Por Gustavo de la Torre Morales
El camino del proceso revolucionario cubano, en
una primera etapa con un carácter democrático popular, agrario y
antiimperialista, estuvo lleno de retos al poner en prácticas programas
sociales, leyes y resoluciones que proporcionaron al pueblo sus derechos
esenciales y, a su vez, rompiera con las cadenas del rezago burgués
neocolonial, impuesto por Estados Unidos y el servicio de gobiernos nacionales
de turno.
Para ello, debía abrirse camino en un proyecto de
construcción de una nueva sociedad, rescatándose en primera instancia la
Constitución de 1940, la más revolucionaria durante la época neocolonial, la
cual se puso nuevamente en vigor con el Acápite Tercero, del Acta de Constitución
del Gobierno Revolucionario, el 3 de enero de 1959, y fijando con ella “la
norma fundamental estructuradora del estado de derecho que caracterizará el
desenvolvimiento del Gobierno y de la nación”. Además de que la misma, era una
reivindicación del movimiento revolucionario cubano, durante la fase de lucha
contra la tiranía de Batista. Esta Constitución se mantuvo vigente hasta la promulgación de la Ley Fundamental, la
cual se adoptó el 7 de febrero de 1959, con el objetivo de normar la vida institucional
de la Revolución, conservando la mayor parte del articulado de la Carta Magna
de 1940, pero con la introducción de modificaciones que la adecuaron a la
dinámica del proceso revolucionario.
Pero romper las cadenas del pasado comprendió,
también, la formación de una nueva cultura popular: la participativa. Por ello,
durante los siguientes 17 años, Cuba estuvo en toda una ebullición de
revoluciones dentro de la misma Revolución. El proceso democrático cubano no sólo
se refleja en el depósito de un voto en las elecciones parciales y generales
que se han llevando a cabo desde el 24 de febrero de 1976, con la instauración
de la Primera Constitución y que, después de recogerse los criterios del
pueblo, fue aprobada por el voto libre, directo y secreto, con el 97 % de la ciudadanía cubana que ejerció el sufragio. La nueva
democracia que se planteó se asentó en el principio fundamental de la
participación real de la ciudadanía y los procesos de consulta fueron una
herramienta que lo patentizó.
Hasta hoy día, donde se vive un proceso de
reforma total de la Constitución, se puede apreciar que el socialismo cubano se
ha movido en la constante dinámica de su actualización y participación social
en las cuestiones esenciales que definen el futuro de esa Nación.
En respuesta a las reales necesidades del actual
contexto político internacional y socioeconómico interno del país, y en
consonancia con los acuerdos aprobados en el 6to, 7mo congresos y 1ra
Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigente superior
de la sociedad y del Estado, se planteó la
implementación de nuevas transformaciones encausadas a la reconfiguración de la
estructura estatal y económica del país.
La Carta Magna cubana de 1976 ya había sufrido
cambios parciales, en 1978, 1992 y en el 2002, adoptados también en consulta
directa con el pueblo; pero en la actualidad se tomó en cuenta la necesidad de
llevar a cabo un proceso mucho más amplio, con el objetivo de implementar transformaciones
más profundas: la reforma total de la Constitución vigente y construir un nuevo
instrumento que recoja los fundamentos de la nación, la nueva estructura de los
poderes y sus alcances; además, incorporar al texto constitucional contenidos
de tratados y protocolos internacionales que en materia de derechos humanos
fueron suscritos por Cuba en los últimos años, los cuales refuerzan la garantía de derechos y deberes de las ciudadanas y
ciudadanos dentro y fuera del país.
En esta dirección, los 605 diputadas y diputados
integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron por unanimidad,
en julio de 2018, el proyecto de Reforma Constitucional, el cual se encuentra
sujeto a consulta popular desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre del
presente año. Los debates y análisis se han llevado a cabo en centros de
trabajo, escuelas, unidades militares y en los barrios de todo el país,
contando con una participación activa, comprometida y responsable de toda la
sociedad.
Hasta el 2 de noviembre del presente año se han
efectuado 111 mil 872 reuniones, donde se han realizado 1 millón 445 mil 289
intervenciones, y se ha contado con una participación de 7 millones 370 mil 160
personas, para un 64.2% de la población activa. En las intervenciones
realizadas en las asambleas, se han efectuado 659 mil 527 propuestas, las
cuales incluyen 560 mil 003 modificaciones, 27 mil 238 adiciones, 38 mil 505
eliminaciones y donde se plantearon 33 mil 781 dudas en diversos temas de su
contenido y alcance. De los 755 párrafos que contempla el texto del anteproyecto
constitucional, solo 8 no han sido objeto de modificación, adición, eliminación
o duda.
Además de la conformación de un Equipo Nacional
de Procesamiento, con estructuras en todas las regiones del país y con la
responsabilidad de recopilar y analizar todos los planteamientos de la
población; también el Parlamento cubano, junto al Buró Político del PCC,
conformó un Grupo
de Análisis, integrado por 8 miembros de la Comisión redactora
y 22 expertos de diversas ramas del Derecho, quienes tienen el objetivo de
evaluar las opiniones procesadas por el Equipo Nacional y sugerir a la Comisión
redactora qué cuestiones deben incorporarse al texto constitucional.
Siendo este proceso uno de los más grandes
momentos de la historia de la Revolución cubana, no solamente se enriquece con
el aporte de la consulta popular interna, sino que marca un hito al abrir sus
puertas a la participación directa de la comunidad cubana residente en el
exterior. Según expresó el Director de Asuntos Consulares y Cubanos
Residentes en el Exterior (DACCRE) de la Cancillería cubana, Ernesto Soberón,
han participado cubanas y cubanos residentes en 107 países, de los 120 que se
tiene registrado procedentes de Cuba.
Siendo conscientes y críticos, se ha de reconocer
que esto constituye
un hecho inédito en la historia de la Revolución, pero es la ratificación de la
voluntad del gobierno cubano de contar con las voces de todas las cubanas y cubanos,
es la puesta en práctica de mantener la política soberana de
seguir fortaleciendo los vínculos entre la Revolución y la comunidad cubana en
el exterior: secuencia de los primeros pasos que dio el Comandante Fidel Castro
Ruz, hace ya 40 años atrás (1978), encaminados a crear un vínculo estrecho
entre el proyecto revolucionario socialista cubano y su comunidad en el
extranjero, de la cual una gran masa de la misma desea seguir aportando su
grano de arena en la defensa de la soberanía del país y la exigencia a mantener
respeto por la autodeterminación de Cuba a trazarse un camino propio.
Esto
demuestra que, una vez enriquecido el texto del proyecto de Reforma
Constitucional, analizado y aprobado por la Asamblea Nacional, en diciembre de
este año 2018, y sometido al dictamen final en referendo mediante el voto directo
y secreto de cada ciudadana y ciudadano del país, la nueva Carta Magna será la fiel expresión de la voluntad soberana del
pueblo cubano; porque democracia en
esencia es el empoderamiento del pueblo, la participación directa y real de la
ciudadanía en las decisiones vitales del país.
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