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| Imagen tomada del The Huffington Post. OLE SCHWANDER VIA GETTY IMAGES |
El coronavirus se ha convertido en una pandemia de la
noche a la mañana. A nivel global se van tomando las medidas acordes a la
capacidad de respuesta que se tenga en cada país, en cada región. Todo depende
de la capacidad económica, de la organización social, de la estructura
socioeconómica del país, de la voluntad de las autoridades, de los intereses de
los diversos sectores, entre otros.
Lo que comenzó siendo una noticia para señalar a
China, termina en una histeria para el llamado primer mundo ¿Por qué?
Es simple. Habría que reflexionarlo al revés, ya que
en este mundo hemos convivido con situaciones alarmantes, donde millones de
personas han sido afectadas, incluso con la muerte, y el llamado primer mundo
ni ha pestañado de preocupación.
En el mundo, más de 820 millones de personas pasan
hambre y cerca de 200 millones están en amenaza de sufrir hambruna. La
progresión de este flagelo se evidencia con mayor nivel en África y, cada vez
más creciente, en América Latina. Las curvas de las bolsas de valores y las
desaceleraciones de las economías “desarrolladas”, se vuelven un motor de
desigualdades, las cuales se reflejan con mayor vulnerabilidad en las economías
dependientes y subdesarrolladas del tercer mundo. Según las estimaciones de Unicef, el Banco Mundial, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la División de Población de Naciones Unidas, cerca
de 8500 menores de 15 años mueren cada día por desnutrición.
Los conflictos bélicos azotan a
grandes regiones del mundo. Muchos de ellos, alzados por discursos con banderas
de “libertad” y “democracia”, responden realmente a diferencias
por motivos étnicos, extremismos religiosos, rivalidades comerciales y
tecnológicas, por meros nacionalismos o por disposiciones unilaterales de intervencionismo
militar que se justifican con supuestas “crisis humanitarias”. Una gran parte
de estos conflictos son azuzados fundamentalmente por grandes potencias
económicas occidentales y EEUU, cuyas conveniencias y objetivos se reflejan en
ejercer el control sobre los recursos naturales o el poder geopolítico en
ciertas regiones.
La propia ACNUR en sus informes
reconoce que en estas confrontaciones se destruyen países, se someten a
pueblos, se aniquilan etnias y se violan los derechos humanos constantemente.
En los últimos tres años, más de medio millón de personas han perdido la vida
por bombardeos o enfrentamientos militares, como más de 65,6 millones de
personas desplazadas de sus localidades de origen para huir de la muerte (entre
ellas 22,5 millones de refugiados). Irak, Afganistán, Palestina, Siria, Yemen,
Sudán del Sur o Somalia son algunos de los territorios de Oriente Medio, el
Cono africano o la península de Arabia, donde han colapsado sus economías,
impera la inseguridad alimentaria, escasea el derecho al agua y la vida humana
se somete a los dictados de los más fuertes (los agresores e invasores).
Aunque en América Latina no hay
conflictos bélicos “declarados”, en la actualidad imperan enfrentamientos
sociales motivados por la imposición de dictaduras amparadas por intereses
oligárquicos nacionales e imperialistas. Chile, Brasil, Colombia o Bolivia son
ejemplos donde el terrorismo de Estado implica la represión, la tortura, las
encarcelaciones extrajudiciales o bajo procesos amañados (llamados también
Lawfare), así como los asesinatos selectivos de líderes políticos y sociales o
defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares.
Otros países como Nicaragua,
Venezuela o Cuba, viven afrontando diariamente la constante política de
agresiones de EEUU; epicentro desde donde se alientan revueltas, se financian
fuerzas opositoras, se orquestan conflictos internos, se imponen embargos o bloqueos
económicos, se establecen resoluciones extraterritoriales en las que se acusan
de “amenaza” a otros pueblos o se promueven excusas que justifiquen “acuerdos”
de antaño y hacer sonar los tambores de la guerra, como es el caso del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca: una
alianza militar): instrumento de EEUU, con la participación cómplice de
países subordinados de la región, cuyo objetivo es volver a poner en práctica
la Doctrina Monroe.
Las guarimbas provocadas en Venezuela
(2014 y 2017) y, después, en Nicaragua (2018), instrumentadas con el Manual del
Comando Sur del Ejército de EEUU, conllevó la muerte de cientos de personas y
otros cientos quedaron con secuelas o discapacidades.
La intervención militar, el amparo de
organizaciones terroristas, la promoción de atentados contra objetivos
económicos y públicos y la guerra bacteriológica contra el pueblo de Cuba, han
saldado la vida de más de 3 mil personas y la discapacidad de más de 2 mil. Sin
contar, los daños ocasionados por la imposición de un bloqueo económico,
financiero y comercial que afecta la vida cotidiana del pueblo cubano e impide
que Cuba adquiera medicamentos, alimentos y materiales diversos en el mercado
internacional. Una hostilidad que tiene ya 60 años, muy a pesar de los 27 años
de condenas por mayoría, que ha sufrido esta política de genocidio en la ONU.
Una opción que EEUU está aplicando también contra el pueblo venezolano: el
objetivo es derrocar los gobiernos constitucionales de estos países muy a pesar
de las vidas humanas que conlleve.
Pero más que buscarse la paz entre
los pueblos, se alimentan los conflictos y se incentiva la industria
armamentista (un negocio muy lucrativo para el llamado primer mundo).
Estos conflictos bélicos, agresiones
y hostilidades contra los pueblos, generan crisis, pero también la destrucción
genera enfermedades letales: el dengue hemorrágico, la malaria, el SIDA o el
marburgo. Todas con estadísticas espeluznantes, pero que no alarman al llamado
primer mundo porque cuenta con recursos para evitar contagios masivos.
El Ébola (entre el 2014 y el 2016)
fue un virus que no encendió las alarmas, muy a pesar de las más de 11 mil
muertes en África, hasta que Occidente sufrió las primeras muertes en el
continente: entonces, apareció la histeria mediática y de los gobiernos de la
Unión Europea.
Como una de esas “raras”
casualidades, en medio de la crisis económica y política que afronta la
administración de Donald Trump, aparece el coronavirus, el cual vuelve a poner
el bombillo rojo de la Unión Europea y el resto del mundo en su máxima alerta.
Lo que parecía una afección localizada en la ciudad de Wuhan, China, terminó
expandiéndose como espora en el aire por todo el planeta.
Dejaré en el tintero al Tío Sam para
otra ocasión; ya que mientras que otros envían médicos a diferentes regiones
del mundo, EEUU envía tropas y armamentos en las oscuras horas de reclusión que
vive Europa, como medida de seguridad para evitar contagios_ Cabe preguntarse
si es para evitar más contagios provenientes de las tropas estadounidenses_
¡Uhm! Dejémoslo ahí.
El reino de España no ha estado
exento de ninguno de los problemas antes mencionados. Ha ejercido como política
exterior la injerencia en asuntos internos de países latinoamericanos (incluso
aplaudiendo golpes de Estado o apoyando grupúsculos de oposición), llena arcas
privadas con la venta de armas (como las que vende a Arabia Saudí), participa
en la “pacificación” de zonas en conflicto o, como política interna, incentiva
la privatización de servicios públicos_ ¡Vaya, como es el caso de servicios
sanitarios!
Para el caso que nos llama hoy día la
atención: el coronavirus, España es uno de los países de peores marcadores en
afectados y fallecidos por la pandemia. Resultados consecuencias de sus grandes
flaquezas y contradicciones.
El gobierno pone entre sus medidas la
disponibilidad de 200 mil millones de euros para la reactivación económica. En
tiempos de desespero, donde el propio presidente y líderes políticos hablan de
solidaridad y unidad, de la totalidad, se utilizan 117 mil millones de fondos
públicos; cuando la clase trabajadora es el sector históricamente castigado con
política neoliberales de recortes, desahucios, bajos salarios, reformas laborales
de despidos fáciles y bajas pensiones.
El dinero público salvó la banca, la
misma que no ha devuelto lo que se invirtió para sacarla a flote, y ahora
vuelve el fondo público a poner el grosor de la inversión para salvar el sector
productivo (casualmente mayoritariamente privado). El gobierno abre una línea
de avales y garantías de hasta 100 mil millones para que las empresas
(Privadas) no cierren las puertas. Sin embargo, la solidaridad solo es
aplicable cuando los gastos recaen en los fondos públicos, mientras que el
sector privado goza de sus millones y, también, de ser salvado sin retribuir
consecuentemente.
Amén de lo anterior, no rechazo ni
desaliento sobre las medidas de seguridad emitidas por el gobierno y que hay
que seguir para evitar contagios y fatalidades innecesarias, pero todo este
tiempo en que he estado trabajando desde casa para cumplir con lo reglamentado,
también me ha dado tiempo suficiente para reflexionar sobre todas aquellas
desgracias que hasta ahora se pasan por alto: una, porque la prensa “libre”
omite o manipula; segundo, porque como no las sufre el llamado primer mundo, ni
se han planteado levantar el dedo para solidarizarse.
¿Y usted qué piensa al respecto?
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