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Basural en San Martín, Buenos Aires
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Por Fernando Vicente Prieto, periodista y analista de política internacional.
El caso argentino es ilustrativo de otros tantos episodios similares en la mayoría de los países que se presentan a sí mismos como "preocupados por la democracia y los derechos humanos" en Venezuela. Este movimiento de propaganda se desarrolla en el contexto de la ofensiva impulsada por USA e incluye a actores estatales y no estatales.
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno encabezado por Mauricio Macri se caracteriza por el alineamiento absoluto a la política del Departamento de Estado norteamericano. Esto incluye especialmente la participación en el asedio contra Venezuela. La narrativa en la que se sustenta la hostilidad diplomática es por lo menos contradictoria con la que se utiliza para analizar la situación política en otros países. Ni hablar en el propio caso argentino.
La información en el centro de la guerra
La estrategia parte de la desinformación, que en este caso se caracteriza por una saturación del tema “Venezuela”, mientras se ocultan informaciones esenciales para comprenderlo.
Entre lo que se oculta, un lugar destacado lo ocupa el propio pueblo que simpatiza con el chavismo. En la narrativa oficial, se da por hecho que la totalidad de los venezolanos y las venezolanas adversan al gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, también se ocultan las acciones de violencia realizadas por opositores, al punto de que todos los asesinatos –incluidos los de agentes policiales por parte de manifestantes– son cargados a la cuenta del gobierno bolivariano.
En el plano de la saturación, la denominada crisis humanitaria se emplea de modo de presentar una situación al borde del colapso, como si se viviera en una guerra. A cada momento, en los medios pueden encontrarse “informes especiales” sobre la migración de personas venezolanas, la situación en la que vivían o en la que viven, etcétera. En cambio, no tienen lugar en los medios o en las declaraciones diplomáticas la situación en Colombia, donde se desarrolla un sistemático plan de asesinatos a opositores; la de Honduras, donde el presidente fue electo dos veces con fraude electoral, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno libremente electo de Mel Zelaya; o la de Haití, en situación crítica de hambre, crisis sanitaria y represión desde hace años. Pareciera que ciertos medios, periodistas y dirigentes políticos se preocupan por las crisis humanitarias solo en el caso de Venezuela.
El colmo del cinismo llega cuando ejércitos de tuiteros (los “trolls” oficialistas), supuestamente escandalizados, comparten imágenes de personas en Venezuela buscando comida en los botes de la basura, como si no pudieran encontrarse en casi todas las ciudades argentinas, empezando por Buenos Aires –la más rica del país, pero que tiene más de 7 mil personas viviendo en la calle– o las del conurbano bonaerense, golpeadas por la creciente miseria y desigualdad.
Libertad de prensa y división de poderes
En su afán por instalar la idea de que Venezuela vive una dictadura, se afirma y se repite que en este país no hay libertad de prensa. Pero cualquier persona que haga un recorrido por los canales de televisión, el dial de las radios o los puestos de diarios del país caribeño, podrá comprobar que la mayoría de los medios son claramente opositores, incluso con posiciones abiertamente golpistas.
En el caso argentino, es paradójico que quienes “denuncian” la falta de libertad de prensa en Venezuela son los principales impulsores de la concentración de medios y el recorte de voces opositoras.
Apenas asumió Macri como presidente, destrozó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por una amplia mayoría en las cámaras legislativas en 2009. Esta ley, además de representar un avance para combatir los oligopolios y para impulsar el pluralismo informativo y la diversidad cultural, fue la norma más ampliamente debatida de la historia argentina. Durante meses, se realizaron asambleas donde todos los medios, periodistas e instituciones de interés público pudieron tomar la palabra para realizar aportes al debate. Al gobierno de Macri no le importó la institucionalidad democrática y la búsqueda de consensos al momento de modificarla a través de decretos.
El trabajo a favor de la concentración de medios luego se complementó con el pago de un mayor porcentaje de pauta oficial para la prensa y los periodistas aliados y el año pasado, con la sanción de una norma que habilita a Clarín –el principal grupo de medios que defiende al gobierno– ingresar al negocio de la telefonía.
A su vez, el gobierno también permite que este grupo empresario censure el ingreso a los servicios de cable de dos canales comunitarios, Barricada TV y Pares TV, que concursaron por la señal. El poder de este grupo económico es tal que no sólo incumple la ley en el punto mencionado, sino que en el caso de Barricada TV, durante años le ocupó ilegalmente su frecuencia con una repetidora de canal 13, su señal de televisión abierta.
Del “periodismo de guerra” que ejerció Clarín en el ciclo político anterior –según confesó quien fuera su editor, Julio Blanck– se pasó como por arte de magia a la “guerra contra el periodismo”, desatada por el gobierno de Macri apenas asumió. El resultado es impactante: en tres años, cerraron la mayoría de los medios opositores, se despidieron a cientos de periodistas y se atacó a toda voz disidente que pudiera instalar otros puntos de vista. Un momento destacado fue la persecución a los trabajadores y las trabajadoras de la agencia estatal Télam, quienes en 2018 sostuvieron un paro y ocupación del edificio durante varios meses, ante el despido del 80% del personal. Finalmente, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la medida, por la ilegalidad de los despidos y por la magnitud del proceso de lucha llevado adelante.
Nos preguntamos cómo serían divulgadas estas situaciones si, en lugar de ocurrir en Argentina, pasaran en Venezuela.
¿Una justicia independiente?
De idéntica factura es la hipocresía en relación a la situación de la administración de justicia. Mientras los medios y funcionarios argentinos se refieren a las decisiones del Poder Judicial de Venezuela como si fueran del Poder Ejecutivo –asimilando uno a otro, para deslegitimar a ambos– llamativamente se olvidan de analizar los vínculos y las afinidades que existen entre el gobierno, los medios y altos cargos del poder judicial en Argentina.
Entre ellos, el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien ingresó al máximo Tribunal de Justicia del país luego de la asunción de Macri. En su hoja curricular contaba con una ventaja: haber sido abogado de varias grandes corporaciones, entre ellas el Grupo Clarín. Precisamente en el marco del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Rosenkrantz conformó una ONG “en defensa de la competencia” cuya principal actuación fue hacer lobby para el grupo empresario.
Por estos días, además, el Poder Judicial ha vivido varios episodios políticos importantes, sistemáticamente ocultados por los medios oficialistas. El primero de ellos tiene que ver con la utilización falsa de nombres de personas como aportantes a las campañas electorales de Macri presidente y de María Eugenia Vidal gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2015. El caso, vinculado al lavado de dinero y al financiamiento ilegal de las campañas electorales, involucró la identidad de personas de bajos ingresos, que perciben una asistencia del Estado. Recientemente, distintas maniobras judiciales contribuyeron a sacarle la causa al juez que la estaba investigando, para pasarla a un juez más cercano.
El último gran escándalo que sacude a la justicia es la revelación de un empresario que involucra en una denuncia por extorsión y corrupción a uno de los fiscales más nombrados del país, Luis Stornelli. En la causa también aparecen vinculados periodistas y servicios de inteligencia. A pesar de que la denuncia vino acompañada por una gran cantidad de pruebas documentales, dirigentes y medios de comunicación oficialistas salieron a defender al fiscal Stornelli, ficha clave en la persecución judicial a opositores desde 2016. Uno de los blancos predilectos del lawfare en curso en el país es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más aún en el contexto de que varias encuestas preelectorales la señalan con posibilidades de triunfar en las próximas elecciones. Precisamente, el escándalo que rodea a Stornelli evidencia el grado de corrupción de quienes –en teoría– investigan y juzgan la corrupción.
¿Qué pasaría en tu país si la oposición se comportara como en Venezuela?
Por último, cabe señalar la enorme doble vara usada respecto al carácter de las protestas opositoras. Precisamente por la acción interesada de los medios, la mayoría de la población de otros países desconoce el grado de violencia empleado por la oposición venezolana. Sin embargo, este desconocimiento no puede hacerse extensible a personas que cuentan con acceso a la información y que lo ocultan deliberadamente.
El procedimiento es presentar a la oposición venezolana como pacífica y democrática, para justificar su apoyo a los intentos de Golpe de Estado. ¿Pero qué sucedería, por ejemplo en Argentina, si la oposición convocara a manifestarse “hasta que caiga el gobierno” y lo hiciera destrozando edificios públicos y asesinando a integrantes de fuerzas de seguridad?
La respuesta no le sorprenderá, pero si la compara con la vara usada para los países “hostiles” a USA, le obligará a preguntarse dónde se perdió la coherencia.
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