Mandatos presidenciales y órdenes ejecutivas: “Amenazas a la seguridad nacional”. Parte I

 

Por Gustavo de la Torre Morales.

Los Estados Unidos aplican muchas de sus medidas de restricción económica o amenaza militar hacia otros países, bajo la excusa de “amenaza a la seguridad nacional”, y el argumento esgrimido es la “protección de los ciudadanos estadounidenses y los intereses de EE.UU”.

Cuando estas acciones se quieren llevar por el camino “constitucionalmente” más corto y rápido, para ser ejecutadas, se plantean por medio de órdenes ejecutivas; las cuales son disposiciones dictadas por el Presidente de los Estados Unidos que, amparadas en sus facultades, tienen fuerza de ley. Sólo se dejan sin efecto, si los tribunales consideran que su contenido no está conforme a la ley o la Constitución; pero cuando se trata de intereses geopolíticos y control de recursos naturales, y con ello crear conflictos en otros países y/o librar guerras de rapiñas, tienen la autopista abierta.

Estos ordenamientos presidenciales van siempre amueblados por una contundente campaña mediática, bajo banderas de “democracia, derechos humanos y libertad”; aun cuando en la realidad, sean los propios EE.UU quienes amenacen la paz mundial o la estabilidad y la seguridad nacional de otros países.

Citemos algunas de dichas órdenes a modo ejemplos.

La Orden Ejecutiva 13692, emitida y firmada por el gobierno del expresidente Barack Obama, el 8 de marzo de 2015, en la cual se mencionan problemas netamente domésticos de la República Bolivariana de Venezuela (ninguna cita a posibles agresiones a EE.UU o sus ciudadanos); pero aun así, declara a ese país “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

Pero, tanto el mandatario Donald Trump (incluso, con ínfulas de chulería de pasarelas, desde su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey) planteó que no descartaba la opción militar, como su sucesor Joe Biden, extendieron la orden ejecutiva del gobierno de Obama, porque continuaron entendiendo que Venezuela seguía siendo "una amenaza inusual y extraordinaria para EE.UU”.

Sin embargo, son varias las órdenes ejecutivas que se emitieron contra Venezuela (13827, 13835, 13850, 13857 y 13884), todas orientadas a restricciones de transacciones comerciales u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, bloqueo de activos o la posible confiscación de los que estén dentro de EE.UU (como es CITGO, filial estadounidense de PDVSA); también abrieron una cruzada contra empresas y/o países que estableciera relaciones comerciales con ese país. Resumiendo, aprobar todo tipo de ataque (económicos, políticos, diplomáticos, etc.) contra el pueblo de Venezuela.

La escalada de agresiones contra Venezuela comenzó cuando Hugo Chávez Frías ganó las elecciones en 1998. Durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, además de crudas campañas mediáticas de descrédito, el líder venezolano fue blanco de varios planes de asesinatos y un intento de golpe de Estado en el 2002. La misma política de hostilidad se lleva a cabo contra el actual presidente Nicolás Maduro, que también ha sobrevivido a tres intentos de asesinatos, varias provocaciones por las fronteras venezolanas y una fallida incursión marítima (“Gadeón”) desde Colombia, que contó con la participación de Luke Denman y Aaron Barry, dos exRangers estadounidenses. Una operación contratada a la empresa privada SilverCorp USA y “arreglada” en la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump, Juan Guaidó y Jordan Goudreau, dueño de dicha empresa mercenaria.

Pero, ¿solamente ha sido Venezuela la afectada por órdenes ejecutivas? ¡No! Muchos otros países se han visto bajo amenazas y presiones parecidas, que solamente enmascaran los verdaderos actos de agresión y barbarie imperialista. No fue una mera expresión la declaración de Barack Obama a la cadena Vox, cuando dijo que “había que torcerle el brazo” a otros países para que cumplieran con los deseos de EE.UU.

En mayo de 1985, el entonces presidente Ronald Reagan, con su Orden Ejecutiva 12513, consideró que las políticas y acciones del Gobierno de Nicaragua constituyeron “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Sin embargo, fue el propio gobierno de Reagan el que estaba envuelto en un escándalo de tráfico de armas hacia Irán (el cual tenía una disposición de embargo en este tema) y, por medio de la operación gestionada por Oliver North a través de cuentas bancarias en Suiza, se usó el narcotráfico para apoyar y financiar a la insurgencia terrorista llamada “Contra” nicaragüense (creada por EE.UU), que se oponía al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Hace más de un año, el anuncio del presidente Daniel Ortega de poner en práctica el proyecto del Canal Interoceánico y la firma de un convenio, con la empresa HK Nicaragua Canal Development Investiment Company con sede en Hong - Kong, China, levantó antiguos fantasmas y preocupaciones imperiales.

El presidente del tupé amarillo, Donald Trump, con su arrogancia no demoró en declarar a Nicaragua en "una amenaza inusual y extraordinaria para EE.UU”, a través de su Orden Ejecutiva 13851, de noviembre de 2018; la cual escudó en la “respuesta violenta del gobierno de Daniel Ortega a las protestas” y sus “tácticas represivas”; las cuales conducían “a la desestabilización de la economía de Nicaragua”.

Sin embargo, tanto para las llamadas “protestas”, conocidas como guarimbas, tanto en Venezuela en el 2014 y 2017, como en Nicaragua en el 2018, fueron operaciones orientadas y orquestadas desde EE.UU, con la participación de la oligarquía nacional existente en esos países, ONG’s contratistas de delincuentes y mercenarios, al igual que de organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

Para gestar las oleadas de agresiones, por supuesto que no faltó la participación de los llamados señores de la guerra: Marcos Rubio, Robert “Bob” Menédez, Mike Pompeo, Michael Bolton y hasta “enviados especiales” como es el caso de Elliot Abrams, que estuvo involucrado directamente en el escándalo Irán-Contras y en el envío de escuadrones de la muerte que ocasionaron la masacre de la aldea El Mozote, en El Salvador; donde fueron asesinadas cerca de mil personas entre hombres, mujeres y niños.

También se ha contado con tanques pensantes como el Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS), una organización financiada por la National Endowment for Democracy (NED) y creada por estudiantes del grupo de protesta serbio OTPOR, la cual dirigió su atención sobre Venezuela en el 2005; la misma organización que formó al autoproclamado presidente Juan Guaidó y fue la que en su memorando de septiembre de 2010 señaló como punto débil de Venezuela su sistema eléctrico. Sistema que fue saboteado poco después, para provocar revueltas de protestas por los apagones y generar otra oleada de propaganda que camuflara operaciones y agresiones.

La política de hostilidades contra Cuba rebasa las “órdenes ejecutivas” de los presidentes de EE.UU. Dentro de los archivos de la administración de Eisenhower se puede encontrar la “Guía de Idioma Español”, en su Punto 9, “Los Estados Unidos y Cuba, página 13, se declara la complicidad del gobierno de EE.UU con la dictadura de Fulgencio Batista y lo que Cuba representaba entonces para “la seguridad de las rutas marítimas del Caribe y la seguridad del Canal de Panamá”; contando para ello con la Base Naval impuesta en el territorio de Guantánamo.

La Operación Mangosta (que contó con más de 5 mil 700 acciones terroristas en menos de 10 meses de su puesta en marcha), Pluto (devenida invasión por Playa Girón), HZ Rifle (para asesinar líderes de la Revolución, como Fidel y Raúl Castro), entre tantas otras más que fueron parte del llamado “Programa de Acciones Encubiertas Contra el Régimen de Castro” (aprobado por el presidente Dwight D. Eisenhower), presentadas por la CIA y supervisadas por la llamada Cuban Task Force; además de contar con las valoraciones del Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la Agencia de Información de los Estados Unidos (USIA), el Departamento de Tesoro y otras agencias especializadas de la comunidad de inteligencia, Secretarías y Departamentos del Gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, estos organismos mencionados, contaron con la orden ejecutiva o mandato presidencial de los gobernantes de turno en ese país.

El bloqueo económico, financiero y comercial impuesto unilateralmente al pueblo cubano, contó con la Proclama Presidencial 3447 (27 FR 1085). Una simple mirada al documento realizado por el Servicio de Investigación al Congreso (CRS, según siglas en inglés), actualizado el 26 de  marzo de 2021, y dirigido a los comités y miembros del Congreso de EE.UU, y donde se deja bien claro que ese país impuso un embargo contra Cuba y que su política está dirigida a aislar a la Isla; por lo que el acoso y estrangulamiento económico contra Cuba lo sustentan en que la Isla continúa por el camino del Socialismo y sin someterse a los intereses estadounidenses.

Claro está, Cuba nunca ha agredido a EE.UU ni participado en planes que pongan en peligro la seguridad de ese país; más bien es víctima de las agresiones sustentadas por una política de hostilidades desde EE.UU.

Tampoco el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (ni con la presidencia de Hugo Chávez ni en la actual de Nicolás Maduro) ha cometido acto alguno_ ni diplomático, ni económico ni militar_ que indique amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. En todo caso, lo que sí ha hecho la Revolución bolivariana es poner en declive los intereses de dominación geopolítica del imperialismo en la región; por ello el apoyo y financiación de EE.UU en el intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez Frías, en abril de 2002, bajo el mandato de George Walker Bush.

El “Yes We Can” de Barack Obama, no solo era un slogan de campaña para el “sí podemos” remontar la crisis económica, sino también “sí podemos” poner a EE.UU en el trono del dominio mundial. Un presidente premio Nobel de la Paz que alargó la guerra en Afganistán y la extendió a Libia y Siria. Así mismo, su gobierno tuvo complicidad en el golpe de Estado en Honduras (2009 contra Manuel Zelaya) y los impeachments en Paraguay (2012 contra Lugo Fernández) y Brasil (2016 contra Dilma Roussef). Procesos que no sólo consistió en darles el beneplácito a los amaños judiciales para las destituciones, sino también intervinieron pagos de millones de dólares a las diversas fuerzas políticas y militares.

Pero mientras el gobierno de EE.UU lanzaba órdenes ejecutivas de “amenazas inusuales”, el portal WikiLeaks filtraba miles de correos electrónicos de Hillary Clinton, Secretaria de Estado, quien usó un servidor privado para “gestionar” cuestiones de Estado, donde realmente se descubría los entuertos en los que EE.UU participaba y puso en peligro la vida de millones de personas, incluso llevándolos a la muerte.

¿Cómo entender que EE.UU emita la orden ejecutiva 12938 y establezca como amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional la proliferación de armas nucleares y químicas, cuando EE.UU tiene activas miles de cabezas nucleares; pero también es parte de los complots del uso de armas químicas en conflictos armados_ como el caso de Siria_ donde los supuestos rebeldes, asesorados y financiados por EE.UU son los que usaron fósforo blanco y la maquinaria estadounidense de propaganda trató de culpar al gobierno de Bashar al-Àsad?

Como las restantes, es contraproducente que la orden ejecutiva 32818, firmada en 20 de diciembre de 2017 por Trump como una declaración de emergencia nacional, dirigida a “bloquear la Propiedad de Personas Involucradas en Graves Abusos a los Derechos Humanos o Corrupción”; cuando en los propios EE.UU la corrupción campea a todos los niveles y sectores económicos y políticos.

¿Si las órdenes ejecutivas que declaran amenazas inusuales, son para “cooperar en el establecimiento de la paz”, cabría preguntarse dónde está la que declara al gobierno de Iván Duque como “amenaza inusual para la seguridad nacional”, con toda la masacre de líderes sociales, campesinos e indígenas por parte del paramilitarismo y el narco-gobierno?

¿Dónde está la orden ejecutiva que establece que el gobierno de Israel es una “amenaza inusual” por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino?

El objetivo imperialista es establecer como regla en la distribución geopolítica, sus ilimitados dominios; principalmente en la región latinoamericana, donde todo gobierno de la región tiene que responder únicamente a los intereses de EE.UU.

Es decir, con “Americans” no se refiere a todo residente en América del Sur o Central, sino a los intereses de los poderes estadounidenses; porque lo demás es patio trasero. El “American First” de Donald Trump era lo mismo que el “America for the Americans”_ implícito en el mensaje del presidente James Monroe, en 1823, al Congreso; también invocado por varios presidentes como Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan: supremacía colonialista.

Las consecuencias de las órdenes ejecutivas o mandatos presidenciales de EE.UU siempre son nefastas para los pueblos; todas construidas sobre el supuesto de “amenazas al estándar democrático del mundo desarrollado”. Mandatos que son naturalizados en los medios de prensa, por la construcción de una telaraña enrevesada de historietas de espionajes, infiltraciones, represiones, abusos y violaciones de los gobiernos o países dianas de la política estadounidense.