italia, Il Giornale informó de que
“indignarse en España saldrá caro”, y destacó como “muy discutible” la
confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal,
“con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del
evento”. En una información firmada por Giuliana De Vivo, se hacía eco
de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que,
“si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta
bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.
En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a
un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de
una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo
declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que
quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con
la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este
acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o
injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que
inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.
Una reforma “altamente problemática”
El Consejo de Europa también manifestó sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, afirmó en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”,
y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas
“restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en
la libertad de reunión“.
Muiznieks se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda
tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que
el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque
la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de
un Gobierno”.
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