En
otro acto de interferencia en los asuntos internos de Venezuela, la Unión
Europea (UE) desplegó un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra las
instituciones del país latinoamericano. Esta vez el objetivo es
el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra (del partido opositor Primero
Justicia), y otros altos funcionarios del Estado venezolano del poder judicial
y ciudadano.
En esta
nueva tanda de sanciones también fueron incluidos los diputados antichavistas Franklyn Duarte y José
Gregorio Noriega, que integran la fracción que desplazó a Juan
Guaidó al frente del Parlamento el pasado 5 de enero, tras no presentarse para
la elección de una nueva directiva de la Asamblea Nacional en el hemiciclo de
sesiones.
Como
contramedida a estas sanciones, el presidente Nicolás Maduro decidió expulsar del
territorio nacional a la embajadora de la UE, Isabel Brilhante Pedrosa,
dándole un plazo de 72 horas para abandonar el país.
“Se le
presta un avión para que se vaya (…) Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE
(…) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A
Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución”, enfatizó Maduro
en medio de un acto de premiación a periodistas venezolanos.
El
presidente venezolano aseveró que el bloqueo europeo continúa bajo la tutela de
la Administración Trump en cuanto al tratamiento de la situación venezolana:
“La Unión Europea termina en la cola del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. ¿Qué vergüenza, verdad? 27 países (…) de rodillas a Donald Trump y sus
políticas de agresión y erráticas sobre Venezuela”.
La medida
de expulsión de la embajadora de la UE también responde a la última revelación
del periódico estadounidense The Wall Street Journal, donde
el tutor de Juan Guaidó, Leopoldo López, es señalado como
el arquitecto de la fallida Operación Gedeón del pasado 3 de mayo.
En su
reportaje, The
Wall Street Journal indica que Leopoldo López, desde la
embajada de España en Caracas, donde reside desde el fallido golpe de Estado
del 30 de julio de 2019, barajeó distintas
opciones y compañías mercenarias que serían contratadas para ejecutar
el magnicidio del presidente Nicolás Maduro.
Finalmente,
López se decantó por la empresa Silvercorp, a cargo del mercenario
estadounidense Jordan Goudreau, y su delfín, Juan Guidó, selló con su rúbrica
el contrato que estipulada el derrocamiento sangriento de Nicolás Maduro y la
toma de posesión ilegal del falso interinato dirigido por el diputado de la
Asamblea Nacional.
Después de la
designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral
(CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia, a raíz de la omisión
legislativa del Parlamento, la UE se alineó a la postura de Washington,
encaminada a desconocer y trabar las próximas elecciones legislativas para un
desescalamiento del conflicto político e institucional en Venezuela.
Las
nuevas sanciones ilegales de la UE confirman, al decir de Maduro, la
subordinación del bloqueo europeo con respecto a las directrices geopolíticas
de la Administración Trump.
Y en este
sentido, Juan Guaidó juega un papel clave. Su capital político está agotado y
su capacidad de arrastre en la calle, así como su influencia mediática, se ha
desvanecido en los últimos meses, mientras el Gobierno venezolano asume las riendas
del país en medio de la pandemia de Covid-19.
Ante esta
situación, y como era de esperarse, Washington ha salido a su rescate apoyando
la extensión indefinida de su gobierno imaginario, pasando por encima del voto
de los venezolanos en las parlamentarias que se realizarán en los meses por
venir.
Pero este
bombeo de oxígeno no ha sido suficiente, por lo que han presionado las tuercas
del bloque europeo para una dosis superior de apoyo.
Justamente
las sanciones contra la directiva de la Asamblea Nacional, complementan el
cuestionamiento de la UE al nuevo CNE hace pocas semanas y marca un nuevo
impulso de los países occidentales para desconocer el venidero proceso
electoral en Venezuela.
De esta
forma, la UE vuelve tensar la cuerda y apuesta al recrudecimiento de la crisis
política e institucional en Venezuela por mandato estadounidense, bloqueando
las opciones constitucionales para su resolución en las urnas de votación.
Y es que
la UE ha vuelto a fallar en su precario cálculo geopolítico: concederle a Washington
un respaldo ciego a Guaidó, pero evitando tomar un papel notablemente agresivo
contra Venezuela para seguir formando parte de las negociaciones entre los
factores políticos en pugna.
En otros
tableros geopolíticos (caso Irán o con las recientes sanciones a la Corte Penal
Internacional) este relación de amor y odio ha hundido el peso internacional de
la UE.
Esto
lo sabe Washington y cada cuanto suele orientar al bloque europeo para que tome
una posición más acorde a sus intereses. El equilibrismo al que juega la UE no
sólo debilita su posición geopolítica, sino que también socava su narrativa
internacional de proyectarse como un factor clave en la solución pacífica del
conflicto venezolano.
Con la
expulsión de la embajadora de la UE, Maduro no sólo ha hecho respetar las
instituciones venezolanas.
También
profundiza las contradicciones a lo interno del bloque europeo, obligándolos a
decidir entre seguir la agenda de Washington y aislarse del tablero político
venezolano, o marcar una postura independiente, de diálogo y negociación, que
contribuya a recuperar la credibilidad internacional de la UE.
Ahora la pelota vuelve a la
cancha de los europeos y son ellos quienes tendrán que decidir el juego que
quieren jugar, porque el que han jugado hasta ahora solo beneficia a
Washington.
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