Tomado de CubaDebate.
Por Gaby Weber
El 17 de Abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado una
decisión trascendental que tendrá como resultado que en el futuro va a
ser imposible responsabilizar a las empresas multinacionales por sus
crímenes.
Ese día, los jueces superiores emitieron en Washington DC una
sentencia sobre la pregunta de si el Alien Tort Statute (ATS) es
aplicable a las empresas o sólo a individuos. El ATS fue aprobada en el
1789 por el Congreso de los Estados Unidos y está en vigencia. Ofrece a
los extranjeros el derecho de recurrir a los tribunales de Estados
Unidos cuando se viola el derecho internacional. Era necesario en
aquella época porque casos como el de la piratería no podían ser
procesados en los países de origen de los delincuentes, ya que estos
“estados fallidos” los protegían, Bahamas, Cuba, Islas Caimán etc. En
los siglos siguientes, hicieron acuerdos internacionales y el ATS quedó
olvidado hasta que fue descubierto nuevamente por el movimiento de
derechos humanos en contra de los torturadores sudamericanos quienes,
después de las leyes de amnistía, quedaron sin castigo en sus países de
origen. Hubo varias sentencias en los Estados Unidos contra torturadores
y este procedimiento basado en el ATS no es el objeto del debate
actual.
En Abril, en la Corte Suprema de Justicia se discutía si el ATS se
aplicaría a las empresas multinacionales con sede en el extranjero,
porque las empresas estadounidenses (al menos por ahora) siempre podían
ser procesadas en los tribunales de Estados Unidos. Aunque esto en la
realidad significa una clara desventaja competitiva para la industria de
Estados Unidos, la solidaridad de la clase era más fuerte.
De acuerdo con la opinión de la mayoría de los 9 jueces de la Corte
Suprema, el ATS no se debe aplicar a las multinacionales, a fin de no
obstaculizar el comercio internacional. Esto es para prevenir que
cualquier juez provincial tome un caso por demandas millonarias contra
una empresa extranjera que tendría que ser juzgado en el país de origen,
donde la empresa tiene la sede o donde los hechos ocurrieron. De esa
manera, un juez podría apropiarse derechos ejecutivos que no le
corresponden y crear un conflicto entre los dos gobiernos. Dicen que con
la palanca de un juicio contra una multinacional no se debe hacer
política exterior. Además, el ATS se hizo hace más de 200 años atrás
para combatir la piratería. Según los jueces, la piratería pasó en alta
mar, en un lugar internacional en un vacío legal y juzgando a los
piratas no dará lugar a conflictos bilaterales porque no habrá
interferencia con los derechos soberanos de otro Estado (“and therefore
carries less direct foreign policy consequences”).
En el caso concreto, unos demandantes, entre ellos la viuda Kiobel,
de Nigeria habían abierto una causa en contra la Shell Royal Dutch
Petroleum Company por haber participado en escuadrones de la muerte y la
tortura en el país africano. La corte de apelaciones en Nueva York
había negado la apertura del procedimiento. Por eso, los demandantes
apelaron ante la Corte Suprema. Allá, se llevó a cabo una verdadera
“batalla amicus”, grupos de los derechos humanos, ecologistas, colegios
de abogados y universidades de todo el mundo escribieron cartas de apoyo
con su visión, las llamadas “amicus curiae”, en los cuales señalaban la
necesidad de abrir este tipo de juicios en los tribunales de Estados
Unidos. Los tribunales de los países donde estos crímenes tuvieron lugar
fueron no están en condiciones de confrontar un pleito semejante, sus
gobiernos nacionales están chantajeados o comprados. El gobierno federal
alemán había amenazado con un escrito amicus en febrero de 2012 con el
deterioro de las relaciones diplomáticas si los tribunales
estadounidenses siguen ampliando su jurisdicción a empresas extranjeras:
“La República Federal de Alemania considera qué ejercer jurisdicción en
Estados Unidos contra empresas alemana sería contraria al derecho
internacional y crearía un riesgo sustancial de los conflictos de
competencia con otros países (“The Federal Republic of Germany believes
that overbroad exercises of jurisdiction are contrary to international
law and create a substantial risk of jurisdictional conflicts with other
countries.”). Con eso, Angela Merkel dejó claro otra vez que los
derechos humanos no tienen ninguna importancia frente al afán de
maximizar las ganancias corporativas.
Como el gobierno alemán, también el Instituto CATO, la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, el Consejo Nacional de Comercio Exterior y
de una serie de bancos y compañías mineras ejercieron presión a través
de sus escritos amicus ante el tribunal.
Algunos magistrados de la Suprema Corte, la minoría, tenían una
opinión diferente. Escriben en la sentencia que la piratería del siglo
18 no tuvo lugar en un vacío legal, ya que los piratas habían navegado
bajo bandera de un Estado; y el juzgamiento de estos piratas extranjeros
también en aquella época cuando se hizo la ley trajo conflictos
diplomáticos con otros gobiernos que protegían los piratas. Pero, la
persecución de estos delitos era en aquel entonces como también hoy más
importante que evitar conflictos diplomáticos con los Estados que no
ponen los derechos humanos en primer lugar. “¿Quiénes son los piratas de
hoy en día?” -preguntaron los jueces de minoría-.
Para el movimiento internacional de derechos humanos, la sentencia
del Tribunal Supremo es un golpe duro, porque en los últimos años, los
tribunales de Estados Unidos eran la última esperanza para las victimas
de investigar y juzgar a las violaciones de los derechos fundamentales,
por lo menos a través de un juicio civil. Hoy en día, no se sabe como
estos juicios van a seguir o terminan ahí. La sentencia del 17 de Abril
deja alguna interpretación en algunos puntos. Por ejemplo, parece que la
sentencia en la causa Kiobel dejó una puerta trasera abierta. Se dice
en la página 4: “Los tribunales federales podrán reconocer las
reclamaciones privadas en virtud del derecho común federal.” (“Federal
Courts may recognize private claims under federal common law”.)
El abogado Terry Collingsworth en Washington se va a basar en estas
palabras para seguir el juicio en la causa Mercedes-Benz Argentina
(MBA). Representa a los sobrevivientes y a los familiares de MBA.
Durante la dictadura militar desaparecieron 14 obreros en Mercedes-Benz
Argentina, tres sobrevivieron a las torturas. Collingsworth presentó un
juicio civil en 2004 en San Francisco contra la Daimler AG, basándose en
el ATS, la Convención contra la Tortura y la ley federal de California.
Y finalmente, en noviembre de 2011, la Corte de Apelaciones de
California del Norte ha afirmado la competencia geográfica. Si una
empresa hace tan grandes ganancias en California, entonces tendría que
responder ante los tribunales del estado. Y los jueces de California se
interesan por sus propias leyes (“Ley Federal”) si la empresa en
cuestión había denunciado a la dictadura a sus obreros como terroristas y
si colaboraron en la apropiación de los bebes de los campos de tortura.
En el 2011, Daimler había presentado un recurso de apelación contra
dicha sentencia y solicitó una “en banc” audiencia. Del total de 12
jueces solo uno dijo que se puede escuchar a la empresa otra vez. Su
solicitud fue rechazada con palabras duras.
Si la Corte de Apelaciones en California se deja sacar su competencia
geográfica por la última sentencia del Tribunal Supremo – hay que ver.
No va a ser fácil-. Pero, por las dudas, el Tribunal Supremo en
Washington, anunció el lunes de esta semana, a petición de la Daimler
AG, de examinar el caso de los desaparecidos sindicalistas argentinos en
un juicio separado. En octubre, la primera audiencia se llevará a cabo.
La prensa va a estar presente y este caso se va a conocer en todo el
mundo.
En la causa Kiobel/ Nigeria, el gobierno argentino había presentado
con un propio amicus para destacar la importancia de la apertura del
juicio para los derechos humanos. Después de las dictaduras en América
Latina, el procedimiento en los Estados Unidos ha sido muy útil,
escribió. Es decir, el gobierno de Kirchner asumió por tanto claramente
que la compañía petrolera británica Royal Dutch Shell en Nigeria
difícilmente sería juzgada por sus crímenes. Ahora, el gobierno
argentino vuelve a tener la oportunidad de escribir una carta amicus,
esta vez para el juicio de la alemana Daimler AG -cuya complicidad con
los militares argentinos todavía no se ha condenado por un tribunal
argentino, a pesar de una serie de denuncias pendientes desde el año
2002-.
Pero recientemente, la Daimler ha anunciado junto con Cristina
Kirchner el lanzamiento de una nueva inversión en la localidad de
González Catán (provincia de Buenos Aires) por un monto de 800 millones
de pesos. Las familias de los desaparecidos de Mercedes-Benz quieren
preguntar a la presidenta por qué no se cumplieron las promesas de
Néstor Kirchner. En 2005, él había recibido a los familiares y anunciado
una investigación exhaustiva. Cristina ha rechazado una conversación
con los familiares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario