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| La mayoría de la gente en EE.UU. considera que la política de bloqueo ha fracasado, incluso para los que no simpatizan con Cuba. |
Por ARNALDO HERNÁNDEZ.
En
el discurso de los gobernantes,
los políticos
y los denominados “tanques
pensantes” de Estados
Unidos sobre Cuba,
son habituales las referencias a las decisiones que no puede tomar el
presidente de ese país porque son “asuntos que dependen del Congreso”.
Evitan, cada vez más, explicar que el Legislativo aprobó en marzo de 1996 la
conocida Ley
Helms-Burton (LHB) con el fin de arreciar el estrangulamiento económico
y el aislamiento político de Cuba, así como la creación de
una legión internacional para acabar con el gobierno de Fidel Castro en un
breve plazo.
Esto se
asume como un hecho natural –como el río Amazonas o las cataratas del Niágara-
instalado en el sentido común, que no se puede cambiar si no es por inspiración
del más allá, por algo que está por encima de los seres humanos, y depende de
lo divino y lo diabólico que pueda haber en la extrema derecha de los
congresistas norteamericanos y sus instrumentos miamenses.
Hay un
desconocimiento generalizado sobre este asunto; mucha gente habla de ella e
incluso divulga criterios sin haberla leído, guiada por las referencias de los
medios de prensa, que tampoco la explican y detallan.
El texto
de la LHB es sumamente enrevesado, como si se hubiera redactado con la
intención de desestimular su lectura y complicar su estudio, para que nadie la
lea, sobre todo los norteamericanos.
Es cierto
que le causa muchos daños a Cuba, pero también agrede a los aliados y amigos de
EE.UU, y a sus propios ciudadanos y empresarios. Nos detendremos en estos
últimos; después habrá oportunidad de ampliar sobre los demás.
El
daño a EE.UU.
El
engendro jurídico codifica el bloqueo y regula jurídicamente la realización de
las relaciones exteriores y la diplomacia de EE.UU. hacia Cuba, que hasta ese
momento eran funciones del presidente y el poder ejecutivo, que pueden hacerlo
con el resto del mundo, como han hecho desde la independencia, en 1776, pero
220 años después le quitaron esa potestad con Cuba, al convertirla en coto
privado de la minoría derechista más cavernaria entre los políticos de Estados
Unidos y del segmento más batistiano y odioso de la mafia de origen cubano de
Miami.
Codificar
el bloqueo significa que se convierten en ley todas las medidas de presión
económica adoptadas por el ejecutivo en relación con Cuba, de manera que el
presidente ya no pueda cambiarlas, ni aun cuando considere que no son
efectivas, o han fracasado, o los intereses del país reclamen otra cosa.
En una
situación como la de hoy, cuando el presidente Obama trata de normalizar las
relaciones y que cada país tenga su embajada en la capital del otro, no sólo
tiene que excluir a Cuba de la lista de países terroristas, que lo pudiera
resolver de un plumazo. Por mandato de la LHB, su decisión tiene que someterse
a la aprobación del Congreso.
Esa ley
norteamericana le exige al Presidente certificar ante el poder legislativo que
el gobierno cubano fue elegido de acuerdo con los patrones norteamericanos y
excluyó a dos ciudadanos cubanos, Fidel y Raúl Castro Ruz, del derecho a
gobernar y hacer política; disolvió sus servicios de Seguridad del Estado y la
red de organizaciones comunitarias agrupadas en los Comités de Defensa de la
Revolución; restableció el libre mercado neoliberal, restituyó las propiedades
confiscadas el 1º de enero de 1959 a los malversadores y funcionarios corruptos
de la dictadura de Bastista -aunque no eran ciudadanos norteamericanos y
muchos fallecieron sin llegar a serlo- y autoriza el libre funcionamiento de
los corresponsales de Radio y TV Martí, emisoras del gobierno norteamericano
específicamente concebidas para derribar al gobierno cubano, entre otras
exigencias.
En este
marco, la Helms-Burton ratifica que “en la sección 515.204 del título 31 del
Código de Reglamentos Federales se prohíbe la entrada de mercancías a los
Estados Unidos y su comercio fuera de los Estados Unidos si esas mercancías: 1)
son de origen cubano; 2) están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde
ese país o por su conducto; si se confeccionan o derivan en su totalidad o en
parte de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba”.
De esto no
escapa ni el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito cuatro
años antes, el 17 de diciembre de 1992, cuando le impone a sus socios que
“ningún producto ni artículo producido con materiales cubanos se importe a los
Estados Unidos desde México o Canadá y que ningún producto estadounidense se
exporte a Cuba a través de esos países”. En lo que a Cuba atañe, ni el comercio
es tan libre, ni los socios son tan socios.
Llegan a
proclamar que “la protección de los intereses de seguridad esenciales de los
Estados Unidos exige garantías” de que el azúcar cubano no se importe, se
almacene o se consuma en el “territorio aduanero” de EE.UU.
Sus
empresarios no pueden adquirir níquel cubano para su industria, ni sus
ciudadanos pueden acceder a medicinas y productos biotecnológicos cubanos de
última generación para el tratamiento de enfermedades como la hepatitis B, el
pié diabético o el cáncer, ni a la vacuna antimeningocócica, ni a eficientes
programas masivos de oftalmología, porque Cuba, a pesar del bloqueo, ya no es
un simple productor de azúcar, tabaco y ron.
Los
ciudadanos estadounidenses tampoco pueden disfrutar del sol, la playa, la
naturaleza y la recreación sana en un país de altos índices de seguridad
ciudadana.
Las
empresas norteamericanas no pueden venderle nada a Cuba, salvo lo que se les
autorice y en condiciones comerciales muy adversas a la isla caribeña, que debe
pagar en efectivo y por adelantado, sin crédito alguno, antes de que las
mercancías salgan de EE.UU., y solo se pueden enviar en buques norteamericanos,
que regresan vacíos, porque los empresarios no pueden comprar nada en Cuba. Es
un comercio en una sola dirección.
La sección
105 prohíbe expresamente realizar “inversiones en la red nacional de
telecomunicaciones de Cuba a persona alguna de EE.UU.”, lo cual “incluye las
contribuciones (incluso por donación) de fondos o de cualquier cosa de valor a
esa red o para ella, así como la concesión de préstamos a esa red o para ella”.
O sea, las empresas estadounidenses del sector de las modernas tecnologías que
quieran hacer negocios a gran escala con Cuba, que pudieran serles muy cómodos
y remunerativos, no pueden hacerlo, a menos que opten por violar las leyes
isleñas y hacer negocios ilícitos a pequeña escala y muchos riesgos con
personas no facultadas.
De facto,
en este campo y en cualquier otro de la economía cubana pueden participar las
empresas que cualquier país del mundo, incluso las más neoliberales, menos las
norteamericanas, por decisión del Congreso de EE.UU.
Para estar
seguros del cumplimiento del castigo contra Cuba, el texto imperial dispone en
la sección 108 que el presidente de EE.UU. vigile y obtenga información sobre
las relaciones económicas y comerciales de todo tipo que tengan los países
extranjeros con Cuba y presente los resultados en un informe anual al Congreso.
Con ese fin, la sección 115 legitima el espionaje para obtener esas informaciones.
Todos los países tienen servicios de inteligencia, pero lo manejan con mucha
discreción; ninguno lo proclama de manera tan arrogante, amenazante y grosera.
También se
regula el contenido del referido informe. Entre otros aspectos, debe incluir la
ayuda humanitaria que reciba Cuba y quién la aporta, “identificación de los
socios comerciales”, la descripción del comercio, las “empresas mixtas
establecidas o en estudio, de nacionales y firmas comerciales de otros
países…la ubicación de las instalaciones y una descripción de las condiciones
del acuerdo de constitución…y los nombres de quienes las integran”. Por
supuesto, se prohíbe que las producciones de esas empresas entren en EE.UU.
Amigos que
han vivido más intensamente la violencia que ha caracterizado el conflicto
desatado por EE.UU. y la contrarrevolución de Miami contra Cuba, al conversar
sobre estos aspectos recuerdan las numerosas acciones terroristas llevadas a
cabo contra sedes diplomáticas y oficinas comerciales, agencias de viajes,
medios de prensa, barcos mercantes y aviones comerciales de países que
realizaban negocios con Cuba. El período entre 1968 y 1976 fue prolífico.
Estamos
hablando de países como México, España, Reino Unido, Japón, Canadá, Panamá,
Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros.
Esa
legislación prohíbe el cumplimiento de la I Enmienda de la Constitución
estadounidense, que establece la libertad de movimientos de sus ciudadanos, los
cuales no pueden viajar libremente a Cuba.
George W.
Bush y su equipo, inspirados en esta ley, definieron cuáles eran las relaciones
de familia de los emigrados cubanos y llegaron a prohibir los viajes y las
remesas familiares, así como traer al regreso suvenires comprados en Cuba.
Obama los
restableció en abril de 2009. Dos años más tarde exactamente autorizó “ciertos
viajes” de sus ciudadanos bajo determinados requisitos: tienen que solicitar
una licencia al gobierno de EE.UU.,,algo así como pedir permiso; jurar que van
a cumplir la ley, no van hacer turismo ni recreación alguna, y comprometerse a
conservar los documentos que así lo prueben durante 5 años, período en el cual
pueden ser objeto de una demanda y están obligados a demostrar que son
inocentes, porque pueden correr el riesgo de ser sancionados a pagar una multa
de hasta 50 mil dólares y se les puede decomisar “cualesquiera propiedades,
fondos, títulos, documentos u otros artículos o cualquier información” que se
haya utilizado en lo que los gurús del odio consideren una violación de
la Ley Helms-Burton.
El odio a
Cuba voló en pedazos el principio jurídico de que una persona es inocente hasta
que se pruebe lo contrario. Por el solo hecho de haber viajado a la isla, los
“USA citizens” son sospechosos de haber violado algo y tienen que demostrar que
son inocentes.
Algunas de
esas licencias exigen presentar el plan de lo que van a hacer en la isla
rebelde y, en los 14 días siguientes al regreso, hacer un informe de lo que
hicieron en Cuba, con quiénes hablaron y otros detalles. De hecho, tratan de
convertir a sus ciudadanos en testaferros de una política subversiva contra el
país que van a visitar. Hay que preguntarse quiénes van a recibir ese informe y
qué uso le van a dar a los datos que ahí reciben sobre los cubanos
que se mencionen.
A partir
de los cambios en la política hacia Cuba anunciados por el presidente Barack
Obama el 17 de diciembre del pasado año, el 15 de enero se simplificaron las
tramitaciones para solicitar las licencias, que ahora son más expeditas, pero
siguen vigentes los mismos requisitos. Incluso, ahora los ciudadanos
norteamericanos están autorizados para gastar dinero en Cuba según sus deseos y
regresar a su país con mercancías cubanas hasta por un valor de 400 dólares, en
lo que se incluye un límite de hasta 100 para bebidas y tabacos.
A pesar de
su ropaje legal, la norma no deja de ser aberrante, incluso para los propios
funcionarios norteamericanos encargados de cumplirla, que fueron condenados al
ridículo y al fracaso en el momento mismo en que fue aprobada.
Los
representantes diplomáticos de Washington en el mundo, de acuerdo con ese lío
de regulaciones, debían convencer a los aliados en la ONU, la OEA, Europa
y las Américas para que se sumaran a su política de sanciones contra
Cuba, hacerles renunciar a sus intereses propios de negocios para trabajar en
beneficio de los intereses del imperio.
Los países
que fueron del desaparecido campo socialista del este europeo y los que
nacieron a la independencia después del desmoronamiento de la URSS, Rusia
incluida, debían suspender las relaciones económicas y solidarias que había
sostenido durante 30 años con Cuba, bajo la amenaza de ser castigados.
¡Cosas de
locos vanidosos! Lograron algo de “posición común” con el español Aznar (con
“z”, aunque puede ser con “s”). Muchos empresarios extranjeros, incluso
españoles, tan neoliberales como los norteamericanos, confiesan en privado que
Cuba es el único país del mundo donde pueden operar en los marcos de una
competencia racional, porque no están los norteamericanos, trabajan intensamente
para hallarse bien posicionados cuando estos lleguen.
En la ONU
debían lograr un acuerdo de intervención “humanitaria” de fuerzas militares en
Cuba, como por esa época habían hecho en Haití, que entonces sufría una
situación de extrema ingobernabilidad, no ajena a los intereses de algunas
grandes potencias. En la OEA debían crear un “fondo” para financiar la
ejecución de las acciones de interés de EE.UU. en Cuba.
El decreto
imperial ordena que las instituciones financieras internacionales, como el
Fondo Monetario Internacional, el BancoMundial, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la
Corporación Financiera Internacional, el Organismo de Garantía de las
Inversiones Multilaterales y el Banco Interamericano de Desarrollo, no pueden
otorgarle créditos a la isla caribeña ni pueden aceptarla como miembro.
Tendría
que ocurrir una rebelión de todos los demás miembros de esas instituciones,
pero ¿cuál de ellos osaría desobedecer a quien más aporta capital, tanto para
los fines de cualquiera de esas instituciones como para el funcionamiento de
las mismas y los altos salarios de su personal, incluyendo las regalías para
quienes más se subordinen? ¡Hay que cuidar el empleo, sobre todo en época de
crisis!
Es muy
sospechoso eso de apelar a la comunidad internacional para derrocar a la
Revolución. Es como si el más poderoso de los imperios que jamás ha existido
sobre la Tierra no pudiera hacerlo por sí solo.
Con el
tiempo, fieles a sus intereses, los gobernantes europeos optaron por volver a
negociar con Cuba; los latinoamericanos y caribeños eliminaron la exclusión de
Cuba en la OEA, lo cual estaba expresamente dispuesto en la LHB, crearon la
CELAC e impusieron la participación de los gobernantes isleños en la Cumbre de
las Américas, foro especialmente construido por EE.UU. para aislar a Cuba.
En Nueva
York, la Asamblea General de la ONU ha aprobado, durante 22 años consecutivos,
una resolución contra el bloqueo por una mayoría que ha llegado a ser
virtualmente absoluta. La Ley Helms Burton ha aislado a los norteamericanos en
el principal escenario multilateral del planeta.
Lo
que enseña la historia
Desde el
más cerrado pensamiento pragmático, todo lo anterior se hubiera justificado
si hubiera alcanzado sus objetivos de derrocar la Revolución liderada por
Fidel Castro, si Cuba se hubiera rendido y no hubiera podido resistir. Pero no
fue así.
Ahora
sirve para aislar y ridiculizar al imperio ante el mundo y que los pichones del
batistato puedan humillar a los políticos estadounidenses empeñados en servir a
los intereses del sistema, a sus empresarios que quieran ganar más y a sus
ciudadanos que quieran un disfrute más pleno de sus derechos constitucionales y
de sus días de descanso.
La Ley se
inspira en la idea planteada por el señor Lester D.Mallory, subsecretario
de Estado para Asuntos Interamericanos en abril de 1961, según la cual “… el
único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la
Revolución es a través del desencanto y el desaliento basados en la
insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente
cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle
dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios, a
fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Esto se
escribió un año antes del fracaso de la invasión norteamericana por Bahía de
Cochinos, en la que utilizaron militares y torturadores de la derrotada
dictadura de Fulgencio Batista, jóvenes de la aristocracia criolla, esbirros de
los grupos gangsteriles que operaban en La Habana hasta 1959 y otras
personas que no concebían su país fuera de la dominación del Tío Sam. Era una
tropa asalariada cuyos componentes aspiraban a reapropiarse de las riquezas
nacionales como botín de guerra para su uso privado. Por malabares lingüísticos
del neoliberalismo, hoy esos mercenarios reciben el calificativo de
“contratistas”.
Todo hace
pensar que existe una complicidad de los consorcios mediáticos privados, los
cubanólogos y los institutos académicos, que simplifican el alcance de esta Ley
a un “endurecimiento del embargo”, o un “asunto del Congreso”, o una “reliquia
de la guerra fría”, y al “error” de “propiciarle a Castro la posibilidad de
justificar el fracaso económico de su socialismo”.
Con la
retórica de “no hacerle llegar dinero al castrismo”, se encubre el verdadero
propósito de impedir el funcionamiento eficiente de la economía en el
socialismo cubano, hacerle daño a las personas, hacerles creer que su escasez y
sus graves limitaciones de consumo personal son por causa de la Revolución.
A decir
verdad, en el mundo que nos ha tocado en los últimos 25 años, ¿qué economía en
el planeta, no importa el país, puede funcionar sin hacer negocios con la
economía norteamericana, el principal mercado de cualquier cosa que se quiera
comprar o vender? ¿Qué país vecino de EE.UU. puede vivir sin vincularse con la
economía más poderosa que jamás ha existido? ¿Cuál de ellos pudiera ser
antagónico con los intereses que les imponga el imperio?
Habría que
preguntarle a Canadá y México, a España y el Reino Unido, que están más lejos,
cuánto durarían los gobiernos en esos países si se les ocurriera enfrentarse a
los intereses de EE.UU.
A pesar de
todo eso, en Cuba no ha habido hambrunas ni pandemias, nadie ha quedado
abandonado a su suerte, no se han cerrado servicios de salud ni de educación.
La pequeña nación caribeña ha sido capaz de extender una ayuda muy valiosa a
países con muchos problemas sociales acumulados, algunos con muchas más
riquezas naturales y económicas, que no sufren un bloqueo ni la hostilidad de
EE.UU., e incluso supera a unos cuántos países del Norte en índices de
salud, educación y medallas olímpicas.
El sistema
económico, social y político creado por los cubanos, basado en un elevado
concepto de justicia social, ha demostrado que es posible resistir con
dignidad, con éxito, un bloqueo por más de medio siglo y su agudización en los
últimos 25 años, a pesar de sus efectos acumulativos que impactan en las
carencias del consumo individual y familiar de las personas, los insumos para
la economía y la desorganización en la gestión administrativa.
La mayoría
de la gente en EE.UU. considera que la política de bloqueo ha fracasado,
incluso para los que no simpatizan con Cuba. Obama lo dijo durante su campaña
electoral para la presidencia en el 2008, lo repitió el año pasado en Miami y
lo reiteró el pasado17 de diciembre. Personalidades políticas muy
conservadoras, como el fallecido senador republicano Richard Lugar, y
otros neoconservadores muy agresivos, como John Negroponte, no sólo lo han
dicho, sino también han demandado cambiarla. Hay sectores de la
contrarrevolución tradicional en Miami que también lo plantean y hacen
cabildeo.
The New
York Times, un diario emblemático del sistema, lo ha planteado con firmeza. Ha
ido más allá que sus iguales, que se limitan a decir que “Obama reconoce
que la política de los EEUU hacia Cuba había fracasado”.
Lo curioso
es que todo queda en que “no se puede hacer nada, porque depende del Congreso”,
en los marcos de un aberrante pragmatismo imperial, carente de toda ética.
Nadie comenta sobre la violación de los principios del derecho internacional y
la Carta de la ONU, sobre el respeto a la soberanía de los Estados, la autodeterminación
de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Eso
no importa.
No
obstante, tratan de repetir la historia
Contra
Venezuela se repite los mismos objetivos y la misma retórica que utilizan la
LHB, la extrema derecha norteamericana, los contrarrevolucionarios
cubanos y venezolanos de Miami y los consorcios privados de la prensa.
Se
utilizan las mismas matrices de opinión utilizadas contra Cuba: “intimidación y
represión” de la oposición, “emergencia nacional”, “amenaza inusual
y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los
EEUU”, “violación de los derechos humanos”, “tenemos herramientas para bloquear
sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de los EEUU”, “exigir la
excarcelación de los opositores”.
Es lo que
proclaman la “orden presidencial” y las “sanciones del Capitolio” contra
Venezuela. También lo pregonan Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, la
señora Jen Psaki, del Departamento de Estado, y su embajador ante la OEA: “No consiste
en promover disturbios en Venezuela o socavar su gobierno”, sino de un
“procedimiento estándar” para “persuadir al gobierno de Venezuela a cambiar su
política”.
Ben
Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Ricardo
Zúñiga, asesor de Obama para Asuntos Latinoamericanos, han declarado a la
prensa que la mencionada orden ejecutiva no es una amenaza para Venezuela, ni
ese país representa una amenaza para EE.UU.
Según
agencias cablegráficas occidentales, tradicionalmente conocidas por su
complicidad con los gobernantes y los círculos de poder estadounidenses, Rhodes
aclaró que “el uso del término ‘amenaza’ forma parte del lenguaje establecido
para formular el tipo de órdenes ejecutivas como la emitida por Obama en marzo
con sanciones” contra Venezuela. O sea, es un “lenguaje establecido” de oficio
para atemorizar.
De acuerdo
con el mismo despacho noticioso, Zuñiga reconoció que el texto “creó cierta
confusión entre los socios”. Pienso que América Latina y el Caribe deben
agradecer su franqueza cuando aclara, aunque sea de manera indirecta, que los
gobernantes estadounidenses no tienen amigos ni aliados, sino “socios”. También
actualiza lo dicho por un político norteamericano hace años: que EEUU no tenía
amigos ni aliados, sino intereses.
El señor
Daniel Fried, que en el Departamento de Estado se encarga de coordinar la
Política de Sanciones, algo así como director de prisiones o jefe de los
verdugos de la diplomacia norteamericana, expresó en España que los castigos
impuestos por Washington contra otros países son una “herramienta política”,
que en este caso constituyen “una expresión de solidaridad con los
venezolanos”. Mister Freid, en honor a su apellido, quedó con el cerebro
frito en Madrid.
Otros
comentaristas de prensa sostienen que la reacción de los gobernantes
latinoamericanos contra las sanciones norteamericanas a Venezuela son por
oportunismo o cobardía, bien por los “lazos comerciales” que tienen con ese
país o por miedo a “ser vistos como mandaderos de Washington, especialmente si
en casa enfrentan protestas o la caída de índices de popularidad”. Se
asombran del repudio que
han suscitado unas simples “sanciones contra funcionarios venezolanos”.
han suscitado unas simples “sanciones contra funcionarios venezolanos”.
Ideólogos
que trabajan en los “tanques pensantes” de EE.UU. han llegado a decir que el
"tropiezo diplomático" que enfrenta la administración de Obama en
esta VII Cumbre de las Américas se debe a que “se equivocó totalmente en el
mensaje y la comunicación… no en el hecho de imponer sanciones, sino en la
forma y el lenguaje que impuso…”.
El derecho
internacional califica esos hechos como injerencia en los asuntos internos de
otros Estado, violación de la soberanía nacional de otro país e irrespeto a la
autodeterminación de los pueblos.
Evidentemente,
no entienden los cambios que se han producido en América Latina y el Caribe.
Hay “gobiernos izquierdistas”, porque fueron elegidos por la sociedad civil de
esos países, a pesar de las contradicciones que caracterizan a la sociedad
divididas en clases. Después de la dura experiencia neoliberal de los años
noventa y sus cantos de sirenas imperiales, los sectores populares empezaron a
luchar por sus intereses y convertirlos en intereses nacionales frente a los de
las aristocracias y los consorcios extranjeros.
Estamos en
un momento en el cual las clases adineradas y explotadoras son incapaces de
enfrentar por sí mismas a los movimientos populares de la sociedad y necesitan
el financiamiento y la dirección de Washington. ¡Eso es lo que enfrentan en
Panamá!
¡Ojalá que
la injerencia extranjera no se traduzca en golpes de Estado, terrorismo,
fraudes electorales, ríos de sangre y bloqueo económico, como le impusieron a
los cubanos!
Algunos
pueden pensar que alguien está asesorando mal al presidente Obama o lo están
presionando a marchar por el camino equivocado, que conduce al ridículo que
trata de evitar para sacar a su país del aislamiento y el rechazo en que se
encuentra y no se haga mayor.
Otros
pueden pensar que no importa la buena fe de los presidentes y los políticos
estadounidenses, porque lo determinante es la naturaleza imperial, dominante,
agresiva y expoliadora del sistema que rige los destinos de los EEUU, que ahora
se proclama como gendarme único, universal y absoluto del planeta.
A manera
de moraleja: la fuerza, la violencia, el odio, la venganza, el miedo, la
mentira, la agresión, la arrogancia y la prepotencia en el concierto
internacional no garantizan tener autoridad, prestigio, amigos y aliados
seguros. También pueden tener el efecto que la flatulencia con fetidez crea en
público.
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