Por Miguel Angel García Alzugaray.
PRIMERA PARTE:
Parece que la contrarrevolución fascista apadrinada por Donald Trump quiere repetir su historia de criminales intervenciones en Nicaragua, pero ese hermano país posee suficiente experiencia política para hacer frente a los nuevos mecanismos injerencistas que trata de imponer Washington en esta etapa de convulsión e incertidumbre, generada por sus políticos.
Desde inicios de la década de 1960, el gobierno de EE. UU. ha financiado operaciones terroristas en América Latina con antelación a que pusieran su mirada en el Medio Oriente.
Antes de que los “muyahidínes”, creados por el Asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski en 1979 para luchar contra los soviéticos en Afganistán se convirtieran en Al-Qaeda), ISIS (el Estado Islámico), Jebbah al- Nusra y otros grupos terroristas que operan hoy en el Medio Oriente financiados por los yanquis y sus aliados, América Latina ya estaba siendo testigo del terrorismo patrocinado por Estados Unidos.
El apoyo de la Casa Blanca a los terroristas no es una nueva estrategia ya que los terroristas son “herramientas útiles” contra los gobiernos en América Latina, Asia y Oriente Medio que fueron o siguen “en contra de los intereses geopolíticos de Washington”.
Entre muchos otros sicarios, también reclutó, financió y apoyó a los contrarrevolucionarios cubanos José Dionisio Suárez y Virgilio Paz Romero que asesinaron al diplomático chileno Orlando Letelier con un coche bomba en Washington DC el 21 de septiembre de 1976. El asesinato fue coordinado con el régimen de Augusto Pinochet y su policía secreta DINA (La Dirección de Inteligencia Nacional) en colaboración con miembros de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, un grupo terrorista patrocinado por los Estados Unidos.
La persistencia del imperialismo yanqui en esta genocida política, ha quedado demostrada una vez más en el caso de los disturbios ocurridos recientemente en Nicaragua.
Una nueva conspiración de Trump y la Mafia anticubana de Miami
El periodista estadounidense Max Blumenthal comprobó que el Gobierno de Donald Trump ha financiado a los grupos extremistas que generaron los hechos de violencia en Nicaragua, ocurridos desde el pasado 18 de abril.
El reportero independiente publicó un trabajo de investigación donde demostró que organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) entregó recursos a supuestas organizaciones civiles nicaragüenses, quienes han impulsado acciones violentas en contra de la gestión del mandatario Daniel Ortega.
Blumenthal informó que, en junio pasado, el grupo opositor denominado “M19” viajó a EE.UU. para solicitar “apoyo” a representantes gubernamentales, como los senadores conservadores Ted Cruz y Marco Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen.
“Un mes antes de las reuniones del M19 con legisladores ultraconservadores en Washington (…), la NED afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por ella han pasado años y millones de dólares ‘sentando las bases para la ‘insurrección’ en Nicaragua”, refiere sobre el artículo publicado en la web de Global Americans.
Según el texto escrito por el director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua, Benjamin Waddell, “la NED ha gastado $ 4,1 millones en el país desde 2014”, para respaldar a 54 grupos y así tengan una mayor presencia en la política y “sentando las bases para la insurrección”.
Gobierno de EE.UU. detrás de las protestas
En abril pasado, el presidente Ortega anunció que el sistema de seguridad social sería reformado, lo que provocó el rechazo por parte de un sector de la población manipulado por los medios internacionales. Según Blumenthal, tras iniciar la ola de violencia, la NED trató de ocultar los nombres de los grupos que financia en Nicaragua.
“Hagamos Democracia , o Let’s Make Democracy, es el mayor receptor de fondos NED, cosechando más de $ 525,000 en subvenciones desde 2014”, precisó el reportero y agregó que “el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos $ 260,000 del NED “.
Por otro lado, reiteró que la NED y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han impulsado el cambio de gobiernos latinoamericanos si tienen una política socialista. “En Nicaragua, el presupuesto de USAID superó los $ 5.2 millones en 2018, la mayoría destinados a la capacitación de la sociedad civil y las organizaciones de medios”, destacó.
De facto, según muchos analistas, estas injerencistas maniobras del gobierno de Donald Trump tienen por objeto resucitar la “contra” nicaragüense de los años ochenta y para ello se vale de los medios y los métodos más denigrantes.
En este sentido es sintomático que la Policía Nacional de Nicaragua presentó hace unos días al salvadoreño Oscar Antonio Rivas, alias El Diablo, miembro de la terrorista M18, y vinculado a actos de crimen organizado y narcotráfico en la nación centroamericana.
Rivas fue contratado para organizar y dirigir los tranques que se instalaron en todo el país y donde se cometieron delitos como robos, secuestros, violaciones, tortura y asesinatos.
El Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Comisionado Mayor Luis Alberto Pérez Olivas, detalló que Oscar Rivas “fue detenido cuando pretendía cruzar de manera ilegal el territorio costarricense, por el sector conocido como El Río Sapoá. Este sujeto es miembro de la agrupación terrorista conocida como Mara 18”, confirmó.
Indicó que, tras su detención, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial y mediante investigaciones se conoció que este ciudadano se encontraba en prisión en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, a inicios del mes de abril.
“Fue contactado por el sujeto Manuel de Jesús Escobar Sandino, quien forma parte de una estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes. En ese lugar también conoce al sujeto conocido con el alias de El Rasta, que es traficante de cocaína desde Colombia, hasta diferentes países de Centroamérica y los Estados Unidos”, refirió.
Explicó que como resultado de este contacto con estos delincuentes, los mareros plantean apoyar movimientos en contra del Gobierno de Nicaragua para facilitar las condiciones de traslado de droga por nuestro territorio.
Sabido es que la CIA y otros aparatos de inteligencia norteamericanos, mantienen vínculos clandestinos con las Maras salvadoreñas que utilizan muchas veces para sus operaciones encubiertas. No obstante, es necesario aclarar que la idea de poner de nuevo sobre el tapete los ataques contra el gobierno sandinista viene caminando desde hace tiempo, pues más de una veintena de legisladores (15 republicanos y 10 demócratas) del Congreso estadounidense intentan revivir la frustrada imposición el pasado año de la Nicaraguan Investment Conditionality o Nica Act 2017, la cual contempla sanciones económicas contra el gobierno sandinista por el mismo y desgastado patrón derechista de “violaciones de los derechos humanos”.
La Nica Act fue presentada de nuevo, luego de no pasar al Senado por el cierre legislativo de 2016, por la republicana Ileana Ros-Lehtinen (Florida) y el demócrata Albio Sires (Nueva Jersey), también protagonistas de la acción precedente.
De lo que se trata es que Estados Unidos, ahora con una volátil política exterior bajo el mandato de Donald Trump, vote en contra de los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicite a entidades financieras multilaterales, un evidente chantaje a Managua, con graves repercusiones económicas.
En un comunicado, la perversa legisladora republicana, conocida por sus posiciones extremas contra los líderes y procesos revolucionarios, refirió que: “Debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia, mientras examinamos dónde usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.
Explicó que este nuevo proyecto de Nica Act “es más fuerte” que el del pasado año, pues exige “que el régimen (de Ortega) combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas”, dijo la representante, que acusó al jefe de Estado de “una trayectoria destructiva”.
El nuevo proyecto de ley especifica que Estados Unidos solo aprobaría los préstamos internacionales a Nicaragua por “razones humanitarias o para promover la democracia” en la nación centroamericana, de poco más de seis millones de habitantes y una historia de intervenciones del país imperialista.
Este nuevo movimiento contrarrevolucionario traería complicaciones internas, pues le cerraría el paso al desarrollo sostenible que prestigia al gobierno.
La provocación de los congresistas queda clara al contemplar que la Nica Act sería suspendida solo si Ortega promueve la realización de elecciones “libres, justas y transparentes”, un viejo cliché injerencista en los asuntos internos de otros países, al que está habituada la prepotente Casa Blanca.
Enérgica protesta en Managua
Para la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, los impulsores de la injerencista legislación intentan “vulnerar el derecho de Nicaragua a continuar desarrollando el modelo socialista y solidario” en el país y calificó a quienes armaron el chantaje de “radicales”.
En nombre del gobierno, precisó que “La pretensión irracional, inoportuna e improcedente de este grupo de congresistas de conocidas posiciones extremas solo apunta a desestabilizar un país donde las personas somos prioridad, donde vivimos tranquilos, en el arraigo de una valiosa cultura religiosa, familiar y comunitaria” en sus 15 departamentos y dos regiones autónomas.
Más adelante confirmó que “La Nica Act es una propuesta ciega concebida por mentes insensibles y mal intencionadas, cerrada a reconocer el derecho de los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados”.
La historia de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua se remonta a 1854, cuando la potencia norteña bombardeó y destruyó el puerto de San Juan del Norte con el pretexto de un impuesto oficial al yate de su representante Cornelius Vanderbilt, fondeado en ese lugar.
Desde esa época y hasta la construcción del canal de Panamá, Nicaragua fue importante para Norteamérica porque representaba un puente posible entre los océanos Pacífico y Atlántico
Luego de otras maniobras intervencionistas, en agosto de 1909, la soldadesca estadounidense ocupó de nuevo el país para sostener al régimen títere del conservador presidente Adolfo Díaz. Tomaron Managua, la capital, y las importantes ciudades de Granada y León, y permanecieron en el país hasta 1933 luego de un levantamiento popular de seis años, liderado por el general Augusto César Sandino.
Ya en 1934, el popular líder fue asesinado por el jefe de la Guardia Nacional, el después dictador Anastasio Somoza García, con la complicidad del embajador estadounidense. La dinastía de los Somoza perduró hasta 1979 con la caída del poder de su hijo menor Anastasio Somoza Debayle a manos de la Revolución Sandinista.
La historia del gobierno estadounidense interviniendo en Nicaragua desde mediados del siglo XIX, seguida por una guerra secreta orquestada por la CIA que comenzó después de la revolución nicaragüense de 1979, y que involucra actos de terrorismo y una campaña propagandística patrocinada por Washington contra los sandinistas que derrocaron al gobierno del tirano Somoza, rara vez se menciona en los medios de comunicación sumisos al imperio yanqui.
Veinte años después de la Revolución Cubana (1959) concluyó en triunfo una segunda guerra de guerrillas en América Latina con la liberación de Nicaragua. La campaña de lucha se había extendido por dos décadas, desde 1959 hasta 1979; pero los dos últimos años de este período fueron el apogeo. Después de una serie de insurrecciones urbanas entre 1977 y julio de 1979, las columnas sandinistas habían liberado las ciudades de Matagalpa, León, Masaya, Chinandega y, finalmente, Managua.
Incapaz de tolerar la existencia de una revolución popular en Centroamérica, a principios de los años ochenta Estados Unidos financió y apoyó militarmente el surgimiento de bandas armadas contrarrevolucionarias localizadas geográficamente en la región rural norteña, junto a la frontera con Honduras y en la costa atlántica.
A partir de 1981, el gobierno de Ronald Reagan incrementó progresivamente su apoyo a la contra. Se enviaron más de 300 millones de dólares en ayuda y equipamiento, y los contrarrevolucionarios recibieron formación militar desde 1982 hasta 1990. EE.UU. también impuso un embargo comercial sobre Nicaragua y bloqueó los préstamos de muchas instituciones financieras internacionales.
Estas medidas debilitaron la frágil economía nicaragüense, a la vez que los ataques de la contra ocasionaban pérdidas en la agricultura, el comercio y dañaban la infraestructura del país. Cuando el conflicto entre el gobierno y la contra se agravó y los enfrentamientos se generalizaron en todo el territorio, decenas de miles de nicaragüenses fueron obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras zonas del país a causa de la violencia.
Los sandinistas respondieron a las amenazas de la contra organizando un ejército popular que enfrentó con valentía esta agresión.
El apoyo de Reagan a la contra provocó una gran disputa política en Estados Unidos, que culminó con el escándalo conocido como Irangate, un escándalo que tuvo lugar en 1985 y 1986 en el que varios altos cargos del gobierno de Reagan se vieron implicados en una venta ilegal de armas.
A finales de 1986, el escándalo político estalló en Washington. Oficiales de alto mando del presidente Ronald Reagan fueron expuestos por haber secretamente violado la política exterior y doméstica de los Estados Unidos.
La mano tenebrosa de Posada Carriles
El apoyo de los Estados Unidos a los contras en Nicaragua fue revelado al público cuando el gobierno sandinista hizo caer un avión norteamericano transportando suministros y capturó a uno de los miembros de la tripulación al día siguiente.
El C-123 llevaba secretamente armas y suministros para las bandas contras de Nicaragua, por cuenta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Eugene Hasenfus, uno de los ocupantes del avión, saltó en paracaídas y —al ser detenido le contó al gobierno sandinista que la aeronave era parte de una operación de la CIA, de apoyo a los contras.
En una rueda de prensa, que quedó sepultada bajo la avalancha de noticias sobre las conexiones de Washington y la aeronave, el entonces viceministro del Interior de Nicaragua, aseguró que en la operación participaban dos cubanos que continuamente se ufanaban de su amistad con el entonces vicepresidente George H. Bush.
Uno de ellos, agregó el funcionario, basándose en el testimonio de Hasenfus, se llama Luis Posada Carriles y “le gustaba jactarse de ser amigo personal de George Bush”.
Con las declaraciones de Hasenfus, arrancó el llamado escándalo Irán-Contras, el embarazoso fiasco de la inteligencia estadounidense que desentrañó la financiación de la guerrilla de los contras con dinero producto de la venta ilegal de armas.
Aunque en principio sólo se conocieron los alias de los cubanos norteamericanos, días después de la caída del avión, el gobierno nicaragüense los identificó como Félix Rodríguez, quien operaba con el alias Max Gómez, y Luis Posada Carriles, quien trabajaba bajo el nombre Ramón Medina.
Documentos desclasificados, revelados por los Archivos de Seguridad Nacional, arrojaron nuevas luces sobre el papel de Luis Posada en las operaciones de abastecimiento de los contras.
A Posada, la CIA le encargó dirigir el suministro aéreo a la contrarrevolución nicaragüense, la organización logística de aquellos recursos de guerra y la atención al personal involucrado en la operación y, personalmente, tripuló muchos de los vuelos para abastecer de armas a quienes combatían al gobierno sandinista,
El escándalo estuvo completo para el 21 de noviembre, al saberse que Oliver North y Fawn Hall, asesores presidenciales, habían destruido documentos importantes. Para el 25, el fiscal general Edwin Messe admitió que el producto de las ventas de armas a Irán había hecho posible la asistencia financiera a la contra de Nicaragua. La operación de venta ilegal de armas produjo más de 47 millones de dólares, dinero gestionado por North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza.
Los contras de hoy, a menudo apodados “el rearmado”, en realidad son un remedo de lo que alguna vez fueron. Se quejan de que están en la ruina y dicen que la razón por la que no tienen más éxito es que no tienen ayuda internacional, como lo hicieron durante la administración Reagan.
Pero ahora con la administración Trump en la Casa Blanca, se sienten apoyados de nuevo, pues la relación de Estados Unidos con Nicaragua se vuelve a agudizar, especialmente después de que votara en contra del plan de Trump y Netanyahu de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Los ataques injerencistas, primero de congresistas de Estados Unidos contra Nicaragua y su gobierno revolucionario, así como la organización y financiamiento de los grupos extremistas que promueven hoy el caos y la violencia interna, forman parte del plan de desestabilización regional emprendido por los sectores más retrógrados del capitalismo mundial, cuyo centro radica en la nación norteña.
En las últimas elecciones presidenciales efectuadas en Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y su compañera de fórmula Rosario Murillo obtuvieron más del 70 % de los votos válidos, lo que ratificó la confianza del pueblo en las autoridades del gobierno de Reconciliación Nacional y Unidad y el plan de desarrollo sostenible en marcha.
Para Estados Unidos, siempre a contrapelo de la historia, Nicaragua es otro de sus enemigos ideológicos en la parte sur del continente. Hace poco, el pequeño país centroamericano demostró una vez más su digna postura política al oponerse en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), —junto a otras naciones progresistas— a la aplicación de la llamada Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo aislacionista y de represalia a un país soberano.
Era de esperarse, por tanto, una reacción agresiva de Washington contra el gobierno nicaragüense, al igual que lo hace contra el de Nicolás Maduro y sus pares de Bolivia y El Salvador, —y antes contra Argentina, Ecuador, Brasil y Honduras— por mantener como principios la independencia y soberanía de sus pueblos.
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