Contrabando de extracción, secuestro, prostitución,
tráfico de narcóticos, de personas, de armas, de combustible, son algunas de
las denuncias que ha hecho Venezuela y que le obligó a cerrar la frontera
terrestre con Colombia por el estado Táchira y Zulia, indefinidamente, hasta
tanto no se restablezca la paz y la convivencia sana entre países hermanos.
Tomado de TeleSur.
Desde que el 20 de agosto pasado Venezuela decidió
cerrar su paso fronterizo terrestre con Colombia por el estado Táchira
(suroccidente), y más recientemente en Zulia (noroccidente), muchos han sido
los ataques contra la administración de Caracas.
Bogotá ha acusado al Gobierno venezolano de supuestas
violaciones a los derechos humanos, por la repatriación de ciudadanos
colombianos que vivían en una situación irregular en la línea fronteriza.
Pero lo que Colombia no dice es que en esta zona hay
una intensa actividad delincuencial y paramilitar, que no sólo ha afectado a su
lado, sino que ya comienza a socavar las bases mismas de la economía y el
convivir.
La
recuperación de la tranquilidad y la construcción de una frontera de paz con
Colombia es la apuesta de Venezuela. Te explicamos por qué se cerró y cuál es
la propuesta.
¿Por
qué?
“Se nos pudrió la frontera con Colombia”, dijo
recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una rueda de
prensa con medios internacionales en el Palacio de Miraflores. Cuando dio estas
declaraciones, no había pasado una semana desde que su Gobierno cerrara el paso
fronterizo terrestre y decretara el estado de excepción en varios municipios
del estado Táchira, colindante con ese país.
¿La
razón? Un ataque por la espalda de un comando paramilitar contra tres efectivos
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el pasado 19 de agosto, que los
dejó gravemente heridos y en terapia intensiva en un hospital local.
Pero
este ataque es sólo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo.
Venezuela, desde hace varios años, ha venido denunciando la presencia de grupos
paramilitares de extrema derecha en su territorio, trasladados desde Colombia
con fines políticos y económicos.
Tres
semanas después hizo lo mismo en el paso fronterizo de Paraguachón, en el
estado Zulia, en plena Guajira colombo-venezolana.
En
mayo de 2004, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, denunció al
mundo la presencia de un ejército paramilitar en la finca Daktari, en el
municipio El Hatillo del estado Miranda (centro-norte). El objetivo de este
escuadrón era el asesinato de Chávez.
En
total eran 116 hombres, todos colombianos, vestidos con uniformes militares
venezolanos y con armas de guerra.
Eran
los ejecutores de un plan de magnicidio ideado en el eje Caracas-Bogotá-Miami.
De hecho, el terreno donde se entrenaban y escondían era propiedad del cubano
Robert Alonso, hermano de la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso,
reconocida reaccionaria y que, once años después, vuelve a aparecer en los
titulares de prensa, otra vez por su relación con estos grupos armados al
margen de la ley.
En
esa oportunidad, Chávez deportó a los paramilitares y se los entregó al para
entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para que la justicia de
ese país se encargara de ellos.
Hoy,
en 2015, Caracas sigue denunciando la presencia paramilitar colombiana en su
territorio, ya no sólo con fines políticos, sino como la punta de lanza de la
guerra económica que enfrenta este país desde hace varios años, y que se ha
recrudecido desde la desaparición física del Comandante Chávez.
Delincuencia,
paramilitarismo y contrabando
La frontera de paz.
La intención de la
intervención en la frontera es construir espacios de
paz, erradicando la presencia de grupos al margen de la ley, con el afianzamiento
de la presencia del Estado y el desarrollo socio-cultural de toda la línea
fronteriza.
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