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| Grupos desestabilizadores queman institucion del FSLN en el departamento de Leòn. |
Fuente original: Cuba Con Amalia
Por Lídice Valenzuela.
En Nicaragua solo los ingenuos consideran posible una revuelta de enormes proporciones por la inconformidad con un decreto firmado por el presidente Daniel Ortega, con un saldo de 63 fallecidos, 15 desaparecidos y cientos de heridos, mientras la oposición se niega a poner fin a la violencia.
El pasado 18 de abril comenzaron en varias ciudades nicaragüenses manifestaciones pacíficas de protesta por la reforma planteada por Ortega a la Seguridad Social, la cual, ante los acontecimientos, fue revocada de inmediato. Sin embargo, como siguiendo una pauta marcada, en las calles continuaron focos vandálicos, no de ciudadanos inconformes, que atentaron contra instituciones estatales y privadas, robando e incendiando. Se estima que las pérdidas económicas hasta la fecha ascienden a 258 900 millones de dólares.
La situación de una supuesta rebeldía popular es poco entendible en Nicaragua, que en noviembre de 2016 reeligió al comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como presidente con el 72,1 % de los votos válidos, en una dupla con su esposa Rosario Murillo como vice.
Para evitar los costosos desmanes en vidas y pérdidas materiales, el gobierno sandinista llamó a un diálogo nacional a las fuerzas políticas, el empresariado, y la Iglesia Católica, entre otros actores, el cual, hasta ahora, deja pocos resultados, dada la postura obcecada de los opositores que desean la salida del mandatario.
Durante las jornadas de debate, los opositores se centraron solo en solicitar la renuncia en pleno del gobierno y avalar los tranques que impiden el derecho a la libre circulación en el país, el comercio y el derecho al trabajo, reportó la agencia de noticias Prensa Latina desde Managua.
Nicaragua constituye un ejemplo para Centroamérica por su sostenido crecimiento económico (en torno al 5 % anual), la paz nacional —es el país más seguro de esa región— y el cumplimiento de programas sociales que le ha devuelto la dignidad a los más humildes de esa nación. Logros reconocidos por organismos internacionales, ahora alarmados por los graves incidentes iniciados por supuestos inconformes con el sistema.
Este miércoles se reanudará el diálogo a que convocó el sandinismo, junto a la Conferencia Episcopal, interrumpido el fin de semana por la oposición, negada a aceptar un acuerdo dirigido a suspender las acciones violentas.
La idea partió de delegados de las micro, pequeñas y medianas empresas, el sindical-corporativo y productores agropecuarios, pero resultó boicoteada por los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, la Unión de Productores Agropecuarios, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, una parte del sector campesino y el llamado Movimiento 19 de abril.
El canciller Denis Moreno, quien es el negociador oficialista en la mesa, lamentó la postura del bloque opositor, que hubiese podido terminar la crisis actual, sin precedentes en el país en las últimas décadas.
El titular de Exteriores precisó que “primero hay que estabilizarnos y para ello es necesario priorizar el cese de la hostilidad y el intento de paralizar el país”.
Moreno argumentó que resulta incongruente hablar de reformas políticas y de futuro sin paz, lo cual facilitará, expresó, la continuación del debate sobre otros asuntos.
Ese día, el grupo de diálogo solo aprobó, como propias, las 15 recomendaciones de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —invitada por Ortega, en un gesto de buena voluntad, a viajar a Managua por tres días— hechas luego de su visita de trabajo.
Entre las sugerencias de la CIDH, contenidas en un informe presentado el pasado lunes, está la solicitud al Estado “a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas”. Al parecer, la Comisión, culpa al gobierno, sin decirlo, de los muertos y heridos.
También pidió la adopción de medidas oficiales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia, que mantiene a la población en tensión, luego de una paz estable.
Mientras, en una alocución pública, la vicepresidenta Murillo recordó que la dirección sandinista garantizó la paz nacional y habló sobre los muchos programas económicos y sociales, de salud, de libertad de culto y expresión, con garantía de derechos y facilidades.
Murillo afirmó que delincuentes pagados impiden el acceso a los centros de salud, en tanto varias familias denunciaron que les amenazas sus casas. Esta plaga, refirió, nos está quitando el derecho a salir, asaltan a las personas y las golpean, según transmitió La voz del Sandinismo.
Analistas políticos alertaron en los últimos días que en Nicaragua se repite un esquema de golpe blando similar a las acciones vividas en Venezuela en 2014 y 2017 para derrocar al presidente Nicolás Maduro, recién reelecto para el período 2919-2025 por más de seis millones de votantes.
Hay un hecho significativo: medios de prensa derechistas acusan al Ejército nicaragüense de reprimir los actos vandálicos, lo que fue negado por el portavoz de esa fuerza, coronel Manuel Guevara, quien dijo a la agencia AFP que “el único camino válido es el del diálogo y no la muerte”.
La persistencia de la violencia y el vandalismo permiten suponer que tras esta crisis se esconden los intereses de la derecha internacional, controlada en América Latina por Estados Unidos, que quiere desaparecer una Nicaragua consolidada.
Se trata, en opinión de observadores, de un nuevo plan injerencista de Washington, que reedita el guión empleado en Venezuela, el cual fracasó dada la conciencia del pueblo y la confianza depositada en Maduro por el pueblo chavista.
Entrevistado por la multinacional Telesur, el analista Sandino Asturias destacó que Washington busca con esas acciones desestabilizadoras recuperar los espacios perdidos en Centroamérica en los últimos años.
Para el periodista Adolfo Pastrán, los hechos forman parte de una serie de acciones contra el gobierno revolucionario que se han generado progresivamente desde enero pasado. Sectores políticos de la oposición, dijo, se infiltraron en las primeras protestas pacificas que pedían la derogación del decreto presidencial, pero siguen actuando aunque fue derogado.
Los grupos opuestos al sandinismo, destacó, no pueden llegar al poder mediante los votos electorales, y ahora apuestan por la violencia como vía para asumir la presidencia.
Como hicieron en Venezuela, la derecha regional intenta ahora desacreditar a nivel mundial la Revolución Sandinista y su positiva influencia en países vecinos, usando como patrocinadores a los elementos más retrógrados de la sociedad nicaragüense, siempre pendientes de cualquier pretexto para intervenir, priorizando sus intereses.
Estados Unidos, además, pretende quebrar al gobierno de Ortega y colocar en su lugar a uno de sus títeres que, si llegara al poder, rompería las relaciones comerciales que mantiene Nicaragua con China y otras economías emergentes. Washington considera que los planes económicos suscritos con el gigante asiático atentan contra sus intereses de dominación.
Amén de la buena voluntad del líder del FSLN, de los mensajes de organismos internacionales como Naciones Unidas llegados a Managua para saludar el diálogo, Nicaragua está en la mira de la ultraderecha que hará lo imposible por derrotar la Revolución. Mucha firmeza política e ideológica tendrá que demostrar el pueblo de Augusto César Sandino para eliminar esta embestida imperial.
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