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| Foto: Friends of the Earth Europe |
Por Germán Gorraiz López.
A comienzos del 2013 comenzó su
singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por
sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes,
servicios e inversiones entre EE.UU. y la Unión Europea” y que podría atracar en
puerto en el 2017 tras culminar recientemente la UE y EE.UU. la última ronda de
conversaciones. Sin embargo, aunque todos los países apoyan políticamente unas
negociaciones que deberían finalizar para principios del 2017 y que en teoría
tan sólo implican la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las
barreras burocráticas, en la práctica estarían plagadas de escollos, como la
normativa alimentaria y fitosanitaria. Así, entre los principales escollos para
conseguir un acuerdo satisfactorio para las dos partes, estaría la normativa de
la UE que prohíbe la utilización de hormonas y limita las autorizaciones de
organismos genéticamente modificados (OMG) amén de las reglas de trazabilidad y
etiquetado, las tarifas agrícolas y las denominaciones de origen en el sector
agroalimentario. A ello se sumaría el sector financiero ( la FED ha pedido
expresamente que no se incluya dicho sector en la ronda de negociaciones), el
gas natural ( la UE quiere eliminar todo tipo de restricciones a su libre
exportación) y finalmente el escollo del ‘Buy American Act’ , barrera
proteccionista impuesta en 1933 en EE.UU. que blinda “de facto” los mercados
públicos estadounidenses a los inversores extranjeros para las contrataciones
públicas (se estima que los mercados de EE.UU. únicamente están abiertos en un
32%, mientras que en Europa lo están en un 85%).
La letra
pequeña del TTIP: el TISA y el ISDS
En la letra pequeña de dicho Tratado
aparece la introducción de la cláusula ISDS de resolución de conflictos
entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la
capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica
(las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las
regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y
demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios) así como del
llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según Sol
Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían para
siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras sino
que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en
suma, un verdadero gobierno directo de las Corporaciones” . La Eurocámara no
puede negociar ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su
propia opinión, reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por
liberales, socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el
arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las
empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y
que “no anteponga los intereses privados a los públicos”. Asimismo, habría
introducido otra resolución para mantener los niveles de protección existentes
para los trabajadores europeos basada en una resolución que obliga a Estados
Unidos a respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), resolución que sólo sería papel mojado pues en breve la
Eurocámara podría aprobar el TISA (el llamado TTIP de servicios) que apuesta
por abrir los mercados nacionales europeos a países como Taiwan, Hong Kong , Corea
del Sur y posiblemente China que no han suscrito los 8 Convenios fundamentales
con la OIT ( entre ellos los relativos a libertad sindical, defensa del trabajo
digno o convenios colectivos), lo que podría tener como efecto colateral el
finiquito de las normas laborales reconocidas individualmente por los 28 países
de la UE. Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante
algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios
frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto
inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad
para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería
descartable en el 2017 el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la
aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía
europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de
la imposición de sanciones a Rusia, dibujándose un escenario a cinco años en el
que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico bajo el
eufemismo de Fomento del Consumo de Productos nacionales con la
subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la
globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la
economía mundial.
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