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| Henry Ramos Allup, cabecera de la oposición en la ANV |
Tomado
de la web CELAC.org
Por Alejandro Fierro.
La
derecha venezolana ha presentado ya un anteproyecto de enmienda constitucional
para acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años. El objetivo, según
han reiterado diversos líderes opositores, comenzando por el presidente de la
Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, es desalojar a Nicolás Maduro de la
Jefatura de Estado de la República.
La oposición ha optado por este
mecanismo, en lugar de recurrir al referéndum revocatorio, por entender que es
un procedimiento más ágil y con menos trámites. En efecto, bastaría con que un
tercio de los diputados presentara la enmienda. Ésta se debatiría como una ley
normal: dos discusiones y votación, quedando validada por mayoría simple. La
enmienda se remitiría al Consejo Nacional Electoral, que en los treinta días
siguientes a su recepción tendría que convocar un referéndum. En caso de
aprobación popular, Nicolás Maduro finalizaría su mandato en abril de 2017.
Sin embargo, el recurso a la
enmienda constitucional para echar a Maduro es un notorio fraude de ley. La
Constitución venezolana, en su artículo 72, deja bien claro que el referéndum
es el único mecanismo legítimo para revocar a un cargo público, incluido el
presidente (nótese que Venezuela es el único país del mundo en el que se puede
destituir al Jefe de Estado mediante referéndum popular, un ejemplo de
hiperdemocracia que refuta cualquier acusación de autoritarismo). Todo el
espíritu que permea este artículo es que aquello que el pueblo eligió, sólo el
pueblo puede destituirlo.
Las enmiendas no pueden ser
utilizadas para coyunturas, casos o personas concretas. No puede existir una
“enmienda Maduro”, diseñada explícitamente para sacar al actual presidente. La
oposición no puede negar que su iniciativa va dirigida específicamente a
Maduro. La hemeroteca está llena de declaraciones de sus líderes en este
sentido, algunas de ellas realizadas incluso en sede parlamentaria.
Hasta el propio texto del
anteproyecto, aunque no cita expresamente al jefe de Estado, sí que apela a la
coyuntura: “El actual periodo presidencial de seis años con posibilidad de
reelección es un periodo demasiado largo para un régimen presidencialista con
debilidades institucionales como el venezolano que amenaza con retardar
peligrosamente los cambios políticos requeridos para relegitimar el poder,
razón por la cual se hace imperioso reducir el periodo a cuatro años en procura
también de una solución democrática y electoral a la actual crisis”.
La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia debería desestimar esta propuesta por suponer una clara
manipulación de la figura de la enmienda. Podría, incluso, aceptar la reducción
del periodo presidencial pero a partir de la siguiente elección, dejando que
Maduro concluyera su mandato. De esta forma, se evitaría cualquier tipo de
sospecha sobre la verdadera intencionalidad de la enmienda y, sobre todo, se
garantizaría el mantenimiento de la condición temporal –seis años de
Presidencia- bajo la cual el pueblo fue a votar en abril de 2013.
Hay muchos otros elementos que
sustentan la anticonstitucionalidad del anteproyecto. En los debates
constituyentes de 1999 quedó establecido que la forma de resolver las crisis
políticas en Venezuela sería mediante referendos. Así se refleja en los diarios
de sesiones. La oposición ha manifestado en múltiples ocasiones que Venezuela
está sumida en una crisis política. Por tanto, si quiere ser coherente debe
acudir a un revocatorio para solucionar lo que ella misma considera como una
crisis política.
Por otra parte, el anteproyecto de
enmienda propone una reducción a cuatro años, en lugar de los cinco que
establecía la vieja Constitución de 1961 y que la nueva Carta Magna elevó a
seis. En el anteproyecto de enmienda no se argumenta el porqué de esta
preferencia por los cuatro años, por lo que bien cabe deducir que está motivada
por el ánimo de expulsar a Maduro a la mayor brevedad posible.
La aprobación de la enmienda
sentaría un precedente peligrosísimo que dejaría la gobernabilidad del país en
manos de las mayorías parlamentarias. Una Asamblea del mismo color político que
la Presidencia sacaría adelante una enmienda para ampliar el mandato, mientras
que cuando fuera contraria lo reduciría y así sucesivamente. La voluntad
popular quedaría de esta forma vulnerada.
Las pretensiones de la oposición
parlamentaria recuerdan al golpe de estado institucional perpetrado por la
derecha paraguaya contra Fernando Lugo en 2012. En esa ocasión, los diputados
opositores retorcieron al máximo la legalidad para echar a Lugo de la
Presidencia a través de la manipulación de la figura del juicio político. Dicha
estratagema fue respondida con la suspensión del país guaraní de Unasur y
Mercosur, pero ya se había quebrado la decisión del pueblo soberano de que
Fernando Lugo fuera su presidente hasta 2013.
Los medios de comunicación
actuaron como legitimadores de aquel fraude. Los periódicos sustituyeron a los
tanques en lo que se calificó como un golpe
de estado 2.0. En Venezuela podemos estar asistiendo a una versión
mejorada de esa modalidad. La artillería mediática comienza a tomar posiciones.
La noticia publicada este viernes, 5 de febrero, por el diario español El País
bajo el titular La oposición impulsará en el Parlamento el fin anticipado del
Gobierno de Maduro es un buen ejemplo de ello. En un texto
repleto de adjetivos calificativos y juicios de valor sin argumentación, el
rotativo trata de legitimar la defenestración del presidente Maduro como en
2002 justificó el golpe de Estado contra el presidente electo Chávez con un
editorial de apoyo titulado de forma esclarecedora Golpe
a un caudillo.
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