Por Manuel Yepe.
Estados Unidos, país cuyo gobierno se precia de ser cabeza, modelo y
juez de la “democracia” en el mundo, es una de las naciones con mayor
retraso en materia de derechos humanos.
Así lo afirma y fundamenta la escritora y destacada jurista, profesora y luchadora social venezolana por los derechos humanos Laila Tajeldine en artículo reproducido por la red “Rebelión”.
Por impedimentos legislativos propios, Estados Unidos no es parte de Convenciones internacionales tales como las que versan sobre los derechos de los niños; los derechos de personas con discapacidad; los derechos económicos, sociales y culturales; la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; los derechos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la protección contra desapariciones forzadas; contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; la represión y castigo del crimen de apartheid; contra el apartheid en los deportes; y el protocolo facultativo del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos destinados a abolir la pena de muerte.
Para evitar que se juzgue a sus soldados por la aplicación de torturas, masacres, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de guerra y lesa humanidad que cometan, Washington no reconoce para sí la competencia de la Corte Penal Internacional.
Según reputadas fuentes, 66 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza en Estados Unidos y el 51% de los estudiantes de escuelas públicas de Estados Unidos están en la pobreza.
En Estados Unidos, más de 50 millones de personas no tienen seguro médico y otra cantidad mayor cuenta una cobertura de salud ineficiente. El asunto es particularmente grave para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica.
El salario de las mujeres es, como promedio, un 22% inferior al de los hombres con igual contenido laboral.
Las corporaciones mediáticas estadounidenses ignoran la persecución política que se practica contra quienes contrarían las políticas bipartidistas y capitalistas en Estados Unidos. Se oculta que hay alrededor de un centenar de presos políticos en ese país por luchar por los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, la independencia de Puerto Rico, contra el fascismo y el racismo, por los derechos de las mujeres, etc.
Las prisiones privadas que funcionan en Estados Unidos han admitido que las altas tasas de encarcelamiento benefician sus negocios. Las cárceles aportan mano de obra más barata y no reconocen horas extras. Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios de Londres, Estados Unidos tiene 2,3 millones de personas privadas de libertad, la cifra más alta de presos en el mundo. El país tiene 5% de la población mundial y su población carcelaria representa el 23% de los privados de libertad a nivel global.
La población afroamericana representa el 36% de los presos en Estados Unidos, pese a que la población total afroamericana en ese país es de 12,6%. Los afroamericanos representan el 59% de los condenados y el 74% de los que reciben cadena perpetua.
Aproximadamente el 3% de presos en todas las cárceles de Estados Unidos reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012. Desde el 2013 estos tipos de estudios fueron cancelados en ese país por el impacto en la sociedad de las conclusiones.
Según un estudio publicado por el Left Business Observer de Estados Unidos, el 20% del PIB de Estados Unidos proviene de lo que se produce en las cárceles. Muchas compañías como IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Revlon, Macy`s, están produciendo desde las cárceles, beneficiándose de su mano de obra barata.
Los recientes actos de brutalidad policial contra la población afroamericana demuestran que la discriminación racial sigue siendo política de Estado en ese país.
En Estados Unidos cerca de 100 mil niños inmigrantes y negros son obligados a realizar trabajos forzados y sin ninguna protección del Estado. En los campos agrícolas los niños suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, envenenamiento, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes o muerte.
Laila Tajeldine concluye señalando que “se hace necesario la conformación de un movimiento internacional no comprometido con las grandes corporaciones económicas, que se unan a la lucha del pueblo de Estados Unidos, silenciado por los medios de comunicación, para denunciar la sistemática y sostenida violación de los derechos humanos en esa nación”.
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