Por Victor C. Martínez.
El
día que detienen a un joven en España por comentarios discriminatorios
en twitter, la prensa española muestra gran preocupación porque el
Gobierno de Venezuela haya osado valorar que debe regularse el uso de
las redes sociales, en especial, twitter.
El
31 de marzo el diario español ABC en uno de sus artículos “¿Por qué el
Gobierno de Maduro quiere ahora amordazar twitter?”, informa que la
fiscal general venezolana ha declarado que las redes sociales hay que
regularlas, lo que a juicio de ABC ha “causado un gran revuelo en las
redes por la posible deriva de una de las pocas vías que tienen los
venezolanos de informarse con libertad”. Pero no causa revuelo que como
publica “El País” ese mismo día, fuera detenido en Murcia, España “un
tuitero por burlarse de las víctimas del accidente de avión”. Según el
diario “el joven de 26 años, que ya había publicado varios mensajes
discriminatorios en el pasado, pedía en un tuit no hacer un drama de la
tragedia por el origen catalán de los fallecidos” en el accidente aéreo
de Germanwings en los Alpes.
Esta
polémica se produce en el mismo momento que el Partido Popular que goza
mayoría absoluta en el Parlamento y por tanto aprueba la ley que
estime, impone la llamada Ley Mordaza que dice expresamente en su
artículo 30.3:
"A
los efectos de esta ley se considerarán organizadores o promotores de
las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las
personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva
comunicación. Asimismo, incluso no habiendo suscrito o presentado la
comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes
de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes
por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las
manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los
lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros
hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de
aquellas".
La nueva ley española aprobada con la oposición de todas las fuerzas políticas, menos la gobernante, tipifica expresamente:
"La
misma pena [hasta cuatro años] se impondrá a quien, en la prestación de
servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un
beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero,
facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento
meramente técnico, el acceso o la localización en Internet de obras o
prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los
titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en
particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las
obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces
hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus
servicios"
Curiosamente
a ABC le preocupan muchas las detenciones en Venezuela y poco las que
se producen en España, tanto que publica que su primo-hermano de la
manipulación “Diario de las Américas”, “ha informado” que en 2014, se
produjeron seis detenciones en Venezuela por informaciones en twitter y
también añade ABC otra “información” de su otro primo “El Nuevo Herald”,
según la cual un periodista en Venezuela fue retenido por agentes del
Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por publicar en
su cuenta de la red social fotografías que había tomado desde su
teléfono móvil. Sin embargo, en España hace tiempo es común que se
detenga a individuos por el uso de twitter. En mayo de 2014 otro diario
ibérico “El País” informó que “la Guardia Civil ha detenido a un joven
de 19 años por pedir a través de twitter que se mate a los políticos”.
El artículo recuerda que “esta detención se produce después de que el
pasado 28 de abril fueran arrestadas 21 personas por enaltecimiento del
terrorismo en redes sociales” Pero será difícil para Venezuela lograr lo
que ha alcanzado la democracia española: detener a ciudadanos por el
uso de WhatsApp. “Primer detenido en España por lanzar avisos de
controles de tráfico a través de WhatsApp” titula “La Voz” un artículo
del 5 de junio de 2014. Sería la primera persona “que habría sido
arrestado en todo el territorio nacional por alertar a otros usuarios de
la presencia de radares o controles de alcoholemia en carretera.”
Así
tan fácil, para los medios de comunicación que atacan a Venezuela, las
redes sociales en España puede estar reguladas para garantizar la
democracia y en Venezuela tienen que estar liberadas para el mismo fin.
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