Por
Lo paradójico es que, para cuestionarla, utilizan el mismo argumento 
que ha sustentado históricamente la posición cubana: es falso que los 
beneficiarios de esta ley sean exiliados políticos, por lo que no se 
justifica su excepcionalidad.
Alentar la emigración cubana fue un componente esencial de la 
política contra Cuba desde 1959. Entre sus mitos estuvo convertir en 
“exiliados” a personas que no eran perseguidos políticos y aceptarlos 
indiscriminadamente en Estados Unidos, violando los principios de 
selección e ingreso establecidos por las propias leyes migratorias 
norteamericanas. De resultas, fue necesario atribuir al fiscal general 
facultades especiales para “ajustar” el estatus legal de estas personas y
 en eso consiste la ley de Ajuste Cubano.
Mirada en sus aspectos formales no hay muchas razones para criticar 
esta ley. Como declaró recientemente la congresista demócrata Zoe 
Lofgren, más que eliminarla, debiera ser extendida al tratamiento de 
otros inmigrantes. El problema entonces no está en la ley misma, sino en
 la política que la originó, la cual el propio gobierno de Estados 
Unidos y la mayoría de la opinión pública de ese país hoy día la 
consideran obsoleta y contraproducente para los intereses nacionales.
Para la extrema derecha cubanoamericana la promulgación de ley de 
Ajuste Cubano fue ganancia neta: legitimaba el clima de beligerancia 
contra Cuba, base de su agenda política, a la vez que facilitaba el 
aumento de la base social que le servía de sustento y su rápida 
incorporación a la dinámica política norteamericana, todo lo cual 
contribuía al aumento de su influencia a escala local y nacional en 
Estados Unidos, con los beneficios económicos resultantes de la misma.
Este cuadro se modificó radicalmente cuando cambió el componente 
social de la emigración procedente de Cuba y la política migratoria 
cubana se adecuó a esta realidad. Los “nuevos emigrados”, aquellos que 
llegaron a Estados Unidos después de 1980, transformaron el cuadro 
electoral cubanoamericano, hasta el punto de convertirse en una amenaza 
potencial para el predominio de la extrema derecha en la vida política 
de la comunidad cubanoamericana.
La reacción ha sido chantajearlos con la amenaza de modificar la ley 
si continúan teniendo vínculos con Cuba o, incluso, tratar de derogarla,
 con tal de demorar el acceso de los nuevos inmigrantes a la ciudadanía 
norteamericana y, de esta manera, retrasar su impacto electoral. En 
última instancia, hacerles creer que el proceso de normalización de 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por el que siempre ha abogado 
este sector de la emigración cubana, a la larga puede perjudicarlos, al 
conducir a la eliminación de las ventajas que disfrutan actualmente.
De todas formas, a la extrema derecha cubanoamericana este viraje no 
les resulta nada fácil y sus resultados son extremadamente dudosos. 
Temerosa de las presiones ya existentes contra esta ley, en 1996 
lograron anclarla dentro de los presupuestos más generales establecidos 
por la ley Helms-Burton, por lo que para revocarla o incluso 
modificarla, como pretenden en estos momentos, tienen que abrir una 
“caja de Pandora”, cuyas consecuencias pueden resultar aun más 
peligrosas para sus intereses.
La otra cara de la moneda es la disminución de la actual importancia 
de la ley de Ajuste Cubano para la política cubana. La excepcionalidad 
de esta ley con fines evidentemente desestabilizadores, continúa siendo 
percibida por Cuba como un agravio político, una fuente de abusos para 
el robo de talentos y un impedimento para lograr un proceso migratorio 
normal y seguro entre los dos países, tal y como expresan los acuerdos 
migratorios firmados entre ambos.
Más que la ley, aún persisten las consecuencias negativas de su 
conexión con la interpretación de pie seco/pie mojado para el 
tratamiento de los emigrantes ilegales cubanos –son devueltos si 
resultan capturados en alta mar, pero admitidos si logran pisar suelo 
norteamericano–, debido a sus implicaciones humanas y los problemas de 
seguridad que genera el tráfico ilegal de personas.
Sin embargo, en términos prácticos, eliminar la ley de Ajuste ya no 
tiene la prioridad que tuvo para Cuba en otros momentos, toda vez que la
 emigración no tiene los efectos políticos y sociales que tuvo antaño. 
Incluso en el caso de la emigración ilegal, ello constituye un problema 
más grave para Estados Unidos que para Cuba.
A pesar de esto, según declaraciones de sus funcionarios, el gobierno
 de Estados Unidos sostiene inalterada su decisión de mantener la ley de
 Ajuste Cubano y la interpretación pie seco/pie mojado para el 
tratamiento de los migrantes ilegales cubanos.
Diversas razones pueden explicar esta conducta. Para cualquier 
gobierno resulta difícil modificar posiciones mantenidas durante tanto 
tiempo y aunque parezca que lo más importante ya ha sido modificado, 
dígase el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la 
disposición de avanzar hacia un mejor nivel de convivencia entre ambos 
países, en el proceso negociador continuará influyendo esta inercia en 
muchos asuntos específicos, como este caso.
Otras razones pudieran estar relacionadas con evitar contaminar el 
debate respecto a las reformas migratorias aprobadas por Obama con un 
asunto de menor importancia, como es la ley de Ajuste Cubano y la 
inmigración cubana en general, así como enviar señales equivocadas a un 
sector del electorado cubanoamericano que resulta mayormente favorable a
 los demócratas.
Como ha dicho el abogado Ira Kutzman, especialista en asuntos 
migratorios, lo más probable es que se avance en una aplicación más 
restrictiva de la ley de Ajuste Cubano, especialmente en lo relacionado 
con el tratamiento de la migración ilegal, lo cual no se contradice con 
la ley y es conveniente para los dos países.
Lo que sí resulta evidente es que la extrema derecha cubanoamericana 
ha quedado atrapada en su propia trampa y para escapar tendrá que 
comerse un pie, como hacen algunos animales. Quizá esto pueda ayudarlos a
 sobrevivir, pero inevitablemente quedarán cojos, lo que los convierte 
en una presa mas vulnerable dentro de la cadena alimentaria que rige la 
política estadounidense.
 
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