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| Un manifestante en España contra la Ley Mordaza. Foto Reuters |
Por DPA
Dos meses después de la entrada en vigor en España de la
polémica ley de seguridad ciudadana, apodada por sus detractores ley
mordaza y aprobada en solitario por el conservador Partido Popular de
Mariano Rajoy, las primeras multas han sembrado la controversia en el
país.
Una de las más comentadas es la que recibió hace unos días una
mujer en la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante, al
sureste, por subir a Facebook una fotografía de un vehículo de policía
estacionado en un lugar reservado para personas con movilidad reducida.
"Aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan...",
escribió la usuaria junto a la imagen.
La consecuencia: una multa de 800 euros (910 dólares)
interpuesta por los propios agentes, quienes aplicaron el artículo 36.23
de la nueva normativa, que prohíbe la toma de imágenes de las fuerzas
de seguridad en caso de que se "pueda poner en peligro la seguridad de
los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una
operación, con respeto al derecho fundamental a la información".
"En este caso no se cumplía ninguno de estos requisitos",
lamenta en conversación Carlos Beneitez, portavoz de la plataforma No
Somos Delito, que desde hace más de un año denuncia las posibles
consecuencias de la llamada ley mordaza.
El efecto más llamativo en que sustrae la sanción de conductas
del control previo de los jueces. Las faltas, infracciones leves
instruidas por un juez, se convierten en su mayoría en sanciones
administrativas que son castigadas con multas impuestas directamente la
administración. Solo es posible la intervención judicial a posteriori,
si se interpone un recurso contencioso administrativo.
Mientras el gobierno de Rajoy defiende que la ley es
"plenamente garantista" y que con ella se aligera el funcionamiento de
la Justicia, algunos magistrados consideran que supone una pérdida de
garantías para los ciudadanos.
"Como muchas de las resoluciones judiciales relativas a
protestas o escraches (señalamientos) a políticos no han gustado al
gobierno, éste ha creado un procedimiento administrativo donde la
administración es juez y parte", denuncia Joaquim Bosch, portavoz de la
asociación progresista Jueces para la Democracia.
La ley de seguridad ciudadana, que contempla multas de hasta
600 mil euros por manifestarse en "lugares críticos", fue impulsada por
el gobierno de Rajoy en uno de los momentos de más contestación social
en España, a raíz de las políticas de ajuste aplicadas en medio de la
crisis económica más importante de la historia reciente del país.
Sus detractores denuncian que fue hecha a medida para
"castigar" las acciones de algunos de los principales colectivos de
protesta: entre ellos la ONG Greenpeace, plataformas ciudadanas
antidesalojos o el 15-M, también conocido como movimiento de los
"indignados".
Pero en sus dos primeros meses en vigor, coincidentes con el
verano español y con escasas acciones de protesta, se ha aplicado
principalmente a ciudadanos de a pie de calle. Como un camionero de
Málaga, en el sur que fue sancionado con 300 euros por llamar "colega" a
un policía en un control de alcoholemia. O un joven que fue multado por
hacer un comentario a través de las redes sociales en el que llamaba
"escaqueados" a los policías de su localidad.
"Los primeros supuestos en los que se ha aplicado la ley
confirman los peores presagios que teníamos sobre los riesgos en cuanto a
limitación de las libertades. Una de las críticas mayores que hicimos
es que... se trata de normas ambiguas que en manos de las fuerzas
policiales llevan a sanciones desproporcionadas, injustificadas y con
elementos de indefensión de las personas que son sancionadas", dice
Bosch.
La ley de seguridad ciudadana también ha servido de base en
estos dos meses para multar a prostitutas por "obstruir la vía pública"
en ciudades como Madrid. Colectivos sociales denuncian que estas
sanciones empeoran la situación de las mujeres, que se ven abocadas a
alejarse de los núcleos urbanos y buscar lugares más peligrosos.
"Hubo un caso muy llamativo, de una prostituta que era víctima
de una red de trata de personas para la explotación sexual. Y aún así
fue multada con 600 euros", destaca Beneitez.
Ahora, la mirada está puesta en septiembre, cuando arranca el
curso político en España. Coincidiendo con dos campañas electorales en
el país, la de los comicios de la región de Cataluña y la de los
comicios generales previstos a final de año, se prevé un mayor número de
acciones de protesta.
"Hemos detectado un mayor miedo a convocar y difundir
convocatorias", advierte Beneitez. "Hay que tener en cuenta que solo por
difundir a través de Twitter una protesta que termine en disturbios, se
puede imputar un delito de incitación a los desórdenes públicos".
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