Por PA.
El gobierno reaccionario del PP y sus aliados del PSOE y Ciutadans han justificado la ola represiva desplegada contra las instituciones y los representantes democráticos del pueblo de Cataluña amparándose en la necesidad de hacer cumplir la legalidad.Sin embargo, la alarmante situación que se vive estos días en Cataluña nada tiene que ver con la legalidad. Se trata de una cuestión de legitimidad.
El actual estado español y toda su estructura legal son el resultado de un proceso que conocemos como la Transición, mediante el cual, un régimen fascista ilegítimo, surgido de un golpe de estado militar contra el gobierno de la 2ª República e impuesto por la sangre durante 40 años, se convirtió en una monarquía parlamentaria y fue admitida en el club de las democracias occidentales.
España ha sido muy autocomplaciente con aquella Transición que ha querido presentar siempre como modélica. Sin embargo, no lo fue tanto, de hecho, no lo fue nada, si tenemos en consideración el actual estado de las cosas. En realidad, la Transición fue un proceso tutelado por la dictadura militar, que intuyó las ventajas de salir de la autarquía del régimen y aceptar la concesión de ciertas libertades civiles, siempre asegurándose de que el marco legal resultante no pusiera en riesgo su statu quo.
Para el conjunto de la izquierda superviviente de la dictadura, que hasta 1978 había sido perseguida, exiliada y obligada a la clandestinidad, la Transición no se planteó como un pacto definitivo. Todo el mundo era consciente en 1978 que aquel proceso no era el mejor sino el único posible en aquella coyuntura. Todo el mundo sabía en 1978 que sería necesario seguir conquistando la democracia, derribando progresivamente el régimen: por la República, por la Memoria Histórica y la reparación de las víctimas del fascismo, por un modelo federal o confederal de ordenación territorial, por un modelo más social y progresista de distribución de la riqueza.
El problema es que una buena parte de la izquierda española de estos últimos 40 años, no fue fiel a sus propios principios ni a su propia historia. Fue asimilada por el constitucionalismo monárquico, asumió el relato de los vencedores y se postró ante las instituciones del régimen, sin importarle su ascendencia y esencia fascista.Prefirió olvidar 40 años de asesinatos y tiranía y mirar adelante permitiendo la impunidad. Ciertamente, esto pasó de manera generalizada, pero en menor intensidad en Cataluña, Euskadi o Galicia, donde la pervivencia de una vindicación histórica de reconocimiento de la soberanía, mantuvo la izquierda en posiciones mucho más críticas hacia la Transición y el régimen monárquico.
El estallido de la burbuja especulativa de 2008 vertió España a una crisis económica sin precedentes, que ha tenido un efecto social devastador en todo el estado. La ola de malestar social ante la gestión autoritaria, corrupta e incompetente de los sucesivos gobiernos reaccionarios españoles fue generalizada en todas partes. Poco a poco, el grueso de la izquierda de la sociedad española ha comenzado a recuperar el relato de una República democrática y social que fue truncada durante 40 años por la represión fascista y por 40 años más de simulacro democrático.
La izquierda catalana ha recogido siempre en su programa el derecho a la autodeterminación de Cataluña. También los movimientos sociales y populares surgidos desde el estallido de la crisis, así como los movimientos ciudadanos nacidos en los últimos años, han incorporado el derecho a decidir en sus programas de profundización democrática. No podía ser de otro modo, la voluntad de una gran mayoría del pueblo de Cataluña de ejercer su derecho innegable a la libre determinación está tan extendida como el cuestionamiento del orden constitucional surgido de la Transición, que nunca se ha dejado de ver como provisional.
La situación actual planteada en Cataluña ante la convocatoria del 1 de octubre y la reacción represiva del estado supone a todos los efectos el final del sistema institucional surgido de la Transición. Ya nada podrá seguir igual después del ataque a las instituciones catalanas y la vulneración masiva de derechos fundamentales llevadas a cabo por el gobierno español a través de unas instituciones judiciales y policiales que han quedado en evidencia por su falta de calidad democrática.
Más temprano que tarde, España está obligada a enfrentar una profunda crisis institucional que debe llevar inevitablemente a la apertura de un proceso constituyente en el conjunto del estado. Este momento ha llegado ya y es inaplazable. La desintegración del régimen monárquico del 78 está en marcha.
Las instituciones españolas y sus leyes no son legítimas ni emanan de la voluntad popular. La izquierda no puede rehuir su responsabilidad. Le toca estar en frente de la democracia, junto a los pueblos contra la tiranía, a favor de la transformación y el progreso social, en defensa de la soberanía que la sociedad reclama.
Un Proceso Constituyente en Cataluña es la oportunidad histórica de un Proceso Constituyente para todas las naciones ibéricas. La República Catalana es el primer paso necesario para la libre federación de todos los pueblos de España. Ha llegado el momento de que en todas las plazas del estado se vuelva a sentir el clamor unánime de la mayoría rebelde e insumisa: viva la República!
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