Fuente original: Rebelión
Por Salim Lamrani
A
pesar del establecimiento de un diálogo histórico con La Habana el 17 de diciembre
de 2014 y pese a la visita oficial del presidente Barack Obama a la isla en
marzo de 2016, Washington sigue aplicando sanciones económicas contra la
población cubana, suscitando la incomprensión de la comunidad internacional.
Establecidas en 1960, en plena Guerra Fría, las sanciones perduran más de medio
siglo después, ocasionan importantes dificultades a la economía cubana e
infligen sufrimientos inútiles a las categorías más vulnerables de la
población. Su costo elevado y su alcance extraterritorial motivan el rechazo
unánime de la comunidad internacional. No obstante la resolución de este
conflicto asimétrico depende del poder ejecutivo estadounidense, que dispone de
las prerrogativas necesarias para desmantelar gran parte de la red de sanciones
impuestas a la isla.
Costo de las sanciones económicas
El
13 de septiembre de 2016 Barack Obama volvió a renovar por un año la Ley de
Comercio con el Enemigo, una legislación de 1917 utilizada por primera vez por
el presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer sanciones económicas totales
a Cuba, que prorroga el estado de sitio contra la isla. Esta ley, prorrogada
cada año por los nueve presidentes de Estados Unidos desde esa fecha, sólo se
aplica contra La Habana.
Una
vez más el impacto de las sanciones ha sido dramático para la economía y la
sociedad cubanas. En un año, de abril de 2015 a marzo de 2016, costaron 4.680
millones de dólares a la isla según Bruno Rodríguez, ministro cubano de
Relaciones Exteriores. En su informe anual sobre las sanciones económicas, las
autoridades cubanas estimaron los daños causados a nivel nacional. Resultaron
afectados particularmente tres sectores. Primero las exportaciones, ya que Cuba
no puede vender bienes ni servicios a Estados Unidos. Luego el costo producido
por la búsqueda de mercados alternativos geográficamente alejados de la isla. Y
finalmente el impacto financiero, pues Cuba todavía no puede usar el dólar en
sus transacciones internacionales, a pesar de las declaraciones del presidente
Obama sobre la supresión de esta restricción. “No existe elemento en nuestras
vidas en el que no esté presente su impacto”, concluyó Bruno Rodríguez. En
total las sanciones económicas han costado 125.000 millones de dólares a Cuba
desde su implementación en los años 1960].
Otros
sectores vitales, como el de la salud, resultan afectados por las sanciones
económicas. Sólo para citar un ejemplo, Cuba no puede adquirir los
estimuladores cerebrales profundos, que permiten tratar las enfermedades
neurológicas, que produce de modo exclusivo la empresa estadounidense
Medtronic. Varios centenares de pacientes cubanos con la enfermedad de
Parkinson, que podrían beneficiar de una mejor calidad de vida gracias a este
equipo, se ven privados de él a causa de un diferendo político que opone Washington
a La Habana desde hace más de medio siglo.
Aspecto extraterritorial de las sanciones
A
pesar del acercamiento histórico de diciembre de 2014, varias entidades
internacionales fueron fuertemente sancionadas después de esa fecha por
realizar, en perfecta legalidad con el derecho internacional, transacciones
financieras con Cuba. Así, en mayo de 2015, el banco francés BNP Paribas fue
condenado a una multa record de 8.900 millones de dólares por mantener, entre
otros, relaciones financieras con Cuba [5]. En octubre de 2015 otro banco
francés, Crédit Agricole, tuvo que pagar una multa de 1.116 millones de dólares
por el mismo motivo. Conviene recordar que BNP Paribas y Crédit Agricole no
violaron ninguna ley francesa y respetaron escrupulosamente el derecho europeo
y el derecho internacional. Washington aplicó de modo extraterritorial, es
decir ilegal, sus sanciones contra Cuba. Otras entidades financieras también
fueron fuertemente sancionadas. Así el banco alemán Commerzbank tuvo que pagar
una multa de 1.710 millones de dólares y puso término a todas sus relaciones
con Cuba. El poder ejecutivo estadounidense tomó todas estas decisiones.
Margen de maniobra del presidente Obama
No
obstante, el presidente Obama lanzó varios llamados al Congreso convidándolo a
poner fin al estado de sitio anacrónico, cruel e ineficiente. Expresó varias
veces su oposición al mantenimiento de medidas de retorsión económica que
además de afectar gravemente el bienestar de los cubanos han aislado a Estados
Unidos en la escena internacional. Durante su histórico viaje a Cuba admitió lo
siguiente: “La política de Estados Unidos ha fracasado. Debemos tener la
valentía de reconocer esta verdad. Una política de aislamiento elaborada para
la Guerra Fría no tiene ningún sentido en el siglo XXI. El embargo sólo hace
daño al pueblo cubano en vez de ayudarlo. Es una carga de otro tiempo que pesa
sobre el pueblo cubano”. La comunidad mundial, favorable a la resolución
pacífica de este conflicto, aplaudió este discurso marcado por la lucidez.
Sin
embargo la retórica constructiva de Barack Obama no ha sido corroborada por
hechos tangibles, a pesar de sus prerrogativas como jefe del poder ejecutivo.
Es verdad que el presidente de Estados Unidos restableció el diálogo político
con Cuba en diciembre de 2014, amplió el número de categorías de ciudadanos
estadounidenses autorizados a viajar a la isla en enero de 2015, retiró a Cuba
de la lista de los países patrocinadores del terrorismo en mayo de 2015,
restableció los lazos diplomáticos con la reapertura de embajadas en Washington
y La Habana en julio de 2015, autorizó la exportación de bienes y servicios en
el campo de las telecomunicaciones en marzo de 2016 (sólo hacia el sector no
estatal) y facilitó la reanudación del transporte marítimo de pasajeros entre
ambas naciones en mayo de 2016 y de los vuelos comerciales en agosto de 2016.
No
obstante, más allá de estas medidas positivas pero muy limitadas, el presidente
de Estados Unidos dispone de todo el margen de maniobra necesario para
desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones impuestas desde 1960, sin
necesitar la autorización del Congreso. Barack Obama podría autorizar a las
empresas cubanas a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para facilitar las
transacciones comerciales y financieras. Podría también poner fin a la
persecución financiera contra Cuba, de la cual han sufrido muchos bancos
internacionales. En total la administración de Obama infligió multas por un
importe total de 14.000 millones de dólares a diversas entidades bancarias del
mundo por sus relaciones con la isla del Caribe. Del mismo modo, la Casa Blanca
podría permitir el comercio bilateral entre las empresas cubanas y
estadounidenses (importaciones/exportaciones). También podría consentir a los
capitales estadounidenses la posibilidad de hacer inversiones en Cuba. Por fin,
podría, por ejemplo, eliminar la restricción que impide que todo barco, cual
fuere su origen, que transporte mercancía a Cuba, entre en un puerto
estadounidense durante los siguientes seis meses.
Sólo
hay cuatro sectores que el poder ejecutivo no puede tocar sin el acuerdo del
Congreso. El Presidente Obama no puede autorizar el comercio entre las
subsidiarias de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior y Cuba
(Ley Torricelli de 1992). En cambio, puede permitir el comercio entre la
empresa matriz instalada en Estados Unidos y las empresas cubanas, lo que hace
que resulte de facto inútil toda transacción con una subsidiaria establecida en
un tercer país.
Del
mismo modo, Barack Obama no puede permitir el turismo ordinario en Cuba (Ley de
Reforma de las Sanciones Comerciales de 2000). En cambio puede perfectamente
multiplicar el número de categorías de ciudadanos autorizados a viajar a la
isla y ampliar su definición. Así, la Casa Blanca podría redefinir la noción de
“viaje cultural” e integrar por ejemplo la visita de un simple museo. De este
modo todo ciudadano que se comprometa a visitar un museo durante su estancia en
Cuba podría beneficiarse de la categoría “viaje cultural”.
Sin
el acuerdo del Congreso, el presidente Obama tampoco puede autorizar la venta a
crédito de materias primas alimenticias (Ley de Reforma de las Sanciones
Comerciales de 2000). En cambio puede perfectamente consentir la venta a
crédito de todo producto no alimenticio, lo que limitaría considerablemente el
impacto de la sanción.
Finalmente
la Casa Blanca no puede permitir las transacciones con las propiedades
estadounidenses nacionalizadas en los años 1960 (Ley Helms-Burton de 1996). No
obstante, puede abrir la vía a todo negocio que implique las demás propiedades
de la isla.´
Rechazo unánime de las sanciones
Todos
los sectores de la sociedad estadounidense están a favor del levantamiento de
las sanciones económicas. El mundo de los negocios, mediante la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, desea fuertemente su fin pues ve un mercado de 11
millones de habitantes a 150 kilómetros de las costas estadounidenses que acoge
a otros inversionistas internacionales. La opinión pública favorece a más del
70 % la normalización completa de las relaciones bilaterales entre ambas
naciones, pues no entiende por qué su gobierno le prohíbe viajar a Cuba para
hacer turismo ordinario. Las autoridades religiosas, mediante el Consejo
Nacional de Iglesias, han condenado las sanciones por el sufrimiento que
infligen a la población de la isla. Los cubanoamericanos, con un 63 % según un
sondeo de septiembre de 2016, también son partidarios del levantamiento de las
sanciones, pues saben que las medidas económicas hostiles afectan a sus
familiares en la isla. Por fin conviene recordar que en 2015, por
vigesimocuarta vez consecutiva, 191 países sobre 193 pidieron el fin del estado
de sitio contra la isla durante la reunión anual de la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Un
conflicto asimétrico
Algunos
observadores consideran que Cuba debe responder a los gestos que realizó el
presidente Obama con cambios de orden interno. Olvidan de hecho el carácter
asimétrico del conflicto. En efecto, en el diferendo que opone Washington a La
Habana, la hostilidad es unilateral. Cuba no impone sanciones económicas a
Estados Unidos, no ocupa de modo ilegal una parte de su territorio soberano
(Guantánamo), no financia abiertamente a una oposición interna con el objetivo
de conseguir un “cambio de régimen”, no roba el capital humano como lo hace la
Ley de Ajuste Cubano, no realiza transmisiones ilegales destinadas a fomentar
la subversión interna –como es el caso con Radio y TV Martí- Por otra parte,
Cuba es una nación independiente y según el derecho internacional y desde el Congreso
de Westfalia de 1648, que reconoce la igualdad soberana entre los Estados, los
cambios en la isla son competencia exclusiva del pueblo cubano, el único que
puede decidir su sistema político y su modelo de sociedad.
Conclusión
Las
sanciones contra Cuba son anacrónicas, crueles e ineficientes. Tienen un
impacto desastroso sobre la economía cubana y afectan durablemente el bienestar
de la población de la isla. A pesar de las declaraciones constructivas de la
Casa Blanca a favor de un levantamiento de este estado de sitio, no se ha
adoptado ninguna medida de envergadura para aliviar a los cubanos de este
estrangulamiento económico que dura desde hace más de medio siglo y que la
comunidad internacional condena de modo masivo. Desde luego, ninguna normalización
completa de las relaciones será posible mientras esté en vigor esta política
hostil.
Salim Lamrani. Doctor en Estudios
Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim
Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista,
especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
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