Tira Cuba

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miércoles, 8 de marzo de 2017

¿Se cumplió el Programa del Moncada? Un acercamiento a los programas sociales de la Revolución en la década de 1960

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Tomado de Pensar en Cuba.
Por José Gabriel Martínez Rodríguez.

En la mayor parte de los artículos y ensayos relacionados con el tema se profundiza en la planificación de las acciones, sus resultados y la trascendencia que tuvo en el mediano plazo para el proceso insurreccional que sacudió el país y condujo al triunfo de enero de 1959. En medio de estos, emerge una arista sumamente importante de la gesta moncadista: su programa –dado a conocer por Fidel Castro, líder del grupo, durante el juicio celebrado en septiembre de 1953, y publicado clandestinamente pocos meses después, bajo el título de La historia me absolverá–, que se convertiría en expresión máxima de la importancia que desde su nacimiento como movimiento, los jóvenes asaltantes le conferían al componente social dentro el desarrollo de la nación, así como en una guía esencial del actuar del gobierno revolucionario una vez ocupado el poder. En torno a la materialización de las aspiraciones contenidas en dicho programa gira el objetivo central de este artículo, que además propone un repaso de las principales políticas sociales instrumentadas por el gobierno revolucionario durante en los primeros años para darle cumplimiento.

Hoy, a diferencia de lo que ocurría en los análi­sis de los primeros años de la Revolución,[1] es aceptado el alto valor histórico del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cés­pedes como inicio del proceso revolucionario cubano en la década del cincuenta. En la mayor parte de los artículos y ensayos relacionados con el tema se profundiza en la planificación de las acciones, sus resultados y la trascendencia que tuvo en el mediano pla­zo para el proceso insurreccional que sacudió el país y condujo al triunfo de enero de 1959. En medio de estos, emerge una arista suma­mente importante de la gesta moncadista: su programa –dado a conocer por Fidel Castro, líder del grupo, durante el juicio celebrado en septiembre de 1953, y publicado clandestina­mente pocos meses después, bajo el título de La historia me absolverá–, que se convertiría en expresión máxima de la importancia que desde su nacimiento como movimiento, los jóvenes asaltantes le conferían al componente social dentro del desarrollo de la nación, así como en una guía esencial del actuar del gobierno revo­lucionario una vez ocupado el poder.

En torno a la materialización de las aspira­ciones contenidas en dicho programa gira el objetivo central de este artículo, que además propone un repaso de las principales políticas sociales instrumentadas por el gobierno re­volucionario durante los primeros años para darle cumplimiento.

Seis problemas 

Tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y con la instauración de una dictadura militar, la crisis de los moldes constituciona­les en que operaba la República se agudizó. Las respuestas de las fuerzas opositoras al golpe, aunque con sus variaciones, resulta­ban inoperantes, lo que contribuyó a que se acentuara la frustración del pueblo y su des­contento con la incapacidad de los dirigentes políticos.

Incluso el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), favorito para las elecciones trun­cadas, no escapó al letargo en el que poco a poco fueron cayendo las distintas agrupa­ciones. En él se deslindaron dos tendencias claras; la pactista, compartida por un frente amplio de oposición, y la independentista, que mantenía el principio de la ortodoxia en el sentido de no aliarse a otro partido. Ninguna de estas dos variantes superaba los marcos pseudodemocráticos impuestos por Batista, lo que dejó al descubierto el agotamiento del movimiento populista ortodoxo antes de em­prender la práctica de gobierno que hubiera sido, también, «la prueba histórica de su in­eficacia como alternativa desarrollista dadas las condiciones de la dominación capitalista en Cuba».[2]

Sin embargo, un grupo de militantes de la juventud ortodoxa integró secretamente una organización conocida a la que denominaron el Movimiento. Ellos fueron capaces de ir más allá del juego a la denuncia o el pacto, y ver en la acción armada la vía para romper la inercia en la que entraba el país, que amenazaba con legitimar la dictadura.

El grupo, que asume el nombre de Movi­miento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) a partir de las acciones desarrolladas en San­tiago de Cuba y Bayamo ese día de 1953, fue capaz de insertarse en la vida política cubana y proyectarse hacia el futuro, «constituyén­dose además en un polo de atracción para la juventud y el pueblo y marcando un punto de ruptura con la política tradicional».[3]

Lo avanzado del pensamiento de estos jóvenes quedó reflejado en su programa po­lítico, fundamentado a lo largo del alegato de autodefensa desarrollado por su líder, Fidel Castro,[4] durante el juicio seguido a los sobrevivientes de la acción. En su exposi­ción, el entonces joven abogado explicó las cinco primeras leyes que hubiese proclama­do su movimiento inmediatamente después de tomar el cuartel Moncada. La primera de ellas devolvería la soberanía al pueblo y proclamaría la restitución de la constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. La segunda concedería la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a to­dos sus trabajadores que ocuparan parcelas de cinco caballerías o menos, indemnizando a sus anteriores propietarios. La tercera ley otorgaría a los obreros y empleados el de­recho a participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, mientras que la cuar­ta concedería a los colonos el derecho a par­ticipar del 55% del rendimiento de la caña y les otorgaría una cuota mínima de 40 000 arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen tres o más años de establecidos. La última, establecería la confiscación de todos los bienes malversados y dispondría que la mitad de lo recobrado fuera para engrosar las cajas de retiros obreros y la otra a hospi­tales, asilos y casas de beneficencia.

Además, agregó que la actuación de Cuba en el continente americano estaría guiada por la más estrecha solidaridad con los pueblos democráticos y los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías. La nación sería «ba­luarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo».[5]

Este proyecto de leyes, unido a la definición de los seis problemas socioeconómicos[6] a cuya solución se hubiesen encaminado resuel­tamente sus esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia po­lítica, constituye una profunda manifestación del sentido de justicia social que tenían los jóvenes integrantes del MR-26-7 y evidencia asimismo su avanzada concepción de que «el desarrollo no es sólo el crecimiento econó­mico, sino que debe expresarse también en la superación de las desigualdades económicas y sociales y en la forma de distribución de lo producido».[7]

Pocos años después, a partir del triunfo revolucionario de enero de 1959, esa unidad entre desarrollo económico y desarrollo social caracterizó todas las políticas aplicadas por el nuevo gobierno, guiadas en lo fundamental por el objetivo programático de solucionar los seis problemas denunciados por Fidel.

Los problemas económicos y sociales comenzaron a tener igual importancia en la estrategia de desarrollo del país tal y como dictaba el objetivo supremo de la Revolución Cubana «de alcanzar progresiva y sistemáticamente el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, partiendo de la premisa de que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, y que el desarrollo económico y social han de marchar de la mano».[8]

Es más, el desarrollo empezó a verse como un proceso sistémico en el que lo económico y lo social se encontraban articulados, a partir de la noción de que un crecimiento económico carente de progreso y justicia social, no con­duciría al desarrollo y mucho menos ayudaría a lograr los objetivos sociales deseados, te­niendo en cuenta, en particular nuestro carác­ter de país subdesarrollado.

Resultaba evidente, desde los mismos inicios de 1959, «que emprender un proceso de desarrollo que diera solución a los tres grandes problemas económi­cos (la tierra, la industrialización y el desempleo), significaba enfrentar y superar dos grandes obstáculos: la deformada estructura económica heredada y las relaciones de dependencia con respecto a Estados Unidos».[9]

Además, atender prioritariamente los proble­mas sociales más graves, a saber, vivienda, educación y salud, era la principal acción de justicia social que debería complementar el programa de desarrollo y a la par, contribuir al avance del mismo. Superar los bajos niveles de educación y el precario estado de salud del pueblo posibilitaría la utilización más pro­ductiva de la fuerza de trabajo, lo que inevita­blemente facilitaría el desarrollo económico. Este enfoque permitió que en pocos años y ante la mirada escéptica de algunos, las polí­ticas sociales y medidas adoptadas mediante la acción centralizada del Estado, guiadas por el Programa del Moncada, transformaran de forma radical la situación social del país.

Reforma Agraria 

Uno de los principales compromisos con­traídos por el movimiento revolucionario con el pueblo fue la proscripción del latifundio y la implementación de la tan ansiada reforma agraria. El problema de la tierra requería aten­ción urgente y restablecida en febrero la Cons­titución de 1940 en sus aspectos esenciales,[10] materialización de la primera de las cinco le­yes anunciadas por los moncadistas en 1953, tocaba ahora el turno de la segunda ley.

El 17 de mayo de 1959, el Gobierno Revo­lucionario dictó la medida para muchos más democrática, popular y decisiva hasta enton­ces para la consolidación del nuevo poder: La Ley de Reforma Agraria.[11]

Con esta ley se fijó en 405 hectáreas –al­rededor de 30 caballerías–, el límite ordinario de tierra para la propiedad agrícola, aunque se estipuló que en casos excepcionales po­día extenderse hasta las 1 342 hectáreas. De esta forma se liquidó el latifundio nacional y extranjero y pudo beneficiarse a más de 100 000 familias campesinas, transfirien­do gratuitamente la propiedad de la tierra, dentro del límite de 26 hectáreas, a los cam­pesinos que la trabajaban en condiciones semifeudales.

Desde el punto de vista institucional y ju­rídico, la ley dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para gestionar la aplicación de las políticas econó­micas y sociales relacionadas con la reforma, a la que se le confirió rango constitucional al declararla parte de la Ley Fundamental de la República.

La concepción de una institución como el INRA, reemplazado en 1976 por el Ministerio de la Agricultura (MINAG), permitió que las ex­propiaciones y la redistribución de las tierras se realizaran de manera eficiente y en breve tiempo.
La ley no se desentendía de las indemni­zaciones o el respeto a la propiedad, pues establecía el pago a los antiguos propietarios mediante bonos redimibles en un plazo de veinte años y con un interés del 4,5% anual.

A medida que avanzaban las transforma­ciones socioeconómicas y definido en 1961 el carácter socialista de la Revolución Cubana, la política agraria se radicalizó y el 3 de octubre de 1963 se dictó una nueva ley que completó el proceso de reforma. Con esta, quedaron na­cionalizadas todas las fincas con una extensión superior a las 67 hectáreas, cinco caballerías, y se instauró un predominio de la agricultura estatal al pasar al control del Estado alrededor del 70% de las tierras agrícolas.

Fueron precisamente los efectos políticos de la Ley promulgada el 17 de mayo de 1959 uno los factores que motivaron esta radica­lización posterior de la reforma agraria y su consecuente drástica reducción de la máxima extensión de tierras a poseer por las personas naturales. Dicha Ley tuvo, tal y como se apre­cia en su exposición de motivos, propósitos esencialmente políticos: «golpear definitivamente a la burguesía rural dada la incompatibilidad de esta clase con la revolu­ción puesto que estaba sirviendo de apoyo al imperialismo norteamericano y afectando los intereses del pueblo trabajador obstruyendo la producción y el acopio de productos agrícolas».[12]

Industrialización y empleo 

La solución del problema de la industrializa­ción, en la que se enfocaría también el joven gobierno revolucionario, partía de una con­cepción integral de la estrategia de desarrollo que buscaba superar las deficiencias del mo­delo heredado.

Las primeras acciones estuvieron influen­ciadas por la asesoría técnica de expertos foráneos y nacionales, entre los que se desta­caron un grupo de especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como resultado de este trabajo con­junto, el modelo de desarrollo económico se propuso como metas esenciales la utilización plena de los recursos productivos, a partir de la liquidación de las causas de la subutilización de la tierra con la reforma agraria; el aumento del volumen del excedente económico y, por consiguiente, el incremento de los recursos destinados a la inversión; la transformación ra­dical de la industria azucarera para convertirla en una actividad mucho más compleja en la que el azúcar sería un subproducto más dentro de una gama diversa de producciones; la rup­tura del punto de estrangulamiento del sector de la energía; el desarrollo de la industria si­derúrgica y de algunas ramas de la industria mecánica; y la absorción por la industria de todo el crecimiento previsible de la población ocupada en los siguientes años y de toda la desocupación existente en ese momento.[13]

Estas ideas se inscribían en el enfoque ce­palista, que privilegiaba la necesidad de una política arancelaria más proteccionista, garan­te de un desarrollo endógeno basado en una deliberada política de sustitución de importa­ciones; elementos característicos además de la concepción del desarrollismo como teoría económica cuyo momento de esplendor se ubica en las décadas de los cincuenta y se­senta del pasado siglo.

La concepción desarrollista no tardaría en ser superada al materializarse debilidades y limitaciones como «el desconocimiento del significado que tiene la competencia internacional en el incremento de la eficiencia de la producción, como resultado de una protección excesiva de la producción nacional que fue combinada con otros errores en el manejo estatal de los recursos por parte de los gobiernos de los países latinoamerica­nos».[14]

Sin embargo, en coherencia con el resto de las necesidades más urgentes del país, en el programa de desarrollo de la Revolución en sus primeros años prevalecerían como objeti­vos principales la diversificación de la produc­ción agrícola, y el proceso de industrialización, dirigido a la solución de los problemas de la balanza de pagos y al desempleo urbano.[15]

La industrialización acelerada era concebi­da en Cuba entonces como requisito indispen­sable para la independencia económica que necesitaba el país, que posibilitaba una menor dependencia del sector externo y facilitaba, con recursos propios, una salida a las agresio­nes económicas de los Estados Unidos. Para su instrumentación resultaba necesaria una nueva institucionalidad que canalizara las po­líticas e intereses del Estado como actor prin­cipal del proceso, lo que fue comprendido de inmediato por el gobierno revolucionario, que en el propio 1959 creó dentro de la estructura del INRA el Departamento de Industrialización, dirigido por Ernesto Guevara.

Hoy, a diferencia de lo que ocurría en los análi­sis de los primeros años de la Revolución,[1] es aceptado el alto valor histórico del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cés­pedes como inicio del proceso revolucionario cubano en la década del cincuenta. En la mayor parte de los artículos y ensayos relacionados con el tema se profundiza en la planificación de las acciones, sus resultados y la trascendencia que tuvo en el mediano pla­zo para el proceso insurreccional que sacudió el país y condujo al triunfo de enero de 1959. En medio de estos, emerge una arista suma­mente importante de la gesta moncadista: su programa –dado a conocer por Fidel Castro, líder del grupo, durante el juicio celebrado en septiembre de 1953, y publicado clandestina­mente pocos meses después, bajo el título de La historia me absolverá–, que se convertiría en expresión máxima de la importancia que desde su nacimiento como movimiento, los jóvenes asaltantes le conferían al componente social dentro del desarrollo de la nación, así como en una guía esencial del actuar del gobierno revo­lucionario una vez ocupado el poder.

En torno a la materialización de las aspira­ciones contenidas en dicho programa gira el objetivo central de este artículo, que además propone un repaso de las principales políticas sociales instrumentadas por el gobierno re­volucionario durante los primeros años para darle cumplimiento.

Seis problemas 

Tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y con la instauración de una dictadura militar, la crisis de los moldes constituciona­les en que operaba la República se agudizó. Las respuestas de las fuerzas opositoras al golpe, aunque con sus variaciones, resulta­ban inoperantes, lo que contribuyó a que se acentuara la frustración del pueblo y su des­contento con la incapacidad de los dirigentes políticos.

Incluso el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo), favorito para las elecciones trun­cadas, no escapó al letargo en el que poco a poco fueron cayendo las distintas agrupa­ciones. En él se deslindaron dos tendencias claras; la pactista, compartida por un frente amplio de oposición, y la independentista, que mantenía el principio de la ortodoxia en el sentido de no aliarse a otro partido. Ninguna de estas dos variantes superaba los marcos pseudodemocráticos impuestos por Batista, lo que dejó al descubierto el agotamiento del movimiento populista ortodoxo antes de em­prender la práctica de gobierno que hubiera sido, también, «la prueba histórica de su in­eficacia como alternativa desarrollista dadas las condiciones de la dominación capitalista en Cuba».[2]

Sin embargo, un grupo de militantes de la juventud ortodoxa integró secretamente una organización conocida a la que denominaron el Movimiento. Ellos fueron capaces de ir más allá del juego a la denuncia o el pacto, y ver en la acción armada la vía para romper la inercia en la que entraba el país, que amenazaba con legitimar la dictadura.

El grupo, que asume el nombre de Movi­miento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7) a partir de las acciones desarrolladas en San­tiago de Cuba y Bayamo ese día de 1953, fue capaz de insertarse en la vida política cubana y proyectarse hacia el futuro, «constituyén­dose además en un polo de atracción para la juventud y el pueblo y marcando un punto de ruptura con la política tradicional».[3]

Lo avanzado del pensamiento de estos jóvenes quedó reflejado en su programa po­lítico, fundamentado a lo largo del alegato de autodefensa desarrollado por su líder, Fidel Castro,[4] durante el juicio seguido a los sobrevivientes de la acción. En su exposi­ción, el entonces joven abogado explicó las cinco primeras leyes que hubiese proclama­do su movimiento inmediatamente después de tomar el cuartel Moncada. La primera de ellas devolvería la soberanía al pueblo y proclamaría la restitución de la constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. La segunda concedería la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a to­dos sus trabajadores que ocuparan parcelas de cinco caballerías o menos, indemnizando a sus anteriores propietarios. La tercera ley otorgaría a los obreros y empleados el de­recho a participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, mientras que la cuar­ta concedería a los colonos el derecho a par­ticipar del 55% del rendimiento de la caña y les otorgaría una cuota mínima de 40 000 arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen tres o más años de establecidos. La última, establecería la confiscación de todos los bienes malversados y dispondría que la mitad de lo recobrado fuera para engrosar las cajas de retiros obreros y la otra a hospi­tales, asilos y casas de beneficencia.

Además, agregó que la actuación de Cuba en el continente americano estaría guiada por la más estrecha solidaridad con los pueblos democráticos y los perseguidos políticos de las sangrientas tiranías. La nación sería «ba­luarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo».[5]

Este proyecto de leyes, unido a la definición de los seis problemas socioeconómicos[6] a cuya solución se hubiesen encaminado resuel­tamente sus esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia po­lítica, constituye una profunda manifestación del sentido de justicia social que tenían los jóvenes integrantes del MR-26-7 y evidencia asimismo su avanzada concepción de que «el desarrollo no es sólo el crecimiento econó­mico, sino que debe expresarse también en la superación de las desigualdades económicas y sociales y en la forma de distribución de lo producido».[7]

Pocos años después, a partir del triunfo revolucionario de enero de 1959, esa unidad entre desarrollo económico y desarrollo social caracterizó todas las políticas aplicadas por el nuevo gobierno, guiadas en lo fundamental por el objetivo programático de solucionar los seis problemas denunciados por Fidel.

Los problemas económicos y sociales comenzaron a tener igual importancia en la estrategia de desarrollo del país tal y como dictaba el objetivo supremo de la Revolución Cubana «de alcanzar progresiva y sistemáticamente el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, partiendo de la premisa de que el crecimiento económico no es una finalidad en sí mismo, y que el desarrollo económico y social han de marchar de la mano».[8]

Es más, el desarrollo empezó a verse como un proceso sistémico en el que lo económico y lo social se encontraban articulados, a partir de la noción de que un crecimiento económico carente de progreso y justicia social, no con­duciría al desarrollo y mucho menos ayudaría a lograr los objetivos sociales deseados, te­niendo en cuenta, en particular nuestro carác­ter de país subdesarrollado.

Resultaba evidente, desde los mismos inicios de 1959, «que emprender un proceso de desarrollo que diera solución a los tres grandes problemas económi­cos (la tierra, la industrialización y el desempleo), significaba enfrentar y superar dos grandes obstáculos: la deformada estructura económica heredada y las relaciones de dependencia con respecto a Estados Unidos».[9]

Además, atender prioritariamente los proble­mas sociales más graves, a saber, vivienda, educación y salud, era la principal acción de justicia social que debería complementar el programa de desarrollo y a la par, contribuir al avance del mismo. Superar los bajos niveles de educación y el precario estado de salud del pueblo posibilitaría la utilización más pro­ductiva de la fuerza de trabajo, lo que inevita­blemente facilitaría el desarrollo económico. Este enfoque permitió que en pocos años y ante la mirada escéptica de algunos, las polí­ticas sociales y medidas adoptadas mediante la acción centralizada del Estado, guiadas por el Programa del Moncada, transformaran de forma radical la situación social del país.

Reforma Agraria 

Uno de los principales compromisos con­traídos por el movimiento revolucionario con el pueblo fue la proscripción del latifundio y la implementación de la tan ansiada reforma agraria. El problema de la tierra requería aten­ción urgente y restablecida en febrero la Cons­titución de 1940 en sus aspectos esenciales,[10] materialización de la primera de las cinco le­yes anunciadas por los moncadistas en 1953, tocaba ahora el turno de la segunda ley.

El 17 de mayo de 1959, el Gobierno Revo­lucionario dictó la medida para muchos más democrática, popular y decisiva hasta enton­ces para la consolidación del nuevo poder: La Ley de Reforma Agraria.[11]

Con esta ley se fijó en 405 hectáreas –al­rededor de 30 caballerías–, el límite ordinario de tierra para la propiedad agrícola, aunque se estipuló que en casos excepcionales po­día extenderse hasta las 1 342 hectáreas. De esta forma se liquidó el latifundio nacional y extranjero y pudo beneficiarse a más de 100 000 familias campesinas, transfirien­do gratuitamente la propiedad de la tierra, dentro del límite de 26 hectáreas, a los cam­pesinos que la trabajaban en condiciones semifeudales.

Desde el punto de vista institucional y ju­rídico, la ley dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para gestionar la aplicación de las políticas econó­micas y sociales relacionadas con la reforma, a la que se le confirió rango constitucional al declararla parte de la Ley Fundamental de la República.

La concepción de una institución como el INRA, reemplazado en 1976 por el Ministerio de la Agricultura (MINAG), permitió que las ex­propiaciones y la redistribución de las tierras se realizaran de manera eficiente y en breve tiempo.
La ley no se desentendía de las indemni­zaciones o el respeto a la propiedad, pues establecía el pago a los antiguos propietarios mediante bonos redimibles en un plazo de veinte años y con un interés del 4,5% anual.

A medida que avanzaban las transforma­ciones socioeconómicas y definido en 1961 el carácter socialista de la Revolución Cubana, la política agraria se radicalizó y el 3 de octubre de 1963 se dictó una nueva ley que completó el proceso de reforma. Con esta, quedaron na­cionalizadas todas las fincas con una extensión superior a las 67 hectáreas, cinco caballerías, y se instauró un predominio de la agricultura estatal al pasar al control del Estado alrededor del 70% de las tierras agrícolas.

Fueron precisamente los efectos políticos de la Ley promulgada el 17 de mayo de 1959 uno los factores que motivaron esta radica­lización posterior de la reforma agraria y su consecuente drástica reducción de la máxima extensión de tierras a poseer por las personas naturales. Dicha Ley tuvo, tal y como se apre­cia en su exposición de motivos, propósitos esencialmente políticos: «golpear definitivamente a la burguesía rural dada la incompatibilidad de esta clase con la revolu­ción puesto que estaba sirviendo de apoyo al imperialismo norteamericano y afectando los intereses del pueblo trabajador obstruyendo la producción y el acopio de productos agrícolas».[12]

Industrialización y empleo 

La solución del problema de la industrializa­ción, en la que se enfocaría también el joven gobierno revolucionario, partía de una con­cepción integral de la estrategia de desarrollo que buscaba superar las deficiencias del mo­delo heredado.

Las primeras acciones estuvieron influen­ciadas por la asesoría técnica de expertos foráneos y nacionales, entre los que se desta­caron un grupo de especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como resultado de este trabajo con­junto, el modelo de desarrollo económico se propuso como metas esenciales la utilización plena de los recursos productivos, a partir de la liquidación de las causas de la subutilización de la tierra con la reforma agraria; el aumento del volumen del excedente económico y, por consiguiente, el incremento de los recursos destinados a la inversión; la transformación ra­dical de la industria azucarera para convertirla en una actividad mucho más compleja en la que el azúcar sería un subproducto más dentro de una gama diversa de producciones; la rup­tura del punto de estrangulamiento del sector de la energía; el desarrollo de la industria si­derúrgica y de algunas ramas de la industria mecánica; y la absorción por la industria de todo el crecimiento previsible de la población ocupada en los siguientes años y de toda la desocupación existente en ese momento.[13]

Estas ideas se inscribían en el enfoque ce­palista, que privilegiaba la necesidad de una política arancelaria más proteccionista, garan­te de un desarrollo endógeno basado en una deliberada política de sustitución de importa­ciones; elementos característicos además de la concepción del desarrollismo como teoría económica cuyo momento de esplendor se ubica en las décadas de los cincuenta y se­senta del pasado siglo.

La concepción desarrollista no tardaría en ser superada al materializarse debilidades y limitaciones como «el desconocimiento del significado que tiene la competencia internacional en el incremento de la eficiencia de la producción, como resultado de una protección excesiva de la producción nacional que fue combinada con otros errores en el manejo estatal de los recursos por parte de los gobiernos de los países latinoamerica­nos».[14]

Sin embargo, en coherencia con el resto de las necesidades más urgentes del país, en el programa de desarrollo de la Revolución en sus primeros años prevalecerían como objeti­vos principales la diversificación de la produc­ción agrícola, y el proceso de industrialización, dirigido a la solución de los problemas de la balanza de pagos y al desempleo urbano.[15]

La industrialización acelerada era concebi­da en Cuba entonces como requisito indispen­sable para la independencia económica que necesitaba el país, que posibilitaba una menor dependencia del sector externo y facilitaba, con recursos propios, una salida a las agresio­nes económicas de los Estados Unidos. Para su instrumentación resultaba necesaria una nueva institucionalidad que canalizara las po­líticas e intereses del Estado como actor prin­cipal del proceso, lo que fue comprendido de inmediato por el gobierno revolucionario, que en el propio 1959 creó dentro de la estructura del INRA el Departamento de Industrialización, dirigido por Ernesto Guevara.

[1] Las acciones del 26 de julio no serían valoradas en su justa medida hasta después del triunfo del 1ro de enero de 1959. Antes de esa fecha, eran mayormente consideradas dentro y fuera de Cuba como parte de una aventura romántica de un grupo de jóvenes pequeño burgueses o un pustch aventurero. Para más información al respecto ver Germán Sánchez Otero: «El Mon­cada: inicio de la Revolución Cubana», Punto Final, No. 62, Santiago de Chile, 1972.
[2] Ibídem.
[3] José Bell Lara: Fase insurreccional de la Revolu­ción Cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, p. 2.
[4] Fidel Castro Ruz: La historia me absolverá, Edi­torial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, pp. 35-46.
[5] Ibídem.
[6] En el Programa del Moncada se sintetizan los seis problemas esenciales que atenazaban la vida de los cubanos: el problema de la tierra, el de la industrialización, la vivienda, el desem­pleo, la educación, y el problema de la salud del pueblo.
[7] Elena C. Álvarez González: Cuba: un modelo de desarrollo con justicia social, Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, 1998, pp. 2-12.
[8] Rita Castiñeiras García: «Calidad de vida y de­sarrollo social en Cuba», Cuba Socialista, La Habana, 2011, Disponible en la URL: http:// www.cubasocialista.cubaweb.cu/index.php?­q=calidad-de-vida-y-desarrollo-social-en-cuba.
[9] José Luis Rodríguez en Elena C. Álvarez Gonzá­lez: ob. cit., p. 7.
[10] Mario Mencía aclara que la Revolución toma de la Constitución de 1940 los aspectos más revolucionarios contenidos en ella y que le re­sultaban imprescindibles para su desarrollo, pero que no la establece en la totalidad de su articulado porque «hubiese sido absurdo que la Revolución triunfante se autocastrara». Asumirla mecánicamente, «hubiera forzado a la Revolu­ción triunfante a convocar elecciones genera­les en seis meses, reinsuflar vida al sistema de injusticia social y al sistema económico contra el que se había luchado durante toda la pseu­dorrepública, y mantener el poderío del aparato policiaco y militar represivo, sostenedor del ré­gimen burgués, que acababa de ser derrotado y que, de inmediato, iba a ser desmantelado y sustituido por el Ejército del pueblo». Para más información ver Mario Mencía: «El programa del Moncada, La historia me absolverá y la consti­tución de 1940», en revista Caliban, La Habana, octubre-noviembre-diciembre 2009, disponible en la URL:
http://www.revistacaliban.cu/articulo. php?numero=5&article_id=59
[11] Rolando Pavo Acosta: La Reforma Agraria en Cuba; del Programa de Joven Cuba a la Ley de 17 de mayo de 1959, [s.a.], pp. 242-243.
[12] En Rolando Pavó Acosta: Derecho agrario; teoría general. Su recepción y estado actual en Cuba, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2009, Versión PDF Disponible en la URL: http://www. eumed.net/libros-gratis/2012b/1213/index.htm.
[13] Raysa Fuentes de Armas: La economía cubana durante la primera mitad de los años 60. Las trasformaciones económicas, la estrategia de desarrollo y los mecanismos de funcionamiento, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Matanzas, 2001, p. 11.
[14] Ibídem.
[15] Ernesto Guevara en José Luis Rodríguez: ob. cit., p. 47.
[16] Elena C. Álvarez González: ob. cit., pp. 10-12.
[17] Ibídem.
[18] Dania González Couret: «Medio siglo de vivien­da social en Cuba», Revista Invi, Vol. 24, No. 67, pp. 69-92, Santiago de Chile, 2009.
[19] Carmelo Mesa Lago: ob. cit.
Sin embargo, la importancia medular que se le concede al tema desde 1959, más allá del pri­mer programa revolucionario pues ha estado presente como objeto prioritario en todas las estrategias de desarrollo trazadas, es innega­ble. Todas las unidades que se construyen por la vía estatal, con independencia del cumpli­miento o no de los planes, son financiadas cen­tralmente y entregadas mayoritariamente en propiedad mediante una elevada subvención y a través de créditos bancarios, amortizables en 10,15 ó 20 años. De esta forma se asegura el nivel de acceso de las familias, inclusive las de menores ingresos. Rita Castiñeiras García: ob. cit.
[20] Datos tomados de José Pedro González Gon­zález y Raúl Reyes Velázquez: «Desarrollo de la Educación en Cuba después del año 1959», Revista Complutense de Educación, Vol. 21, pp. 13-35, Madrid, 2010.
[21] José Pedro González González y Raúl Reyes Velázquez: ob. cit., p. 17.
[22] Carmen Gómez García: La Alfabetización en Cuba, inicio de un proceso de culturización de las masas populares, [s.a.], Disponible en la URL: http://www.achegas.net/numero/vintee­tres/carmen_garcia_23.htm
[23] Juan Marinello: «Un testimonio concluyente», Revista Bohemia (Versión Web), La Habana, 1965, Disponible en la URL: http://www.bohe­mia.cu/centenario-bohemia-2/testimonio.html
[24] Joseba Macías: Revolución Cubana: Mujer, Gé­nero y Sociedad Civil, [s.a.], p. 9, versión PDF, Disponible en la URL: www.vientosur.info/docu­mentos/Cuba%20%20Joseba.pdf
[25] La Reforma Universitaria de 1962, [s.a.], pp. 61- 65, versión PDF, Disponible en la URL: http://www.dialnet.unirioja.es
[26] Ibídem.

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