Por Sergio rodríguez Gelfenstein.
Chile 1970. Salvador Allende gana las elecciones presidenciales de
septiembre. Al no haber obtenido la mayoría absoluta, debía ser ratificado por
el Congreso. Según consta en documentos desclasificados de las agencias de
inteligencia de Estados Unidos, desde ese mismo momento la CIA traza un plan
para impedir que Allende asuma la presidencia del país.
Agustín Edwards, dueño del principal medio de comunicación de la derecha,
el periódico El Mercurio, viaja de inmediato a Estados Unidos donde se reúne
con Donald Kendall, alto ejecutivo de Pepsi Cola, quien lo conecta con la CIA.
Edwards llevaba años conspirando para dar un golpe en Chile bajo la cobertura
de un Club de Yatismo, la Cofradía Náutica del Pacífico Austral.
La derecha planea el secuestro del comandante en jefe del Ejército general
René Schneider Chereau con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas
Armadas y evitar la sesión del Congreso que debía ratificar a Allende. Explotan
bombas en lugares públicos, el aeropuerto internacional de Santiago, Canal 9 de
televisión, el Instituto Geográfico Militar, la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile, estaciones eléctricas y la Bolsa de Comercio de Santiago,
entre otros objetivos. La cadena de diarios de Edwards con El Mercurio a la
cabeza inmediatamente culpan a la izquierda.
Schneider resiste el secuestro y es asesinado. Gran parte de los
integrantes del grupo terrorista que participó en el asesinato de René
Schneider fueron reclutados de los comandos electorales del derrotado candidato
conservador Jorge Alessandri . El Informe de la Comisión Especial del Senado de
Estados Unidos que investigó las actividades ilegales de la CIA, presidido por
el senador Frank Church, registra en la página 31 que se habían realizado entre
el 5 y el 20 de octubre 21 contactos de agentes de la CIA con elementos clave
de las Fuerzas Armadas y Carabineros chilenos. A aquellos chilenos (militares y
carabineros) que se inclinaban por dar un golpe se les aseguró un fuerte apoyo
en los más altos niveles del Gobierno norteamericano, tanto antes como después
del golpe.
En esta ocasión, el golpe de Estado fracasó, Allende asumió la presidencia
el 4 de noviembre de ese año. En julio de 1971 nacionalizó el cobre
recuperándolo para Chile. Las empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott
tuvieron que abandonar el país debiéndole al Estado chileno 4 mil millones de
dólares producto de las utilidades excesivas que habían obtenido durante los
últimos años, gracias a los bajos (o nulos) impuestos que pagaban, según una
rentabilidad “razonable” de 10% a partir de 1955 a lo que se le restó la
indemnización acorde con la ley. A partir de ese momento estas empresas se
plegaron al financiamiento de la conspiración contra un gobierno legal que
había tomado una medida que fue ratificada unánimemente en el Congreso del país
austral.
El propio presidente estadounidense Richard Nixon y su secretario de Estado
Henry Kissinger, dieron la orden para promover un boicot contra el gobierno de
Allende mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo
al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno
de Allende, Pinochet pagó una indemnización de 250 millones de dólares a la
Anaconda, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.
Las medidas en favor de los sectores más desposeídos que tomaba el Gobierno
de la Unidad Popular comenzaron a ser resistidas por la derecha con el apoyo
estadounidense que veía en ellas un “mal ejemplo” para otros países en los que
tenían importantes propiedades. Comenzó el sabotaje a la economía y la creación
de dificultades a la gestión gubernamental. Pongámoslo en palabras de Jacques
Chonchol, ministro del gobierno de Allende: “La otra cosa, que todos recuerdan,
fue el desabastecimiento y el mercado negro. Por dificultades económicas
externas y falta de créditos bloqueados por el imperialismo, se habían agotado
las reservas nacionales. La capacidad portuaria de Chile era limitada y, si
bien podíamos importar, muchas veces no teníamos cómo sacar la mercadería de
los puertos en óptimas condiciones, y así se fue creando desde fines de 1971 un
cierto desabastecimiento. Además, había un gran poder de compra en manos de la
gente, no solamente de los sectores populares, sino también de la clase media.
¿Qué pasa cuando se crea una situación de este tipo? La gente tiende
inmediatamente a comprar mucho más de lo que necesita porque quiere precaverse
para el futuro, entonces la gente que tenía que comprar el litro de aceite, si
podía comprar diez compraba diez. Así fue aumentando el desabastecimiento y
generó una serie de problemas. Se hizo un interesante y muy importante esfuerzo
con la creación de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, pero no fue
suficiente para contrarrestar las dificultades y el sabotaje. La prueba fue que
al día siguiente del golpe de Estado aparecieron enormes cantidades de
mercaderías que habían sido acumuladas…”.
Toda esta situación fue creando mucha tensión, la cual era aprovechada por
la derecha para generar desasosiego y conflicto con la realización de una
campaña de sabotajes a la economía que derivaron en el paro patronal de octubre
de 1972, en el que se realizaron una gran cantidad de acciones de bloqueo de
carreteras, barricadas, disturbios en concentraciones públicas y ocupaciones de
sedes universitarias. Toda esta medición de fuerzas a escala nacional fue
directamente apoyada por el Gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA,
coordinada con empresas multinacionales como la International Telephone and
Telegraph (ITT) y Kenecott, además de financiar a El Mercurio para crear un
ambiente de caos, incluso los gremios de camiones recibieron dólares diarios
para mantener la huelga.
La paralización de los empresarios se detuvo después de la decisión del
presidente Allende de hacer ingresar a miembros de las Fuerzas Armadas al
gobierno. El comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, que había
sustituido al asesinado general Schneider fue nombrado ministro del Interior.
Caro le costó su apego a la Constitución. En septiembre de 1974, un comando que
actuaba bajo órdenes directas de Pinochet lo asesinó junto a su esposa en
Buenos Aires.
Como se dijo anteriormente, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973
fueron el último intento de la derecha para salir legalmente de Allende. Si
hubieran obtenido dos tercios de los votos, como era su objetivo, habrían
tenido la mayoría suficiente para acusar y destituir constitucionalmente al
Presidente. Fracasaron en el intento, a pesar de todo el sabotaje a la economía
y el bombardeo mediático en plena guerra fría, que acusaban al Gobierno chileno
de ser un satélite de la Unión Soviética. La Unidad Popular aumentó su votación
llegando a 43,5% de los votos.
En esas condiciones se dio la orden para organizar el golpe de Estado. La
derecha contaba con el liderazgo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que tuvo
su origen –al igual que Primero Justicia en Venezuela– en las ideas falangistas
de Francisco Franco. Así como el PDC chileno sostuvo una estrecha alianza con
el dictador Franco, hoy Primero Justicia es un adláter de sus seguidores
organizados en el Partido Popular que conduce ideológicamente José María Aznar.
Su paladín era Eduardo Frei, quien condujo al conglomerado de derecha a la
creación de condiciones institucionales para el levantamiento de los militares.
Frei pensaba que una vez derrocado Allende se le iba a entregar el poder a un
gobierno civil en el cual el PDC tendría el control. Los militares fascistas
retribuyeron sus servicios por el derrocamiento de Allende asesinándolo en
1982, tal como lo dictaminó una investigación judicial en 2009. Así le pagó la
oligarquía a su lacayo “demócrata y cristiano”.
Por Sergio rodríguez Gelfenstein
En memoria de
Javier diez canseco
Diputado y luchador revolucionario
Peruano y latinoamericano.
Fallecido en lima el 4 de mayo de 2013
Javier diez canseco
Diputado y luchador revolucionario
Peruano y latinoamericano.
Fallecido en lima el 4 de mayo de 2013
La semana pasada se entregaron algunos elementos que permitían ir viendo
cómo se fue configurando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Quedó
absolutamente claro que Estados Unidos actuó como la herramienta de
articulación para la creación del ambiente político, económico y social que
vertebraran la insurrección de la oligarquía: generación de condiciones
subjetivas a través de los medios de comunicación, creación artificial de
escasez, acaparamiento de productos de la dieta básica, subversión de las fuerzas
armadas, acciones violentas de sabotaje, reclutamiento de terroristas e
incorporación de un componente civil que le diera veracidad institucional al
alzamiento, tarea cumplida en primera instancia por los parlamentarios y
partidos de la derecha. Todo ello financiado por el Gobierno y algunas
compañías transnacionales de Estados Unidos y ejecutado por la Agencia Central
de Inteligencia como ha quedado visiblemente demostrado en documentos
desclasificados.
Sin embargo, tales acciones fracasaron en primera instancia, cuando en marzo
de 1973 la UP elevó su votación y con ello su número de parlamentarios, por lo
que la salida institucional quedó de lado y se dio pasó al plan para salir de
Allende de cualquier forma.
En ese contexto, la derecha arreció sus ataques contra los sectores
constitucionales de las Fuerzas Armadas. El gran valladar era el general Carlos
Prats, quien se oponía a una salida golpista a la crisis del país. La violencia
se hizo más permanente, casi 100 muertos por violencia política se podían
contar a esta altura en un país que desarrollaba su proceso “en paz y en el
marco de las instituciones”. Por supuesto, la casi absoluta totalidad de los
asesinados eran humildes militantes de los partidos que apoyaban al presidente
Allende. Los escenarios de conflicto eran múltiples, destacándose el
estudiantil, donde le cupo un importante papel subversivo a la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica, en su gran mayoría proveniente de los
sectores empresariales y de la derecha vinculada al Opus Dei.
Asimismo, el conflicto era producido por el desabastecimiento y el
acaparamiento de los productos de primera necesidad. El pueblo creó las Juntas
de Abastecimientos y Precios (JAP), las que en coordinación con la Dirección de
Industria y Comercio (Dirinco) que en algún momento dirigió el general de la
Fuerza Aérea Alberto Bachelet, leal al presidente Allende, dieron una batida
contra los delitos económicos logrando atenuar la situación creada, pero sin
poder impedirla totalmente. Por esta acción, el general Bachelet fue detenido,
torturado y asesinado en la Academia de Guerra Aérea después del golpe de
Estado, por sus propios compañeros de armas. Su hija, expresidenta de Chile y
actual candidata presidencial es hoy aliada de los que crearon las condiciones
políticas para el asesinato de su padre. Antes, hizo una importante pasantía de
estudios en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El 27 de junio, el general Prats escapó de una provocación cuando iba en su
vehículo, disparó contra quienes lo agredían, pero se dieron a la fuga. Todo
esto fue el preámbulo del ejercicio de golpe de Estado que se llevó a efecto el
29 de junio, cuando el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago se sublevó
contra el Gobierno, intentando tomar el Palacio de la Moneda que fue defendido
por el general Prats en persona. Los principales líderes de la organización
fascista Patria y Libertad, organizadora y promotora del alzamiento, huyeron
del país. Esta intentona produjo 20 muertos, la mayor parte de ellos civiles.
El 27 de julio fue asesinado al frente de su casa el capitán de navío Arturo
Araya Peeters, edecán naval del presidente Allende, oficial constitucionalista,
también leal al Presidente. El hecho fue perpetrado por el agente de la CIA
David Sánchez Morales con el apoyo de Patria y Libertad y el Comando derechista
Rolando Matus perteneciente al partido político que dio origen a Renovación
Nacional, organización de la que es militante el presidente Sebastián Piñera.
Los participantes en el homicidio del capitán Araya fueron hechos prisioneros y
procesados, pero poco tiempo –posterior al golpe de Estado– fueron indultados
por Pinochet por “servicios prestados a la Patria”.
El 22 de agosto la mayoría derechista de la Cámara de Diputados aprobó un
acuerdo en el que se establecía una situación de “grave quebrantamiento del
orden institucional y legal de la República”. En él se acusaba al Gobierno de
haber incurrido en diversas violaciones, tales como aplicar medidas económicas
y políticas para instaurar un sistema “totalitario, violar garantías
constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema,
violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e
intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas”.
En ese contexto, el presidente Allende se dispuso a convocar a un plebiscito
para que fuera el pueblo quien decidiera si continuaba al frente de los
destinos del país. Incluso en esas desfavorables condiciones, Allende confiaba
en su pueblo, en su sabiduría y disposición de solucionar por vía pacífica lo
que se pretendía “resolver” a través de la violencia. No había ninguna duda de
que el Presidente hubiera renunciado, si los resultados le hubieran sido
adversos. No temía enfrentarse en las urnas electorales. La derecha sí. La convocatoria
a plebiscito aceleró los preparativos golpistas… Lo demás es conocido.
Esto ocurrió siendo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, republicano
y blanco. Para los que creen que el partido político o el color de la piel del
Presidente modifican el comportamiento imperial de Estados Unidos, vale la pena
revisar la historia para ver que en cualquier época, la potencia del Norte ha
implementado diferentes métodos de agresión acorde a cada situación, contexto y
circunstancia. El peregrinar de América Latina y el Caribe durante los dos
siglos pasados recoge un inventario de cursos de acción, instrumentos y
utilización de diversos actores encaminados al mismo objetivo: retrotraer la
historia en aquellos países donde los pueblos han elegido caminos de
independencia y soberanía.
Solo en lo que va de siglo, en América Latina y el Caribe, el imperio ha
puesto en funcionamiento su arsenal de alternativas retrógradas. En 2002 y
2003, golpe de Estado y sabotaje petrolero con la paralización de la principal industria
de Venezuela con el objetivo de derrocar al Presidente Chávez. 2004, golpe de
Estado, secuestro y expulsión del país del presidente Jean- Bertrand Aristide
en Haití. 2008, intento secesionista en Bolivia. 2009, golpe de Estado,
secuestro y expulsión del país del presidente José Manuel Zelaya, en Honduras.
2010, intento de asesinato del presidente Rafael Correa y golpe de Estado en
Ecuador. 2012, golpe de Estado institucional en Paraguay y derrocamiento del
presidente Fernando Lugo.
Y ahora, pretenden continuar su seguidilla de acciones intervencionistas en
Venezuela con motivo de la reciente elección presidencial de la que la derecha
no quiere aceptar el resultado. Tal actitud está validada por el no
reconocimiento del Gobierno de EEUU al presidente Maduro, lo cual significa –en
los hechos– el desconocimiento de la institucionalidad del país, toda vez que
los poderes del Estado en uso de sus competencias respectivas dictaminaron el
resultado electoral. La violencia posterior, que trajo como consecuencia nueve
ciudadanos asesinados entre ellos dos niños, es responsabilidad directa de la
derecha fascista, la que, como hace 40 años en Chile, pretende interrumpir el
hilo constitucional a cualquier costo. En uno y otro caso hay un elemento
común: la intervención de Estados Unidos con el objetivo de aplicar su conocida
“receta” de destrucción, muerte e intranquilidad para los pueblos.
ILUSTRACIÓN UNCAS
Fuentes:
Ciudad CCS Info.
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información.
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