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| INSURGENTE.ORG – Doscientos jueces de toda España han reprochado al Gobierno en un manifiesto el indulto concedido a cuatro mossos d’Esquadra condenados por torturas, para evitar su ingreso en prisión, por considerarlo un “fraude” y un “abuso” de la facultad de indulto, que “supone una afrenta al Poder Judicial” |
Estos cuatro mossos d’Esquadra fueron indultados por segunda vez en
el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero
pasado un primer indulto parcial por el que se les conmutaban las
distintas penas de prisión por una única de dos años de cárcel para cada
uno de ellos.
Tras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona se negó
sin embargo a concederles la suspensión de la pena de dos años de
cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro
condenados por torturas a un ciudadano rumano solicitaron al Gobierno un
nuevo indulto para eludir la cárcel, que el pasado viernes les fue
concedido conmutando la pena de prisión por dos años de multa.
Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del
Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, y el magistrado
del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, “conceder un indulto en
estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la
institución”. “Al instrumentalizar el indulto para la consecución de
fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división
de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la
judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una
posición subordinada en el orden constitucional”, critican.
En el manifiesto, titulado El indulto como fraude. En defensa de la
independencia judicial y de la dignidad, estos jueces defienden que la
Audiencia de Barcelona, “en estricta aplicación de lo previsto en el
Código Penal”, acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el
primer indulto. Por ello creen que se trata de “un ejercicio abusivo por
el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones
de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial”, destaca
el documento.
A su juicio, la actuación del Gobierno en este caso supone “un
menosprecio” a los miles de agentes de policía que en todo el Estado
“cumplen a diario con sus funciones democráticas”, de “defender y
promover los derechos fundamentales de la ciudadanía”, por lo que este
indulto “parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de
cualquier cuerpo policial”. Además, “supone una actuación contra la
dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de
perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por
agentes a su servicio”.
Recuerdan por ello que el indulto “implica afirmar la falta de
necesidad de la ejecución de la pena y sólo se justifica cuando su
cumplimiento “no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o
retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada”. Por tanto, creen
que no existe “motivo razonable alguno para un doble indulto como el
que el Gobierno ha concedido”, ya que “los hechos declarados probados
son muy graves y contrarios a la dignidad humana”.
Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos
d’esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le
golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una
pistola en la boca para hacerle confesar.
La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a tres de los agentes a
seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos
años y tres meses, y al quinto a seis meses de cárcel. El Supremo rebajó
en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales
acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un
indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la
puerta a que se libraran de entrar en prisión. Sin embargo, la
Audiencia de Barcelona se negó a suspenderles la pena de prisión y
pidieron el segundo indulto, que les fue otorgado la semana pasada.
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