Tomado de Libre Red.
La lluvia de críticas de oficialistas, opositores y organizaciones de prensa tuvo como blancos principales al presidente Barack Obama y a su fiscal general, Eric Holder, titular del Departamento de Justicia, que fue el responsable de grabar conversaciones telefónicas de periodistas de AP.
En una comparecencia ante la prensa, el propio Holder dijo que las grabaciones telefónicas se realizaron con autorización de la Justicia como parte de una investigación que buscaba revelar la fuente anónima que trasmitió a AP información confidencial que según el fiscal conllevaba un riesgo para la seguridad nacional.
El jefe de los fiscales estadounidenses dijo que se trató de una de las “filtraciones más serias” que haya visto.
El miembro del gabinete de Obama agregó que la gravedad de la filtración justificó la aplicación de “medidas muy agresivas”, aunque se desligó de cualquier responsabilidad.
“Me inhibí de este asunto (la investigación) para evitar un conflicto de intereses”, explicó el número uno del Departamento de Justicia, quien aseguró que él mismo fue investigado e interrogado por el FBI en relación a este caso.
Según informó el Departamento de Justicia después de la conferencia de prensa, la persona que quedó a cargo de la investigación desde el comienzo fue el número dos de Holder, el Fiscal General adjunto Jim Cole.
Aunque desde la Casa Blanca siguen negando tener conocimiento sobre las escuchas a la AP, el vocero presidencial Jay Carney respaldó la decisión de investigar a la agencia de noticias.
“El presidente cree en la libertad de prensa, pero también en la necesidad de proteger la seguridad nacional y evitar la filtración de información secreta que pueda dañar la seguridad nacional”, aseguró Carney, informó la agencia de noticias EFE.
En una carta dirigida al Departamento de Justicia, AP había acusado anoche a las autoridades federales de haber cometido una “intrusión sin precedentes” al recopilar de manera secreta dos meses de registros telefónicos de sus periodistas y oficinas.
“Estos registros revelan potenciales comunicaciones con fuentes confidenciales a lo largo de un período de dos meses en todas las actividades de recopilación de información llevadas a cabo por AP”, indicó Gary Pruitt, director ejecutivo de la agencia, en la carta enviada a Holder.
AP había precisado, además, que los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut).
La agencia de noticias se enteró de las grabaciones secretas recién el viernes pasado a través de una carta enviada por el fiscal Ronald Machen del Departamento de Justicia en Washington.
Aunque ninguna fuente oficial confirmó cuál es la filtración que originó la investigación del FBI, versiones periodísticas coincidieron hoy en señalar a la noticia que la agencia difundió el 7 de mayo de 2012 sobre una operación de la CIA que frustró un atentado de Al Qaeda contra un avión con destino a Estados Unidos.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Patrick Leahy, no cuestionó lo grave de la filtración, pero sí la decisión del Departamento de Justicia de investigar a los periodistas y no al origen de las filtraciones, los propios funcionarios.
“La carga recae siempre sobre el gobierno cuando se trata de buscar información secreta, especialmente la información relativa a la prensa o a sus fuentes confidenciales”, advirtió Leahy en un comunicado.
“Quiero saber más sobre este caso, pero en principio me preocupa que el gobierno no haya cumplido con esa responsabilidad”, agregó.
Desde las filas republicanas no fueron tan cautelosos en sus declaraciones.
El presidente del Comité Nacional Republicano, Reince Priebus, pidió la renuncia de Holder y acusó al presidente Obama de violar la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de información y de expresión.
“Si el presidente Obama no pide la renuncia inmediata de Holder, su mensaje será inconfundible: el presidente de Estados Unidos cree que su gobierno está por encima de la Constitución y no respeta el rol de una prensa libre”, sentenció el líder del Partido Republicano en un comunicado.
La grabación clandestina de las conversaciones telefónicas de periodistas de AP también provocó el repudio de la asociación de diarios Newspaper Association of America (NAA) y el gremio de prensa The News Media Guild, que condenaron el operativo como “una violación a la más esencial libertad de prensa”.
Fuera de Estados Unidos, el espionaje también fue condenado por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que lo calificó de “infracción gravísima”, y por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que habló de “grave afrenta a la libertad de información y violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales”.
Telam
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