sábado, 12 de octubre de 2019

Constitución y democracia. El valor de los símbolos 150 años después


Por Hassan Pérez Casabona


La historia está plagada de símbolos. No hablamos de una mera relación que deba subordinarse a coincidencia alguna. Se trata de algo más profundo, una especie de vasos comunicantes entre las mejores tradiciones e ideas de los pueblos que fluye —ya sabemos muchas veces como parte de un torbellino, otras desde la singularidad de hacerlo a contracorriente— con el propósito de que la desmemoria no se enseñoree entre quienes estamos llamados a preservar, multiplicar y enriquecer el legado que nos entregaron nuestros predecesores.


El pasado10 de abril, y este 10 de octubre, son dos de esas fechas sagradas de confluencias. De Guáimaro, en 1869, a la fundación del Partido Revolucionario Cubano por José Martí, en 1892, como pilar insustituible para llevar adelante la “Guerra Necesaria”. De aquel primer experimento imperfecto y legítimo de crear una República, 150 años atrás, a la jornada de este jueves, en el 2019, en que, con solemnidad, echamos a andar —con la toma de posesión de Miguel Díaz-Canel como presidente de la República de Cuba— un nuevo sendero en pos de los ideales de siempre, atemperados a un tiempo histórico concreto pletórico en desafíos.

La voluntad de construir una sociedad nueva, donde el ser humano es el vórtice de las transformaciones, en tanto actor protagónico de su destino, marca cada uno de los horizontes transitados por la Mayor de las Antillas desde el 1ero de enero de 1959. Dicha vocación reinterpreta, asimismo, los ideales enarbolados por los patriotas cubanos, de una u otra manera, desde que el 10 de octubre de 1868 se produjo el levantamiento en armas contra la metrópolis española. Esa fecha (de la que acabamos de cumplir un año más allá  del sesquicentenario), significó el comienzo de un recorrido que no ha concluido —y que continúa signando los derroteros de esta geografía— el cual fue definido de forma brillante décadas más tarde por Martí, el más universal de los cubanos: “conquistar toda la justicia”.

No ha sido, ni podría serlo cuando el reto mayor presupone una modificación integral de tal envergadura, un camino de rosas. Los procesos revolucionarios, y los intentos de cambio en general, no son paseos por calzadas reales. Entrañan, desde que esa idea ronda las mentes de sus gestores, osadía que solo cristalizará si existe la determinación de dicha vanguardia de perseverar en esos propósitos, más allá de entuertos de variada naturaleza, y la misma tiene la capacidad para movilizar a las fuerzas populares que se encargarán de llevarlos a vías de hecho.

En el caso cubano, desde la arrancada, la epopeya estuvo enfilada a propiciar cambios sustanciales en diversos ámbitos. No era una “curita de mercuro cromo” lo que demandaba la sociedad carcomida anterior a la victoria de las tropas rebeldes en la Sierra Maestra. Desde la economía mono productora y exportadora, sustentada exclusivamente en la caña de azúcar (a partir de la época colonial el slogan de las clases dominantes, reflejo de esa deformación estructural, era “sin azúcar no hay país”) hasta la concepción de la jurisprudencia asentada en un orden burgués, con diferencias abismales entre los sectores privilegiados y la clases oprimidas, exigían el surgimiento de nuevas formas de pensar y hacer. [1]

La revolución, como fuente de derecho, no podía ignorar esos imperativos los cuales encaró, sin seguir decálogos o formulas preconcebidas, con el entusiasmo y energía propias de quienes habían conquistado el cielo por asalto, lanzando por la borda el axioma incuestionable hasta ese momento, de que se podía llevar adelante cambios “con o sin el ejército, pero nunca contra el ejército”. 

Las fuerzas encabezadas por Fidel Castro, no es ocioso recordarlo, derrotaron a un cuerpo armado con más de 80 mil hombres sobre las armas, acreedor del mejor avituallamiento y soporte logístico que proporcionaba Estados Unidos. Fulgencio Batista (una de las dictaduras a las que el expresidente e intelectual quisqueyano Juan Bosch denominó “Póker de espanto en el Caribe”, junto a la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, los Somoza en Nicaragua y Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana)  operaba, parafraseando la novela de Graham Green, como el “hombre fuerte en La Habana” representando los intereses de Wall Street, con amplias conexiones además con los capos mafiosos más prominentes de la época.

“Yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. José Martí

En materia legislativa, si bien estaba en vigor formalmente la Constitución promulgada en 1940,[2] de carácter progresista, esta no fue aplicada en su totalidad debido a la no implementación de las llamadas “Leyes Habilitantes” que la complementarían, de un lado; al tiempo que, del otro, había sido mancillada en su letra y espíritu con el zarpazo de Batista el 10 de marzo de 1952, mediante el cual se instauró dicha etapa dictatorial que arrancó la vida, hasta el triunfo revolucionario, de más de 20 mil cubanos. [3]

No es posible realizar un recuento detallado de cada etapa o empresa acometida en este plano desde entonces. Tampoco de la tradición constitucionalista antillana decimonónica que tiene en Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya puntos cenitales. Valga señalar que, partiendo de la idea de que el verdadero poder tenía que emanar del pueblo, tanto el Consejo de Ministros, primero, como a través de la implementación a mediados de la década del 70 de la centuria pasada de los Órganos Locales del Poder Popular —sistema que se oficializó con la potencia del respaldo popular en el referéndum que condujo a la aprobación de la Constitución Socialista en 1976 [4]—, se diseñó y vertebró un sistema de leyes, decretos y otros instrumentos jurídicos en consonancia con el carácter de la nueva sociedad que se levantaba.

No fue esta tampoco una travesía desprovista de escollos, los cuales debieron sortearse con inteligencia y, especialmente, desde la óptica de que lo esencial era que, en todo momento, el pueblo (no como entelequia o abstracción sino en su más amplia representación surgida desde las bases) estuviera dotado de la capacidad real de ejercer la administración de justicia, en la misma medida en que exigiera el cumplimiento, en todas las instancias, del ordenamiento jurídico establecido. En otras palabras, nada ni nadie podría estar por encima de la ley, en el marco de una sociedad de nuevo tipo, empeñada en fundar paradigmas diferentes de relación entre los seres humanos, y entre estos y las instituciones que los representaban.

La Asamblea Nacional del Poder Popular que emergió del aquel proceso constitucional (a la altura de 17 años de práctica revolucionaria) vino a ser colofón de aquella primera etapa y, en la misma medida, rampa de despegue hacia metas superiores, desde el prisma que se trataba, si bien con los objetivos centrales definidos con claridad, de un camino permanente de experimentación.  No soslayemos la afirmación de Fidel decenios más tarde, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el 17 de noviembre del 2005, acerca de cuál había sido el principal error cometido en la peliaguda tarea de edificar el socialismo. [5]

Más allá de cifras, seres humanos concretos en respaldo de su proyecto político, económico y social.

Bajo la premisa de que los cambios operados en la sociedad cubana, en disímiles ámbitos durante las últimas décadas, debían encontrar reflejo en la Carta Magna —precepto que confirma además la sintonía insustituible que debe existir cuando se sitúa en el epicentro a las personas de carne y hueso y no al capital monopolista transnacional— se desató a partir del segundo semestre del 2018 un arduo proceso de trabajo, enfocado en adoptar una nueva Ley de leyes, el cual tuvo como componente fundamental la participación ciudadana.

El 22 de julio del 2018, el Parlamento (donde ocupan escaños obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, dirigentes, etc., y en el que casi el 50 por ciento de sus miembros son mujeres) acordó someter a consulta popular el proyecto elaborado —luego de varios años de intensa labor desplegada por una comisión constituida al efecto—, desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. El país entero, no es una metáfora, se erigió en gigantesco foro parlamentario de debate.

Atemperadas a las condiciones y características de cada plaza urbana, rural, laboral, estudiantil o comunitaria, de uno a otro extremo del verde caimán antillano, se realizaron más de 110 mil reuniones. No fue un ejercicio formal sino que, por el contrario, se trató de espacios para opinar y polemizar (en el que participaron más de siete millones de cubanos) en torno a las ideas contenidas en el texto presentado del cual, por cierto, se vendieron más de un millón de ejemplares en pocos días, en clara muestra del interés que suscitó entre todos los segmentos poblacionales. 

En esos encuentros se generaron más de un millón de planteamientos, en todas las direcciones, lo cual incluyó variadas propuestas de modificación, adición  y cambios, en relación a cada una de las temáticas tratadas. Para que se tenga una idea de la amplitud de esos intercambios, solo mencionaré que apenas ocho de los 755 párrafos que aparecían en la redacción original no fueron abordados por la población; al tiempo que, cuando el 22 de diciembre del 2018 la Asamblea Nacional aprobó la versión que se sometería a referéndum el 24 de febrero del 2019, la misma incluía aproximadamente 760 cambios formulados por el pueblo, entre adiciones, eliminaciones y modificaciones de artículos, frases y palabras.

Los resultados obtenidos en las urnas expresaron con absoluta nitidez el respaldo del pueblo a su revolución socialista. Luego de validar las cifras definitivas, el ente electoral informó que, de los 8 millones 705 mil 723 ciudadanos habilitados para votar en el registro de electores, hicieron uso de ese derecho 7 millones 848 mil 343 cubanos, lo que representó el 90, 15 % de la lista actualizada, la cual contempló todas las variaciones posibles en cuanto a movilidad, fallecimientos y el resto de las variables con respecto a la nómina inicial.

De los 7 millones 843 mil 343 boletas depositadas en las urnas se declararon válidas, por reunir los requisitos establecidos en la Ley, 7 millones 522 mil 569, lo cual representó el 95, 85 %. En relación con el SÍ, los votos ascendieron a 6 millones 816 mil 169 electores, el 86, 85 % de quienes votaron, y el 78, 30 de la lista actualizada. El NO registró 706 mil 400 boletas, el 9 % de quienes las depositaron en cada colegio, y el 8, 11 % de todos los inscritos en el registro. [6]

Existe conciencia además de que, a partir de la puesta en práctica de la Constitución, se abrió una permanente labor parlamentaria para poner en práctica las definiciones contendidas en dicho texto supremo. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido claro al respecto, al afirmar que se impone “… un amplio ejercicio legislativo, para implementar —en el menor tiempo posible— todas las leyes que refuerzan esta Constitución […] para que la Constitución nazca con el apoyo legislativo que necesita”. [7]

Estas cifras deben examinarse más allá de lo cuantitativo. Dichos números, en última instancia, irradian el compromiso de las diversas generaciones de cubanos, particularmente de quienes han nacido en los últimos 30 años —luego de que ocurriera la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la debacle en las otrora naciones socialistas de Europa del Este— de continuar actualizando nuestro modelo económico y social y, sobre todo, de no claudicar en la construcción de una sociedad socialista digna, humana, justa y sostenible.

En momentos en que se produce un envalentonamiento de la derecha regional —en éxtasis por la presencia en la Casa Blanca de un inquilino que irrespeta las más elementales normas del derecho internacional—, el pueblo cubano cierra filas en la defensa y consolidación del sistema político que lo trajo hasta aquí, y lo hizo alcanzar conquistas reconocidas en cualquier latitud. De igual manera reiteró, con su participación ejemplar, la cultura política de la que es portador, garante, de principio a fin, de la defensa de la nación, con independencia de las vicisitudes y escaseces que hemos debido enfrentar.

Si algo demuestra la experiencia antillana, a lo largo de estos años, es que una revolución trasciende las reivindicaciones en el plano económico. Se trata, en el aliento de la definición expuesta por Engels sobre el socialismo, de una “vigorosa cultura” que nos haga comprender la magnitud de lo que está en juego y contar, es algo también de primer orden, con la capacidad y los instrumentos, de toda índole, para defendernos de cualquier amenaza.

Democracia, para quienes habitamos este archipiélago caribeño, desborda la mera participación electoral. Es un reto que asumimos de manera cotidiana, en todas las dimensiones, con la convicción de que solo es posible practicarla si cada uno de nosotros nos levantamos como eje de la participación y transformación social. 

A 60 años del día luminoso en que los mambises “si pudieron entrar a Santiago”, la aprobación rotunda de la Constitución socialista —y la asunción, reiteramos, del compañero Díaz-Canel como presidente de la República—, expresan con creces que el empeño de lograr una sociedad superior, en la que los seres humanos no sean lobos de sí mismos, no es una quimera. Es cierto, al mismo tiempo, que hablamos, como expresó hace algunos años Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de un “viaje a lo ignoto, a lo desconocido”. Lo es también que proseguimos emprendiendo dicha travesía con la frente enhiesta. Más vale que no se olvide. 


Notas, citas y referencias bibliográficas.

[1] Bastaría traer a colación apenas unos apuntes planteados por Fidel, en el histórico juicio que sobrevino tras el ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente, el 26 de julio de 1953, para entender la magnitud del drama social imperante. “El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo; he ahí concretados los seis puntos a cuya solución se hubiera encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. […] El ochenta y cinco por ciento de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas. […] Cuba sigue siendo una factoría productora de materias primas. Se exporta azúcar para importar caramelos, se exportan cueros para importar zapatos, se exporta hierro para importar arados. […] Hay en Cuba doscientos mil bohíos y chozas; cuatrocientas mil familias del campo y la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares. […] El noventa por ciento de los niños del campo está devorado por parásitos que se les filtran desde la tierra por las uñas de los pies descalzos. […] El porvenir de la nación y la solución de sus problemas no pueden seguir dependiendo del interés egoísta de una docena de financieros, de los fríos cálculos sobre ganancias que tracen en sus despachos de aire acondicionado diez o doce magnates”. Fidel Castro Ruz: La historia me absolverá, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2005, pp. 48-51.
[2] Sobre el proceso que desencadenó la aprobación de la Carta Magna de 1940 —que la Revolución restituyó de inmediato mediante la Ley Fundamental del  7 de febrero de 1959—  el abogado Homero Acosta Álvarez, electo Secretario de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, considera: “Después de varios intentos, la convocatoria a las elecciones fue finalmente en 1939, y los asambleístas fueron elegidos el  15 de noviembre. […] En las elecciones resultaron electos 81 delegados, 44 correspondieron con el llamado Block de la Oposición, de los cuales 18 fueron del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), 16 del Demócrata, 6 del Partido Acción Republicana y 4 del ABC; mientras el Block Gubernamental obtuvo 37 delgados, de los cuales correspondieron 17 al Partido Liberal, 9 al Partido Unión Nacionalista, 6 a la Unión Revolucionaria Comunista, 4 al Conjunto Nacional Democrático y 1 al Partido Nacional Revolucionario. […] A diferencia de la Constitución de 1901, la de 1940 se nutrió de las transformaciones del pensamiento jurídico-político generado tras la Primera Guerra Mundial. Es visible el aporte que brindó a ese efecto el constitucionalismo social originado a consecuencia de las revoluciones de octubre en 1917 en Rusia y en México, a lo que se suman las experiencias de la República española y sus instituciones.”  Homero Acosta Álvarez: “La Constitución de 1940 en la historia constitucional cubana”, en: El Derecho como saber cultural. Homenaje al Dr. Delio Carreras Cuevas, Andry Matilla Correa (Coordinador), Editorial de Ciencias Sociales-Editorial UH, La Habana, 2011, pp. 317-319. 
[3] “La Carta Magna de 1940 tuvo una vida azarosa. Parte de su vigencia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial lo que afectó su normal desenvolvimiento. Luego, el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 supuso el quebranto de la legalidad constitucional. Batista la sustituyó por unos Estatutos Constitucionales espurios, que marcaron el inicio de la crisis del modelo de 1940. Restablecida de nuevo su vigencia el 24 de febrero de 1955, como parte de la farsa electoral planeada por el tirano estuvo vigente, aunque en la práctica inoperante hasta el triunfo revolucionario. El triunfante Gobierno Revolucionario, aunque proclamó la vigencia de la Constitución de 1940, ajustándose al punto uno del Programa del Moncada, pronto comenzó a introducirle modificaciones para adecuarla a las nuevas circunstancias. La vigencia de esta Carta Magna planteó significativos problemas. […] Muchas de las medidas, como por ejemplo, la Reforma Agraria, debían ser objeto de ley y esta solo podía emanar del congreso. Ello puso a las fuerzas revolucionarias en la disyuntiva de convocar nuevas elecciones, lo que suponía un panorama incierto o sustituir la Carta Magna de 1940. La legitimidad de la que gozaba el proceso revolucionario le permitió realizar esta transformación. Debe tenerse en cuenta además, el creciente descrédito del texto de 1940, tanto por la falta de cumplimiento de algunos de sus postulados fundamentales, como por no haber servido como freno a las ambiciones de poder, la corrupción y la dictadura. Por ello, el 7 de febrero de 1959 se promulgó una nueva Ley Fundamental destinada a actuar como texto constitucional de emergencia”. Santiago Bahamonde Rodríguez: “El constitucionalismo cubano. Retrospectiva histórica a siglo y medio”, en: Revista Bimestre Cubana, de la Sociedad Económica de Amigos del País, No. 49, Época III, Volumen CXXIV, Julio-Diciembre, 2018, pp. 180-181.
[4] “Por último, se desarrolló el referéndum popular, que aprobó el texto con más del noventa y siete por ciento de los votos válidos y la nueva Carta Magna entró en vigor el 25 de febrero de 1976. […] Como señaló Raúl Castro: ´Jamás en toda la historia de nuestra Patria y de nuestro continente ha sido aprobada una Constitución mediante un proceso de tan ejemplar democracia, de tan masiva y consciente participación de toda la población en su discusión, elaboración y aprobación; en el que se haya expresado con tanta fuerza y realidad la voluntad soberana del pueblo”. Ibídem, pp. 184-185.
[5] En el emblemático recinto universitario dialogó con los miembros del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, en presencia de varios de los principales dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno cubano. En las trascendentales reflexiones de esa jornada —que se extendieron por más de siete horas— se refirió, de manera descarnada, a diversos asuntos históricos, de ese momento y, de forma particular, a los relacionados con el futuro de nuestro país y de la humanidad. “Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo”, a lo que añadió: “Les hice una pregunta, compañeros estudiantes, que no he olvidado, ni mucho menos, y pretendo que ustedes no la olviden nunca, pero es la pregunta que dejo ahí ante las experiencias históricas que se han conocido, y les pido a todos, sin excepción que reflexionen: ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Cuando los que fueron de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores, y ni cuenta nos dimos”. Fidel Castro Ruz: Podemos construir la sociedad más justa del mundo, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2005, pp. 41-60.
[6] Sobre estos datos oficiales pueden consultarse diversos trabajos. Recomiendo ver, en ese sentido, los artículos “Comisión Electoral Nacional fija cifras definitivas: 90, 15 % de electores votaron en referendo Constitucional” y “Nueva constitución: nuestro momento histórico”. Dirección URL.
[7] Ver en: “Ganó el Sí, en cifras el voto democrático del pueblo”. Dirección URL.

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