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| AFP Raul Arboleda |
En un mensaje enviado a Washington
en noviembre de 2006, el entonces embajador estadounidense en Venezuela,
William Brownfield, cuenta los resultados de su trabajo desde
2004 que tenía cinco objetivos: "1) Fortalecer las instituciones
democráticas; 2) Penetrar en la base política de [Hugo] Chávez; 3) Dividir el
chavismo; 4) Proteger los negocios vitales de EE.UU.; y 5) Aislar a Chávez
internacionalmente".
En total, entre los años 2004 y
2006, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus
siglas en inglés) donó unos 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones
y les ofreció apoyo técnico
y de capacitación a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI).
Los derechos humanos, como
herramienta antichavista
La USAID
pretendía llevar ante la Corte Internacional casos de supuestas
violaciones de los derechos humanos en Venezuela para así socavar la
credibilidad internacional del Gobierno del expresidente Chávez. A
eso se dedicaban organizaciones como Observatorio Venezolano de Prisiones y
Human Rights Lawyers Network in Bolivar State (una red de abogados).
Por otro lado, William Brownfield explicaba en su mensaje que uno de los “mecanismos de control chavista” era el uso de un “vocabulario democrático para apoyar la ideología de la revolución bolivariana”. Con el fin de disminuir la influencia de los discursos de Chávez, EE.UU. atrajo a más de 600.000 personas al “programa de educación cívica Democracia Entre Nosotros”.
Confundir tanto a los venezolanos
como a los extranjeros
Además, la
USAID gastó más de un millón de dólares en la organización de unos 3.000 foros
para reunir a los activistas de la oposición con los simpatizantes de Chávez,
dando la oportunidad a los primeros “de interactuar con chavistas obteniendo el
deseado efecto de alejarlos lentamente del chavismo".
La embajada de EE.UU. organizó también una serie de visitas de Brownfield a “zonas pobres del país” para demostrar “la preocupación del Gobierno de EE.UU. con el pueblo venezolano". Con eso pretendía “confundir” a la población y retrasar el “intento de Chávez de utilizar a EE.UU. como un enemigo unificador”.
La OTI también invitaba a “profesores universitarios, miembros de ONG y líderes políticos” internacionales de otros países a participar en sus eventos para que al volver a sus países “se convirtieran en aliados de la oposición venezolana” en el extranjero.
A finales de 2010 se aprobó una ley en Venezuela que prohibía el financiamiento externo para fines políticos en el país, lo que llevó al cierre de la OTI.
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