Fuente original: Le Journal de Notre Amérique
Por Alex Anfruns
Desde hace dos meses, Nicaragua
atraviesa una gran crisis política, alimentada por los enfrentamientos entre
las fuerzas del orden y un movimiento insurreccional. Las organizaciones
humanitarias informan un registro aterrador de cerca de 200 muertes. Esta violencia
compromete los intentos de negociaciones políticas, por eso es necesario
entender quién tiene interés en paralizar a este país de América Central.
¿Cuáles son las motivaciones de los manifestantes y las fuerzas de la
oposición? ¿Es el gobierno nicaragüense el símbolo de la tiranía absoluta como
algunos lo afirman?
Lo
que prendió fuego a la pólvora fue un proyecto de reforma de las pensiones.
Para evitar la privatización de la seguridad social según lo recomendado por el
FMI, el gobierno quería aumentar las contribuciones tanto para los trabajadores
como para los patrones. Ante la protesta, el gobierno dio marcha atrás y retiró
su plan de reforma. Pero las protestas continuaron sin que nadie pudiera
entender cuál era su propósito. Para detener el ciclo de violencia, los
portavoces del gobierno llamaron a los descontentos a participar en las
comisiones de paz. Insistieron en su voluntad de escuchar las diversas demandas
y promover la expresión de la oposición política. No sirvió de gran cosa. Las
llamadas al diálogo del gobierno fueron rechazadas.
Incluso
fueron percibidas como un signo de debilidad, galvanizando a los jóvenes
manifestantes del movimiento M-19. Sin un programa, este movimiento simplemente
llama a derrocar a la “dictadura” acusada de estar en el origen de la
“represión”. Además, los medios internacionales se alinearon sin reserva sobre
estos manifestantes, considerados como la quintaesencia de la sociedad civil, a
pesar de su nihilismo y su extremismo. Pero la actitud del M-19 plantea varias
preguntas. Al rechazar cualquier solución política y promover la violencia, el
movimiento ofrece un pretexto ideal para los adeptos del “cambio de régimen” y
del “caos constructivo” ya
aplicado en países como Libia, Iraq o Ucrania.
El
14 de junio, la operación del M-19 de desplegar “tranques” (barricadas) en
ciertas áreas de la capital Managua, así como en ciudades cercanas como Masaya
o Granada, fue apoyada por un “paro nacional” de 24 horas. Esta huelga fue
convocada por el COSEP, la principal organización de empresarios. Sí, en
Nicaragua, ¡son los jefes quienes llaman a la huelga! ¿El mundo al revés? El
hecho es que el movimiento no fue seguido por la mayoría de los trabajadores,
ni por las pequeñas y medianas empresas. Pero permitió evaluar el equilibrio de
poder y mantener la presión hasta la siguiente fase. El 16 de junio, día en que
debía reavivarse el diálogo de paz entre la oposición y el gobierno, un nuevo
episodio de violencia extrema apareció en los titulares de los medios
internacionales.
El macabro incendio de la casa Velásquez
Primero,
los hechos. El 16 de junio, un grupo de encapuchados prendió fuego a un
edificio en Managua utilizando cócteles molotov, causando seis muertes, entre
los cuales un niño de dos años y un bebé de cinco meses. Un taller de colchones
ocupaba la planta baja del edificio, mientras que el propietario y su familia
residían en la primera planta. Algunos vecinos dijeron que vieron a matones
arrojar sus cócteles al edificio, y que los francotiradores habrían evitado que
la familia escapara. La tesis accidental fue, por lo tanto, inmediatamente
rechazada.
Pero
medios privados como Televisa o la BBC tomaron de inmediato el caso para culpar a las autoridades por el
crimen. Según sus informaciones, los paramilitares a sueldo del
gobierno querían utilizar el techo del edificio para colocar francotiradores;
habiéndoselo negado por el propietario, los paramilitares lo habrían encerrado
en su residencia con su familia antes de prenderle fuego. Esta es la misma
tesis defendida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que
señaló “su complicidad con la policía nacional”. Para otros gobiernos, este
argumento parecería simplista, inverosímil e irracional. ¿Quién hubiera
defendido la idea de que el gobierno británico podría estar detrás del incendio
de la torre Grenfell, por ejemplo? Pero en el caso de Nicaragua, la teoría de
la complicidad o incluso la responsabilidad del gobierno se avanza con total
normalidad.
Para
dar crédito a la historia, la BBC usó el testimonio
del único superviviente de la familia: “Personas encapuchadas vinieron con
agentes de policía y encerraron a nueve personas en una habitación del segundo
piso y nos quemaron vivos”. Según el mismo testimonio, los delincuentes
portaban “morteros, armas y bombas molotov”. Debe respetarse el duelo de los
supervivientes. Sin embargo, no se puede descartar que en estado de shock, y
pidiendo una justicia divina, sientan la necesidad de encontrar un culpable
inmediato. Por eso no se puede excluir que su testimonio haya sido influenciado
de alguna manera para canalizar su ira y explotarla políticamente. Para
pretender acercarnos a la verdad, es necesario buscar información adicional y
cruzarla con otros testimonios y documentos.
El
problema es que los observadores se enfrentan a una verdadera guerra de
imágenes. Filmado desde el balcón de la casa incendiada, un video amateur fue
difundido en las redes sociales. Su utilidad es reforzar la tesis de la
participación de las fuerzas policiales y las organizaciones parapoliciales.
Filmado por el hijo mayor de la familia, Alfredo Pavón, una de las víctimas del
incendio, este video es ciertamente interesante. Pero vemos solo cómo un convoy
de cinco camionetas policiales se detiene cerca de la casa después de una
persecución en motocicleta, luego realiza algunos disparos de intimidación y
arresta a un joven motorista. Difícil de utilizarlo como una prueba. Sin
embargo, este documento es utilizado para sembrar dudas, o incluso para
designar a las autoridades como responsables del crimen. Ampliamente compartida
por los medios tras el crimen, el video continúa circulando y alimentando los
comentarios de odio…
De
hecho, la difusión de estas imágenes ha sido sacada de contexto: la grabación
se realizó el 21 de abril, es decir, al comienzo de esta crisis. Lo que revela
sobre todo es que esa área precisa había sido escenario de enfrentamientos
entre los dos bandos desde el comienzo de la crisis. Lo cual corresponde con la
información transmitida por ciudadanos nicaragüenses, quienes indican que los
alrededores del barrio Carlos Marx estaban controlados por la oposición. De
hecho, es difícil de creer, como dice la oposición, que las fuerzas policiales
hayan patrullado ese mismo barrio durante dos meses, sin poder sofocar el
movimiento de protesta hasta el 16 de junio, fecha en la cual finalmente
decidieron usar el techo de la familia Velásquez para colocar francotiradores.
Y eso no es todo. Según la misma versión, al no haber obtenido la aprobación de
la familia, las autoridades actuaron brutalmente incendiando la casa. ¿Sin
calcular que ello provocaría un resurgimiento de las tensiones en lugar de
calmarlas?
En
lugar de sentirse intimidados por el crimen en la casa de Velásquez, cuatro
miembros del M-19 estuvieron presentes en la escena el mismo día, para grabar
un video donde
acusan al gobierno de “terrorismo de estado” y llaman a apoyar su movimiento.
Aprovechan para enviar un mensaje a la mesa de diálogo: “No vamos a quitar las
barricadas, están en nuestras manos y en las del pueblo, no las quitaremos.
Quiero que sepan que si el pueblo no se une, terminará con masacres como esta”.
Pero sus acusaciones, repetidas por ciertos medios y usuarios de las redes
sociales, ¿han sido objeto de una auténtica investigación que reúna elementos
suficientes?
¿Represalias contra el derecho al trabajo?
La
periodista de TeleSur Madelein García informa de una versión completamente
diferente: los responsables del incendio serían “delincuentes reclutados por la
oposición”, “encapuchados que atacaron con morteros y cócteles molotov la casa
familiar”, después de leer en un medio que los francotiradores de la policía se
escondían allí “. García explica que, según una amiga de la familia, “los
encapuchados pidieron colchones, el dueño se negó y fue entonces cuando
quemaron la casa para vengarse”.
Por
otra parte, una perturbadora captura de pantalla del movimiento 19 de abril fue
transmitida a través de las redes sociales, donde se observan varias fotos del
propietario del local, el padre de familia Velasquez Pavón, acompañado de
amenazas explícitas contra él. El documento dataría de 2 días antes del
incendio, es decir en el momento del paro organizado por el COSEP. El
comentario indica que no había respetado la consigna del paro y prefirió seguir
trabajando. Para sus atacantes, eso habría sido suficiente para sospecharlo
automáticamente de simpatía hacia el gobierno. El M-19 habría transmitido la
identidad y dirección de una de las futuras víctimas, amenazando con
“desaparecer” a estos “infiltrados” del sandinismo que “se niegan a hacer la
huelga, pretendiendo apoyar al pueblo”.
Desde
la difusión de este documento –
cuya autenticidad no hemos podido comprobar-, parece que el texto y las fotos
han sido eliminados de la cuenta, y los administradores de la cuenta del
movimiento explican que sería una falsificación. Una explicación que no
convenció a todo el mundo: algunos recuerdan haber visto estas fotos antes del
día del incendio. Otros señalaron que el área estaba bajo el control de la oposición,
a través de “tranques” (barricadas).
¿A
quién creer? Solo disponemos de unos videos amateur publicados por Velasquez
Pavon en su cuenta de Facebook en los últimos meses. Presenta con orgullo su
taller de fabricación de colchones y dice que trabaja incansablemente. ¿Habría
sido el proprietario Velásquez Pavón el blanco de la oposición, o de las
fuerzas paramilitares? Dos días después de la huelga patronal, ¿habría habido
represalias contra el derecho al trabajo del pueblo nicaragüense? Los muertos
no hablan, es difícil responder a estas preguntas. Pero el respeto por las
víctimas requiere una verdadera investigación independiente, que es
incompatible con la manipulación política y mediática.
¿Quién quiere cobrarse la vida de los sandinistas?
Sin
que despierten la misma indignación de los medios de comunicación, otros
asesinatos y ataques han tomado claramente por blanco a ciudadanos y edificios
asimilados al sandinismo.
El
mismo día en que la casa de los Velázquez fue incendiada, una funeraria ubicada
a pocos metros de la casa también fue saqueada e incendiada.
También,
a proximidad del lugar de los hechos, dos hombres fueron vistos en la calle
desmantelando las barricadas de la oposición. Fueron asesinados a tiros a
quemarropa. Los asesinos rociaron gasolina en uno de los cadáveres y
encendieron el fuego. Antes de partir, colocaron objetos sobre el cuerpo
calcinado para crear una escena macabra. Se trataba de Francisco Aráuz Pineda,
de una familia histórica de la Revolución Sandinista.
He
aquí una secuencia no exhaustiva de acciones violentas que tuvieron lugar en
apenas tres semanas:
-El
28 de mayo, la fiscalía de Masaya fue incendiada, mientras que la policía denunció un
ataque contra sus oficinas.
-El
29 de mayo, los manifestantes prendieron fuego a las oficinas de Tu Nueva Radio Ya, por
ser considerada como un medio progubernamental.
-El
31 de mayo, las oficinas de Caruna,
una cooperativa de servicios financieros, fueron incendiadas.
-El
9 de junio, Radio Nicaragua fue
destruida por un incendio. Ese mismo día, un joven activista sandinista murió
en un accidente de motocicleta al intentar esquivar una barricada en San José
de Jinotepe, Carazo.
-El
12 de junio, una pandilla secuestra y tortura
brutalmente a 3 trabajadores en el Colegio San José en
Jinotepe. En el contexto de los enfrentamientos, 2 militantes sandinistas
históricos fueron asesinados. Además, ese día la casa del alcalde fue saqueada
y quemada.
-El
13 de junio otro grupo secuestró y torturó brutalmente a Leonel Morales, líder
del Sindicato Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Los médicos de
emergencia en el Hospital Bautista trataron heridas graves causadas por una
bala alojada en el abdomen del joven, lo que indicaría una clara voluntad de
matar. Los autores de esta agresión vendrían de las proximidades de la
Universidad Politécnica de Managua.
-El
15 de junio, un día después de la huelga patronal, el abogado y activista
sandinista Marlon Medina Tobal fue asesinado a
tiros mientras caminaba junto a una barricada en la ciudad de León. El mismo
día, se observaron manifestantes armados con
morteros en la ciudad de Jinotepe.
-El
18 de junio, unos delincuentes arrojaron una llanta en llamas dentro de la casa
de Rosa Argentina Solís, una dirigente comunal de 60 años… por haber apoyado
“plenamente al gobierno del presidente constitucional Daniel Ortega” y
recordado que había “ganado las elecciones por mayoría de votos “. El mismo
día, la casa de la madre del diputado sandinista José Ramón Sarria Morales fue
objeto de un incendio provocado. Luego, nueve miembros de su familia
fueron secuestrados y torturados.
-El
18 de junio, el militante sandinista Yosep Joel Mendoza Sequeira, residente del
barrio de Simón Bolivar Matagalpa, fue secuestrado y torturado salvajemente.
El mismo día, se transmitió un video a través de las redes sociales, donde una
joven acusada de simpatizar con el gobierno es humillada y torturada durante
un interrogatorio.
-El
21 de junio, después de ser secuestrado por barricadas en Zaragoza, Stiaba, un
joven activista juvenil sandinista llamado Sander Bonilla fue salvajemente torturado bajo
la mirada impasible de un sacerdote.
-El
22 de junio, un grupo antisandinista disparó contra la casa de la maestra Mayra
Garmendia en Jinotega e incendió el edificio donde
estaba su familia, que pudo escapar.
Las
similitudes con los crímenes perpetrados
en Venezuela por la oposición antichavista de 2014 y 2017 sugieren que ante
todo esta ola de violencia está
motivada por un profundo odio ideológico que va más allá del marco del crimen
común.
Cuando los muertos resucitan
A
estos ataques brutales que hablan por sí mismos, podemos agregar la confusión
que mantienen los propios manifestantes, contando con la complicidad de los
medios privados.
-Así,
el 23 de abril, al comienzo de las manifestaciones, unos motociclistas que
transportaban cócteles molotov dispararon a quemarropa contra Roberto Carlos García
Paladino, un hombre de 40 años que murió en el acto. Su madre, Janeth García, denunció que
la oposición usó su imagen haciéndolo pasar por un estudiante víctima de la
represión. “Están ondeando la bandera con su imagen, como si fuera una bandera
de lucha. Pero él no era un estudiante, pueden comprobarlo sin problemas”.
-El
4 de mayo se transmite un video con el testimonio de José Daniel García,
quien denuncia el uso de su propia foto en una manifestación, haciendo creer
que fue asesinado en los enfrentamientos. Alertado por su madre, García exige
que se elimine su foto. Según él, esta “manipulación tiene la intención de
engañar a la gente”. Se han identificado casos similares en los que resucitan
los muertos:
-El
13 de mayo, un activista del Frente Sandinista, Heriberto Rodríguez, fue
asesinado de un tiro en la cabeza, cerca de un cine en Masaya. Los medios privados dicen que
fue asesinado durante una manifestación, y lo retratan como un mártir de la
lucha antigubernamental, mientras que el medio La Voz de Sandinismo afirma que
fue asesinado por bandas de criminales aliados a la derecha.
-El
16 de mayo, un grupo de manifestantes cerca del centro comercial Metrocentro en
Managua derribó una instalación de arte realizada en metal, llamada “El árbol
de la vida”. Después de haberla derribado, se montaron encima. El cineasta de
origen guatemalteco Eduardo Spiegler, que se encontraba en el lugar, fue aplastado por
el peso de la construcción de metal y murió en el acto. Su foto es utilizada
para hacer parecer que fue un estudiante víctima de la represión, lo que
algunos denunciarán como manipulación.
-El
30 de mayo, la familia de Mario Alberto Medina, de 18 años de edad y que murió
en septiembre de 2017, condena las
“acciones inescrupulosas de las personas que están usando las fotografías del
joven para agregarlas a la lista de muertos”.
Otras personas también
descubrieron la presencia de su nombre o foto en una lista de muertos
reclamados por los manifestantes: Christomar Baltodano, Karla Sotelo, Marlon
Joshua Martínez, Marlon José Dávila, William Daniel González… Como en Venezuela
en 2014, el público ha sido intoxicado por una campaña masiva de noticias falsas
a través de las redes sociales.
Observadores del “lado bueno” de la barricada
Si
queremos ampliar la perspectiva, a falta de poder exponer la historia larga, es
necesario volver a la cronología de los acontecimientos. El 15 de junio, el
diálogo de paz bajo mediación de la Iglesia se reanudó después de que las
conversaciones se hubiesen interrumpido. La nueva agenda entre el gobierno y la
oposición renovaba la autorización concedida a una lista de organizaciones
internacionales a participar en las misiones de observación en el país, para
“identificar todos los asesinatos y actos de violencia al igual que sus
responsables, con un plan integral para atender a las víctimas a llevar a la
justicia efectiva”. Entre ellos se encontraban los observadores de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UE.
Organismo
dependiente de la Organización de los Estados Americanos (alineados con
Washington), la CIDH ya había llevado a cabo una misión entre el 17 y 21 de
mayo. Luego continuó emitiendo comunicados, el último de los cuales coincidió
con el día del paro. Su balance atribuye al gobierno de Daniel Ortega la
responsabilidad central en esta crisis, al mismo tiempo que reconoce la
presencia de grupos armados con “morteros artesanales rellenos de pólvora” en
las filas de los manifestantes. La frase no es muy elocuente: es poco probable
que el lector del informe se imagine las escenas de horror de las que estos
grupos han sido responsables.
El
14 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió en
una carta que el trabajo de la CIDH aún no había tenido en cuenta “pruebas de
crímenes atroces, tratos crueles y degradantes, secuestros y otros actos de
violencia cometidos contra la población – y especialmente contra funcionarios públicos
y personas conocidas como sandinistas “. Dada la postura sesgada de la que es
acusada, la autorización para visitar los locales que el gobierno de Ortega
otorgó a la CIDH el 26 de junio debe ser considerada como una concesión en el
marco de las negociaciones de paz entre las dos partes. Sobre todo porque
instituciones como Amnistía Internacional ya han demostrado claramente que
están del otro lado de la barricada, haciendo oídos sordos a los testimonios
que perturban la narrativa dominante.
Por
lo tanto, se requiere precaución. Si asumimos la hipótesis de un motivo
político detrás del aterrador crimen de la casa de Velásquez, la llegada de los
investigadores de la CIDH podría haber sido una motivación especial para atraer
la atención de la opinión pública internacional. De todos modos, no pasó mucho
tiempo para que eso sucediese.
Primero,
el 18 de junio, la Alianza Cívica, el movimiento político de oposición que ha
entablado un diálogo con el gobierno, anunció su abandono de la mesa de negociaciones
y exigió la presencia de observadores externos. Las reacciones fueron
inmediatas, especialmente la del representante de la OEA, Luis Almagro y la CIDH…
y, finalmente, el inevitable comunicado de
la vocera del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, condenando la
‘violencia actual patrocinada por el gobierno, incluido el ataque del 16 de
junio contra la residencia y el comercio de una familia…”. Nauert recomienda al
gobierno que continúe de acuerdo con los puntos de la agenda de paz, incluida
la visita planeada de observadores de la CIDH. Su conclusión es significativa:
Estados Unidos toma nota del “llamamiento general de los nicaragüenses a las
nuevas elecciones presidenciales” y “considera que las elecciones serían una
forma constructiva para avanzar”… ¿Hacia dónde?
Esta
declaración contiene una amenaza apenas velada; es una injerencia a la
soberanía de Nicaragua. Se basa en un nuevo equilibrio de poder, a partir de la
secuencia de mediados de junio – el paro y el acuerdo de paz, socavado por la
nueva violencia del fin de semana, que ha tenido el efecto de abandono de la
mesa de diálogo por la oposición. Por lo tanto, Nauert ejerce presión sobre el
gobierno de Ortega, que ahora se enfrenta, por un lado, con un aumento de la
violencia callejera y la falta de diálogo con la oposición política, y por otro
lado con la llegada de las misiones de observación – quienes probablemente ya
hayan decidido de antemano la conclusión de su informe.
¿La política del “cambio de régimen” es algo del pasado?
A
menos que les haya afectado una ingenuidad galopante, todos habrán notado que
Estados Unidos sigue considerando a América Latina como su patio trasero.
Porque no podemos descartar el papel desempeñado en Nicaragua por cierto
activismo internacional, que tiene por epicentro el Congresode
Estados Unidos, donde la Ley Nica fue
aprobada en noviembre pasado. Bajo la iniciativa de Ros-Lehtinen, un miembro
electo del partido republicano, anticastrista de origen cubano, esta ley apunta
a asfixiar la economía nicaragüense, bloqueando los préstamos internacionales.
¿El motivo? Las “violaciones a los derechos humanos, la regresión de la
democracia en Nicaragua y el desmantelamiento del sistema de elecciones libres
en este país”.
Cuando
Estados Unidos se presenta como el Defensor de los Derechos Humanos y el
Campeón de la Democracia en El Mundo, debe recordarse que en los últimos años
los organismos que “promueven la democracia” como USAID o la NED han regado de dólares los
movimientos de oposición (apoyo que los manifestantes no ocultan por
cierto). Simultáneamente, el senador estadounidense Marco Rubio propuso usar
la Ley Magnitsky como
un arma de sanciones financieras contra el vicepresidente de la empresa mixta
Albanisa. ¿A qué objetivo apuntaba Rubio? “No solo apoyar el deseo de nuevas
elecciones cuanto antes, sino también para cambiar la constitución, porque un
nuevo gobierno sobre la base de la corrupción y la dictadura es mas o menos lo
mismo”. Ayudar a derrocar al gobierno elegido por el pueblo de Nicaragua no es
suficiente, así que hay que escribir una nueva constitución directamente en su
Lugar, ¡para evitar que esos latinos vuelvan a sus malas costumbres!
Todos
estos mecanismos de desestabilización responden a las diferentes fases de una
auténtica guerra híbrida. En opinión de los estrategas neoconservadores, el
“caos constructivo” es mucho mejor que perder los antiguos espacios de
influencia directa en beneficio de otras potencias competidoras. Si Nicaragua
se encuentra nuevamente en la línea de mira del imperialismo estadounidense, es
porque las verdaderas razones son principalmente económicas.
Nicaragua, teatro de una larga guerra estratégica estadounidense
Ya
desde 1825 la Federación Centroamericana, república surgida de las guerras por
la independencia, había encargado un estudio para la creación de un canal a
través de la ruta del Lago Nicaragua. Era un proyecto estratégico para el
desarrollo económico y la supervivencia de la joven república. Pero a partir de
la separación de Nicaragua el 30 de abril de 1838, la Federación Centroamericana
se dividió en seis entidades políticas diferentes: Guatemala, Belice, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se acabó el proyecto de integración
económica en la región…
Para Estados Unidos, la división de
América central ofrecía muchas ventajas desde un punto de vista estratégico. En
1846 el gobierno colombiano firmó con ese país el Tratado Mallarino-Bidlak, por
el cual Colombia debía asegurar el libre tránsito en aquella región, donde
EE.UU. proyectaba crear un canal interoceánico. Apoyándose en la propuesta del
capitán de la marina estadounidense Alfred Thayer Mahan, EE.UU. contemplaba la
secesión de Panamá con el objetivo de controlar el comercio marítimo a través
de la creación de un canal transatlántico. El nuevo acuerdo ofreció a las tropas
estadounidenses el pretexto de intervenir militarmente en 14 ocasiones el
territorio de Panamá perteneciente a Colombia. Esas agresiones se apoyaban en
las bases jurídicas del tratado. Así es como EE.UU tuvo un papel decisivo en la
separación de Colombia y el departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903.
Recordemos
que desde 1823, EE.UU había lanzado una advertencia a las potencias europeas
que tendrían la tentación de tomar el control sobre las jóvenes repúblicas
nacientes. Era la famosa Doctrina Monroe : “América para los americanos”. Al
presentarse como contrario al colonialismo europeo, EE.UU se guardaba un
“derecho de injerencia” sobre sus vecinos del Sur.
Así
pues, en 1850 EE.UU firmó un tratado similar con Inglaterra, que desde 1661
había establecido un protectorado en la región costera de Mosquitia, aliándose
a los indios Mosquitios contra los españoles. El acuerdo entre ambas potencias
contemplaba que se repartieran el control de la costa y el tránsito del futuro
canal. Sin embargo, en 1860 Nicaragua firmó un pacto con Inglaterra por el cual
esta última renunciaba formalmente al protectorado. En su lugar fue creado el
Reino de Mosquitia, con una constitución basada en las leyes inglesas. En 1904,
Mosquitia fue finalmente incorporada a Nicaragua.
El 6
de diciembre de 1904, durante el Congreso de EE.UU., el presidente Theodor
Roosevelt proclamó la doctrina del “Big stick”, también conocida como
“Corolario Roosevelt”. Esta política exterior fue practicada en el periodo
comprendido entre 1898 y 1934, cuando para proteger sus intereses comerciales
Estados Unidos ocupó varios países latinoamericanos, en lo que sería conocido
como las Guerras Bananeras. William Howard Taft, quien había sido designado
Secretario de la Guerra en la administración del gobierno de Roosevelt, no dudó
en recurrir a la fuerza en varios países. Significativamente, fue el mismo Taft
quien recibió el encargo de supervisar la construcción del canal de Panamá,
cuya inauguración tuvo lugar finalmente en 1914.
Hay
que recordar que el proyecto inicial de construcción del Canal de Panamá había
sido otorgado en primer lugar por Colombia a Francia, mediante la firma del
convenio Salgar-Wyse. Las obras, dirigidas por Fernando Lesseps, el ingeniero
responsable del Canal de Suez en Egipto, comenzaron en 1878 y duraron diez años
hasta que se abandonaron en 1888. El abandono del proyecto por parte de los
franceses hizo que Estados Unidos retomara la idea del Canal y encargara un
estudio del Congreso de EE.UU. a la Comisión Walker. Finalmente se eligió a
Nicaragua y fue firmado un tratado de construcción. Pero este país se opuso a
la concesión de una ruta prevista por EE.UU., y consideraba la posibilidad de
otorgársela a Alemania. Como represalia, en agosto de 1912, EE.UU envió a
Nicaragua sus tropas, que sólo se marcharían tras 21 años de ocupación,
convirtiendo ese país en una especie de protectorado. La invasión respondía al
objetivo de evitar que otro país construyera un canal en la zona. En 1916, el
gobierno de Adolfo Díaz reciéntemente “electo” con el beneplácito de los
marines estadounidenses, firmó con EE.UU. el Tratado Bryan-Chamorro, por el
cual ese país obtenía la concesión para el canal por una duración de 99 años, y
la autorización de instalar una base naval.
El
éxito del Canal de Panamá y la larga invasión de Nicaragua por parte del EE.UU.
arrojaron el otro proyecto del canal al olvido. Pero no para siempre. Daniel
Ortega, el líder histórico de la Revolución Sandinista que fue presidente de
Nicaragua en la década de 1980 y reelecto en 2006, retomó la idea. En 2013, la
Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga la concesión del nuevo Canal
Transoceánico a la empresa privada china HKND. Si viera el día, el Canal de
Nicaragua sería tres veces más grande que el de Panamá. En otras palabras, este
tendría un serio problema de competencia.
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