La Ley Helms-Burton se estrella contra la dignidad y resistencia del
pueblo cubano. Han pasado 23 años de la puesta en marcha de ese texto, ya de
aquellos trasnochados congresistas no se habla; vinieron otros acompañando a
presidentes de uno u otro partido, y Cuba está aquí, libre, soberana, y cada
vez más comprometida con su proyecto social, político y económico.
Tomado de Granma
Por
Los gobiernos de Estados Unidos, aferrados todos a asfixiar a
Cuba, ya que no han podido vencerla, no se conformaron con el bloqueo económico
y comercial implantado desde 1962 y, en marzo de 1996, aprobaron la Ley
Helms-Burton, conocida así por la autoría de dos congresistas de los tantos que
han pasado por esa estructura y no se han convencido aún de que Cuba sabe
defenderse, en primer lugar, con su dignidad y resistencia.
En ese país,
donde los que llegan al poder pueden llamarse demócratas o republicanos –la
cuestión es que tengan bastante dinero–, no debe extrañarnos que haya sido un
demócrata, Bill Clinton, quien firmara, el 12 de marzo de 1996, el nuevo
engendro logrado por presiones –siempre han existido– de los sectores más
recalcitrantes de la contrarrevolución instalados en la parte sur de la
Florida.
El documento,
ilegal en toda su dimensión, tiene un Título III, que puede catalogarse como
uno de los ejercicios más insolentes de un gobierno, de irrespeto a otros
países y ajeno totalmente al concepto de soberanía que ha defendido y defiende
Cuba. Su propósito es, desde el punto de vista económico, frenar por todos los
medios que los empresarios extranjeros inviertan aquí.
Han pasado 23
años de la puesta en marcha de la Helms-Burton, ya de aquellos trasnochados
congresistas no se habla; vinieron otros acompañando a presidentes de uno u
otro partido, y Cuba está aquí, libre, soberana, y cada vez más comprometida
con su proyecto social, político y económico, tal y como se refleja en su
nueva Constitución que su pueblo acaba de refrendar en referendo popular con el
Sí del 86,85 % de quienes ejercieron el voto.
Y resulta
conveniente volver a la génesis de todas estas leyes y patrañas aplicadas por
las administraciones estadounidenses contra Cuba, porque los años pasan y las
nuevas generaciones deben estar bien informadas sobre el objetivo real de cada
medida, ley, amenaza o agresión, durante estos más de 60 años. La pretensión
única es destruir a la Revolución Cubana.
En las
últimas décadas un papel muy importante en este plan es el que juegan los
grandes medios de comunicación al servicio de Estados Unidos y algunas
potencias europeas.
El Título III
de la citada ley, que ahora la administración Trump ha desempolvado, establece
la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de
Estados Unidos demandas contra todo extranjero que «trafique» con propiedades
que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo,
como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, llevado a cabo por el
Gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.
Invito a la
juventud a buscar en bibliotecas y centros de documentación el contenido de la
Ley cubana que decretaba la confiscación de propiedades de extranjeros en
nuestro país al principio de la Revolución y cómo fue todo lo relacionado con
el proceso de indemnización establecido, al que se acogieron todos los demás
países cuyos ciudadanos tenían propiedades en la Isla, y que Estados Unidos no
aceptó, y por tanto, ni sus empresas nacionalizadas, ni los ciudadanos
estadounidenses se acogieron a la misma, en franca arrogancia, apostando a que
la Revolución se vendría abajo en no más de tres meses.
Es muy
recomendable que abuelos, padres, tíos y otras personas que vivieron o
recibieron información de aquellos años de explotación a que era sometida la
población cubana, expliquen esto a las nuevas generaciones, sin adulterar una pisca
de tanta infamia a la que fue sometida Cuba, primero por el imperio español y
luego por el norteamericano.
Informaciones relacionadas
No hay comentarios:
Publicar un comentario