Respuesta del señor Mario Isea Bohórquez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España.
Según un editorial del diario El País del 7 de abril de 2014 Venezuela es “ingobernable”.
Tal como están las cosas en
el mundo, no es difícil entender que sea tildada, de ingobernable –por
un medio que responde a los intereses de las bolsas internacionales— una
nación que ha desarrollado en los últimos 14 años un profundo proceso
de cambios socioeconómicos y políticos por la vía democrática, logrando
disminuir vertiginosamente la pobreza, las desigualdades (somos el país
menos desigual de América Latina) –sólo la matrícula universitaria pasó
de 400 mil a 2 a millones 600 mil (aumentó 550%)- y escalar velozmente
en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, gracias a la recuperación
de la soberanía sobre sus recursos naturales. No en vano la recuperación
del control del Estado sobre los recursos naturales permitió que las
mayores reservas petrolíferas del mundo fuesen reconocidas como tales y
no vendidas a precio de carbón o que las empresas trasnacionales
pagarán más de 1% de regalía por la explotación de dicho recurso.
Sin embargo, con tan
escandaloso título, es mi deber tranquilizar a la opinión pública
española, la República Bolivariana de Venezuela goza de plena
estabilidad institucional y sus poderes públicos continúan tomando
decisiones y gerenciando las áreas bajo su responsabilidad con total
normalidad. Ni siquiera en los municipios gobernados por la oposición,
en los cuales se ha auspiciado la violencia (menos del 2% del total de
los municipios del país y sólo en urbanizaciones de clase media y media
alta), es posible hablar de ingobernabilidad, porque a pesar de que
algunos alcaldes no han cumplido con sus responsabilidades, los poderes
públicos nacionales están actuando para que se respete la Ley y se
garantice el bienestar de la ciudadanía.
La imagen que intenta
proyectar el editorial de un país sumido en “las protestas y la
represión”, no es coherente con la realidad de una nación que viene de
realizar dos procesos electorales en el último año –en los cuales ha
aumentado, significativamente, el respaldo al gobierno del presidente
democrático y constitucional, Nicolás Maduro– y que, según la última
encuesta privada chilena Latinobarómetro (2013), es el país de la región
que cuenta con más apoyo de su ciudadanía a la democracia.
Lo único que refleja con
honestidad el artículo es que la unidad de la oposición está
resquebrajada entre el sector que plantea una estrategia violenta para
derrocar a un gobierno democrático; y el sector más racional que analiza
lo equivocado de esta estrategia inconstitucional y los riesgos que
supone para la paz social y la popularidad de la propia oposición.
En este sentido, es
preocupante la simpatía mostrada por algunas corporaciones mediáticas,
como PRISA, hacia la acción de sectores violentos de la ultraderecha en
Venezuela. Sectores que han llamado a la salida inconstitucional del
gobierno y que impulsan acciones claramente terroristas –llamadas
guarimbas— entre las cuales destacan quema de instalaciones educativas,
hospitalarias y de otras instituciones y servicios públicos, como
unidades de transporte de pasajeros y/o alimentos; el levantamiento de
barricadas con empleo de cócteles molotov, armas de fuego y todo tipo de
trampas en las vías, además de asesinatos con francotiradores, el
envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios
forestales.
¿Cómo se puede hablar de
represión en un país en el que un sector de ultraderecha llama a
derrocar al gobierno democrático e impulsa acciones terroristas, y los
efectivos del orden público responden con proporcionalidad y control
para devolver la tranquilidad a los ciudadanos, mientras la Fiscalía
actúa de manera ejemplar aplicando la Ley a los implicados en hechos
violentos o irregulares, incluso en los casos excepcionales donde se han
determinado responsabilidades de efectivos del orden por violaciones de
derechos humanos?
Llama la atención que El País
olvida mencionar que estas protestas violentas han dejado en dos meses
un lamentable saldo de 39 víctimas mortales, de las cuales las
investigaciones ya señalan que los llamados guarimberos tienen la
responsabilidad directa de más de la mitad. Sin embargo, hasta el 27 de
marzo sólo había 168 detenidos, por la gravedad de los casos
criminalísticos en los que están implicados. ¿Cuál sería el resultado de
la acción de las fuerzas del orden y las instituciones de justicia en
países de Europa Occidental si un sector extremista pretendiera la
salida por la fuerza del gobierno constitucional y provocara acciones de
violencia y terrorismo en algunas ciudades, durante dos meses? ¿Cómo lo
cubriría El País?
¿Cómo se puede decir que
sufre un desastre económico, Venezuela, un país que creció en 2012 un
5,5% y en 2013 un 1,6%, que tiene una relación deuda externa/PIB del
18%, una tasa de paro en 7% o que entregó en los últimos dos años más de
500 mil viviendas sociales? No se trata de eludir los retos que tiene
nuestra nación en el área económica, pero parece que la escandalosa
deuda del grupo PRISA, por las aventuras financieras y empresariales de
sus directivos, influye cada vez más en su forma de plasmar la realidad.
¿A qué apuesta El País cuando
descalifica la Conferencia Nacional de Paz convocada por el gobierno
del presidente Nicolás Maduro, que ha sido apoyada por todos los
organismos de la región, desde Unasur hasta la OEA, y ya ha producido
importantes acuerdos con sectores empresariales y de la oposición
democrática? ¿Por qué no cuestiona la voluntad política de la oposición
violenta en un país donde la Constitución establece la posibilidad de
realizar un referéndum revocatorio a mitad de mandato? ¿Por qué reitera
la idea sin sustento de que los simpatizantes del chavismo son
violentos?
¿Quiere re-editar El País su nefasto editorial del 13 de abril de 2002 “Golpe al caudillo”,
cuando creyendo que había triunfado el golpe de Estado contra el
presidente Hugo Chávez, intentaron justificar la ruptura del orden
constitucional y democrático en Venezuela?
Ya decía algún otro medio
–igualmente de derechas— hace poco, que el principal directivo de El
País ha estado con el franquismo, la República, la Monarquía y ahora
sólo busca que le echen “una mano para reducir la deuda de PRISA”…
Quizás sea El País el que deba rectificar sus políticas editoriales, por
respeto a los ciudadanos que todavía creen en él… Mientras tanto el
pueblo venezolano y su gobierno democrático, constitucional y
revolucionario seguiremos siendo independientes, aunque algunos nos
llamen ingobernables.
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