lunes, 23 de noviembre de 2009

El manifiesto de una lengua común.

Se ha puesto en circulación un Manifiesto para establecer el castellano como idioma común en todo el estado Español. El mismo está firmado por llamados intelectuales, políticos y personalidades de diversos ámbitos; y también, se ha sumado la cadena televisiva de Telecinco. (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/06/22/manifiesto.pdf).

En dicho documento se expone como inquietud política el “valor democrático” del castellano para los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen como vínculo de expresión, comprensión y comunicación.

Tomar acciones que conlleven satisfacciones generales cuesta mucho, porque requiere de la inteligencia de hombres, con supuesta cordura y visión, puestos a incluir a todos los beneficiados sin que ello conlleve discriminaciones culturales, sociales, raciales y, hasta en grado aceptable, políticas. De igual manera se incluye el uso del lenguaje verbal que ayude al desarrollo de todo un país en el establecimiento de la comunicación de sus entidades, ciudadanos, etc. Pero olvidar la historia para cumplir intereses propios es un acto beligerantemente indigno.

Parece que quienes promulgan dicho manifiesto no recuerdan que las localidades autonómicas que conforman parte del Estado Español (antes de la conquista de sus territorios) poseían y dominaban una lengua propia (materna), la cual les fue arrebatada (incluso prohibidas) de la praxis de sus costumbres por muchos años.

Estas poblaciones aun sienten en el latir de la nación que forman, cierto arraigo de discriminación y cercenamiento de lo que les viene de raíces generacionales. Hoy en día, con la llamada “democracia” que fomenta las leyes españolas, encuentran las posibilidades de realzarse a sí mismos con ese patrimonio, pero otros intentan seguir imponiéndolos a un segundo plano (principalmente esos que aun, escondidas en su más interior, guardan tendencias conquistadoras).

“Tan repugnante es un pueblo que es esclavo de hombres de otro pueblo, como esclavo de hombres de sí mismo.” Así sentenció José Martí, intelectual y político cubano.

La segunda premisa del manifiesto comienza con una máxima verdadera: “Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos…”; pero cercenada con toda intensión al olvidar que catalanes, vascos y gallegos son parte de esa ciudadanía obligada a usar el castellano por siglos.

Los territorios están formados por la convivencia de sus ciudadanos, los cuales son los que crean, desarrollan y hablan sus lenguas; de forma que tanto el vocablo “territorio” como el de “lenguas”, usados dentro del manifiesto, son elementos inanimados que se convierten en elementos vivos por medio de sus habitantes. Por lo tanto, ni territorios ni lenguas luchan y defienden su existencia cultural sino es a través de sus pobladores, mujeres y hombres reivindican su espacio legendario; así como darse a conocer con la implementación de sus costumbres territoriales.

Los que hoy llaman tan alarmantemente la atención sobre “el detrimento” del castellano no reparan en el detrimento que sufrieron y sufren otras lenguas de las comunidades del actual estado español.

Ellos también tienen derechos lingüísticos, como en el caso de Cataluña, de escoger el catalán como lengua principal para comunicarse, educarse y prepararse profesionalmente.

No soy catalán, pero al aceptar el hecho de incorporarme a su sociedad, también acepto la condición de prepararme en su lengua para mi propio desarrollo profesional dentro de su territorio. Es simplemente una premisa ética de respeto.

De la misma manera que ellos han continuado con el uso de dos lenguas, el resto que conviva con ellos ganará en cultura al dominar un idioma más.

Los invito a pensar en ello.

Además, por último, hasta ahora he encontrado en catalanes la cordura y la alta educación de no imponer su lengua como único requisito de comunicación con ellos; sino que han sabido amablemente adecuarse al idioma que hablo con entera voluntad y sin recibir imposiciones por nadie.

Estoy seguro que con reflexión se podrá alcanzar disposiciones legales y jurídicas para el uso de las lenguas, las cuales respeten particularidades territoriales.

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