Por Gustavo de la Torre Morales.
Los hechos
acaecidos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, a partir del pasado
febrero de 2014, con “protestas” incitadas desde la derecha de ese país y
asesoradas y financiadas desde Estados Unidos, se cobró la vida de una
cuarentena de personas (entre civiles y funcionarios) y más de 800 lesionados
y, además, serios daños materiales y económicos al país.
El cierre
de calles, la quema de montones de basura, alambradas o el tendido de guayas
tensadas a la altura del cuello, disparos concertados contra la población desde
escondidos puntos, la amenaza a ciudadanas y ciudadanos con objetos
contundentes y cortantes, el incendio de edificios para el servicio sanitario y
públicos o el ataque a pedradas contra transportes públicos, fueron gran parte
de las acciones vandálicas que se cometieron con el nombre de “Guarimbas”.
Dichos
actos aparecieron poco después que Henrique
Capriles, dirigente del partido Primero Justicia y actual gobernador del
Estado Miranda, perdiera por segunda vez sus aspiraciones de nominarse para
presidente del país. Siendo el vandalismo la vía por la que optaba la derecha
venezolana para seguir arrodillándose frente al imperialismo y cumplir con el
objetivo de destruir la Revolución bolivariana y sus conquistas sociales. Ya
que perdían en las elecciones por decimo-octava vez, la violencia era la opción
B.
Mientras
los culpables de dirigir la oleada de violencia eran descubiertos públicamente
por el gobierno venezolano, la gran Prensa “libre” al servicio del capital,
movía toda su maquinaria para manipular los hechos y demonizar al gobierno
venezolano por las medidas (“antidemocráticas”, según los Mass Medias) tomadas
por la dirección gubernamental del país.
Los medios
mostraban a una Venezuela envuelta en caos, cuando la desobediencia y las
guarimbas ocurrían sólo en 18 municipios, de los 335 existentes,
fundamentalmente en esos que estaban bajo la administración de la derecha. Se
dieron informaciones ambiguas y con falsos datos o, incluso, hasta por las
redes se espació como virus el mostrar fotos de otros eventos, en otros países,
y que se publicaban como si hubiesen ocurrido en Venezuela; de las cuales
muchos medios se hicieron eco de las falacias.
Pero,
¿Quiénes eran esos líderes opositores que la prensa derechista y el gobierno
norteamericano (junto con lacayos de Europa) mostraban como luchadores por la “libertad y la
democracia” en Venezuela? Henrique Capriles (entre otras, con antecedentes
por atentar contra la embajada cubana en Venezuela), María Corina Machado
(financiada desde EEUU a través de Súmate), Leopoldo
López (quien convocó a un golpe de Estado) y Antonio
José Ledezma Díaz, Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas
(acusado de ser copartícipe del intento de Golpe de Estado, en el cual se
incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales, con tal de provocar la
muerte al actual presidente Nicolás Maduro Moros), eran los
principales cabecillas de los desordenes ocasionados en parte del país;
sirviendo como comidilla a la gran prensa capitalista_ y ¿libre?_ para
demonizar al gobierno revolucionario de Maduro, continuador de la obra de Hugo
Chávez.
Muy a
pesar de las probadas acciones violentas y la incautación de artefactos
explosivos, en poder de delincuentes que respondían a la orden de provocar
disturbios, desde el gobierno de Estados Unidos reclamaban la liberación de los
detenidos por ser manifestantes “pacíficos”. Con total frialdad y descaro, la
portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, expresó: “En el caso de López
y en todos los demás casos, pedimos un proceso debido y la liberación inmediata
de los que han sido detenidos en Venezuela mientras expresaban pacíficamente
sus derechos a la libertad de expresión y asamblea, unos derechos que el
gobierno venezolano tiene obligación de proteger”.
A esto,
los monopolios mediáticos se encargaban de “santificar” a estos cabecillas
intelectuales del desorden y daban por sentado que este caos era producto de la
influencia del “comunismo cubano” y de la “dictadura” surgida con el presidente
Hugo Chávez.
En esta
guerra declarada por el imperialismo yanqui, en complot con sus lacayos de la
derecha venezolana, los monopolios mediáticos, el servilismo de gobiernos
europeos y la rancia y chanchullera ultraderecha miamense, sale a la palestra
el presidente Barack Obama, aprobando sanciones contra funcionarios del
gobierno venezolano (mediante la “Ley
de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, 2014”)
y con esta una Orden Ejecutiva (E.O.), donde plantea: “YO, BARACK OBAMA,
Presidente de los Estados Unidos de América, deduzco que la situación en
Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de los derechos humanos por
parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la
restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones
de derechos humanos, los abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno
y el arresto y detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales; así
como la exacerbada presencia de la significativa corrupción pública, constituye una amenaza inusual
y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los
Estados Unidos, y
por ello declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza.
A la Orden
Ejecutiva le acompañó una
nota de prensa que planteaba: “Estamos
profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno venezolano para
acrecentar la intimidación hacia sus opositores políticos. Los problemas de Venezuela
no pueden ser resueltos por la criminalización de la disidencia. Hemos pedido
reiteradamente al gobierno venezolano de librar a todos los que ha encarcelado
injustamente, así como el mejorar el clima de respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales, como la libertad de expresión y de reunión
pacífica. Estos son esenciales para una democracia que funciona, y el gobierno
venezolano tiene la obligación de proteger estas libertades fundamentales.”
Es decir,
la administración norteamericana se mostraba “preocupada” por presuntas
violaciones de derechos humanos (DDHH) y de las afectaciones que el “caos
económico y hechos de corrupción” en Venezuela pudiera afectar a la “angelical”
economía de Estados Unidos o sus intereses… sin embargo hay cuestiones que a
simple vista saltan como incongruentes y que son tratadas con doble rasero.
¿Cómo el
gobierno de Estados Unidos puede plantear que “la exacerbada
presencia de la significativa corrupción pública” en Venezuela “constituye una
amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior
de los Estados Unidos”, si la explosión de la burbuja inmobiliaria y
activos tóxicos en bancos norteamericanos condujeron como acción en cadena a
una crisis global, lo cual sí fue más que un desastre para las economías de
todos los países, principalmente los países subdesarrollados, y nadie declaró a
Estados Unidos una “amenaza”, cuando sí lo era y aún lo sigue siendo?
¿Cómo el
gobierno de Estados Unidos puede mostrar “preocupaciones” sobre la corrupción
en Venezuela y verla como una amenaza, si posee senadores y congresistas, como
por ejemplo Bob Menéndez, que siguen en sus cargos o libre, a pesar de sus
connotadas violaciones fiscales, y que además cooperan, asesoran o financian la
oposición en otros países, con el objetivo de derrocar gobiernos
constitucionales; sí siendo esto una amenaza para esos países?
¿Cómo el
gobierno de Estados Unidos puede mostrar “preocupaciones” sobre la corrupción
en Venezuela y verla como una amenaza, si el gobierno de Estados Unidos cuenta
con organizaciones (USAID, NED, entre otras y que trabajan con empresas
tapaderas para la subversión y la desestabilización interna en otros países con
gobiernos constitucionales), las cuales desvían millonarias sumas de los presupuestos
(aprobados por el Congreso) sacados de los fondos por los pagos de impuestos de
los ciudadanos estadounidenses; sí siendo esto una amenaza para esos países y
los propios Estados Unidos?
Por
supuesto que no les preocupa porque la política que sostiene al sistema
imperial es la codicia y cualquier medida contraria a su propia filosofía
lastimaría la cantidad de dígitos en los cheques de las grandes fortunas; esas
que imponen los dictados económicos a seguir y la “legalidad” de la injusticia.
Pero, además_ ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos
puede tener preocupaciones sobre los DDHH en Venezuela y otros países, si a
finales del 2011 y parte del 2012, cuando la represión policial contra el
pacífico Movimiento llamado Occupy Wall
Street (el cual se extendió a otros estados del país por la intolerancia a
la codicia y corrupción del 1% más rico del país) se ejecutó con arrestos y encarcelamientos
sin cargos y cargas policiales contra los manifestantes?
¿Cómo el
gobierno de Estados Unidos puede tener preocupaciones sobre los DDHH en
Venezuela y otros países, si en varias de sus ciudades, como Ferguson, Meryland
o Baltimor, se vive una oleada de malestar social, como resultado de la brutal
e inmune actuación policial, la cual ha conllevado la muerte de varias
personas, afroamericanos, incluyendo menores de edad, y donde la justicia hacia
los agentes policiales culpables ha sido más que tolerante y complaciente?
Sin
embargo, más que buscar el hacer justicia, la enfermiza conducta de extremo
racista sigue empoderando a las fuerzas de seguridad para arremeter contra toda
manifestación de protesta; ocasionando nuevas víctimas con estos enfrentamientos.
Ahora que la respuesta de las masas alcanza el mismo
nivel de violencia policial, entonces son etiquetadas de disturbios y
vandalismos. El propio Barack Obama calificaba sin excusas los actos violentos
en Baltimor y sentenció que deberían ser tratados como criminales.
¿Por qué
el presidente Barack Obama no promueve un pausado y profundo análisis de la
situación social o conduce, con pujante acción, a que se tomen medidas que
brinden una solución adecuada y consecuente a esta adversa situación que golpea
a su propio país y que es mucho más que una viga sobre su cabeza, en vez de
intentar ver la paja en el ojo ajeno?
¿Por qué
el presidente Barack Obama no firma un Decreto declarando de amenaza para la
seguridad nacional la actuación de la policía contra la ciudadanía o a su
sistema económico por seguir abriendo la brecha de desigualdad entre los
cientos de ricos y los millones de pobres en la ciudadanía norteamericana?
Pero,
lamentablemente, el jefe del despacho oval no responde a los intereses de la
Nación ni a la paz del mundo (un Nobel lamentablemente regalado): a no ser que
sólo se entienda por “Nación”, la clase social en poder de las grandes
fortunas; o que se entienda como “Mundo” los dictados de Wall Street, las
transnacionales norteamericanas y los lobbies con poderes económicos que se
enriquecen del militarismo y del expolio de recursos en otros países.
Esta
oportunista conducta hegemónica del gobierno de los Estados Unidos de creerse
con moral para dictar lo que debe ser bueno o malo, lo que debe preocupar o no
a la opinión mundial, lo desmoraliza mucho más cuando se pronuncia sobre
preocupaciones en referencia a violaciones de DDHH en otros países y, sin
embargo, el gobierno norteamericano ha autorizado asesinatos selectivos allende
sus fronteras y, además, con miles de víctimas que con gran hipocresía llamaron
“daños colaterales”; es decir, ha “legalizado” con su voz, el crimen y el
terrorismo.
Para el
gobierno estadounidense bajo la administración de Barack Obama entiende que los
líderes que guiaron las guarimbas en Venezuela son protestantes “pacíficos” y
los reclamos de la sociedad norteamericana por los abusos y asesinatos
policiales de afroamericanos son “criminales”.
Con tal filosofía el gobierno estadounidense bajo la
administración de Barack Obama “excusa” al desmedido racismo que aún late
profundamente en la sociedad norteamericana, la llamada tierra de la libertad,
y “justifica” que se haga todo posible esfuerzo para destruir el ejemplo de la
Revolución Bolivariana, como alternativa viable; aunque tengan que seguir
recurriendo, una y otra vez, a la mentira.
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