Fuente original: CubaDebate
Por José Luis Rodríguez.
I
A lo largo del
desarrollo de la Revolución cubana, han sido varios los documentos en los que
se han plasmado conceptualmente las características del proceso de transición
al socialismo en nuestro país, por lo que resulta de utilidad que las
transformaciones actuales se analicen en el contexto de su perspectiva
histórica.
En efecto, ya en el I
Congreso del PCC, celebrado en 1975, se aprobó la “Plataforma Programática del
Partido Comunista de Cuba”[1].
En este documento se recogía la fundamentación, el carácter y la obra de la
Revolución en su primera parte y en una segunda sección se desarrollaban los
principios y objetivos programáticos de la misma.
Entre los aspectos a
destacar de ese documento, que enmarcaba la sociedad cubana de entonces
transitando por un período de construcción socialista, se afirmaba: “La
construcción del socialismo significa: superar todo tipo de propiedad privada
sobre los medios de producción en la economía social y, con ello, la formación
de un sistema único de economía en el que solo existan formas sociales
colectivas de propiedad sobre los medios de producción… (…) Representa alcanzar
la victoria total y definitiva sobre las antiguas clases explotadoras.” Esto
suponía que junto a la creación de la base técnico material del socialismo se
produjera “…el desarrollo y ampliación de las relaciones de producción
socialista hasta hacerlas únicas, lo que conduce, a través de la estricta
observancia del principio de voluntariedad, a la gradual sustitución de la
pequeña propiedad campesina por la propiedad cooperativa o a su incorporación
paulatina a la propiedad de todo el pueblo.”[2]
Se concebía así una
sociedad donde no había espacio para la propiedad privada –tampoco un lugar
destacable para la propiedad cooperativa- y donde se aspiraba a la
preponderancia absoluta de la propiedad de todo el pueblo, entendida como
propiedad estatal. Todo ello se suponía transcurriera en un período de tiempo
relativamente breve y sin mayores contradicciones.
Posteriormente, en el
III Congreso del PCC, celebrado en 1986, se aprobó el “Programa del Partido
Comunista de Cuba”.[3] Este
documento también tenía una primera parte dedicada al recuento histórico, el
carácter y la obra de la Revolución, mientras que una segunda parte destacaba
los objetivos y tareas del PCC para culminar la construcción del socialismo.
En la fase
correspondiente a la construcción del socialismo se planteaba: “…superar todo
tipo de propiedad privada sobre los medios de producción en la economía social
y, con ello, la formación de un sistema único de economía en el que solo
existan dos formas de propiedad social sobre los medios fundamentales de
producción: la estatal y la cooperativa;…”[4] Por
otro lado, en la cuestión central del desarrollo económico en los próximos años
se subrayaba que: “…no consiste en cuanto crecer, sino en que crecer y cómo
crecer…”, enfatizándose en la industrialización y en la profundización de la
integración socialista.[5]
Se podían observar
muchas similitudes entre este documento y la Plataforma aprobada en 1975, aunque
se abría un espacio a la propiedad cooperativa y se enfatizaba que la propiedad
social sería preponderante –específicamente- sobre los medios fundamentales de
producción.
La vigencia de este
último documento se vio limitada por la crisis del Período especial y por las
valoraciones que produjo del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias
negativas que se inició en 1986, proceso donde se evaluaron críticamente los
errores cometidos en la introducción –entre 1975 y 1985- de una política basada
en el cálculo económico, la que tomaba muchos elementos del modelo soviético de
gestión vigente entonces.
De tal modo, en el IV
Congreso del PCC, celebrado en 1991 se acordó que: “…el Programa no se
corresponde cabalmente con los conceptos desarrollados en el proceso de
rectificación de errores y tendencias negativas, a partir del 19 de abril de
1986, ya en parte señalados meses antes en el Informe Central al III Congreso.”
Y más adelante se concluía “…el IV Congreso del Partido (…) Declara que el
programa aprobado por el III Congreso no se ajusta a la realidad actual.”[6]
Durante los años del
Período especial –que se inicia el 29 de agosto de 1990- el país debió
concentrarse en una estrategia dirigida a resistir el impacto de la crisis al
menor costo social posible, al tiempo que la economía cubana se reinsertaba en
la economía mundial bajo las nuevas condiciones que suponían la desaparición
del socialismo en Europa. En esa situación no sería posible la elaboración de
nuevos documentos con el objetivo de examinar conceptualmente la experiencia de
la Revolución cubana, aunque sí se elaboró lo que pudiera calificarse como una
política de resistencia y sobrevivencia, expresada en los documentos del IV
Congreso del PCC de 1991 y en el V Congreso de 1997[7],
así como en numerosos discursos del Comandante en Jefe Fidel Castro.
Superados los momentos
más críticos del Período especial y tomando en cuenta la necesidad de enfrentar
sus secuelas, nuevos conceptos sobre la construcción socialista se elaborarían
en los años 2000, bajo las premisas del proceso de lucha ideológica y rediseño
de las políticas económicas y sociales que se impulsaron bajo la llamada
Batalla de Ideas entre 1999 y 2006. Esa experiencia se expuso en el discurso
del Comandante en Jefe Fidel Castro del 5 de diciembre de 2004, donde –en
esencia- se abogaba por una gestión estatal liberada de métodos burocráticos y
se buscaban soluciones a agudos problemas políticos y sociales por métodos
expeditos.[8]
Sin embargo, serios
problemas estructurales permanecían sin solución, imposibilitando un
crecimiento sostenible que asegurara el desarrollo. Esto se puso dramáticamente
de manifiesto cuando la situación económica del país se agravó notablemente
bajo el impacto de la crisis en 2008, lo cual llevó a que se analizara por el gobierno
cubano la necesidad de emprender cambios sistémicos más profundos en la
economía para estabilizar el crecimiento y asegurar el desarrollo del país.
De este modo, la
decisión de realizar una transformación esencial de la política económica y
social del país se hizo pública por el presidente Raúl Castro en su discurso
del 1º de agosto del 2009 ante la Asamblea Nacional al señalar que “…se trata
de definir con la más amplia participación popular la sociedad socialista que
aspiramos y podemos construir en las condiciones actuales y futuras de Cuba, el
modelo económico que regirá la vida de la nación en beneficio de nuestros
compatriotas y asegurar la irreversibilidad del régimen sociopolítico del país,
única garantía para su verdadera independencia.”[9]
Se iniciaría entonces
una nueva etapa en la estrategia de desarrollo y la política económica de la
Revolución cubana.
II
Luego de una amplia
discusión popular,[10] los
Lineamientos[11] aprobados
en abril de 2011 por el VI Congreso del PCC implicaron un grupo de
transformaciones fundamentales en la política económica y social del país
dirigidas a superar las limitaciones impuestas por el Periodo especial y
también aquellas asociadas al modelo económico cubano vigente durante los
primeros 30 años de la Revolución.
Aún cuando la
elaboración de los Lineamientos no estuvo precedida de una conceptualización
formalizada en un documento, de hecho en los mismos se expresó implícitamente
un cambio conceptual importante a nivel de la estrategia económica para esta
nueva etapa. Se pasó así de una estrategia de resistencia frente a la crisis y
reinserción en las nuevas realidades económicas, que primó desde 1990, a otra
de mayor complejidad, que se caracterizaría por la creación de condiciones para
un desarrollo sostenible a mediano plazo.
De este modo, en la
formulación de los Lineamientos se subrayó la necesidad de actualizar el modelo
socialista, y los mismos llevaron implícitamente a la introducción de un grupo
de tesis que incluían una interpretación novedosa o diferente de algunos
principios que se venían aplicando en la construcción del socialismo en Cuba,
tomando en cuenta la experiencia acumulada a lo largo de 50 años de Revolución.
En los Lineamientos se
reconoció en primer lugar, un mayor espacio a las relaciones
monetario-mercantiles y a la propiedad no estatal en el sistema de dirección de
la economía, en el que –no obstante- predominaría la planificación.
Esta decisión dio
cuenta de una realidad objetiva y superaba consideraciones anteriores sobre la
preponderancia de una sola forma de propiedad social, tomando en consideración
el insuficiente nivel de desarrollo que había alcanzado el país y la
imposibilidad de que una gestión de la economía socialmente más eficiente
transcurriera con un elevado nivel de centralización y únicamente bajo la
propiedad estatal.[12] Por
otro lado, se precisaba concentrar los esfuerzos del sector público en la
promoción de los sectores donde se encuentra el mayor potencial de desarrollo
económico y donde se concentran los medios fundamentales de producción.
No obstante se
correrían riesgos, ya que aunque eran explícitos los propósitos de no
desarrollar un modelo capitalista, debían adoptarse medidas efectivas que
permitieran reconocer y neutralizar las negativas consecuencias del mercado en
una economía socialista.
En segundo lugar, se
reitero el papel fundamental de la propiedad estatal como el elemento motriz
fundamental del desarrollo, al tiempo que se definió un nuevo espacio para la
gestión de la propiedad privada, la cooperativa y la propiedad mixta, aunque los
límites de la propiedad no estatal se precisarían posteriormente de forma
gradual.
En tercer lugar, se
promovió la separación entre las funciones estatales y empresariales, unido a
la descentralización de la gestión económica de las entidades públicas a favor
de las empresas y territorios, asegurando la participación de los trabajadores
en la misma.[13]
Por último, en las
transformaciones previstas se otorgo un mayor peso al consumo personal en los
mecanismos de estimulación, en tanto que se racionalizaba el consumo social,
especialmente en lo referido a los subsidios generalizados y las gratuidades
indebidas, asegurando –al mismo tiempo- la equidad y la solidaridad social,
proceso que ha probado ser de elevada complejidad.[14]
A partir del análisis
de la situación económica del país y de las premisas conceptuales implícitas en
los cambios a proponer, los Lineamientos definieron las soluciones a alcanzar a
corto plazo como aquellas encaminadas a resolver el déficit de la balanza de
pagos, la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución
del ingreso, así como la creación de condiciones estructurales y productivas
para el desarrollo.
A más largo plazo las
soluciones deberían comprender una alta autosuficiencia alimentaria y
energética, un uso eficiente del potencial humano, una elevada competitividad
en las producciones tradicionales y el desarrollo de nuevas producciones de
alto valor agregado.[15]
En síntesis, la lógica
esencial para el avance económico y social del país a corto/mediano plazo
suponía reducir hasta eliminar el déficit financiero externo –en primer lugar
mediante la renegociación y pago de la deuda externa-, como elemento clave para
incrementar la inversión extranjera directa, a un nivel tal que permitiera
aumentar aceleradamente la productividad del trabajo y con ello crear las
condiciones indispensables para incrementar la retribución al trabajo y los
ingresos de la población, con vistas a elevar su nivel de vida, todo ello
conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos en los
ciudadanos.
Transformaciones de
esta naturaleza demandaban necesariamente un periodo de tiempo largo, aunque en
no pocos casos, esta premisa no se tuvo en cuenta adecuadamente en las
proyecciones de los Lineamientos para el periodo 2011-2016. Probablemente ello
se debió en parte a la presión para encontrar soluciones más rápidas a
problemas presentes durante muchos años por diversas circunstancias y también
por errores de apreciación en los procesos de planificación.
El nivel de ejecución
de los Lineamientos aprobados en 2011 arrojo hasta abril de este año un
cumplimiento del 21% de los 313 previstos, con un 77% en proceso de ejecución y
un 2% que no se han ejecutado.[16]
Los mayores avances se
alcanzaron en la reducción del desbalance financiero externo y en la creación
de condiciones jurídicas y organizativas favorables para la aplicación de la
política fiscal y la referida al tratamiento de la inversión extranjera, así
como en el reconocimiento al papel que puede jugar la propiedad privada y
cooperativa en el desarrollo de la sociedad. También se inicio el proceso de
reestructuración del sector empresarial estatal en su primera etapa y se redujo
el subempleo en las empresas públicas. No obstante, dificultades de diversa
naturaleza provocaron que el crecimiento logrado entre 2009 y 2015 solo
alcanzara un 2,8% promedio anual.
En el ámbito de las
relaciones sociales, se produjo un cambio sustancial en la política migratoria
del país mediante una nueva legislación más flexible aprobada en 2013, mientras
que se mantuvieron los indicadores alcanzados en los servicios de salud y
educación, aunque también se enfrentaron dificultades. Tampoco se pudo
neutralizar el impacto negativo de diversas medidas, lo que conllevo a un
aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso, una reducción de la
cobertura de la asistencia social y a una disminución en el ritmo de solución
del déficit habitacional y del transporte de pasajeros.
En el Informe Central
al VII Congreso del PCC, celebrado en abril de este año el presidente Raúl
Castro destaco como problemas en la implementación de los Lineamientos la no
valoración de los niveles de riesgo, así como de los costos y beneficios de
determinadas medidas y alerto sobre la necesidad de rectificar cuando los
efectos no son los deseados, entre los aspectos de mayor importancia.[17]
NOTAS
[1] PCC
(1976) “Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba. Tesis y
Resolución” Departamento de Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La
Habana, 1976.
[6] PCC
(1992) “IV Congreso del Partido Comunista de Cuba. Discursos y documentos”
Editora Política, La Habana, 1992 (pp. 127 y 137).
[10] Producto
de esta discusión se modifico el 68% de los lineamientos contenidos en el
proyecto original.
[12] La
existencia de las relaciones monetario-mercantiles en el socialismo se basa en
el aislamiento económico relativo entre los productores que –producto del bajo
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas- no pueden expresar directamente
el carácter social de su trabajo y requieren de un mercado para hacerlo.
[13] En
los Lineamientos no resultaron explícitos los mecanismos de participación y
diversos autores señalaron la necesidad de que se transitara a una forma de
gestión participativa. Ver Fernández (2012); Espina (2012); García et. al.
(2012) y Piñeiro (2012).
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