Por José Manzaneda. Coordinador de Cubainformación.tv
El Gobierno de EEUU, a través de la National Endowment For Democracy (NED) (1), financia al llamado Observatorio Cubano de los Derechos Humanos (2), con sede en Madrid, y a su filial en Cuba, la denominada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (3).
El papel de ambas entidades es elaborar listados mensuales de supuestas “detenciones arbitrarias” de “activistas de derechos humanos” en la Isla. Estas generan, de manera automática, notas de las grandes agencias (4) y noticias en los principales medios internacionales (5) que, a su vez, servirán para generar presiones políticas y diplomáticas a La Habana (6). En el caso del actual Gobierno de EEUU, han sido la justificación esgrimida por Donald Trump para el retorno a la política dura de bloqueo y sanciones contra la Isla (7).
El papel de ambas entidades es elaborar listados mensuales de supuestas “detenciones arbitrarias” de “activistas de derechos humanos” en la Isla. Estas generan, de manera automática, notas de las grandes agencias (4) y noticias en los principales medios internacionales (5) que, a su vez, servirán para generar presiones políticas y diplomáticas a La Habana (6). En el caso del actual Gobierno de EEUU, han sido la justificación esgrimida por Donald Trump para el retorno a la política dura de bloqueo y sanciones contra la Isla (7).
Esta estrategia circular cuenta también, por cierto, con la complicidad de poderosas organizaciones como Human Right Watch (8) y Amnistía Internacional (9), que toman como fuentes de información fiable a los citados grupos financiados por la Casa Blanca. Pero, ¿de verdad son fuentes… fiables?
Percy Francisco Alvarado, guatemalteco radicado en Cuba que, durante años, trabajó infiltrado en la extrema derecha de Miami (10), cotejaba recientemente una de las citadas listas, la publicada el pasado mes de junio, en la que se reportaban 410 supuestas “detenciones arbitrarias” (11).
Alvarado denunciaba que, de las 237 mujeres que aparecían en la lista, 98 no habían sido detenidas, 3 vivían fuera del país, 16 eran directamente nombres falsos y 105 denominaciones erróneas, incompletas, repetidas o, sencillamente, incomprobables. Solo 15 casos eran ciertos y confirmados.
De los 173 hombres, 108 no habían sido detenidos y 40 eran nombres inventados. Solo 25 de las detenciones eran ciertas, lo que en ningún caso prueba su carácter “arbitrario”.
Entre otras curiosidades, la lista incluía a cuatro personas detenidas por robo; a una fallecida hace 9 años; y a varias que, a la fecha, se encontraban en EEUU. Es el caso de Yriades Hernández, uno de los “disidentes” invitados al acto de Miami en el que Trump anunció el fin del diálogo con Cuba.
Este último dato, por cierto, no es en absoluto baladí. Porque ¿Debe el gobierno de un pequeño país, bloqueado por la mayor potencia mundial, dar espacio de organización y expresión pública a quienes, pagados por dicha potencia, exigen ahogar más a su país (12) (13)?
¿O debe, de manera radical, anularlos políticamente manteniendo su actividad fuera de la ley?
Es una pregunta que -por cierto- ahora también se hacen… en Venezuela (14).
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