¿Válido o no el Referéndum del 1-O?

Foto realizada a la retrasmisión de TV3 este 1 de Octubre.

Por Gustavo de la Torre Morales

El derecho de los pueblos a decidir su futuro, hoy en día, está directamente ligado a la Carta de las Naciones Unidas (Firmada en San Francisco el 26 de junio 1945. Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945), la cual en su Acápite 2 de su Artículo 1 establece “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos”; así como también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. París), el cual establece en su Tercer Considerando del Preámbulo como cuestión “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Además, también se debe tomar en cuenta los derechos civiles y políticos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, donde se reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación como el primero de los derechos humanos.

El Referéndum del 1-O, para establecer una República independiente como voluntad del pueblo catalán, ha sido un choque de dos voluntades, aparentemente opuestas. Por una parte una ola cada vez más creciente de un pueblo catalán que se entiende como Nación y con justa razón no siente suyo el proyecto impuesto desde el Estado español en 1978 y por otra parte aquellos que sustentan el régimen nacido en la “transición” y que va mostrando rezagos del franquismo.

Hoy en día, el proceso secesionista ha estado lamentablemente encabezado por el Partido Demócrata Europeo Catalán ((PdeCat), antiguo CiU que curiosamente aplaudió los golpes de Estado que la derecha intentó dar contra el gobierno constitucional de Venezuela y triunfó en Honduras y Paraguay, porque en éstos se quiso realizar referéndums de consulta popular); la mismísima derecha catalana que está salpicada junto al Partido Popular por la corrupción, vinculada a las privatizaciones de servicios a costa de las carencias de la sociedad catalana, de los ocultos negocios con el sionismo israelí y el oportunismo clasista, es quien en Cataluña va a la cabecera del proceso independentista para tapar sus fracasos frente a la Generalitat. Pero para ello cuenta, además, con la complicidad de quienes desean llegar a ese estatus de altura económica, la mediana burguesía, por mucho que en el nombre de su organización política lleve los vocablos de “Esquerra” y “Republicana”.

Intentando encajar en el contexto está el arco de la izquierda y progresista catalana, con fuerzas que se han mostrado notoriamente fraccionadas; algunas por sus ombliguismos y otras sin llegar a comprender la imperiosa necesidad de unificar fuerzas (reflejo del resto del Estado español). Tampoco comprendieron ni supieron aprovechar la potente explosión del 15M, porque no supieron aparcar sus intereses y ansias de protagonismos individuales, fracasando en el ánimo de encabezar un proceso de voluntad popular que conllevara a lo más importante en el escenario del Estado: desplazar del poder a las fuerzas políticas herederas del franquismo (Partido Popular y sus regeneraciones) y cambiar la discriminatoria relación existente entre el Estado central y sus autonomías; mucho más porque no sólo era una relación de desigualdades económicas, sino también desfasada en lo cultural, político y social.

¿Era la independencia el estatus necesario para la ruptura democrática? Evidentemente no, ya que las violaciones y despojos de derechos y la aplicación de políticas de desigualdades es un resultado del sistema en todo el Estado español; aunque en el contexto actual y la impuesta correlación de fuerzas forzaba a que sin lograr lo primero no se podría llegar a lo segundo. Pero el referéndum era una vía y oportunidad democrática que al gobierno central no le interesa.

Desde el Estado central, y en la voz de dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos se han emitido constantemente mentiras sobre la realidad catalana. Farsas que los medios de información, incluyendo lo públicos, se han hecho eco de los centros y fuerzas políticas con poder económicos. Una propaganda que ha incentivado el odio y la división social y han conducido las crecientes diferencias culturales a los pedregales políticos.

Las declaraciones siempre han sido sobre la ilegalidad del referéndum, de lo antidemocrático del proceso, del resquebrajamiento de la verdadera voluntad del pueblo español (y dentro de éste el catalán) e incluso han hecho todo esfuerzo posible por criminalizar el proceso con Venezuela (en descarado acto de tergiversación de la realidad de ese hermano país); sin embargo, mirando ambos contextos, es curioso que el Partido Popular y con éste Ciudadanos y PSOE amparen discursos que demuestran el doble rasero moral.

El presidente de España, Mariano Rajoy, sobre el plebiscito que la oposición venezolana llevó a cabo en julio de 2017 y en clara demostración injerencista en los asuntos internos de otro país dijo: “Tenemos el deber de denunciar con claridad a los responsables y a los cómplices de estos atropellos a la libertad, porque si no, solo podemos esperar más arbitrariedad y más injusticia”. Y el plebiscito se llevó a cabo, con el permiso del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, muy a pesar de declararlo ilegal.

A pocos meses de las anteriores palabras, el propio presidente de España expresó sobre el referéndum en Cataluña: “No se puede permitir que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la Ley y hacer lo que estimen oportuno y conveniente. Eso no es posible porque sería entrar en la Ley de la selva”.

Entonces, ¿por qué negarse a un referéndum en Venezuela es “atropellos a la libertad” y es catalogado como “unilateralmente pasar por encima de la Ley” en Cataluña?

Dato curioso es que en 2006, Mariano Rajoy exigía al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un referéndum para decidir sobre el Estatut de Cataluña, el cual encontraba muy nacionalista, y para ello presentó 4 millones de firmas (entre ellas unas 40 mil catalanas) y frente al Congreso expresó: “Señorías, ante una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso, no podemos ni siquiera imaginar que un Gobierno democrático se oponga y la rechace”_ y también añadió _“Esta es la voz de los ciudadanos, señorías, y es muy fácil escucharla y conviene hacerlo”.

Entonces, ¿por qué lo que en un momento era “una demanda tan legítima, tan en razón, con un respaldo tan vigoroso” sobre la realidad de Cataluña, hoy en día es un acto ilegal, antidemocrático y “entrar en la Ley de la selva”?

En reciente visita que el presidente de España realizó a EEUU a finales de septiembre, declaró frente a la Casa Blanca que "La decisión de proclamar unilateralmente la independencia no me corresponde a mí, como es evidente, es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento de Cataluña. Sería un disparate”. ¿Si es una decisión del Parlamento catalán, entonces porque se uso al Tribunal Constitucional y a jueces para judicializar la decisión del Parlamento catalán de expresar una voluntad social; así como es incomprensible la presencia en Cataluña de miles de efectivos de las huestes de la Guardia Civil y Policía Nacional, cuyas partidas de sus territorios contaron con pomposas festividad de ultras y fanáticos al españolismo, como si fuesen a una cruzada? _que prácticamente así fue.

En dichas declaraciones Mariano Rajoy también añadió que “lo que puede haber es alboroto o ruido pero no un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías”; y dicha falta de garantías lo justificaba con la ausencia de urnas y papeletas para la votación. Pero ¿Si no existían urnas y papeletas para la votación, cómo es posible que la Guardia Civil haya requisado urnas y papeletas en almacenes en Igualada y en Bigues i Riells, Barcelona? ¿No será que realmente no querían que dichas garantías existieran?

Muy a pesar de la movilización de fuerzas policiales hacia Cataluña, el pueblo catalán decidió movilizarse y votar de manera cívica, pacífica. Las personas mayores y mujeres con niños se les permitieron entrar sin hacer colas para que pudieran ejercer su voto, en justo gesto solidario y calidad  humanitaria. En contraposición, las redes sociales han dado a conocer al mundo la brutalidad y uso de la fuerza desproporcionada, el carácter represivo y franca intensión de coartar la expresión del pueblo catalán por parte del gobierno central del Estado. Mientras la sociedad recibía a las fuerzas policiales con las manos alzadas, en muestra pacífica de no confrontación para ejercer el simple derecho a decidir el futuro, la respuesta fue a golpes de porras, empujones, patadas, disparos de balas de gomas y en requisado de urnas.

¿Será válido el resultado del referéndum? Es bien difícil conocer el resultado real sobre si ganó la opción hacia la independencia o no, ya que el robo a modo de corso de las urnas, dejó contabilizar únicamente 2 millones 262 mil 424 de papeletas (sin contar la votación que se ha realizado en el extranjero) y de ellos 2 millones 020 mil 144 fueron a favor del independentismo, según se ha informado por TV3 como dato preliminar. Pero lo que sí ha dejado constatado el proceso del referéndum es que la política de bloqueo y represión del Partido Popular se ha convertido en una fábrica de independentismo y no un puente al diálogo y a los acuerdos políticos.

Es muy llamativo el discurso manipulador de un presidente que prefiere declaraciones a la prensa a través de un plasma y que en acto servil al representante del Tío Sam, exprese que “sobre Venezuela hemos compartido impresiones por la deriva autoritaria del país y la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano”, cuando en ese hermano país se han desarrollado 22 procesos entre elecciones y consultas con el pueblo en estos 19 años de Revolución Bolivariana, cuyo único rechazo y violencia a salido de los homólogos de la derecha española en ese país. Parece que Rajoy “olvida” que España, bajo su mandato, fue desaprobada por el Comité de los DDHH de la ONU, en el informe “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España”, dado a conocer el 20 de julio de 2015, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte con asignaturas pendientes en “Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros”, entre otras hasta llegar a la totalidad de 26 apartados. Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela, tan criminalizada por la derecha española, sí obtuvo la aprobación de dicho Comité de DDHH.

Esto último trae la pregunta ¿Cuántas consultas se han realizado en España y principalmente bajo la administración del Partido Popular? ¿Dónde realmente está la dictadura? Por lo tanto, es hipócrita que Mariano Rajoy venga a hablar de que en España hay una “democracia madura, avanzada y tolerante” cuando su gobierno recurre a la violencia para tapar su deriva política y de total corruptela.