Por Miguel Angel García Alzugaray.
Estados Unidos es uno de los países con más ínfulas sobre la defensa de los derechos humano, pese a que tiene un desastroso historial en la materia.
La afirmación de Bill Clinton durante su mandato presidencial de que los “derechos humanos se convertirían en el alma de la política norteamericana” es decididamente un fraude.
Y aunque en aquel momento prácticamente toda la clase intelectual de Occidente por un “lacayismo congénito” aceptó el enunciado como una verdad legítima, o más bien sagrada, la realidad se impuso de inmediato, y ningún analista serio niega que EE.UU. es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo.
Hace dos semanas una noticia lo confirmó: EEUU se retira oficialmente del Consejo de DDHH de la ONU, dijo en una declaración ante la prensa la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien luego del anuncio no aceptó preguntas. Fue la salida de un órgano internacional criticado duramente por el Gobierno del presidente Donald Trump porque lo considera un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba.”
La medida, que la administración Trump ha amenazado durante meses, se produjo un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. criticara la separación de los niños de sus padres en la frontera entre EEUU y México calificándola de “desmedida”.
Hablando desde el Departamento de Estado, donde se le unió el secretario de Estado Mike Pompeo, Haley defendió la medida para retirarse del Consejo, diciendo que los llamamientos de Estados Unidos a la reforma no fueron escuchados.
“EE.UU. lidera el mundo en asistencia humanitaria; no tomará lecciones de hipócritas”, añadió Pompeo.
Nikki Haley, ya amenazó el año pasado con retirar a EE.UU. de este consejo, con sede en Ginebra, y le instó a emprender una serie de cambios, entre ellos “evitar que los peores países violadores de los derechos humanos obtengan una silla”, lo que provocó la repulsa generalizada de los asistentes.
La embajadora de EE.UU. ante la ONU también exigió que el Consejo eliminara el punto 7 de su agenda, pues aborda, exclusivamente, las violaciones de derechos humanos en Israel mostrando así la clara filiación del gobierno de Donald Trump al lobby sionista de Washington.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “habría preferido que Estados Unidos permaneciese en el Consejo de Derechos Humanos” de la organización, según dijo hoy su portavoz. “La arquitectura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desempeña un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo”, apuntó el portavoz, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado tras el anuncio de Estados Unidos.
Es interesante destacar que algunos analistas consideran que la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU facilitará la actividad de este importante órgano, por aquello de que “a menos bulto, más claridad”, mientras que otros se lamentan ya que por una parte, ahora será más difícil decirle en su propia cara al Imperio las verdades sobre la materia que tanto le duelen, y por otra, podrá actuar impunemente violando cuanto derecho humano le parezca, sin temor a ser juzgado.
Sin embargo, para muchos expertos internacionales, lo ocurrido no es más que una vergonzosa retirada de la potencia imperialista, incapaz de resistir el aluvión de justas críticas que recibe constantemente por su criminal política en materia de Derechos humanos.
En realidad, los gobernantes de Estados Unidos nunca han respetado a las Naciones Unidas ni se han visto limitados por ninguno de sus órganos o principios para pisotear los derechos humanos en todo el planeta incluyendo su propio país.
Una hipocresía sin límites
En opinión del destacado filósofo y politólogo norteamericano Noan Chomsky La hipocresía de Washington en materia de Derechos humanos es descomunal.
Mientras hablan de derechos humanos, una dictadura parece estar en el seno de la Casa Blanca, desde donde con un dedo se decide la vida y la muerte de ciudadanos del mundo, y ordenan a otros Gobiernos detener, acosar y enjuiciar a cualquiera que desafía al poder estadounidense.
La norma generalmente aceptada para los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, considerada “derecho internacional consuetudinario” en los tribunales estadounidenses. Pero contrariamente a lo que dice en gran medida la retórica, Estados Unidos adopta una posición muy relativa en lo que tiene que ver con dicha declaración; incluso formalmente reconoce sólo “ciertos derechos” de los enumerados allí.
Concretamente, desconoce los derechos socioeconómicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por razones similares, Estados Unidos ha rechazado la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo, que reconoce que “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. Estos no son derechos, informó en cierta ocasión el embajador de Estados Unidos a la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU: las propuestas parecen “extravagantes” e incluso una “incitación peligrosa”.
Estados Unidos fue el único que vetó la Declaración, rescindiendo en los hechos el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se refiere a esos derechos. Y, en efecto, las prácticas de Estados Unidos son absolutamente incompatibles con las disposiciones socioeconómicas de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los convenios no firmados
De hecho, Estados Unidos oficialmente se exime de todas las disposiciones de la referida Declaración al negarse a firmar los convenios destinados a aplicar esas disposiciones. El Convenio sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, fue ratificado por todos los países salvo Estados Unidos. Y aún más, los pocos convenios que han sido ratificados son considerados inaplicables en Estados Unidos. Y no es poca cosa: las organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente que la justicia y las prácticas penales de Estados Unidos son violatorias de los convenios internacionales, así como también varias de sus prácticas laborales.
A diferencia de la posición asumida en el caso de las disposiciones socioeconómicas, Estados Unidos aduce reconocer los derechos civiles y políticos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no obstante lo cual están sujetos a ciertas calificaciones unilaterales.
La importancia de las palabras omitidas quedó explicitada el 11 de diciembre de 1948, el día previo a la ratificación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando la Asamblea General aprobó por unanimidad la Resolución 194 que reconoce el derecho de los palestinos a regresar a sus hogares o recibir compensación en caso de que escojan no regresar.
Esta posición simboliza con bastante precisión las actitudes elitistas con respecto a la universalidad de los derechos humanos: los derechos son aplicables cuando los poderosos así lo declaran, un principio elemental encubierto por los impresionantes despliegues de hipocresía y falsedad de los gobernantes norteamericanos.
Estados Unidos también impugna el Artículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos, que declara que “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Nuevamente, es fácil ver el fundamento de Estados Unidos. Para mencionar sólo un caso, durante 20 años Estados Unidos prácticamente bloqueó a Haití, obligando a los refugiados a volver a caer en las manos de los torturadores y asesinos brutales de Duvalier que estaban respaldados, abierta o tácitamente, por Washington.
Según Lars Schoultz, prominente especialista académico en el tema Estados Unidos y los derechos humanos en América Latina, en el pasado reciente la ayuda estadounidense “ha tendido a dirigirse desproporcionadamente a los gobiernos latinoamericanos que torturan a sus ciudadanos, (…) a los violadores de derechos humanos fundamentales relativamente notorios del hemisferio”.
Donald Trump sigue la misma dirección: el principal receptor de la ayuda y la capacitación militar de Estados Unidos es Colombia, donde los militares y las asociaciones paramilitares tienen un registro aterrador en materia de derechos humanos, el peor del hemisferio.
Un informe revelador.
China publicó no hace mucho un informe bien fundamentado en el que registra la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en respuesta a los constantes informes del país norteamericano sobre las prácticas de otros países en esa materia.
El informe titulado “Registro de derechos humanos en Estados Unidos en 2017” fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China y en él se rechaza que EE.UU. se presente como “juez de los derechos humanos”, pese a que aún le queda mucho por resolver en ese ámbito como nación.
Según este informe: “Al volver la vista atrás a lo acontecido en 2017, incluso aquellos que tienen un menor sentido de la rectitud se darán cuenta de que el registro de los derechos humanos en Estados Unidos volvió a mostrar terribles manchas.
Una tendencia continuada al deterioro”.
— La noche del 1 de octubre de 2017, casi 60 personas fueron asesinadas y más de 800 resultaron heridas en un tiroteo contra una multitud en Las Vegas, el suceso de este tipo con un mayor número de muertes en la historia moderna de EE.UU.
— En agosto de 2017, supremacistas blancos se manifestaron en Charlottesville coreando eslóganes nazis en la que fue “la mayor reunión motivada por odio en décadas”.
— Artículos publicado en los sitios web de The Atlantic y el New York Times citaban encuestas realizadas entre expertos estadounidenses que revelaban que la mayoría de los participantes dijo opinar que la democracia en Estados Unidos lleva décadas estancada y que se está ahogando en dinero.
— Una investigación de Martin Gilens, un profesor de política de la Universidad de Princeton, mostró que las políticas económicas estadounidenses de los últimos 40 años “reflejan nítidamente las preferencias de los más acomodados, pero prácticamente no tienen relación con las preferencias de los estadounidenses pobres o con ingresos medios”.
— Un estudio del Registro Nacional de Exculpaciones de Estados Unidos publicado el 7 de marzo de 2017 mostró que los estadounidenses negros tenían siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los blancos. En lo que se refiere a los delitos relacionados con drogas, los estadounidenses negros tienen unas 12 veces más probabilidades de que se les aplique una condena equivocada que las personas blancas inocentes. Los infractores varones negros fueron condenados, de media, a penas un 19,1 por ciento más largas que aquellos infractores varones blancos en “situación similar”.
— El Instituto de Política Económica publicó el 13 de febrero de 2017 un informe en el que afirma que la riqueza media de las familias blancas es siete veces superior a la riqueza media de las familias negras y que la mediana de la riqueza de los blancos es 12 veces superior a la mediana de la riqueza de los negros. Más de uno de cada cuatro hogares negros tenía un patrimonio neto de cero o negativo.
— En los sitios web del Guardian y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se informó en diciembre de 2017 de que 52,3 millones de estadounidenses vivían en “comunidades empobrecidas económicamente” y de que 18,5 millones vivían en una situación de pobreza profunda.
— Una información de la BBC del 11 de diciembre de 2017 indicaba que, entre quienes se encuentran en situación de pobreza en Estados Unidos, hay unos 13,3 millones de niños, el 18 por ciento de la población de menos de 18 años. Las estadísticas del Instituto Urbano de Estados Unidos revelaron que cerca de nueve millones de niños de Estados Unidos (el 11,8 por ciento de los menores del país) crecerán en familias persistentemente pobres.
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