Por Ángel Guerra Cabrera.
Nicaragua
sandinista, miembro de la Alba y solidaria con Cuba y Venezuela, no es ajena a
la contraofensiva de Estados Unidos y los bloques de poder político-económico
locales, contra los gobiernos populares y progresistas de América Latina y el
Caribe.
Han
resurgido y se incrementan las actitudes injerencistas de Washington contra
Managua. Impulsando este escenario y, a la vez, aprovechándose de él, Ileana
Ros-Lehtinen, congresista republicana de origen cubano por Florida, y Roger
Noriega, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, están enfrascados en una
cruzada contra Nicaragua. La base principal de la operación se instalaría en
Costa Rica con el apoyo de la Fundación Arias, del ex presidente y premio Nobel
de igual apellido, a través de la cual proyectan canalizar 4 millones de
dólares como sustento económico inicial a las acciones subversivas y la campaña
mediática contra el gobierno de Daniel Ortega.
Protagonista
principal de las acciones mediáticas en Nicaragua sería el periodista Carlos
Fernando Chamorro, apoyado por el grupo CINCO, que preside, y sus
revistas Confidencial y Esta semana, financiadas desde Estados Unidos y la Unión
Europea. Esta plataforma estructuraría redes movilizadoras que formen
activistas y eventualmente hagan surgir un líder joven capaz de unir a la
atomizada oposición. Fernando Chamorro viajaría a Costa Rica, antes o después
de las elecciones del 6 de noviembre, para articular el plan lejos de la
observación de las autoridades nicaragüenses y de la presión de otros grupos opositores
ávidos de protagonismo.
La
campaña mediática se focalizará en el Canal transoceánico, el expediente de los
derechos humanos, la falta de transparencia en el proceso electoral, la
situación de seguridad ciudadana, la corrupción gubernamental y presionar a
Managua para que abra su frontera a los migrantes cubanos.
En
paralelo se desarrollarían provocaciones contra el gobierno de Ortega.
Organizaciones financiadas por la NED, archiconocida pantalla de la CIA,
trabajarían en ambientes juveniles para movilizarlos a través de las redes
sociales digitales en busca de que las fuerzas de seguridad ejerzan la
violencia contra los activistas y eventuales manifestantes para caldear los
ánimos y poder pasar a la segunda fase, consistente en sentar a Nicaragua en el
banquillo de los acusados ante organismos internacionales y regionales por
supuestas violaciones a los derechos humanos. Todo, al igual que la derecha en
Venezuela, Bolivia y Ecuador, invocando tácticas pacíficas pero buscando que
corra sangre.
La
embajada de Estados Unidos en San José está al tanto del plan dada sus
estrechas relaciones con Arias y la fundación que lleva su nombre, la que le ha
prestado incontables servicios. Conviene recordar la complicidad de Arias con
Washington en la consolidación del golpe de Estado contra el presidente Zelaya.
El
guión ya es familiar. Es el de los mal llamados golpes blandos.
Pero
faltaría la guerra económica. De modo que los legisladores cubanoestadunidenses
Ros-Lehtinen y Albio Sires, promovieron a finales de septiembre la aprobación
en la Cámara de Diputados, nada menos que por unanimidad, de la conocida como
ley Nica. De ratificarse en el Senado, donde es patrocinada por el también
cubanoestadunidense Ted Cruz, privaría a Nicaragua de créditos de organismos internacionales
como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, a menos que restaurara la
democracia, según el criterio de Estados Unidos. Más allá de eso, la ley
asestaría un rudo golpe a la inversión extranjera, necesitada desesperadamente
por todos los países, mucho más si son pobres.
Nada
beneficiaría a Estados Unidos que después de la mejoría de imagen en la región
que le han traído los modestos pasos de relajamiento hacia Cuba del actual
inquilino de la Casa Blanca, de repente aparezca estableciendo un bloqueo
financiero contra Nicaragua, sumado a la criminal guerra económica que le
impone a Venezuela en alianza con el capitalismo trasnacional. Sin contar la
afectación que ocasionaría a numerosas compañías de país del norte y a sectores
de negocios nicaragüenses. Podría esperarse que, en caso de aprobarla el
Senado, Obama, para cuidar su
legado, ejerza el poder de veto en los meses por venir e impida que entre en acción.
El
gobierno sandinista tiene una alta popularidad y se espera que Daniel Ortega gane
ampliamente las elecciones del domingo 6 de noviembre. Pero continúa la ruta
del golpe suave.
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