Por Dalia González Delgado
Fotos Claudia Camp.
Aunque
más tarde de lo que muchos esperábamos, Cuba saldrá de una lista en la
que nunca debió estar. Este martes, el presidente estadounidense, Barack
Obama, dio su aprobación para retirar al país de la lista de Estados
patrocinadores del terrorismo internacional, una designación con
consecuencias simbólicas pero también prácticas.
Desde 1982 Cuba fue incluida en ese listado, que elabora
unilateralmente el Departamento de Estado y actualmente incluye, además,
a Siria, Irán y Sudán. En una notificación al Congreso, Obama certificó
que “el gobierno de Cuba no ha proporcionado ningún tipo de apoyo al
terrorismo internacional en los últimos seis meses” y “ha dado garantías
de que no apoyará actos del terrorismo internacional en el futuro”.
Ahora, el Capitolio tiene un plazo de 45 días para pronunciarse al
respecto antes de que la nueva medida se concrete. No obstante, a
diferencia de las leyes del bloqueo -que solo pueden ser completamente
eliminadas por el órgano legislativo-, en este caso el Congreso no puede
impedir la exclusión de Cuba, a no ser que apruebe una ley
específicamente para eso, algo que la Casa Blanca y analistas consideran
improbable.
En tiempos en que el terrorismo se ha convertido en uno de los puntos
neurálgicos del escenario internacional, especialmente después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, ser acusado de promover esa
actividad es un asunto serio para cualquier país, más aun cuando los
argumentos esgrimidos carecen de fundamento.
La designación de Cuba ha tenido más que ver con motivaciones
políticas que con alguna causa real. De hecho, el último reporte anual
del Departamento de Estado, publicado el 30 de abril de 2014, admitía,
como en ocasiones anteriores, que “no hay información de que el gobierno
cubano haya suministrado armamento o entrenamiento paramilitar a grupos
terroristas”.
¿Qué implicaciones tiene este anuncio en el nuevo contexto de las
relaciones bilaterales? La decisión de Obama, largamente esperada,
elimina uno de los principales obstáculos para el restablecimiento de
los nexos diplomáticos entre ambos países.
Además, las consecuencias no son solo simbólicas sino prácticas.
Formar parte de esa lista implica restricciones legales en cuanto a
exportaciones, comercio, ayuda al desarrollo, créditos y otros.
En el caso cubano, a diferencia de los otros países, casi todo el
costo económico de estar en la lista queda subsumido por el bloqueo. El
resultado es que la Isla ha sufrido una doble persecución, reflejada en
el acoso a sus transacciones financieras en el mundo y la consiguiente
negativa de bancos a operar con Cuba por temor a las sanciones de
Washington, y en la imposición de multas multimillonarias a estos, lo
cual constituye una aplicación extraterritorial de las regulaciones de
Estados Unidos.
Recordemos, por ejemplo, que el año pasado el banco francés BNP
Paribas pagó una multa de más de 8 000 millones de dólares por realizar
transacciones con Sudan, Irán y Cuba.
Esa situación explica, además, por qué no existe un banco que acceda a
dar servicios financieros a la Sección de Intereses de Cuba en
Washington desde hace más de un año. La exclusión de Cuba de la lista
podría facilitar que aparezca uno dispuesto a hacerlo.
Por otra parte, el componente simbólico de pertenecer a esa lista no
es menor, pues la inclusión es parte de la demonización de un país.
Adicionalmente, los legisladores contrarios a Cuba en el Congreso
estadounidense han presentado proyectos de ley contra los países
incluidos en la lista para, de esa forma, afectar a la nación antillana
por decantación y mejorar las posibilidades de éxito de sus propuestas.
El analista político Arturo López Levy, profesor de la Universidad de Denver, Estados Unidos, publicó en un artículo reciente seis consecuencias se sacar a Cuba de la lista en cuestión.
Uno de los argumentos que usó es que esto podría abrir la posibilidad
de que en septiembre, coincidiendo con el calendario de renovación de
la autoridad presidencial para sancionar bajo la ley de Comercio con el
Enemigo de 1917, Obama retire a Cuba de esa categoría (la Isla es el
único país que queda).
“Tal decisión podría abrir las Cortes estadounidenses a reclamaciones
legales contra algunas de las sanciones contra Cuba, en particular
aquellas que limitan los derechos civiles, como los de viaje. Esas
restricciones han sido fundamentadas desde una lógica de seguridad.
Fuera de ese argumento es cuestionable que el gobierno prohíba a los
estadounidenses viajar a algún país por otras razones”, fundamentó el
experto.
La intención del presidente Obama de modificar su estrategia hacia
Cuba está produciendo una ola de entusiasmo por parte de empresas
estadounidenses. Así, un revitalizado lobby empresarial ha apoyado la
exclusión de la Isla de la lista, por lo que podría significar para
futuros negocios.
Por solo poner un ejemplo, el Grupo de Trabajo Illinois-Cuba
(Illinois Cuba Working Group) organizó recientemente un evento para
pedir que la Casa Blanca dejara de considerar a Cuba un estado
patrocinador del terrorismo.
Según Paul Johnson, director ejecutivo de la organización, han estado
trabajando para “poner fin a un embargo que no ha servido a los
intereses de las personas de Illinois ni de Cuba durante más de medio
siglo”.
Johnson, presidente de Chicago Foods International LLC y
vicepresidente de la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba
(USACC, por sus siglas en inglés), dijo a Cuba Contemporánea que el
Grupo incluye a políticos estatales, organizaciones agrícolas y empresas
cuyo objetivo es mejorar las relaciones comerciales con nuestro país.
“La designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo
hace el comercio bilateral extremadamente difícil. Los bancos temen ser
investigados por el Departamento del Tesoro. Esa restricción hace el
comercio crecientemente oneroso y costoso. El efecto neto es que
restringe aun más las oportunidades comerciales”, declaró entonces
Johnson.
El anuncio de este martes se produjo apenas tres días después de la
histórica reunión entre Raúl Castro y Barack Obama durante la VII Cumbre
de las Américas celebrada en Panamá, aunque probablemente la decisión
estaba tomada desde antes.
Ahora sí, la apertura de las embajadas parece estar a la vuelta de la
esquina. Pero eso, ya lo hemos dicho, es solo un paso en el complejo
camino hacia la normalización de las relaciones bilaterales.
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