Legisladores
de Florida solicitan al presidente Barack Obama aplicar nuevas sanciones contra
funcionarios venezolanos, pese a que el mundo entero se opuso al decreto
unilateral de abril de 2015 que consideraba a Venezuela una amenaza contra
EE.UU.
El senador
y precandidato republicano, Marco Rubio pidió al Gobierno estadounidense
aplicar la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en
Venezuela de 2014”, que niega visas y congela bienes a funcionarios que
supuestamente violan los derechos humanos.
Esta nueva
injerencia norteamericana se da en el marco de la sentencia al político de la
derecha venezolana Leopoldo López, quien deberá cumplir 13 años de prisión
principalmente por su participación en las guarimbas que dejaron más de 40
muertos en la nación suramericana, durante las protestas del pasado año.
A juicio de
Rubio, “el arresto y la encarcelación de López, demuestran de forma evidente
que el juicio y la sentencia de prisión han sido una farsa”, dijo, al tiempo
que pidió al mandatario Barack Obama mantenerse vigilante sobre los asuntos
internos de Venezuela y “a no bajar la guardia”, esto en vista que el mismo
jefe de Estado norteamericano había reconocido tras el decreto unilateral en
abril de 2015, que los venezolanos no representaban ninguna amenaza a la Casa
Blanca.
Ahora,
desde Estados Unidos se busca intervenir nuevamente en la política interna
venezolana, utilizando como excusa la sentencia judicial contra Leopoldo López,
por tal razón el alcalde venezolano Jorge Rodríguez denunció este sábado una
campaña internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro orquestada por la
derecha nacional e internacional para desestabilizar.
Contexto:
El opositor
de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López, fue sentenciado el jueves a 13
años de prisión, que deberá cumplir en la cárcel de Ramo Verde en Caracas,
capital de Venezuela.
La medida,
dictada por el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Función de
Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, lo señala
como responsable de los delitos de incendio intencional, instigación pública,
daños a la propiedad colectiva y asociación para delinquir.
López
permanecía arrestado desde febrero de 2014 y fue imputado como responsable de
las protestas con fines golpistas que dejaron un saldo de 43 personas
fallecidas y cientos de heridos.
Nuevas
investigaciones venezolanas relacionan a dirigentes de la derecha con
actividades paramilitares ordenadas desde la frontera con Colombia, donde se
desarrolla un operativo de seguridad desde el pasado mes de agosto, para
recuperar el control y la seguridad en la zona limítrofe.
El asesinato del joven diputado oficialista Robert Serra es una muestra de los crímenes que se han cometido de la mano de paramilitares, quienes presuntamente han actuado con apoyo de sectores oposicionistas dentro y fuera del país suramericano.
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